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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA (ADN) EN EL DELITO DE VIOLACIÓN. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, ANTE LA OPOSICIÓN DE LA PASIVO, OMITE PRACTICAR LA SOLICITADA POR EL INCULPADO PARA DESVIRTUAR LA AFIRMACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL SENTIDO DE QUE COMO RESULTADO DE LA CÓPULA QUEDÓ EMBARAZADA, EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉLLA SEA ADMITIDA Y DESAHOGADA, Y APERCIBIR A LA OFENDIDA DE QUE EN CASO DE OPONERSE INJUSTIFICADAMENTE SE PRESUMIRÁ LA INOCENCIA DEL ACUSADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 608/2010. · Registro digital (IUS): 22824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 1387.

AMPARO DIRECTO 608/2010. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Es fundado y suficiente para conceder el amparo impetrado el siguiente argumento plasmado, en lo que el quejoso identificó como su único concepto de violación.

De manera esencial, el impetrante del amparo, en su referido único concepto de violación, sostiene:

"... los delitos de violación son precisamente de realización oculta, máxime que la menor realiza la imputación pero, precisamente, para poder comprobar en forma fehaciente y sin lugar a dudas que dicha violación existió, era menester realizar la prueba de ADN y verificar si el niño es o no hijo de mi defendido. No, no no (sic) estoy diciendo que para que se configure el delito de violación es necesario que se dé un producto de la misma, no, y de ninguna manera, entiendo perfectamente que basta con el solo ayuntamiento carnal para que se dé el delito, únicamente estoy analizando desde el caso concreto en estudio, es decir, la menor aduce: ‘... que yo no había tenido relaciones sexuales con ningún muchacho sino hasta ahora que me violó mi padrastro ...’ y ‘... y el que me violó fue mi padrastro **********, y ahora tengo dos meses de embarazo ...’, es decir, sólo se sigue la idea, si nadie había tenido relaciones sexuales con la víctima, y ella misma señala que sólo su padrastro la había violado y que por eso estaba embarazada; lógico es que el menor necesariamente, al ser producto de la violación, tiene que coincidir con sus características genéticas con mi defendido; ahora bien, si la menor niega a hacerse la prueba, si la menor no quiere que se sepa la verdad, es claro que cobra fuerza la negativa de mi defendido, es claro que no existió tal violación imputada, y si bien es cierto que existe el embarazo, éste es producto no de una violación, sino de una relación que la menor tuvo con su novio como lo confiesa la propia madre cuando señala: ‘y yo le pregunté a mi hija ********** de quien era el producto que iba a tener, y primero me decía que de un muchacho que vive en ********** ...’; y como lo sostiene mi defendido en su declaración que inclusive se transcribe en la sentencia recurrida que dice: ‘que me faltó declarar sobre los hechos, que yo siempre le llamé la atención a la menor delante de su mamá diciéndole siempre que no anduviera dándole cavidad (sic) a los jóvenes de junto, porque son puros carreteros y mariguanos (sic), y yo le dije a la menor que si se quería casar con alguna de estas personas que no eran buenos, y ella enojada siempre me mal contestaba, y quiero manifestar que el muchacho ********** me dijo en una ocasión que que; (sic) la había encontrado haciéndole (sic) el amor a la menor en la cama de su propia hermana de ********** que se llama **********, que la persona que le hacia el amor en esa ocasión era un gordo que le dicen ********** y en esos tiempos estaba yo trabajando en Mandinga, yo y su hermano de la menor de nombre **********, y en esos tiempos la chamaca aprovechó su libertad de que yo no estaba en la casa, también la menor anduvo con un tal **********, ella misma me dijo y a su mamá también le dio a saber que estaba embarazada de un chamaco que conoció en ********** de tal manera que yo me puse muy enojado con ella, desde entonces yo empecé a hacer (sic) más drástico con ella, porque fue lo primero que se le dijo que no fuera a cometer algún error y fue lo primero que hizo, por lo tanto, yo pido que manden a traer a ********** para que declare sobre los hechos, porque él se daba cuenta de todos los pasos de su hermana y a una amiga de ella que se llama **********, prima de **********, ella también me dijo que no puede ser que usted haya cometido ese delito porque ella me confesó que fue un muchacho de ********** ...’. Dicho de otra forma, tenemos en estudio un ilícito de realización oculta, tenemos un principio in dubio pro reo que nos obliga a hacer lo más favorable al reo, las circunstancias entonces nos indican que ante la negativa del reo, la única forma de saber con certeza la verdad histórica de los hechos, dadas las circunstancias especiales de este caso en específico, es la realización de la prueba del ADN, y entonces tenemos una negativa de la víctima a concurrir a la realización de la prueba; luego entonces, si cuando se trata de delitos culposos en tránsito de vehículos, la jurisprudencia nos autoriza a tomar prestada la reglamentación laboral para el cálculo de la probable indemnización en el caso de homicidio imprudencial (730 días de salario mínimo vigente en la zona, más 60 días de salario mínimo como gastos funerarios) entonces también podemos pedir prestada la jurisprudencia civil y aplicarla al caso que es aquella que establece que ante la negativa del probable a practicarse tal prueba se engendra la presunción legal de que existe la filiación, lo que razonado a contrario sensu implica que si en el caso la víctima se niega a que el producto de su embarazo se le practique la prueba, se debe engendrar la presunción de que no existe la filiación, y siguiendo la idea, que el producto no es hijo del reo, y que es falso que no tuviera relaciones sexuales con otra persona y que es falso también el hecho de la violación que imputa a mi defendido ..."

Efectivamente, aparece en la causa penal ********** instruida en contra de **********, que mediante escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil ocho (visible a fojas cincuenta y uno, y cincuenta y dos de la causa penal del caso), su defensor voluntario del acabado de nombrar, aquí quejoso, entre otras pruebas, ofreció el dictamen de identificación genética a efecto de que la doctora Rosa María Valencia Sánchez, practicara los exámenes pertinentes tanto a la pasivo como al producto de la gestación, a efecto de determinar si verdaderamente aquél había sido engendrado por el aquí solicitante del amparo en alguna de las dos ocasiones que ********** afirmó le impuso la cópula.

Solicitud de la defensa que fue acordada mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil ocho, al tenor siguiente:

"... en relación con el inciso ‘d’, a fin de proveer lo conducente, requiérase a la menor ********** por conducto de su representante legal y al procesado ********** **********, a fin de que manifiesten si dan su consentimiento para que les sean tomadas muestras de identificación genética en términos del artículo (sic) 228 y 229 del antisocial antes citado, y con el resultado dése nueva cuenta, señalándose para el desahogo de dicha prueba el mismo día diez de diciembre ...’

A foja cincuenta y nueve vuelta de la causa penal del caso, aparece que cuando ********** compareció ante el Juzgado Tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz (lo cual hizo el precitado diez de diciembre de dos mil ocho), a fin de ser requerida para otorgar o no el consentimiento de que le fueran tomadas muestras de identificación genética a la menor agraviada **********, aquélla, contestó:

"... Enterados y por parte de la señora **********, en representación de la menor agraviada, dijo, que no doy mi consentimiento por el momento, mejor cuando nazca la niña, porque va (sic) hacer niña ..."; mientras que en esa misma diligencia el inculpado, manifestó:

"... que toda vez que la representante de la menor agraviada no da su consentimiento para el estudio, estoy de acuerdo que el mismo se realice una vez que el producto haya nacido."

Asimismo, a foja setenta de la aludida causa penal, aparece una nueva promoción del defensor del ahora quejoso, en la cual insistió en el ofrecimiento de la prueba pericial en materia genética a la que se ha hecho referencia con antelación; precisando al efecto en la parte conducente de tal ocurso:

"... requiriendo previamente a la madre de la menor **********, para que presente ante este tribunal al menor para que le hagan la prueba pertinente, en razón de que la misma agraviada en fecha de diciembre, manifestó su consentimiento de que una vez que naciera el producto del asunto que hoy nos ocupa (sic), o sea el recién nacido, estaba de acuerdo que se realizara el examen de paternidad."

Escrito al cual recayó el proveído de trece de abril de dos mil nueve (visible a foja sesenta y ocho vuelta de la causa penal multireferida), que a la letra dice:

"Visto el escrito con que me da cuenta la Secretaría de este juzgado, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, y dada la petición del defensor voluntario para poder estar en condiciones de proveer la misma, requiérase al procesado de mérito tras las rejas de este juzgado para que manifieste si está o no de acuerdo en que se lleve a cabo la prueba pericial de ADN que ofrece su defensor; lo anterior de conformidad con el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales, fijándose para tal efecto las once horas del día quince de los corrientes y, con el resultado, déseme nueva cuenta ..."

A foja setenta y dos (frente) es visible la diligencia de quince de abril de dos mil nueve, en la cual se aprecia que al ser requerido en los términos del proveído últimamente transcrito, **********, manifestó:

"... que estoy de acuerdo en que se realice la prueba pericial de ADN que ofrece mi defensor."

Del mismo modo, a fojas setenta y dos vuelta de la causa penal a la que se ha venido haciendo referencia, aparece el proveído que emitió el Juez Tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, el veintiocho de abril de dos mil nueve, en cuya parte conducente se estableció:

"... debiendo de requerir de nueva cuenta a la menor agraviada ********** conjuntamente con su señora madre **********, en su carácter de representante, toda vez que si bien es cierto que mediante diligencia de fecha diez de diciembre del año dos mil ocho, dieron su consentimiento para que se lleve a cabo la prueba de identificación genética, también lo es que manifestaron que una vez que naciera el producto; por lo tanto y, toda vez que se ignoran las consecuencias del alumbramiento, llévese a cabo la diligencia de requerimiento que en derecho proceda para que tanto la menor como su representante manifiesten si están o no de acuerdo en que se lleve dicha prueba pericial, señalándose para tal efecto las once horas del día dos de mayo del año en curso."

Consultable a fojas setenta y tres vuelta de la causa penal tantas veces mencionada, aparece la diligencia de requerimiento realizada a ********** y a la menor agraviada (la cual se verificó el seis de mayo de dos mil nueve), en la que consta lo que sigue:

"... que como representante de mi hija agraviada no estoy de acuerdo en que le realicen a mi nieta la prueba pericial de ADN que ofrecen, ya que él deshonró a mi hija y yo le creo más a mi hija que a cualquier prueba sin tener nada más que manifestar. Asimismo, en uso de la palabra la menor agraviada dijo, que no estoy de acuerdo en que le realicen la prueba pericial de ADN a mi menor hija, ya que como dije este señor sí me violó ..."

Posteriormente (como es visible a foja setenta y cuatro de la causa penal de que se trata), el doce de mayo de dos mil nueve el Juez Tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, dictó el proveído siguiente:

"... asimismo se ordenó requerir a las ciudadanas ********** y **********, en su carácter de representante y agraviada, respectivamente, para que manifestaran si estaban o no de acuerdo en la realización de la prueba pericial citada, diligencia que se llevó a cabo en fecha seis de los corrientes, en la cual se observa que la ciudadana ********** no da su consentimiento para que se lleve a cabo dicha prueba, así como también la menor agraviada en consecuencia de ello, y toda vez que no hay pruebas que recabar en la presente causa penal y que ha vencido el término de ampliación de instrucción que le fuera concedido por dos meses más, al defensor voluntario, de conformidad con el artículo 163, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales en vigor, se declara cerrado el periodo de instrucción."

Proveído este último que se combatió por el abogado defensor del ahora impetrante del amparo, a través del recurso de revocación contenido en el documento presentado ante el Juez de primera instancia, el veintiséis de mayo de dos mil nueve; resolviéndose ese medio de impugnación mediante auto de veintiocho de mayo siguiente, que puede verse en la foja setenta y seis, frente, de la causa penal tantas veces citada, el cual, literalmente, establece:

"Una vez que el suscrito juzgador se ha impuesto de los autos que integran la causa penal, así como de los agravios que hace valer el inconforme, se considera que los mismos resultan insuficientes para provocar la revocación solicitada, en virtud de que el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales en vigor establece que para ser practicada una prueba de índole genética se requiere el consentimiento de la persona a quien deberá de practicarse, y como en el presente asunto ha sido negado el consentimiento por parte de la menor ********** y su madre **********, quien la representa, fue motivo por el cual (sic) al no existir más pruebas que desahogar en la presente causa penal se ordenó por auto de fecha doce de mayo del año en curso que se declarara cerrado el periodo de instrucción; en consecuencia de lo anterior quedan firmes los autos que por esta vía se combaten al no causar agravio alguno al recurrente."

Posteriormente, la fiscalía formuló las conclusiones acusatorias respectivas y la defensa las propias, dictándose la sentencia en los términos que ya se ha precisado; promoviendo tanto el Ministerio Público como la defensa voluntaria de ********** el recurso de apelación en contra de aquélla; resolución que se modificó para los efectos que han quedado precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria.

Puntualizado lo anterior, es oportuno insertar el contenido de los artículos 228 y 229 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz que, en su orden, establecen:

"Artículo 228. Para la práctica de pruebas periciales, el Ministerio Público en la investigación ministerial y los tribunales ordenarán la presentación de documentos, de objetos, de vehículos y de animales.

"Previo su consentimiento, podrá realizarse a las personas la toma de muestras de caligrafía, de voz y de poligrafía, estudios anatomopatológicos, toxicológicos y de identificación genética, muestras biológicas de saliva, orina, filamentos pilosos, sangre, biopsias y exudados. Las que procedan podrán realizarse a cadáveres.

"Al efecto, se emplearán las técnicas médicas de uso común autorizadas en la Ley General de Salud."

"Artículo 229. Respecto del indiciado, las tomas de muestras de sangre, biopsia, exudados, huellas dactilares, palmares o de planta de los pies, filamentos pilosos, impresiones dentales, los estudios de fotografía, radiografía, ultrasonido y antropométricos, así como la poligráfica, podrán realizarse previo consentimiento de aquél.

"La negativa del indiciado constituye presunción de culpabilidad."

De igual modo, es menester transcribir el contenido de lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), el cual estatuye:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso."

Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto se evidencia lo siguiente:

1. Que el ahora quejoso y su defensor ofrecieron con oportunidad dentro del periodo de instrucción, la prueba pericial en materia genética, a fin de determinar si el producto de la concepción (en el caso de la pasivo **********) se identificaba con aquél;

2. Que los oferentes de dicha prueba, además de proponerla oportunamente, insistieron en que fuera admitida, pues la progenitora de la menor agraviada, inicialmente, sostuvo:

"... Enterados y por parte de la señora **********, en representación de la menor agraviada dijo, que no doy mi consentimiento por el momento, mejor cuando nazca la niña, porque va (sic) hacer niña ..."; por lo que solicitaron de nueva cuenta que se requiriera a la pasivo y a su representante legítima, a fin de que manifestaran si otorgaban o no el consentimiento para que se llevara a cabo la prueba en cuestión.

3. Que en la diligencia de requerimiento realizada a ********** y a la menor agraviada, la cual se verificó el seis de mayo de dos mil nueve, en la que consta lo que sigue:

"... que como representante de mi hija agraviada, no estoy de acuerdo en que le realicen a mi nieta la prueba pericial de ADN que ofrecen, ya que él deshonró a mi hija y yo le creo más a mi hija que a cualquier prueba, sin tener nada más que manifestar. Asimismo, en uso de la palabra la menor agraviada dijo, que no estoy de acuerdo en que le realicen la prueba pericial de ADN a mi menor hija, ya que como dije, este señor sí me violó ..."; quedando en evidencia que las referidas personas se opusieron a la realización de dicha prueba, pero sin justificar razonadamente su negativa, pues como se lee en las líneas precedentes, la progenitora de la agraviada se limitó a decir que confiaba más en el dicho de su hija que en cualquier medio de convicción; y ********** se ciñó a señalar que no deseaba la práctica de la probanza de referencia porque ********** sí la había violado.

4. Que la trascendencia del rechazo o la recepción y desahogo de la prueba ofrecida por el aquí quejoso y su defensa (consistente en la pericial en materia genética) radica en que, como se ha visto en líneas que anteceden, la agraviada **********, sostuvo al declarar ministerialmente que no había tenido novios y que quien la había embarazado era su padrastro ********** como resultado de un par de ocasiones que le impuso la cópula (la pasivo refirió que fue violada en los meses de febrero y abril de dos mil ocho); pues, en esas condiciones, la probanza de referencia tiene un alto margen de confiabilidad para demostrar si la versión que debe tenerse como verdadera, es la vertida por la pasivo en el sentido de que fue violada por su padrastro, o la de este último en cuanto a negar haber desplegado la conducta que se le atribuye.

Precisado lo anterior, es conveniente destacar que este órgano jurisdiccional no pasa inadvertido que en el delito de violación, por ser de realización oculta, tiene fuerza preponderante el señalamiento que la víctima realiza en contra del sujeto activo, dado que, en la mayoría de los casos, no existen testigos de los acontecimientos; tal y como así se deriva de la jurisprudencia X.1o. J/16 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en la página ochenta y tres del Número 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, página 83, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"VIOLACIÓN. VALOR DEL DICHO DE LA OFENDIDA. TRATÁNDOSE DEL DELITO DE. Como los delitos de índole sexual, por propia naturaleza, de común se consumen en ausencia de testigos, lo cual los hace refractarios a la prueba directa; por ello, en tratándose de este tipo de injustos, la declaración de la víctima tiene especial relevancia probatoria, y la imputación de ésta, firmemente sostenida en la diligencia de careos respectiva merece un valor preponderante a la simple negativa del enjuiciado."; no obstante, se insiste, la relevancia de la prueba pericial de que se trata deriva de su trascendencia para corroborar o confirmar la versión que de los hechos dan la víctima o el acusado."

En efecto, como se deriva de la preinserta tesis jurisprudencial, los delitos sexuales, por su naturaleza, se consuman, en la mayoría de los casos, en ausencia de testigos y, por ende, son refractarios a la prueba directa; no obstante, el asunto analizado se aparta de esa generalidad, porque existe una prueba que, al ser recabada, corroborará con un margen amplio de aceptación a su eficacia demostrativa, la versión de la víctima o del acusado, pues si como resultado de esa prueba se establece que el producto de la gestación se identifica con **********, será indiscutible que éste sí desplegó la conducta que le atribuye **********; empero, si como resultado de tal probanza se revela que el producto de la preñez no se identifica con el anteriormente nombrado, quedará en evidencia que lo afirmado por él, en el sentido de no haber violado a la referida víctima, es la versión que debe prevalecer.

También se toma en cuenta que en el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil nueve, al resolver el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso y su defensor, el Juez Tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, para confirmar su original negativa a admitir la prueba pericial a la que se ha venido haciendo mención, se apoyó en lo dispuesto por el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que en la parte conducente, como ya se ha visto, señala:

"Previo su consentimiento, podrá realizarse a las personas la toma de muestras de caligrafía, de voz y de poligrafía; estudios anatomopatológicos, toxicológicos y de identificación genética; muestras biológicas de saliva, orina, filamentos pilosos, sangre, biopsias y exudados. Las que procedan podrán realizarse a cadáveres", sin embargo, lo ahí establecido no puede predominar respecto de la garantía de defensa tutelada por el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), puesto que es de explorado derecho que entre lo dispuesto en una ley secundaria y lo estatuido en la Carta Magna, debe prevalecer esto último.

Así las cosas, puede con validez concluirse que la negativa a admitir y desahogar la prueba pericial en materia genética que ofreció **********, causó a este último el consecuente perjuicio que debe ser ahora reparado mediante la concesión del amparo impetrado para los fines que más adelante se precisarán.

Sostener lo contrario implicaría no sólo permitir que prevalezca una ley secundaria sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que al impedir la admisión de la prueba mencionada, se estaría vedando la posibilidad de conocer la verdad investigada, lo que, indiscutiblemente, es del interés no sólo de la víctima y del inculpado, sino de la sociedad misma, dada la naturaleza pública del derecho penal; pues, se reitera, al desahogarse la prueba en comento, la consecuencia será que se corrobore con un margen importante de certeza, una de las dos versiones de los hechos, ya sea la de la víctima que señala a ********** como la persona que la violó y, en consecuencia la embarazó, o la del acabado de nombrar, quien afirma que nunca tuvo relaciones sexuales con **********.

Es también importante destacar que el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en su parte in fine, establece una consecuencia clara para el caso de que el inculpado se niegue a la práctica de alguna prueba pericial; sin que haga lo propio en lo concerniente a la negativa de la parte agraviada para el caso de oponerse a la realización de esa clase de pruebas; no obstante dicha omisión, no puede erigirse en un obstáculo para que, buscando un equilibrio entre los derechos de la víctima y los del inculpado, se estime que ante la oposición de aquélla para que se verifique la multireferida prueba pericial, debe presumirse la inocencia de éste; pues aceptar lo contrario implicaría dejar a merced de la voluntad de la parte ofendida, el conocer la verdad investigada, lo cual resultaría perjudicial para el interés de la sociedad y, sobre todo, para la garantía de defensa del inculpado; razón por la cual, en criterio de este tribunal, la negativa de la ofendida para ese efecto no puede ni debe quedar sin consecuencia alguna, sino que, al efecto, debe operar la presunción de que el inculpado es inocente; conclusión a la cual se arriba después de interpretar a la luz de la garantía de igualdad procesal y del principio de equidad, el señalado artículo 229, pues conforme a ese principio se estima justo que, en el caso, deba darse igual trato tanto al inculpado como a la parte ofendida.

En ese orden de consideraciones, al ser fundado el argumento analizado, lo procedente es conceder el amparo impetrado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la cual, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, ordene la reposición del procedimiento en el juicio natural, a fin de que el Juez de origen admita la prueba pericial en materia genética ofrecida por el hoy quejoso y su defensor, debiendo proveer lo conducente para su desahogo, apercibiendo a la ofendida de que con fundamento en el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales en vigor, interpretado a la luz de la garantía de igualdad y del principio de equidad, su oposición injustificada para que se lleve a cabo la prueba pericial de que se trata producirá, como consecuencia, la presunción de que el inculpado es inocente (apercibimiento que se hace necesario dado que en los requerimientos de diez de diciembre de dos mil ocho y seis de mayo de dos mil nueve, no se le hizo saber la consecuencia que produciría su oposición a la realización de la probanza en cita); concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, pues siendo inconstitucional el acto de la autoridad ordenadora, también lo es el de aquella que pretende ejecutarlo.

Sirve de apoyo a esta última consideración, la jurisprudencia 493 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 326, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice:

"SENTENCIA DE AMPARO. EFECTOS.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."

De igual modo, al resultar fundado el argumento aquí analizado, lo cual condujo a la concesión del amparo solicitado, deviene innecesario el estudio de los diversos razonamientos expresados en contra del acto reclamado, en virtud de que a ningún fin práctico conduciría, ya que en nada variaría el sentido de este fallo.

Cobra aplicación, en la especie, la jurisprudencia II.3a. J/5 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la página 89, Tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77, 158 y 190 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35 y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Juez Tercero de primera instancia de Veracruz, Veracruz y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, de esta ciudad, consistentes en, de la primera, la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diez, dictada dentro del toca de apelación **********, de su índice; y de los últimos, la ejecución de dicho fallo.

Engrósese la presente ejecutoria a los autos y, en cumplimiento a los incisos seis y siete del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse junto con el disco que contiene el presente fallo a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, para que ésta se encargue de su remisión a la oficialía de partes del Tribunal Colegiado de origen; háganse las anotaciones pertinentes en el libro electrónico de registro correspondiente y, en su oportunidad, agréguese copia certificada al cuaderno de antecedentes de lo actuado por este Tribunal Auxiliar.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, por mayoría de votos de los Magistrados presidente Ezequiel Neri Osorio y el ponente Adrián Avendaño Constantino, contra el voto particular emitido por el Magistrado Salvador Castillo Garrido.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22824-cf6cd16c/prueba-pericial-en-genetica-adn-en-el-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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