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Modo: Corpus Pro

CUERPO DEL DELITO. LA SENTENCIA QUE UTILICE Y TENGA POR ACREDITADO ESTE CONCEPTO PROCESAL, EN LUGAR DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL, ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 117/2011. · Registro digital (IUS): 23018
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 927.

AMPARO DIRECTO 117/2011. **********.

CONSIDERANDO

QUINTO. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en síntesis, son los siguientes:

1. La resolución de la Sala es violatoria del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El acto reclamado transgrede el contenido del numeral 16 de la Carta Magna.

3. No se acreditó de manera fehaciente, mediante elementos de convicción idóneos, que la acción del quejoso fuera culposa al haber vulnerado algún deber de cuidado, como erróneamente lo considera la Sala, aun cuando el sentenciado reconoció haber realizado dicha conducta; por lo que el resultado producido se encuentra relacionado con una excluyente de responsabilidad penal, siendo ésta la de caso fortuito, toda vez que el resultado ocasionado fue un accidente sin intención, negligencia o imprudencia; por ende, debe ser excluido del delito de lesiones culposas por el que se le acusó.

Cita en apoyo a sus argumentos, las tesis de rubros: "CASO FORTUITO Y CULPA, DIFERENCIA."; "CASO FORTUITO E IMPRUDENCIA."; "CASO FORTUITO."; "CASO FORTUITO. REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE TAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD." y "RESPONSABILIDAD PENAL."

4. No se demostró que la conducta haya sido encaminada directamente a producir el hecho típico, sino que surgió por la concurrencia de una concausa que se unió a la actuación del ofendido no orientada a producir el evento; esto es, que no le era previsible al quejoso saber que el pasivo iba a salir intempestivamente a querer rebasar sobre el tercer carril, lo cual sí constituye una violación a un deber de cuidado por parte del ofendido, ya que tenía dicha obligación de acuerdo con el reglamento metropolitano vigente.

5. Para la integración de la culpa, en el delito no basta la relación de causalidad, sino que es necesario que la actuación causal del resultado sea imputable al sujeto a título culposo.

6. Incorrectamente la Sala responsable lo condenó a la reparación del daño material por el ilícito por el que se le acusó, por la cantidad de veinticinco mil quinientos cincuenta pesos con setenta y un centavos.

Del mismo modo le otorgó los beneficios de la sustitución de la pena privativa de libertad, así como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa reparación del daño; lo cual es incorrecto, ya que aunque la Sala ordenadora basó sus argumentos en las constancias presentadas por el pasivo, mediante las cuales pretende comprobar los gastos erogados de las lesiones que sufrió, no existe constancia hecha por el Ministerio Público con la cual se acreditara que el ofendido debía atender sus lesiones en hospital o clínica particular, así como datos que hagan presumir que era necesario llevarlos a cabo, de conformidad con los artículos 125 y 126 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 3 de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal; por tanto, si el ofendido decidió atenderse en una clínica u hospital particular, es él quien tendría que pagar los honorarios, gastos médicos y el traslado derivados de dicha situación.

Asimismo, con dicha determinación se menoscaban sus derechos públicos subjetivos, ya que es una cantidad elevada y no se toma en cuenta la situación económica y de trabajo del quejoso; por lo que al no poder cubrir dicha cantidad, el resultado es que tenga que compurgar la pena impuesta en prisión con los riesgos que presenta una persona como el peticionario de amparo (sin antecedentes, honrado, trabajador y responsable); lo que es inconstitucional, ya que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Por tales motivos, debe absolverse al impetrante de la reparación del daño material.

En apoyo a sus argumentos, cita la tesis de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DEL OFENDIDO PARA SU ATENCIÓN MÉDICA. CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO ACREDITAR LA NECESIDAD DEL TRASLADO."

SEXTO. Los conceptos hechos valer por la parte quejosa son infundados en parte y fundados en otra, suplidos en su queja deficiente.

En efecto, respecto al concepto de violación que fue sintetizado en el considerando anterior bajo el número 1, resulta infundado, toda vez que en la sentencia reclamada no se vulneraron las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley previstas en el artículo 14 constitucional.

Lo anterior, pues a juicio de este tribunal fueron debidamente respetados en su integridad los derechos y las garantías que en materia penal, consagra tal precepto constitucional -"retroactividad de la ley en perjuicio", "audiencia" y "formalidades esenciales del procedimiento"-; ya que, por un lado, no se aprecia que las disposiciones contenidas en la ley sustantiva se hayan aplicado en el acto reclamado hacia el pasado, con afectación de hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia en perjuicio del quejoso. Además, se le escuchó en juicio a través del debido proceso legal ya que, posteriormente al ejercicio de la acción penal (sin detenido) por su probable responsabilidad de la comisión del delito de lesiones culposas, el Juez natural libró orden de aprehensión y ordenó su citación en términos del artículo 272 del código adjetivo de la materia, lo cual se cumplió el diez de diciembre de dos mil nueve; temporalidad en la que procedió inmediatamente a tomarle su declaración preparatoria; diligencia en la que le hizo saber las garantías que en su favor consagra el apartado A del artículo 20 constitucional, por lo que nombró defensor de oficio; profesionista que aceptó y protestó el cargo conferido, y señaló domicilio para la práctica de notificaciones; asimismo, el entonces indiciado ratificó su atestado ministerial y agregó que no atropelló al ofendido, ya que se encontraba arreglando una avería de su camión, para lo cual abrió la puerta aproximadamente diez centímetros con el fin de apoyar su pie en el piso, momento en que el querellante pretendió rebasarlo por la izquierda; lo aventó un microbús, se proyectó contra la puerta de su unidad y es cuando el quejoso se percata de los hechos, de los cuales hay testigos; no dando respuesta a los cuestionamientos que pudieran formularle las partes; dentro del plazo constitucional que establece el artículo 19 de la Carta Magna, le dictó auto de formal prisión por el ilícito de lesiones culposas, previsto y sancionado en el artículo 130, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal; seguido el procedimiento por la vía sumaria, en la etapa de instrucción, se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes que se admitieron en tiempo y forma, y se declaró cerrada la instrucción; posteriormente, la representación social formuló sus conclusiones acusatorias, mismas que fueron debidamente contestadas por la defensa del acusado; se celebró la audiencia de ley y se dictó sentencia definitiva, en la que se realizó la valoración de cada uno de los elementos de convicción existentes en la causa, expresando las razones y los motivos para condenar al impetrante por el delito materia del proceso, y se le impuso la pena correspondiente; sentencia que fue recurrida vía apelación por el defensor particular del sentenciado y por este último; recurso del que tocó conocer en forma unitaria a la Magistrada integrante de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal quien, previos los trámites de ley y atendiendo a todos y cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, pronunció la resolución que es motivo del presente examen constitucional, por la que modificó la de primera instancia conforme quedó expuesto en el resultando primero de esta ejecutoria.

En razón de lo narrado, este tribunal advierte que no se vulneraron en perjuicio del quejoso las garantías constitucionales relativas al artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que se le respetó su derecho de audiencia pues, en lo esencial, fueron cumplidas las formalidades del procedimiento en el juicio que se le instauró, conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho y se le aplicó la pena correspondiente al delito cometido, ya que las pruebas se desahogaron conforme a derecho.

Al caso, es aplicable la tesis de jurisprudencia con registro IUS número 224823, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este tribunal comparte, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes son:

"Octava Época

"Semanario Judicial de la Federación

"Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

"Página: 388

"Tesis: I.1o.P. J/6

"Jurisprudencia

"Materia(s): Penal

"PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se trámite conforme a la ley y se resuelva, analizando los agravios expresados.

"Amparo directo 571/88. Tomás Hernández González. 30 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido.

"Amparo directo 627/88. Ricardo Martínez Borriguete. 30 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido.

"Amparo directo 793/88. Lorenzo de Paul Manzanarez. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Silvia Lara Guadarrama.

"Amparo directo 1005/89. Domingo Hernández Antonio. 26 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido.

"Amparo directo 1081/89. María Luisa García Cortés. 26 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido."

Por otra parte, en el concepto de violación marcado bajo el número 2, el peticionario de amparo aduce que el acto reclamado transgrede el contenido del numeral 16 de la Carta Magna.

Lo que resulta parcialmente fundado, y será suplido en su deficiencia con fundamento en el numeral 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que conforme a lo dispuesto por el precepto 16 constitucional, se advierte que existe indebida fundamentación y motivación, ya que el ad quem analizó los elementos correspondientes al cuerpo del delito, conforme a lo dispuesto por el precepto 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; figura procesal y fundamento que no opera para el dictado de las sentencias, en las que deben acreditarse los elementos que integran en su totalidad el delito que se le imputa.

Como se advierte de los siguientes párrafos de los considerandos cuarto, quinto, sexto, décimo y décimo primero, en los que la Sala responsable invocó en su estudio la figura de "cuerpo del delito" y el precepto 122 del código adjetivo de la materia, en los que fundó el análisis del "cuerpo del delito" y la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en los siguientes términos:

"... IV. A efecto de acreditar el cuerpo del delito de lesiones culposas, previsto en el numeral 130, párrafo único (al que cause a otro una alteración en su salud), fracción II (cuando tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta días); con relación a los artículos 15 (acción), 17, fracción I (instantáneo), 18 (obra culposamente el que produce el resultado típico que no previo siendo previsible en virtud de la violación a un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar) (sic), y 22, fracción I (realización por sí), del Código Penal, de conformidad con la regla establecida por el numeral 122 del Código de Procedimientos Penales, obran en el sumario los siguientes elementos de prueba: ..."

"... V. Ahora bien, el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales establece: ‘... El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. En los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del cuerpo del delito ...’; por lo que es procedente verificar si el juzgado de origen ajustó a la legalidad en cuanto al análisis de cada uno de los elementos de la descripción ..."

"... VI. Plena responsabilidad penal. Por cuanto hace a la plena responsabilidad penal del sentenciado **********, respecto del delito de lesiones culposas, es importante establecer si en el presente asunto se hizo valer o no el principio de presunción de inocencia a que alude el artículo 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: ‘... Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley ...’. De igual manera, si se tomó en consideración lo establecido en el artículo 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que a la letra reza: ‘... Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad ...’. Artículos en comento que fueron debidamente cumplimentados en el presente caso por la a quo, puesto que el juzgador de origen tuvo por acreditada en su momento la probable responsabilidad penal de **********, con los medios probatorios que arrojó la indagatoria sujetándolo a proceso, a fin de deslindar su responsabilidad y exhibiera los medios probatorios que considerara pertinentes para el efecto, ello con la ayuda de ese órgano jurisdiccional, como así quedó establecido al recabar su declaración preparatoria, en donde oportunamente y, con toda claridad, se le hizo de su conocimiento sus garantías constitucionales plasmadas en el artículo 20; asimismo, se le respetó su derecho de audiencia y al principio in dubio pro reo, dando contestación oportuna a sus peticiones y acordando conforme a derecho procediera; por lo que una vez acreditado el cuerpo del delito de lesiones culposas, surge la necesidad de analizar, en especial, la manera en que se desplegó esa conducta típica, y que la Juez de la causa realiza mediante un análisis y valoración de los medios de prueba que integran la causa, de donde puede corroborarse por esta alzada en relación a la siguientes circunstancias; ... Por tanto, es evidente que una vez que se corroboró que efectivamente en autos se acredita el cuerpo del delito de lesiones culposas, así como las circunstancias relativas a la antijuridicidad del hecho y la culpabilidad del justiciable, es menester confirmar la plena responsabilidad penal de **********, acreditada por la a quo ..."

"... X. Toda vez que la fracción III del artículo 38 constitucional, establece: ‘Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: ... III. Durante la extinción de una pena corporal’; en tanto que el ordinal 35 del mismo ordenamiento: ‘Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrada para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas en el ejército o guardia nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.’; asimismo, de conformidad al Código Penal para el Distrito Federal, la autoridad judicial es la encargada de imponer las sanciones resultantes; por tanto, al acreditarse el cuerpo del delito y responsabilidad penal del sentenciado, debe decretarse por ministerio de ley la suspensión de los derechos políticos del sentenciado ********** ..."

"...XI. Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales, por haber interpuesto el recurso de apelación el defensor particular del enjuiciado **********, y haber presentado escrito de agravios, la defensora de oficio adscrita a esta Sala revisora, proceden a contestar los mismos en los siguientes términos ... Sin embargo, sus argumentos resultan infundados, en virtud de que los medios de prueba que obran en autos resultan suficientes para sustentar un fallo de condena, toda vez que sí se encuentra acreditado el cuerpo del delito de lesiones culposas, así como la responsabilidad penal del sentenciado de mérito, y para ello el Juez natural realizó una correcta valoración de las pruebas que obran en autos y que permiten determinar que ********** ..."

En efecto, este tribunal considera que el acto reclamado transgrede en perjuicio del peticionario de amparo, el contenido del artículo 16 de la Norma Suprema; esto, por cuanto a la debida fundamentación y motivación; lo que es así, en atención a lo siguiente:

El artículo 16, párrafo primero (anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), en lo conducente, establece:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."

Prevé la garantía de mandamiento escrito, en el que se funde y motive la causa legal para ejecutar un acto de molestia contra un particular, ya que debe entenderse por fundar el deber que tiene la autoridad de expresar, en ese mandato, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y por motivar, la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Pero, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes son del tenor siguiente:

"Registro IUS 390963

"Séptima Época

"Segunda Sala

"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995

"Tomo III, Parte SCJN

"Página: 52

"Tesis: 73

"Jurisprudencia

"Materia(s): Administrativa

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

"Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos.

"Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahin. 20 de febrero de 1970. Cinco votos.

"Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos.

"Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.

"Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos."

Garantía ésta que aplicada al proceso penal, debe ser respetada en todos los estadios procesales; así la orden de aprehensión y/o comparecencia, acorde con el artículo 16 de la Constitución Federal que a la letra dice:

"Artículo 16 ...

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. ..."

Requiere para su obsequio por parte de una autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, que sea precedida de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y que derivada de ésta y la labor de investigación realizada por la última autoridad en cita, existan datos que acrediten el "cuerpo del delito" y que hagan probable la responsabilidad del indiciado; ello, con verificación correspondiente del órgano jurisdiccional.

Por su parte, el auto de formal prisión, según el artículo 19 de la Carta Magna, en lo que interesa establece:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. ..."

Es decir, necesita para su emisión, una vez que un indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial y se le ha recabado su declaración preparatoria, que en el mismo se decida su situación jurídica dentro del plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, en el que se expresarán: el delito que se impute; el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución; pero además, que los datos que arroje la averiguación previa sean bastantes para comprobar nuevamente el "cuerpo del delito" y hacer probable la responsabilidad de aquél, sin que esté acreditada alguna causa de licitud.

Como se advierte, ambos estadios procesales, por mandato constitucional, requieren datos que arrojen la comprobación del "cuerpo del delito" y hagan probable la responsabilidad penal del indiciado; en este sentido, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal corrobora este planteamiento, al prever en el "Título segundo. Diligencias de averiguación previa e instrucción, sección primera, disposiciones comunes", "capítulo I, cuerpo del delito, huellas y objetos del delito", artículos 122, 124 y Sección tercera, instrucción, "capítulo II, auto de formal prisión o de sujeción a proceso y libertad por falta de elementos para procesar", artículo 297, lo siguiente:

"Artículo 122. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.

"El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal.

"Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad deberá constatar que no exista acreditada a favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad."

"Artículo 124. Para la comprobación del cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad del inculpado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, para el esclarecimiento de la verdad histórica, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta."

"Artículo 297. Todo auto de formal prisión deberá reunir los siguientes requisitos:

"I. Se dictará dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial;

"II. Que se le haya tomado la declaración preparatoria al inculpado en los términos de ley, o bien, conste en el expediente que se negó a emitirla;

"III. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba seguirse el proceso;

"IV. Que el delito sea sancionado con pena privativa de libertad;

"V. Que no esté acreditada alguna causa de licitud;

"VI. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que hagan probable la responsabilidad del indiciado; y

"VII. Los nombres y firmas del Juez que dicte la resolución y del secretario que la autorice."

"El plazo a que se refiere la fracción I de este artículo, se duplicará cuando lo solicite el inculpado por sí, o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el Juez resuelva su situación jurídica.

"El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación ni el Juez resolverla de oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede sólo en relación con las pruebas o alegatos que propusiere el inculpado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que representa.

"La ampliación del plazo se deberá notificar al director del reclusorio preventivo, en donde en su caso, se encuentre internado el inculpado, para los efectos a que se refiere la última parte del primer párrafo del artículo 19 constitucional."

Finalmente, una sentencia condenatoria requiere para su emisión, previo cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, acorde al contenido del artículo 14, párrafo segundo, constitucional, que esté comprobado el "delito" en su integridad; es decir, una conducta típica, antijurídica y culpable, así como la plena responsabilidad del acusado en su comisión; esto, pues en términos de lo dispuesto por los numerales 1o., fracciones I y II, 71 y 72 del ordenamiento adjetivo antes invocado, que a la letra dicen:

"Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito Federal:

"I. Declarar, en la forma y términos que esta ley establece, cuándo un hecho ejecutado en las entidades mencionadas es o no delito;

"II. Declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; y ..."

"Artículo 71. Las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, sentencias y autos: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto principal controvertido; y autos, en cualquiera otro caso."

"Artículo 72. Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

"Los decretos se reducirán a expresar el trámite.

"Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.

"Las sentencias contendrán:

"I. El lugar en que se pronuncien;

"II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación oficio o profesión;

"III. Un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias;

"IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sentencia; y

"V. La condenación o absolución correspondiente y los demás puntos resolutivos."

Corresponde exclusivamente a los tribunales jurisdiccionales penales del Distrito Federal declarar en la forma y los términos que la ley establece, cuando un hecho juzgado es o no delito, así como declarar la responsabilidad penal o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos, para posteriormente aplicar, si fuere el caso, las sanciones correspondientes a través de una sentencia que deba contener, entre otros aspectos, las consideraciones y los fundamentos legales, así como la declaración de condena o absolución respectiva y los demás puntos resolutivos de la litis.

En consecuencia, es claro que una sentencia, como la aquí impugnada, no debe fundarse sólo en el "cuerpo del delito", pues el análisis de esta figura, como quedó expuesto, corresponde en términos de los artículos 16 y 19 constitucionales, 122, 124 y 297 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, exclusivamente a las órdenes de aprehensión y comparecencia, así como las de plazo constitucional, pues incluso en los referidos capítulos de este último ordenamiento el legislador así lo concibió, pero no cuando se emite la sentencia definitiva, en la cual debe acreditarse el "delito" con todos sus elementos, incluyendo la tipicidad; porque, además, con ello se cumple plenamente con la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, el cual refiere:

"Artículo 17 ...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ..."

Es decir, que una sentencia sea emitida de manera completa; lo que no sucede si únicamente se comprueba el "cuerpo del delito", porque no se acreditan todos los elementos del tipo penal, además de la responsabilidad penal, que es una cuestión procesal en función de la participación individual de los sujetos activos.

En efecto, hasta antes de la reforma constitucional de septiembre de mil novecientos noventa y tres, para el dictado de la orden de aprehensión y auto de plazo constitucional se exigía, entre otros requisitos, el acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23018-fc455741/cuerpo-del-delito-la-sentencia-que-utilice-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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