TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SI SE ACREDITA LA RELACIÓN LABORAL DEBE CONDENARSE A SU INSCRIPCIÓN Y A LOS BENEFICIOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, AUN CUANDO NO SE HAYAN DEMANDADO EXPRESAMENTE, POR SER UNA CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA DEL RECONOCIMIENTO DE AQUÉLLA.
AMPARO DIRECTO 18123/2005. MIREYA LÓPEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación expresados por la quejosa Mireya López Hernández, resultan inoperantes en parte, infundados en otra y finalmente fundados, tal como se pondrá de manifiesto.
Previamente al análisis y pronunciamiento de los conceptos de violación expresados por la quejosa, es menester señalar que la actora del juicio natural, demandó se declarara que la relación jurídica que la unía con el instituto demandado era de carácter laboral, de tal manera que solicitó la reinstalación a su fuente de trabajo y demás prestaciones derivadas de esa relación de trabajo.
Ahora bien, la demanda laboral inicialmente fue presentada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de tal manera que se turnó a la Primera Sala de ese tribunal, que por acuerdo de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, radicó el asunto y ordenó se emplazara al instituto demandado, este último contestó la demanda mediante escrito presentado ante ese órgano jurisdiccional el trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, pero a su vez interpuso la excepción de incompetencia, por lo que la misma fue resuelta el diez de enero de dos mil, declarándose procedente, y se ordenó se remitieran los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Luego, por acuerdo de trece de junio de dos mil, la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje radicó la demanda y señaló día y hora para la celebración de la audiencia trifásica, de tal manera que con ello se advierte que implícitamente aceptó la competencia para conocer del asunto que fue sometido a su conocimiento.
Procedimiento que se considera legal, toda vez que en la jurisprudencia por contradicción de tesis, identificada con el número 2a./J. 22/96 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, visible a página 153; se precisa que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo público descentralizado, por lo que las relaciones con sus trabajadores deben regularse por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 de nuestro máximo ordenamiento legal, y no por el apartado B del precepto en comento, por lo que la competencia se surte a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; tal como se pone de manifiesto en el rubro y contenido de dicha jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo público descentralizado, pues participa de todas las características inherentes a las entidades de esa naturaleza; de ahí que las relaciones con sus trabajadores deben regularse por el artículo 123, apartado ‘A’, fracción XXXI, inciso b), punto 1 de la Constitución General de la República, y no por el apartado ‘B’, toda vez que éste expresamente se refiere a las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Departamento del Distrito Federal con sus trabajadores, sin que forme parte de los mismos el referido Instituto. No obsta para lo anterior que los artículos 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el 14 de la ley de dicho Instituto, establezcan que los conflictos a que dan lugar las relaciones de trabajo entre el referido organismo y sus trabajadores, se regirán por el apartado ‘B’ del mencionado precepto constitucional, toda vez que esas disposiciones contrarían el Pacto Fundamental, porque excediéndolo incluyen a los trabajadores de ese Instituto, que si bien integra la Administración Pública Federal, no forma parte del Poder Ejecutivo Federal. Al respecto, esta Suprema Corte sigue el mismo criterio sostenido en la tesis de rubro ‘COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES (CONASUPO). SU INCLUSION EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, Octava Época, Tomo VII-Junio, página 110.
"Competencia 451/95. Suscitada entre la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 17 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.
"Competencia 442/95. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación. 24 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.
"Competencia 15/96. Suscitada entre el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 1o. de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sergio González Bernabé.
"Competencia 498/95. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Distrito Federal, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla, Puebla y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 1o. de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Germán Martínez Hernández.
"Competencia 80/96. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Juez Primero de Distrito en el Estado de México (Actualmente Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México). 3 de mayo de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
"Tesis de jurisprudencia 22/96. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, por cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel."
Por otra parte, al resolver el asunto que nos ocupa, debe considerarse que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal Judicial emitió diverso criterio jurisprudencial por reiteración de tesis en febrero de mil novecientos noventa y seis, identificada con el número P./J. 1/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, visible a página 52, en el que declara la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al indicar que las relaciones de los organismos públicos descentralizados, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, a contrario sensu, dichas relaciones laborales se rigen por el apartado A del precepto en mención, lo que se pone de manifiesto con el contenido de dicha jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.
"Amparo en revisión 1115/93. Ismael Contreras Martínez. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.
"Amparo en revisión 1893/94. María de la Luz Bachiller Sandoval. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla.
"Amparo en revisión 1226/93. Francisco Coronel Velázquez. 5 de junio de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla.
"Amparo en revisión 1911/94. José Luis Rodríguez González. 11 de julio de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla.
"Amparo en revisión 1575/93. Armando Montes Mejía. 14 de agosto de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla.
"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de enero en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 1/1996 la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.
"Nota: Véase la ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, página 42, correspondiente al mes de agosto de 1995."
Así las cosas, si conforme a los criterios jurisprudenciales citados, las relaciones laborales de los trabajadores de los organismos descentralizados se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, ello implica que el ordenamiento que debe aplicarse es la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, debe considerarse que si un trabajador con motivo de su relación laboral percibió prestaciones superiores a las que prevé dicho ordenamiento, por haberse aplicado en su favor la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entonces conforme al principio de que las condiciones de trabajo, jornada y salario, deben ser iguales para trabajos iguales y no pueden ser disminuidas, previsto en la fracción VII del apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna y en los numerales 51, fracción IV; 56 y 86, de la Ley Federal del Trabajo, las prestaciones de dichos trabajadores deben seguirse cubriendo en la misma forma y monto en que se hace, por constituir un derecho adquirido o, en su caso, dichas prestaciones deberán homologarse y cubrirse conforme a las condiciones de trabajo y percepciones salariales de los trabajadores que tengan el mismo nivel o categoría, aun y cuando dicha homologación que se pretenda realizar recaiga en trabajadores de nuevo ingreso, pues, a trabajo igual corresponde salario igual y demás condiciones y prestaciones laborales; sin que tal circunstancia implique la inobservancia de la ley y la jurisprudencia emitida por nuestro Máximo Tribunal Judicial, pues el fundamento de este principio encuentra sustento en los preceptos legales citados, que a su vez serán la fundamentación de esas prestaciones.
Sentado lo anterior, se procede al análisis de los argumentos vertidos en los conceptos de violación atendiendo a la técnica del juicio de garantías y a la prelación lógica del proceso, esto es, deben analizarse las posibles violaciones procesales, enseguida las violaciones formales y, finalmente, las de fondo.
En primer orden se analiza el argumento en el cual el quejoso sostiene que el actuar de la responsable es violatorio de garantías, porque cuando presentó el escrito inicial de demanda debió haberle suplido las deficiencias que se presentaran en ella, en relación a las prestaciones que le correspondían, como podía ser la inscripción al sistema de ahorro para el retiro, y en su caso, se condenara a dicho instituto por cuanto hace a esa prestación.
El argumento hecho valer por la peticionaria del amparo deviene infundado.
Esto es así, porque los hechos expuestos en el escrito de demanda constituyen un acto jurídico de tipo procesal cuya carga o necesidad de exponerlos corresponde al actor y cuyos efectos son de suma importancia por constituir la causa petendi o el título de donde emana el derecho pretendido, de ahí que la causa petendi ha sido considerada como el conjunto de hechos de donde se deriva el derecho pretendido por el demandante o la relación jurídica sustancial que se alega.
En ese sentido, del contenido del artículo 872 en relación con el segundo párrafo del diverso 685 de la Ley Federal del Trabajo, en el primero de los numerales citados, se impone al actor la necesidad de formular por escrito la demanda y, a su vez, se impone la carga de expresar los hechos en los que se funden sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrarlas; por cuanto hace al segundo de los preceptos, se impone una carga a la autoridad jurisdiccional laboral, en el sentido de que cuando la demanda sea incompleta en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta al momento de admitir la demanda subsanará ésta.
En este orden de ideas, se concluye que la Junta está obligada única y exclusivamente a subsanar las prestaciones o pretensiones que se deriven de los hechos expuestos por el trabajador en su escrito de demanda (fojas 2 a 13) y de la correspondiente ampliación de demanda (fojas 130 y 135); sin embargo, cuando se trate de prestaciones que sean consecuencia directa e inmediata de la acción de reconocimiento de una relación de trabajo, en donde la parte patronal está obligada a proporcionarlas, entonces, los órganos jurisdiccionales que conozcan de la controversia, tendrán que hacer el correspondiente pronunciamiento en la resolución definitiva, pero de ninguna manera puede ser considerada como una violación procesal, de ahí que no le asista la razón a la quejosa.
En otro argumento que se vierte en los conceptos de violación se afirma la existencia de diversa violación procesal, al indicarse que la actora ofreció como prueba las documentales marcadas con los numerales siete y ocho, en las cuales se solicita al "Centro Médico Dalinde Inter-Hosp., Sociedad Anónima de Capital Variable", y a "Aseguradora Hidalgo", se rindieran determinados informes para el esclarecimiento de la verdad, sin embargo, la responsable en audiencia de diecinueve de abril de dos mil uno las desechó, bajo el argumento de que no eran autoridad; cuestión que la parte quejosa considera ilegal porque con ellas acreditaba los gastos médicos reclamados.
El motivo de inconformidad que se invoca, es fundado, pero deviene inoperante.
En efecto, conforme a los principios procesales previstos en la Ley Federal del Trabajo y esencialmente consagrados en el artículo 685, se desprenden, entre otros, el de economía, concentración y sencillez procesal; en ese sentido, no se requiere una formalidad para solicitar se recabe determinada prueba, sino basta que la petición sea clara para que la responsable proceda a proveer lo conducente en relación a dicha solicitud. En consecuencia, le asista la razón a la quejosa cuando afirma que se le desechó la prueba que ofreció en los apartados 7 y 8 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, bajo el argumento de que el "Centro Médico Dalinde" y "Aseguradora Hidalgo", no eran órganos de autoridad por lo que no se adecuaban a la hipótesis que se refiere el artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo; cuestión que se constata con el acuerdo emitido en la audiencia trifásica en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el diecinueve de abril de dos mil uno (fojas 150 a 155).
Sin embargo, lo alegado deviene inoperante; toda vez que de los numerales 7 y 8 del escrito de ofrecimiento (fojas 145 a 148), se desprende que la actora del juicio natural solicita que el "Centro Médico Dalinde", informe el costo de la intervención quirúrgica que se le practicó, así como los días que estuvo internada, en tanto que de "Aseguradora Hidalgo", solicita que informe el monto total de los gastos médicos por admisión hospitalaria, así como el desglose de éstos.
Ahora bien, del análisis de su petición, se advierte que estamos en presencia del ofrecimiento de una prueba documental privada en términos del artículo 795 interpretado a contrario sensu, en relación con el 796 de la Ley Federal del Trabajo, en ese sentido, si la actora erogó tales gastos, es inconcuso que dichos organismos particulares debieron haber expedido el comprobante o factura correspondiente, por tanto, conforme a los artículos 797 a 799 de la Ley Federal del Trabajo, la parte oferente tenía la obligación de haber exhibido los originales, y en caso de que éstos fueran objetados, se procedería a su perfeccionamiento a través del medio correspondiente, o en su caso, exhibir la copia correspondiente para llevarse a cabo el cotejo; y para el caso de que el documento a cotejar estuviera en poder de un tercero, este último estaría obligado a exhibirlo.
Por consiguiente, resulta inoperante lo alegado, pues el conceder el amparo a nada práctico conduciría, toda vez que a la quejosa le correspondía la necesidad de exhibir los documentos originales, o en su caso, las correspondientes copias para su perfeccionamiento a efecto de acreditar los gastos médicos que pretende se le cubrieran, cuestión que omitió hacerlo en el momento procesal oportuno.
Por otra parte, la quejosa se duele de la ilegalidad del acto reclamado al afirmar que la litis fue mal planteada, para ello indica la manera en que la responsable lo hizo, en seguida transcribe las prestaciones reclamadas en los incisos a) y b) de su escrito de demanda relativas a la declaración que el vínculo que la unía con la demandada era de naturaleza laboral y, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de una relación de trabajo, por consiguiente la reinstalación a su fuente de trabajo en la plaza y puesto demandados; en seguida, establece el modo en el que considera debió establecerse la litis, e indica que la relación de trabajo quedó establecida con las probanzas aportadas, como es el caso de las ratificaciones a cargo de Margarita Sánchez González, Hugo Martín González Acevedo y Jesús Sánchez Esqueda, quienes además confirmaron las actividades que desempeñaba la actora, cuestión que quedó robustecida con la confesional de hechos propios a cargo de Armando Alcocer Castrejón y la diversa a cargo de José Antonio Vargas Rodríguez, constatando el nexo laboral con las testimoniales de Javier W. Escobedo Burgos, Irma Bautista Hernández y Marco Corona Tellez, para ello transcribe las preguntas conducentes y las repreguntas que contestaron, de tal manera que con ese material probatorio se acreditó la relación de trabajo y los distintos horarios en que se desempeñó la quejosa y con las cuales acredita la procedencia de todas y cada una de las prestaciones que demandó, pero la responsable ilegalmente no condenó a todas.
El argumento resumido se considera infundado.
Esto es así, toda vez que conforme a la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Octava Época, la delimitación de la litis es una cuestión de carácter enunciativo que no agravia o afecta la esfera jurídica de las partes, sino en todo caso sólo causa agravio cuando además de fijarse incorrectamente, se omite tomar en consideración los hechos constitutivos plasmados en la demanda y que conforman parte de la acción, o en su defecto, no se toman en cuenta las excepciones planteadas y los razonamientos que se expresan en el laudo para concederles o negarles valor probatorio a las pruebas ofrecidas por las partes, giran en torno de hechos que no son constitutivos de tales acciones y excepciones planteadas por las partes.
Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Colegiado en la Octava Época, que se identifica con el número I.3o.T. J/20, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, visible en la página 693, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"LITIS, INCORRECTA FIJACIÓN DE LA. CAUSA AGRAVIOS CUANDO DA LUGAR A UN LAUDO INCONGRUENTE. El criterio que establece que la sola fijación de la litis no causa agravio por ser un punto exclusivamente enunciativo, que ha sustentado la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada con el rubro: ‘LITIS, SU SOLA DELIMITACIÓN NO CAUSA AGRAVIO.’, es inaplicable cuando la Junta no sólo omite fijar la controversia planteada, sino también cuando lo hace incorrectamente al tomar en consideración u omitir hechos constitutivos de las acciones y excepciones y defensas de las partes y los razonamientos que expresa en el laudo para concederles o negarles valor probatorio a las pruebas ofrecidas por las partes, giran en torno de hechos que no son constitutivos de tales acciones y excepciones y defensas, por lo que la omisión de la controversia planteada o la incorrecta fijación que de la misma haga la Junta, causa agravio al quejoso al ser incongruente el laudo reclamado con los hechos en que las partes basaron sus acciones y excepciones.
"Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
"Amparo directo 1893/90. Jesús Arnulfo Bastida Gómez. 20 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Luis Enrique Pérez González.
"Amparo directo 2593/90. Carmen Enriqueta Castillón. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Luis Enrique Pérez González.
"Amparo directo 3013/90. Elevadores en Servicio, S.A. de C.V. 2 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: José Luis Torres Lagunas.
"Amparo directo 2953/90. Alta Limpieza, S.A. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón Mendía. Secretario: Enrique Chan Cota.
"Amparo directo 3593/90. Fabián Nieto Salgado. 16 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Luis Enrique Pérez González.
En el caso que nos ocupa, la responsable al fijar la litis a dilucidar, estableció lo siguiente: "... La litis en el presente caso se fija para determinar si procede la reclamación a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el sentido de que la actora fue injustificadamente despedida el 6 de octubre de 1999, por lo que tiene acción y derecho para reclamar la reinstalación en el puesto y funciones que venía desempeñando, salarios caídos así como las demás prestaciones que accesoriamente reclama a su acción principal, o bien, como lo sostiene la demandada ... que carece de acción para reclamar lo que pretende, en virtud de que con la actora se celebró contrato de prestación de servicios profesionales de carácter civil, insistiendo que no existió una relación de naturaleza laboral, sino de naturaleza civil y por lo que hace a las demás excepciones opone la de pago ... "
En ese sentido, este tribunal considera que la responsable de manera general fijó la litis, pues se advierte que atendió al escrito de demanda y el diverso de ampliación, así como contestación y, si bien es cierto, dicha responsable no atendió en forma exhaustiva y pormenorizada las prestaciones que se derivan de los hechos expuestos en la demanda y contestación, como más adelante se detallará, también es verdad que la fijación de la litis en general no irroga agravio a la parte quejosa, pues en todo caso lo que le depara perjuicio es la parte específica de la resolución que dejó de atenderse y, en su caso, se debe reparar la violación correspondiente.
En otro argumento que se hace valer en los conceptos de violación se afirma que el laudo es ilegal porque la responsable fue omisa en pronunciarse en relación al pago del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado, conocido como FONAC, pues si la demandada no justificó su negativa respecto de la relación laboral debió condenarse a esa prestación, ya que por cuanto hace a mil novecientos noventa y nueve, dos mil, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco, hace un monto total de $49,350.00 (cuarenta y nueve mil, trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
Lo aducido por la quejosa resulta fundado, pero deviene inoperante.
En efecto, es fundado en razón de que la responsable no obstante que procedió a fijar la litis de manera general lo que a su vez constituye una cuestión formal o enunciativa, lo cierto es que omitió pronunciarse en relación a esa prestación que fue reclamada en el inciso h) del escrito de demanda; lo que da lugar a un laudo incongruente; por ello, resulta fundado el motivo de inconformidad que plantea la quejosa.
Sin embargo, tal cuestión resulta inoperante, toda vez que la demandada afirmó que entre las partes existía una relación de carácter civil, y si bien es cierto que con los medios de prueba la responsable concluyó que se trataba de una relación de tipo laboral; la actora al narrar los hechos de la demanda en ningún momento estableció que se le haya hecho descuento en relación al fondo que reclama, mucho menos acreditó que la parte demandada le retuviera cantidad alguna relacionada con el tipo de prestación reclamada; por consiguiente, lo alegado en los conceptos de violación que se analizan, deviene inoperante.
En otro orden de ideas resulta infundado el diverso argumento vertido en los conceptos de violación en el cual se sostiene que el laudo es ilegal porque la responsable debió declarar que el vínculo jurídico existente entre la hoy quejosa y el instituto demandado es de naturaleza laboral, y no limitarse a mencionar que se reinstalara a dicha trabajadora en la plaza que venía ocupando de abogada proyectista, con adscripción a la Contraloría General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con un horario de trabajo de nueve a diecisiete horas, y no como ilegalmente lo estableció la responsable, de nueve a dieciocho horas.
Lo anterior se estima así, pues si bien es cierto que la actora del juicio natural y aquí quejosa, entre otras prestaciones demandó se declarará que la relación que la une con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, era de naturaleza laboral, y por ello solicitaba fuera reinstalada a su fuente de trabajo.
También es verdad que esa declaración la responsable la prevé cuando fija la litis en la que esencialmente afirma que debe dilucidarse si la actora tiene acción y derecho para reclamar la reinstalación, o bien, si carece de acción en virtud que con la institución demandada sólo existe una relación de carácter civil derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales; de tal manera que cuando la Junta, en la parte considerativa expone los razonamientos por los cuales considera que la relación es de tipo laboral y no civil, en el resolutivo primero arriba a la conclusión de que la parte actora acreditó su acción, y la demandada no justificó sus excepciones y defensas; de tal manera que el diverso resolutivo segundo expresamente señala: "... Se condena a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que de cumplimiento a la relación de trabajo que lo unía con la actora ..."; es inconcuso que la responsable de manera expresa declara la naturaleza jurídica de la relación que existía y que debe prevalecer entre las partes, siendo ésta de carácter laboral; por ende, lo alegado por la impetrante de garantías resulta infundado.
En otro argumento vertido en los motivos de inconformidad, se sostiene que el laudo es ilegal, porque la responsable condena a la demandada a la reinstalación de la actora a su fuente de trabajo, con un horario de nueve a dieciocho horas, sin embargo, ese horario, sobrepasa el máximo legal de ocho horas que prevé la Constitución, por lo que es procedente reducir tal horario, asimismo, en otro argumento vertido en los conceptos de violación, se reitera la ilegalidad de laudo reclamado al indicarse que la condena relativa al pago de horas extraordinarias de trabajo es contraria a derecho porque quedó consignado en los autos que del dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho al treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, la actora tuvo un horario de labores de las nueve a las veinte horas, y del uno de mayo al cuatro de julio de las nueve a las dieciocho horas, en ese sentido, si se considera que la jornada laboral es de un máximo de ocho horas diarias, da como resultado que del dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22834-1bf83e3d/trabajadores-del-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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