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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A ANALIZARLA EN LA REVISIÓN FISCAL SI NO SE HIZO VALER ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 39/2011. · Registro digital (IUS): 22957
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 1804.

REVISIÓN FISCAL 39/2011. DIRECTORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Análisis de los agravios. Resulta inoperante el primer agravio hecho valer por la autoridad recurrente, referente a que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atento a las consideraciones siguientes:

La litis en el recurso de revisión fiscal consiste en analizar exclusivamente la legalidad de la resolución con la que culmina el juicio contencioso administrativo, cuestión que no puede hacerse sino en función de los elementos con los cuales se integró lo que excluye la posibilidad de que el revisor analice de primera intención aspectos que no fueron materia del debate, como en el caso lo es una causal de improcedencia.

En efecto, este medio de defensa de la legalidad de la sentencia dictada en el juicio respectivo, se tramita a instancia y petición de la autoridad, con la única finalidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito revise la legalidad de la sentencia recurrida; esto es, efectúe un nuevo examen respecto de las mismas cuestiones analizadas por el tribunal natural, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla, a la luz de los agravios propuestos por la autoridad recurrente, de modo que la materia de esta instancia de impugnación queda constituida con la sentencia recurrida y los agravios.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe:4

"REVISIÓN FISCAL, MATERIA DE LA.-La materia de la revisión de una sentencia del Tribunal Fiscal debe quedar constituida solamente por los agravios que se hagan valer en su contra, ya sea combatiéndose en ellos los argumentos fundatorios de la decisión, o bien, combatiéndose la no resolución de alguna de las cuestiones que fueron materia del pleito, a fin de que el tribunal de alzada en sustitución del tribunal a quo, la resuelva; pero nunca puede constituir materia de la revisión fiscal una cuestión que no formó parte de la litis del pleito, pues, como su mismo nombre lo indica, la revisión no puede tener por objeto más que un nuevo examen (volver a ver) de las mismas cuestiones examinadas por el interior a fin de confirmarlas, modificarlas o revocarlas."

Por tanto, si la autoridad recurrente introduce en sus agravios planteamientos inéditos relacionados con la procedencia del juicio, que no hizo valer en la etapa postulatoria del juicio contencioso administrativo, tales argumentos no pueden atenderse y deben declararse inoperantes, ya que resultan ajenos a la litis resuelta por ese tribunal de naturaleza contenciosa administrativa.

Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 154/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:5

"REVISIÓN FISCAL. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE PLANTEA CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD NO INVOCADAS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.-Conforme al artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del recurso de revisión fiscal que se interponga en contra de las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, sujetándose a las prevenciones que la Ley de Amparo establece para la revisión en amparo indirecto, entre las cuales no existe alguna que les imponga el deber de analizar de oficio la procedencia del juicio contencioso administrativo en el que se pronunció la sentencia impugnada conforme a la ley que la rige. Por tanto, en términos de los artículos 202, último párrafo y 197 del Código Fiscal de la Federación con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar, incluso de oficio, la procedencia del juicio contencioso administrativo, pero no al Tribunal Colegiado de Circuito, pues en atención al principio de legalidad procesal estos preceptos no rigen en el recurso de revisión fiscal, al ser una instancia distinta a dicho juicio. Lo anterior se fortalece con la circunstancia de que durante la tramitación del juicio contencioso administrativo la autoridad puede exponer las causas de improcedencia al contestar la demanda o, en su caso, la ampliación de ésta, en términos de los artículos 212 y 213, fracción II, derogados, del ordenamiento tributario citado, con la oportunidad de que el particular las conozca y de que sean objeto de prueba, de los alegatos y de la sentencia, hasta el punto de que el gobernado puede impugnarla a través del amparo directo, respetándose así el equilibrio adecuado y el justo balance entre las partes contendientes, en relación con el proceso al cual se sujetan, en que se traduce la garantía de justicia imparcial. Sin embargo, estas prerrogativas se acotan en la revisión fiscal porque no es una instancia de confrontación directa de las pretensiones de las partes, sino de revisión de la legalidad de la sentencia con la que culmina el juicio contencioso administrativo, en función de los elementos configurativos de la litis; además, el particular no interviene en el planteamiento de la revisión fiscal o en la formulación de los agravios, ni tiene oportunidad para controvertir o desvirtuar con efectos vinculantes para el Tribunal Colegiado las nuevas causas de improcedencia que en su caso hiciera valer la autoridad, tanto más porque la sentencia que decide ese medio de defensa introduce la cláusula constitucional de preclusión de cualquier otra vía de impugnación. Por tanto, en la revisión fiscal el Tribunal Colegiado de Circuito no debe analizar de oficio la procedencia del juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y si la autoridad recurrente pretende lo contrario al introducir en sus agravios causales de improcedencia que no hizo valer en la etapa postulatoria de aquél, tales argumentos no pueden atenderse y deben declararse inoperantes, ya que resultan ajenos a la litis, respetándose de esta manera el principio contenido en el artículo 190 de la Ley de Amparo, conforme al cual las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no comprenderán más cuestiones que las legalmente propuestas."

En este orden de ideas, si la Sala responsable, en el considerando tercero de la sentencia recurrida analizó las causales propuestas a estudio, entre las que no se encuentra la que ahora invoca la inconforme, es indiscutible que tal argumento no formó parte de la litis del asunto, sin poder cuestionar en el presente recurso dicho punto.

Lo anterior, con la precisión de que este tribunal no se hace cargo del estudio de la causal que menciona la autoridad recurrente en su agravio, en atención a los principios de legalidad y seguridad jurídica pues, por una parte, la Sala del conocimiento no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto y, por otra, al ser la revisión fiscal un medio ordinario de control de legalidad análogo a una segunda instancia, pero de naturaleza excepcional, donde no existe una disposición que prevea de manera estricta la obligación por parte de los Tribunales Colegiados para determinar y resolver sobre el sobreseimiento del juicio en una primera instancia y a partir de las resoluciones que ante ellos se recurran en revisión fiscal. Destacando el hecho de que una determinación de esa naturaleza contraviene el principio de derecho non reformatio in peius, al perjudicar a los justiciables que cuentan con una sentencia que anula un acto que les perjudica, dejarlos inauditos, destruyendo un privilegio que les fue concedido y que no fue materia de agravio, por falta de oportunidad para comparecer a desplegar su defensa.

Apoya lo anterior la tesis I.4o.A.550 A, emitida por este Tribunal Colegiado, que dice:6

"-Los Tribunales Colegiados de Circuito no están obligados a estudiar en la revisión fiscal las causales de improcedencia que no se hicieron valer en el juicio contencioso administrativo, en atención a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica pues, aun cuando la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se haya pronunciado al respecto, la revisión fiscal, si bien es cierto que es un medio ordinario de control de legalidad análogo a una segunda instancia, también lo es que resulta ser de naturaleza excepcional, sin que la ley prevea de manera expresa y estricta la obligación de los Tribunales Colegiados de Circuito de determinar y resolver sobre la improcedencia del juicio y el consecuente sobreseimiento, que en la primera instancia pudieran haberse actualizado pero sin que tal pretensión se hubiera deducido a partir de las resoluciones que ante ellos se recurran. A mayor abundamiento, un fallo de tal naturaleza contravendría también el principio de derecho non reformatio in peius, pues perjudicaría a los justiciables que cuentan con una sentencia que anula el acto que impugnaron y los dejaría inauditos, destruyendo un privilegio que les fue concedido y no fue materia de agravio, por falta de oportunidad de comparecer a desplegar su defensa."

Por otra parte, los argumentos expuestos por la recurrente en sus agravios segundo y tercero, los cuales se analizan de manera conjunta, son fundados.

Lo anterior es así, en virtud de que sobre el tema a debate existe criterio definido por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve el problema relativo a:

(I) Los únicos conceptos que deben tomarse en cuenta para efectuar las cotizaciones al régimen de seguridad social son: sueldo o salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios y, concomitantemente, son los que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe considerar para calcular la cuota diaria pensionaria.

Cualquier otro concepto no forma parte de la cotización, aunque se demuestre su percepción regular y permanente por parte de las dependencias y entidades.

Sin perjuicio de que el pensionado pueda reclamar errores en las cantidades consignadas en la hoja única de servicios respecto de los conceptos señalados (salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios); sin embargo, en ese supuesto su pretensión se reducirá a demostrar cantidades distintas, pero de ninguna forma la inclusión de otros conceptos.

(II) Excepcionalmente, en el ámbito de competencia presupuestaria de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los entes autónomos, podrán incluirse conceptos distintos como base de cotización, teniendo la carga de la prueba el trabajador.

Las consideraciones anteriores dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:7

"ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).-Conforme a los artículos 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 1o., 2o., 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la controversia entre un pensionado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las resoluciones que éste emite en materia de pensiones, constituye una acción de naturaleza administrativa. En tal virtud, cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión, no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga, sino porque esos son los únicos elementos integrantes de la cuota diaria pensionaria, conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1984 a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio instituto. Esto es, el asegurado puede reclamar y, por ende, demostrar la procedencia de la inclusión únicamente de esos conceptos en su cotización y de encontrarse en alguno de los supuestos de excepción (Poderes Legislativo y Judicial, así como entes autónomos), debe aportar los elementos de convicción respectivos."

En esta tesitura, es fundado el argumento de la parte recurrente en lo referente al concepto de "123 comp-infecto insalubridad o riesgo", pues si la parte actora, que laboró en el Gobierno del Distrito Federal -que no se encuentra dentro de las excepciones señaladas en la tesis antes citada-, reclama dichas prestaciones, que son diversas al sueldo tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, es indudable que conforme al criterio de jurisprudencia citado, pesaba sobre ella la carga de la prueba a fin de acreditar su pretensión, además de que, como se dijo, no pueden incluirse otros conceptos mas que los ya precisados.

Sin embargo, dicha cuestión no acontece, pues es evidente que las documentales aportadas por la hoy quejosa, mismas a las que la Sala responsable les concede pleno valor probatorio, resultan insuficientes para el fin buscado, pues tan solo acreditan que aquélla percibió los conceptos cuestionados de forma regular, continúa y periódica, pero en ningún caso dichas probanzas resultan idóneas para demostrar que sobre los conceptos combatidos se realizaron los correspondientes descuentos y enteros ante el instituto demandado, reiterándose que dicha carga probatoria correspondía a la hoy quejosa y no al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en concordancia con el criterio jurisprudencial transcrito.

Por último, es innecesario el estudio del cuarto agravio, toda vez que en nada alteraría el resultado al que se arribó.

SÉPTIMO.-Consecuencias del fallo. Atento a la problemática y pretensiones deducidas, y toda vez que prosperó la pretensión de la autoridad recurrente, debe declararse fundado este recurso de revisión y, por tanto, la Sala del conocimiento deberá dejar sin efectos la parte de la sentencia materia del presente recurso y dictar otra, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria; esto es, para que declare que no se tome en cuenta el concepto denominado: "123 comp-infecto, insalubridad o riesgo" en la cuantificación de la pensión jubilatoria de la parte actora.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 184 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la Directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en contra de la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil diez, en el juicio contencioso administrativo 1670/10-17-12-2, por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: Jesús Antonio Nazar Sevilla (presidente), Jean Claude Tron Petit y Patricio González-Loyola Pérez, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.

PIES DE PÁGINA:

4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, Tomo VI, página 179.

5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 616.

6 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 1348.

7 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 439.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22957-5cc00065/improcedencia-del-juicio-contencioso-administrativo-los-tribunales-colegiados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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