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Modo: Corpus Pro

INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO NO FUERON RECLAMADOS COMO PRESTACIÓN Y RESPECTO DE LOS CONVENCIONALES SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN DE DOCUMENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2010. · Registro digital (IUS): 23105
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 680.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.

TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sustentó las siguientes consideraciones al resolver el amparo directo civil 295/2010 de su índice:

AD. 295/2010

"TERCERO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa son inoperantes en una parte y esencialmente fundados en otra, resultando estos últimos suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que precisados quedarán en la parte final de esta ejecutoria. Son inoperantes por insuficientes los argumentos en los que la peticionaria de garantías aduce que: La sentencia reclamada es violatoria del artículo 14 constitucional, porque la autoridad responsable considera que los pagarés base de la acción reúnen todos los requisitos exigidos por la ley, pero omite condenar al demandado, hoy tercero perjudicado, al pago de los intereses estipulados en el cuerpo de tales documentos, equivalentes a un diez por ciento mensual; ello, a pesar de aquél no probó contra lo expresamente señalado en los documentos de referencia, por lo que el juzgador debió condenarlo a su pago, ya que la generación de los mismos se debe a causas imputables al propio enjuiciado, quien no realizó en tiempo los pagos de su adeudo. Se vulneraron las formalidades esenciales del procedimiento en su perjuicio, ya que en la diligencia de embargo, el demandado, ahora tercero perjudicado, reconoció el contenido y firma de los documentos base de la acción y, por ende, cualquier apreciación contraria es violatoria del artículo 14 constitucional, a lo que invoca la jurisprudencia de rubro: ‘PAGARÉ. PROMESA INCONDICIONAL EN ÉL.’. Le irroga perjuicio que no se condenara a su contraparte al pago de los intereses pactados, porque este último refirió contar con dos pagarés, siendo que únicamente demostró tener uno, mientras que los otros once, incluyendo el 1/12, obran en poder de la quejosa, documentos en los cuales se estipuló como interés moratorio el diez por ciento mensual; así, refiere que la jurisprudencia que invoca la responsable es inoperante porque no se ajusta a los supuestos (sic). También, menciona que el demandado, aquí tercero perjudicado, ofreció la prueba pericial en materia de documentoscopía, pero no presentó al perito que designó, lo cual afirma se debe a que los documentos base de la acción fueron llenados en su totalidad en la misma fecha de su suscripción, sin que existiera, como lo supone la autoridad responsable, un llenado posterior, el cual no está acreditado mediante ningún medio de prueba, siendo el idóneo la pericial de referencia, misma que no se desahogó por causas imputables a su oferente, aquí tercero perjudicado, por tanto, la quejosa afirma que dicha autoridad resolvió arbitrariamente y contrario a derecho; en ese sentido, bajo protesta de decir verdad, la quejosa refiere que todos los pagarés fueron llenados al momento de su suscripción, lo cual se aprecia de la tinta con la que fueron plasmados, de la que se desprende la misma tonalidad y textura que la relativa al cuerpo de los documentos en comento; de ahí que sea improcedente la excepción de alteración que estimó actualizada la autoridad responsable. De igual manera, la inconforme cita las tesis de rubros: ‘PAGARÉ. INTERESES MORATORIOS CONVENCIONALES. NO EXISTE EN LA LEY UN LÍMITE NI PARÁMETRO PARA DETERMINAR SU PORCENTAJE.’ e ‘INTERESES MORATORIOS PACTADOS EN EL PAGARÉ, POR EXISTIR DISPOSICIONES EXPRESAS Y DE EXACTA APLICACIÓN. NO ES SUPLETORIA LA LEY CIVIL COMÚN A LA MERCANTIL TRATÁNDOSE DE.’. Asimismo, la peticionaria de amparo menciona que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente la sentencia reclamada, porque pasó por alto el contenido de los artículos 1211 y 1212 del Código de Comercio, conforme al primero de los cuales, la confesión puede ser judicial o extrajudicial, siendo que en la especie, el deudor, ahora tercero perjudicado, confesó el adeudo en el momento de la diligencia de exequendo, confesión judicial que refiere cuenta con valor probatorio pleno. En ese sentido, la quejosa aduce que la responsable pasó por alto el principio básico de la prueba, relativo a que el actor debe demostrar su acción (la cual menciona está probada); y, el demandado sus excepciones, las cuales afirma no se encuentran demostradas, pues no obra medio de convicción alguno en autos, con el que se acredite que no se pactaron intereses; siendo destacable que el enjuiciado, aquí tercero perjudicado se desistió (sic) de la pericial en materia de documentoscopía, por lo cual debe considerarse que aceptó haber pactado intereses, razones por las que estima oficiosa y parcial la absolución que de los intereses convenidos realizó la autoridad responsable, sobre todo porque no existe medio de convicción alguno en el que pueda fundamentar su determinación. Al respecto, la peticionaria de amparo invocó la tesis aislada de rubro: ‘ONUS PROBANDI.’. Además, la inconforme refiere que la sentencia reclamada es violatoria del artículo 16 constitucional y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque el hecho de que uno de los pagarés no contuviera en su texto la cantidad fijada por concepto de intereses, no significa que todos los demás debieron llenarse de la misma forma, pues ello implicaría resolver por simple analogía; máxime que afirma sería más factible pensar que si once de los pagarés estipulan una cantidad por concepto de intereses, y uno sólo no la contiene, tal circunstancia se debe a que por motivos involuntarios no se plasmó esa cantidad. Como se anticipó, los argumentos de referencia son inoperantes por insuficientes, ya que a través de los mismos, la quejosa aduce esencialmente que le irroga perjuicio, por inexacta, la determinación de la autoridad responsable en el sentido de absolver al demandado, aquí tercero perjudicado, del pago de los intereses moratorios equivalentes al diez por ciento mensual, que dice estipularon de común acuerdo, como se advierte del texto de los documentos base de la acción; sin embargo, omite controvertir las consideraciones de la sentencia reclamada, en virtud de las cuales el Juez responsable estimó probada la excepción de alteración del texto del documento, invocada por el ahora tercero perjudicado, prevista en la fracción VI del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Efectivamente, la autoridad responsable determinó que estaba probada la excepción de referencia, fundada en el hecho de que el porcentaje que por concepto de intereses moratorios obraba en los pagarés base de la acción, no había sido acordado por las partes, sino inserto en forma unilateral por la actora, aquí quejosa. Lo anterior porque en principio consideró que, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar, razón por la que la actora debía probar su acción y el reo sus excepciones, así precisó que el artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aplicable al pagaré, por disposición del numeral 174, primer párrafo, de la propia ley; la acción cambiaria directa era ejecutiva por el importe de éste, los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que se reconociera previamente la firma del demandado, de modo que a éste correspondía probar sus excepciones. En ese sentido, determinó que la parte actora, hoy inconforme, no objetó los documentos exhibidos por el demandado, ahora tercero perjudicado, al comparecer a juicio, consistentes en el pagaré 2/12; recibos de pago parciales que suman la cantidad de $********* (*********); así como un convenio manuscrito en copia al carbón; documentos que al no haber sido objetados, se tenían por reconocidos en términos de los artículos 1247 y 1296 del Código de Comercio, y probaban plenamente en contra de la actora. También, el Juez responsable destacó que el enjuiciado, hoy tercero perjudicado, aceptó expresamente la firma inserta en los pagarés reclamados, afirmando que cubrió los marcados con los números 1/12 y 2/12, así como pagos parciales hasta la suma de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100, moneda nacional), afirmaciones que a pesar de no haber sido objetadas, no se acreditaban en su totalidad, ya que el pagaré 1/12 se encontraba en poder de la parte actora, no existiendo recibo que tuviera una relación inmediata y directa con el aludido título de crédito, puesto que los exhibidos (recibos), se referían a un compromiso entre las partes, pero de su texto no se desprendía certeza de que tuvieran su origen en el pago de los documentos base de la acción, por lo que eran insuficientes para demostrar el pago del referido título 1/12 u otro diverso. Por tanto, la autoridad responsable concluyó que el pagaré 2/12, tenía el mismo origen causal que los diversos base de la acción, en términos del acuerdo de voluntades que presentó el demandado (convenio de diecisiete de agosto de dos mil ocho), mismo que tampoco fue objetado y, por tanto, era manifiesto que al no haberse estipulado en ninguno de esos documentos el cobro de intereses moratorios al diez por ciento mensual, en virtud de que el espacio relativo a dicho porcentaje se encontraba en blanco en el pagaré de referencia y, el convenio no indicaba el pacto de cobrar ese porcentaje por concepto de intereses; lo procedente era declarar fundada la excepción de alteración de los títulos de crédito base de la acción, respecto al monto de los intereses, en términos de los artículos 15 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En las condiciones anotadas, al no haber sido controvertidas tales consideraciones de la sentencia reclamada, específicamente lo relativo a que el pagaré 2/12 presentado por el demandado hoy tercero perjudicado, adminiculado con el acuerdo de voluntades que también presentó éste, al no haber sido objetados, demostraban que al momento de pactar las partes la elaboración de los pagarés base de la acción y de su suscripción, no se había determinado el pago de un diez por ciento de interés mensual, por lo que se presumía que tal inserto lo había realizado de manera unilateral la hoy quejosa; es evidente que los conceptos de violación a que se ha hecho referencia, devienen inoperantes por deficientes, ya que la hoy peticionaria de amparo no se encuentra en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, conforme a la cual deba suplirse la deficiencia de la queja en su favor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 72, diciembre de 1993, Materia Civil, página 75, que versa: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada.’. Ahora bien, como se adelantó son esencialmente fundados y suficientes los conceptos de violación en los que la peticionaria de garantías aduce que la sentencia reclamada es violatoria de sus garantías, porque la autoridad responsable fue omisa en condenar al pago de los intereses moratorios, en términos de lo previsto en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conforme al cual todo juzgador debe condenar al pago de intereses, más aún cuando éstos fueron reclamados. Asimismo, es aplicable al caso el criterio establecido en la tesis aislada que invoca la quejosa, de rubro: ‘INTERESES MORATORIOS PACTADOS EN PAGARÉ. SÓLO EN CASO DE OMISIÓN SE ESTARÁ AL INTERÉS LEGAL.’. Y, esencialmente fundado lo relativo a que la sentencia reclamada es violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal, porque no está debidamente fundada ni motivada, pues vulnera lo estipulado en los artículos 361, 362 y 363 del Código de Comercio, en relación con el mencionado numeral 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conforme a los cuales el Juez responsable tenía la obligación de condenar al demandado, hoy tercero perjudicado, al pago de intereses; pues éste reconoció el contenido y firma de los pagarés base de la acción. Efectivamente, los precitados argumentos de la quejosa, ponen de manifiesto su causa de pedir, la cual vincula a este Tribunal Colegiado a emitir un pronunciamiento al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, página 86, que versa: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. De igual manera, sirve de apoyo lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, derivada de la contradicción de tesis 14/2008-PL, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Materia Común, página 262, que versa: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO. El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. De este modo, cuando la quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sostener lo contrario podría llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurisprudencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial previsto en dicha ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídica a los gobernados.’. Atento a lo hasta aquí expuesto, debe decirse que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías de exacta aplicación de la ley y de legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que la autoridad responsable al considerar demostrada la excepción de alteración del texto de los pagarés base de la acción, por lo que ve al monto que por concepto de intereses se encontraba fijado en los mismos, equivalente al diez por ciento; debió condenar al enjuiciado, hoy tercero perjudicado, al pago del interés legal, no así absolverlo del pago de intereses moratorios. Lo anterior encuentra sustento en el contenido de los artículos 167 y 174, primer párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como en el numeral 362, primer párrafo, del Código de Comercio, los cuales son del tenor siguiente: ‘Artículo 167. La acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta, y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado.’. ‘Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final; 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116; 126 al 132; 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto; 144, párrafos segundo y tercero; 148, 149, 150, fracciones II y III; 151 al 162, y 164 al 169.’. ‘Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual.’. De una interpretación de los artículos transcritos, se desprende que la acción cambiaria es ejecutiva por lo que ve al importe del pagaré, así como a sus intereses, los cuales se generan a partir del día siguiente al de su vencimiento y, en caso de no haberse pactado expresamente, ascienden al seis por ciento anual. En ese sentido, debe decirse que si en el caso se demostró que el ahora tercero perjudicado, adeuda a la quejosa el importe de once pagarés que ascienden a la cantidad de $********** (**********), que exhibió como documentos base de la acción, respecto de los cuales el enjuiciado, en los términos expuestos al principio de este considerando, demostró la excepción de alteración en su texto, por lo que ve al monto de los intereses equivalentes a un diez por ciento mensual; es manifiesto que, en el presente caso, al ser ejecutiva la acción cambiaria, no sólo respecto al importe de los pagarés, sino también en relación a los intereses, mismos que en términos del artículo 362 del Código de Comercio, se generan a partir del día siguiente al del vencimiento, es decir, desde que el deudor incurre en mora; lo procedente es que la autoridad responsable condene al enjuiciado al pago del interés legal correspondiente. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley, que a favor del hoy peticionario de garantías consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no atendió a lo previsto en los artículos 167 y 174, primer párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo dispuesto en el numeral 362 del Código de Comercio. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa, para el efecto de que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que tome en consideración que la acción cambiaria, tratándose de pagarés, es ejecutiva no sólo por lo que ve al monto principal, sino también a los intereses y, por ende, al no haberse demostrado que en el caso éstos se hubieran pactado en forma expresa por las partes; condene al demandado, aquí tercero perjudicado, al pago de un interés moratorio legal, equivalente al seis por ciento anual, en términos de lo dispuesto en los artículos 167 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo previsto en el numeral 362 del Código de Comercio."

De la citada ejecutoria, derivó la siguiente tesis aislada:

"INTERESES MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DE NO PROSPERAR EL RECLAMO DE LOS CONVENCIONALES, PROCEDE SU CONDENA AL TIPO LEGAL. De la interpretación de los artículos 167 y 174, primer párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como del numeral 362, primer párrafo, del Código de Comercio, se desprende que la acción cambiaria es ejecutiva por lo que ve al importe del pagaré, así como a sus intereses, los cuales se generan a partir del día siguiente al de su vencimiento y, en caso de no haberse pactado expresamente, ascienden al seis por ciento anual. En consecuencia, para el caso de que el actor reclame el pago de intereses moratorios pactados en forma convencional y, el demandado pruebe su excepción de alteración en el texto del documento base de la acción, por lo que respecta a dichos intereses, lo procedente será que el juzgador condene al reo al pago de intereses moratorios al tipo legal; sin que lo anterior implique una violación al principio de congruencia, en virtud de que en el supuesto planteado, el cobro de intereses moratorios formó parte de la litis, es decir, existió un reclamo al respecto y, por ende, al no demostrarse que se hubieran pactado en forma convencional, es manifiesto que ello no libera al demandado de su obligación al pago de los mismos, ya que el mencionado numeral 362 del Código de Comercio, es claro al señalar que: los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual, de lo que se infiere que todo deudor que incurre en mora, está obligado al pago de intereses convencionales o legales; por tanto, de no acreditarse el pacto en relación con los primeros, debe estarse al tipo legal."

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, página 933, tesis II.4o.C.54 C. Tesis aislada. Materia(s): Civil.

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 44/2009, en sesión de veinte de marzo de dos mil nueve, en lo que importa, consideró:

"SEXTO. Los anteriores conceptos de violación, de los cuales algunos se analizan en forma conjunta por estar interrelacionados, son infundados, por las razones que se precisarán. En varios de sus motivos de disenso el quejoso, aduce, en esencia, que la ad quem responsable hizo una incorrecta valoración de la prueba confesional de posiciones que rindió a cargo de la parte actora, particularmente, del contenido de las posiciones tres y cuatro (las transcribe con sus respuestas), toda vez que no apreció en su verdadero contexto lo declarado en éstas por la confesante, ya que su contraparte reconoció que había recibido en garantía del adeudo (documentado en un pagaré), la factura del vehículo marca Voyager modelo 1997, propiedad del demandado y que posteriormente, el seis de octubre de dos mil tres, admitió que le fue devuelta al demandado esa factura y que si bien es cierto que la accionante, al dar respuesta a la tercera posición, agregó que dicha factura en realidad fue entregada por la madre de la actora a base de engaños, tal afirmación, contra lo determinado por la responsable, no constituye una circunstancia suficiente para negarle valor probatorio a esa confesión con base en la consideración de que se trata de un hecho de un tercero que no se mencionó en la contestación de la demanda; consideración que estima errónea porque la relación contractual de préstamo, que dio origen al pagaré, se dio únicamente entre la actora y el demandado y éste ignoraba la respuesta que aquélla podría producir a la referida posición y, además, porque es intrascendente tal aseveración de la actora, en razón de que lo verdaderamente relevante es que ésta reconoció el hecho de que la factura de mérito le había sido devuelta a su dueño lo cual, en su opinión, se traduce en una presunción humana de que cubrió el adeudo reclamado, amparado en el pagaré fundatorio, aun cuando este documento no le hubiese sido devuelto, dado que la excepción de pago de un título de crédito puede ser probada, entre otras, a través de la prueba confesional, como aconteció en la especie, y afirma que la prueba confesional de mérito es divisible, por lo cual estima que la ad quem le debió conceder valor probatorio en aquel reconocimiento que perjudica a la absolvente. No le asiste razón al peticionario de garantías al hacer tales manifestaciones, toda vez que la prueba confesional de mérito no resultó apta para probar la excepción de pago que opuso, dado que las actuaciones del juicio natural, mercantil ejecutivo 1684/2005, del índice del Juzgado Octavo de lo Mercantil de esta ciudad, remitidas por la Sala responsable en apoyo de su informe justificado, las cuales por ser documentos públicos prueban plenamente, según lo preceptúan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo evidencian que en el desahogo de dicha prueba sólo se articularon cinco posiciones que tendían a probar la excepción de pago por lo que, en lo conducente, fue desahogada en los siguientes términos: ‘3. Que diga el absolvente cómo es cierto que en la fecha de suscripción del documento fundatorio de la acción el señor *********, le entregó a usted como garantía la factura endosada del vehículo marca Voyager modelo 1997, propiedad del señor *********.’. ‘A la tercera. Sí es cierto, posteriormente él fue y la recogió en casa de mi mamá, porque los papeles se habían quedado en casa de mi mamá engañándola diciéndole que ya iba a pagar, por ser amistad de mucho tiempo mi mamá creyó en él y se la entregó.’. ‘4. Que diga el absolvente cómo es cierto que el día 6 de octubre del año 2003, usted le devolvió al señor *********, los documentos del vehículo descrito en la posición anterior con motivo del pago que éste realizó a usted.’-‘A la cuarta. No es cierto, el 6 de octubre no fue sin recordar la fecha exacta, pero fue a recogerla a casa de mi mamá.’. ‘5. Que diga el absolvente cómo es cierto, que en la fecha señalada en la posición anterior usted omitió entregarle al señor *********, el documento fundatorio.’. ‘A la quinta. No es cierto, puesto que no pagó.’. ‘8. Que diga el absolvente cómo es cierto que a partir del día 6 de octubre del año 2003, el señor ********* ha dejado de tener deuda con usted.’. ‘A la octava. No es cierto, tan así es que después de ese 6 de octubre, llegó a llevar intereses a casa de mi mamá y unas botellas de tequila también como pago, siendo esto aproximadamente como en diciembre del 2003.’. ‘9. Que diga el absolvente cómo es cierto que el señor ********* le ha pagado a usted el total de la cantidad indicada en el documento fundatorio de la acción.’. ‘A la novena. No es cierto, nunca ha pagado y si él señala que ya pagó, por qué entonces al abogado le ofrece pagar la suerte principal si según eso ya pagó.’. Es decir, la anterior transcripción evidencia que si bien es cierto que la parte actora reconoció, en la respuesta a las posiciones tre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23105-38668094/intereses-moratorios-al-tipo-legal-es-improcedente-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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