TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ARGUMENTANDO QUE ERA DE CONFIANZA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.
AMPARO DIRECTO 21913/2004. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. De los antecedentes narrados destaca que ********** reclamó del *********** reinstalación en la categoría de ********* con el puesto y funciones de ********** por haber sido cesada de manera injustificada. Asimismo, hizo valer que como desde el dos de julio de mil novecientos noventa y ocho se le comunicó que debía presentarse a la Coordinación Ejecutiva para que se le notificaran los resultados de las evaluaciones que se le practicaron, al treinta de abril de dos mil en que se le comunicó el cese, transcurrió con exceso el término de cuatro meses que señala el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Por otro lado, señaló que la demandada tuvo conocimiento del derecho para cesarla desde el trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, como se acreditaba con el acta de esa fecha, expediente administrativo ********** donde se le notificaron los resultados de las evaluaciones practicadas; por tanto, de entre esa fecha al treinta de abril de dos mil, había transcurrido el término previsto en el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El ********** negó derecho a la actora, porque no aprobó las evaluaciones que se le aplicaron en términos de los artículos 11 Bis-1, 11 Bis-2 y 11 Bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que se hizo acreedora al cese por pérdida de la confianza, además que el puesto de ********** era considerado de confianza. Por otro lado, opuso la excepción de prescripción al señalar que la actora tuvo conocimiento que tenía la plaza de ********** desde el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, por lo que al cinco de junio de dos mil, en que presentó la demanda, transcurrió en exceso el término que establece el artículo 113, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La Sala del conocimiento condenó a la reinstalación de la actora en la categoría de ********** con funciones de **********. El laudo descansa en cuatro aspectos fundamentales:
1) La excepción de prescripción opuesta por la actora, en vía de acción, se determinó procedente, ya que por oficio de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho se le comunicó que debería comparecer ante la Coordinación Ejecutiva para que le notificaran personalmente los resultados correspondientes a las evaluaciones que se le practicaron en términos de los artículos 11 Bis-1, 11 Bis-2 y 11 Bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; ese documento lo relacionó la Sala con el acta de notificación de trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, con los que tuvo por acreditado que se le notificó a la actora las evaluaciones de diecisiete de junio, veintidós de julio, nueve de agosto y primero de julio de mil novecientos noventa y siete, así como que debería comparecer a fin de que ofreciera pruebas y manifestara lo que a su interés conviniera.
2) La demandada no aportó elementos idóneos con los que se demostrara el procedimiento administrativo que dijo le instauró a la actora para poder determinar que hubo continuidad en la investigación realizada con motivo de las irregularidades en que según dijo incurrió la accionante al no ser aprobados los exámenes que se le practicaron, ya que, dijo la responsable, sólo acreditó que le notificó para la comparecencia del acta administrativa relacionada con esos exámenes, por lo que desde esas fechas en que tuvo conocimiento de los mismos, hasta el quince de abril de dos mil en que le notificaron el cese de los efectos de su nombramiento, era inconcuso que de una u otra forma, el término de cuatro meses con el que contaba para cesar a ********** se encontraba prescrito, en términos del artículo 113, fracción II, inciso c) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En otras palabras, para decretar la procedencia de la prescripción hecha valer por la parte actora, la Sala consideró que desde aquellas fechas en que a la accionante se le practicaron los exámenes de evaluación (diecisiete de junio, veintidós de julio, nueve de agosto y primero de julio de mil novecientos noventa y siete) o del trece de julio de mil novecientos noventa y ocho en que se le realizó la notificación de esas evaluaciones, al quince de abril de dos mil en que le notificaron el cese de los efectos de su nombramiento, era inconcuso que de una u otra forma, el término de cuatro meses con el que contaba para cesar a ********** se encontraba prescrito, porque el demandado no demostró la continuidad en el procedimiento administrativo que dijo le instruyó a la reclamante.
3) La ********** demandada no demostró que la actora se desempeñó con el carácter de trabajadora de confianza, pues el hecho de que manifestara que se encontraba adscrita a la ********** no era determinante para considerarla como tal, máxime que únicamente refirió que desempeñaba funciones inherentes a combatir y erradicar cultivos ilícitos, sin que acreditara tal aseveración, por lo que al no desvirtuar lo señalado por la actora respecto a que desarrollaba funciones de ********** se tenía por cierto que la reclamante ostentaba el puesto de ********** como se podía constatar con la fotocopia simple de la credencial ********** a la que la autoridad concedió valor probatorio de indicio.
4) Por estas últimas consideraciones, estimó que devenía ocioso analizar la figura prescriptiva opuesta por el titular demandado, así como las pruebas ofrecidas por las partes, por lo que resultaba procedente condenar a reinstalar a la actora en la categoría de ********** con funciones de **********
En los conceptos de violación, el inconforme alude a que indebidamente la autoridad determinó que el demandado no acreditó que ********** fuera trabajadora de confianza, desestimando la excepción de prescripción que hizo valer respecto a la plaza de ********** apoyándose en la copia simple de la credencial expedida a nombre de la tercero perjudicada, sin tomar en cuenta que las copias fotostáticas no hacen prueba plena, pues si la naturaleza de un puesto de confianza no se determina por el nombramiento, menos por una copia fotostática simple carente de valor, además que la actora no demostró las funciones desempeñadas, por lo que resultaba procedente que se analizara dicha excepción, la cual se actualizó y, por tanto, la condena a reinstalar a la demandante en la categoría de ********** con funciones de ********** es ilegal, toda vez que aquélla no acreditó que las funciones que dijo realizaba fueran las que correspondían a la plaza de ********** además que la institución demandada, afirma la impetrante, demostró la calidad de confianza, ya que al ostentarse la actora como ********** realizó funciones inherentes a su cargo.
Resultan infundados los anteriores argumentos.
Cuando el actor se dice despedido o cesado injustificadamente y reclama reinstalación en el puesto que desempeñaba al momento de ser despedido y el patrón se excepciona argumentando que aquél era un empleado de confianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al demandado corresponde demostrar dicha calidad y que las labores desarrolladas por el trabajador se encuentran dentro de las enunciadas expresamente en el dispositivo 5o. de la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para ser consideradas con tal carácter, tomando en cuenta que esa categoría depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto, toda vez que el empleador es el que cuenta con más y mejores elementos para acreditar las labores que realizaba el trabajador.
Por tanto, si en la especie, el ********** al margen de que haya manifestado que se le instruyó a la actora un procedimiento administrativo que concluyó con su cese al perdérsele la confianza, se defendió también aseverando que el carácter del puesto de ********** y que por sus características y funciones relativas al ********** era considerada como de confianza, a dicho demandado le tocaba la fatiga procesal de acreditar esa categoría, pues era él quien contaba con los elementos suficientes e idóneos para conocer realmente las labores que realizaba la ahora tercera perjudicada.
Por tanto, contrariamente a lo alegado en el argumento de inconformidad, no bastaba, para tener por acreditado que la reclamante se desempeñaba en una categoría de confianza, que el demandado señalara que al ostentarse la actora como ********** realizaba funciones de confianza, ya que el titular demandado se encontraba obligado, en términos del numeral 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, a acreditar su dicho.
Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 160/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2004-SS, publicada en la página 123, Tomo XX, noviembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS. La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o, que efectivamente, sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando."
Por otro lado, también es incorrecto que el quejoso alegue que la Sala se basó en la copia fotostática simple de la credencial de la actora para tener por acreditada la categoría de empleada de confianza.
Ello, pues las razones torales que tuvo la responsable para determinar que el puesto de la accionante no era de confianza fueron que el demandado no demostró, como era su deber, su defensa en ese sentido, por lo que al no desvirtuarse lo que la actora dijo en su demanda respecto a que desarrollaba funciones de ********** este punto debía seguir prevaleciendo; es decir, la Sala dijo que al no destruir el procurador demandado lo manifestado por su contraparte en el escrito inicial, automáticamente se tornaban ciertos el puesto y actividades que dijo la actora desarrollaba para aquél.
Por otro lado, resulta inoperante el argumento del quejoso en el que refiere que la condena a la reinstalación se basó en una copia fotostática simple de la credencial de la actora, la cual carece de valor.
De la lectura del laudo reclamado se observa que la Sala expuso que el demandado no demostró que la actora fuera una trabajadora de confianza adscrita a la ********** mientras que la reclamante manifestó en su demanda que desarrollaba funciones de ********** sin que se desvirtuara tal aseveración, por lo que la autoridad tuvo por cierto que ostentaba el puesto de ********** según podía constatarse con la fotocopia simple de la credencial ********** por lo que condenó a reinstalar a la actora en la categoría de ********** y con el puesto y funciones de **********.
Como se ve, la Sala del conocimiento introdujo cuatro clases de categorías que desarrolló la actora ********** pero el impetrante no ataca debidamente tales circunstancias, ya que se limita a alegar que la condena se basó ilegalmente en la copia fotostática simple de la credencial de la reclamante y que debió examinarse la excepción de prescripción que opuso, pero sin combatir esas imperfecciones de la responsable en cuanto al nombre correcto de la plaza en la que va a ser reinstalada la ahora tercero perjudicada; por tanto, al tratarse el presente asunto de estricto derecho, la decisión de la autoridad debe permanecer incólume y, por ende, que el argumento a estudio resulte inoperante.
Bajo ese tenor, al no combatirse debidamente las aseveraciones de la Sala en cuanto a que el demandado no acreditó la calidad de confianza de la categoría de la plaza de la actora y la referencia a cuatro puestos distintos, resulta también inoperante el concepto de violación hecho valer respecto a la excepción de prescripción opuesta sobre la plaza de ********** y, por tanto, también esa determinación de la responsable expuesta sobre el particular en el sentido de que era innecesario el análisis de dicha perentoria, debe continuar incólume.
En otro punto, el peticionario de la protección constitucional aduce lo siguiente:
I) La Sala lo condenó a reinstalar a la actora sin analizar las constancias de autos, pues es incorrecto que para declarar procedente la prescripción opuesta por la actora, no haya precisado en qué elementos se basó para determinar que en las fechas en que se le realizaron los exámenes, la institución haya conocido los resultados, esto es, dice, que en ese mismo día se hubiesen calificado dichos exámenes, además, continúa, la responsable debió estudiar la prescripción en la forma en que fue opuesta, es decir, que la actora no indicó cuándo inició y cuándo terminó y no de manera general decir que de las fechas en que se le practicaron los exámenes a la notificación del cese "en una u otra forma" transcurrió el término de cuatro meses, además que se dejó de valorar el acta de notificación de veintiocho de enero de dos mil del expediente administrativo **********.
II) No tiene razón la responsable al decir que no se aportaron los elementos idóneos para demostrar la existencia del procedimiento administrativo que interrumpió la prescripción. Esto es, porque, afirma, la Sala no tomó en cuenta que el cese es el resultado de un procedimiento administrativo que inició con la notificación que se realizó a la actora y con la cual se le otorgó la garantía de audiencia y que fue hasta que concluyó ese procedimiento que la ********** estuvo en aptitud de declarar la terminación de los efectos del nombramiento de la tercero perjudicada por pérdida de la confianza.
III) Es incorrecto que la resolución verse sobre el oficio de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, porque con el mismo no se dio por concluido el procedimiento administrativo instaurado a la hoy tercera perjudicada, pues por el contrario, aduce, fue el inicio del mismo y el derecho de la ********** comenzó a correr cuando concluyó ese procedimiento y se determinó el cese de la trabajadora por pérdida de la confianza.
IV) Aun cuando el treinta de marzo de dos mil, se decretó el cese de **********, ésta tuvo conocimiento de dicha resolución el quince de abril de dos mil, como se advierte de la leyenda "recibí original" que obra en la parte superior de la misma y de la confesional a su cargo donde aceptó que tuvo conocimiento de la terminación de los efectos de su nombramiento en esa fecha, razón por la que, dice el quejoso, no prescribió la facultad para cesarla.
V) No se valoraron las actuaciones del expediente ********** del que se desprende que a la actora se le inició el procedimiento administrativo ********** al haber incurrido en pérdida de la confianza por no haber aprobado las evaluaciones practicadas, lo que se demostró con las documentales consistentes en el acta de notificación del veintiocho de enero y el oficio de treinta de marzo de dos mil, con los que se acreditó la existencia del procedimiento administrativo que se instauró en contra de la tercero perjudicada.
Resultan infundados los argumentos reseñados.
Ya se dijo que las razones que plasmó la responsable para declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por la actora, en vía de acción fueron:
A) Que por oficio de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho se le comunicó a la actora que debería comparecer ante la Coordinación Ejecutiva para que le notificaran personalmente los resultados correspondientes a las evaluaciones que se le practicaron en términos de los artículos 11 Bis-1, 11 Bis-2 y 11 Bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; ese documento lo relacionó la Sala con el acta de notificación de trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, con los que tuvo por acreditado que se le notificaron a la actora las evaluaciones de diecisiete de junio, veintidós de julio, nueve de agosto y primero de julio de mil novecientos noventa y siete.
Por otro lado, la actora opuso la excepción de prescripción, en vía de acción, señalando que por oficio de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho se le comunicó que debería presentarse el seis de ese mes y año a la Coordinación Ejecutiva para que se le notificaran los resultados de las evaluaciones que se le practicaron, por lo que entre el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho al treinta de abril de dos mil, había transcurrido con exceso el término otorgado por el artículo 113, fracción II, inciso c) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, destacó que la demandada "tuvo conocimiento de su derecho para cesar a mi poderdante" desde el trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, conforme al acta de notificación que se encuentra en el expediente administrativo ********** donde se le notificaron los resultados de las evaluaciones practicadas, por lo que de esa fecha, al treinta de abril de dos mil transcurrió el término a que se refiere el numeral 113, fracción II, inciso c), de la ley en cita.
B) La demandada no aportó elementos idóneos con los que se demostrara el procedimiento administrativo que dijo le instauró a la actora para poder determinar que hubo continuidad en la investigación realizada con motivo de las irregularidades en que según incurrió la accionante, porque, dijo la Sala, sólo acreditó que el trece de julio de mil novecientos noventa y ocho le notificó a la actora el resultado de las evaluaciones que se le practicaron el diecisiete de junio, nueve de agosto y primero de julio de mil novecientos noventa y siete, por lo que desde esas fechas, hasta el quince de abril de dos mil en que le notificaron el cese de los efectos de su nombramiento, prescribió el término para cesar a **********.
Como se puede ver, si bien la Sala, al pronunciarse sobre la prescripción hecha valer en vía de acción, tomó como punto de partida, entre otras fechas las en que se practicaron a la actora diversas evaluaciones, para que con base en ellas concluir que prescribió el término para cesar a ********** cuestiones que son distintas a la forma en que fue opuesta dicha perentoria, no debe soslayarse que también ponderó la diversa data de trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, conforme al acta de notificación, por la que se le comunicó a la actora las evaluaciones que se le practicaron; es decir, que también consideró una de las fechas en las que se apoyó la actora para oponer dicha prescripción; de ahí que la conclusión de la responsable se encuentre ajustada a derecho, además de que la hoy quejosa fue omisa en acreditar el procedimiento administrativo que dijo le instruyó a la reclamante tanto cuando se le practicaron las evaluaciones, como con posterioridad a esa notificación de trece de julio de mil novecientos noventa y ocho.
Además, cabe dejar patentizado que como la condena a la reinstalación decretada en el laudo reclamado descansa en cuatro aspectos fundamentales que quedaron reseñados, aun en el supuesto de que el ********** hubiese demostrado que instruyó procedimiento administrativo a la actora y que su derecho a decretar el cese de la actora comenzaba a correr a partir de la conclusión de ese procedimiento, no debe soslayarse que seguiría persistiendo el hecho de que el demandado no probó el carácter de confianza del puesto que afirmó desarrollaba la actora, con lo cual continuaría rigiendo el sentido del fallo de la responsable.
Por último, el impetrante alega que es ilegal que se le haya condenado a pagar salarios caídos tomando como base el salario bruto y no el básico o presupuestal, concepto 07 que se encuentra en el recibo de pago de quince de abril de dos mil y que asciende a ********** quincenales, como tampoco, afirma, se tomó en consideración los descuentos que se le realizaban a la actora y que se tenían que enterar a diversas instituciones.
Son infundados los argumentos que anteceden.
Los conceptos que deben considerarse para fijar el importe de los salarios caídos deben ser aquéllos que el trabajador percibía ordinariamente por sus servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por disposición expresa de su numeral 11, donde se deben incluir, además de la cuota diaria en efectivo, las partes proporcionales de las prestaciones pactadas en la ley, en el contrato individual o en el colectivo respectivo, siempre que éstas no impliquen un pago que deba hacerse con motivo de la terminación del contrato individual correspondiente.
En la especie, la Sala determinó que el cálculo de la condena al pago de salarios vencidos debía hacerse con base al salario bruto que en forma quincenal percibía la actora por la cantidad de ********** que se desprendía de los recibos de pago que obran a fojas cuarenta y uno y cuarenta y dos.
A foja cuarenta y dos corre agregado el recibo de pago correspondiente a la segunda quincena de abril de dos mil donde en el rubro de percepciones aparece la cantidad total de ********** por lo que es ajustado a derecho que la responsable haya tomando en consideración dicho peculio y no el básico o presupuestal a que se refiere el inconforme, para que con apoyo en él se calculara el monto de la condena de salarios caídos, porque ese salario debe ser el conformado con la cuota diaria más todas las prestaciones que percibía la trabajadora de manera ordinaria, sin que en el caso sea de tomarse en cuenta lo que señala el quejoso en el sentido de que se le deberían aplicar a ese salario "los descuentos que por ley se le tienen que efectuar", ya que no precisa cuáles son esos descuentos que se le deben aplicar a la condena, como tampoco indica la disposición legal que establece esa deducción.
Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 37/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/99, que puede consultarse en la página 201, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice así:
"SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE REINSTALACIÓN. DEBEN PAGARSE CON EL SALARIO QUE CORRESPONDE A LA CUOTA DIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO MÁS TODAS LAS PRESTACIONES QUE EL TRABAJADOR VENÍA PERCIBIENDO DE MANERA ORDINARIA DE SU PATRÓN.-La acción de cumplimiento de contrato implica que la relación entre los contendientes subsista para todos los efectos legales, si se determina la injustificación del despido, por ello, sería contrario a estos efectos que se pretendiera que dentro de los componentes del salario, cuando se demanda reinstalación, se incluyera la parte relativa a la prima de antigüedad y otras prestaciones que aparecen cuando se rompe la relación laboral, dado que el pago de éstas son incongruentes con la continuación del vínculo jurídico; de ahí que los conceptos que deben considerarse para fijar el importe de los salarios vencidos deben ser aquellos que el trabajador percibía ordinariamente por sus servicios, donde se deben incluir, además de la cuota diaria en efectivo, las partes proporcionales de las prestaciones pactadas en la ley, en el contrato individual o en el colectivo respectivo, siempre que éstas no impliquen un pago que deba hacerse con motivo de la terminación del contrato individual correspondiente, porque el derecho a la reinstalación de un trabajador, cuando es despedido de su empleo, no sólo debe ser física, sino jurídica, lo que implica el restablecimiento o restauración del trabajador en los derechos que ordinariamente le correspondían en la empresa, dicha restauración comprende no únicamente los derechos de que ya disfrutaba antes del despido, sino los que debió adquirir por la prestación de su trabajo mientras estuvo separado de él, entre los que se encuentran los aumentos al salario y el reconocimiento de su antigüedad en ese lapso, sin embargo, es importante considerar que si el trabajador, en su demanda reclama por separado el pago de alguno de los componentes del salario que ordinariamente venía percibiendo, tal prestación ya no vendría a engrosar los salarios caídos o vencidos porque, de ser así, ese componente se pagaría doble."
En las apuntadas condiciones, al quedar desestimados los conceptos de violación, debe negarse el amparo solicitado.
Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 79, 158, 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ********** contra el laudo de treinta de abril de dos mil cuatro, dictado por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral ********** seguido por ********** contra el quejoso.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, María del Rosario Mota Cienfuegos y Héctor Landa Razo. Fue relator el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79, del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en este asunto se suprimieron datos, coincidiendo en todo lo demás con su original que se tuvo a la vista.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22884-81184fb2/trabajadores-al-servicio-del-estado-cuando-se-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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