SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la originaria competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve son los siguientes:
1. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el cinco de septiembre de dos mil seis el amparo directo 309/2006, son las siguientes:
"De la interpretación literal y sistemática de los preceptos transcritos se obtiene, en lo que interesa, que a fin de poder llegar a la resolución que culmina la cuarta etapa de un juicio sucesorio intestamentario, es necesario que se apruebe judicialmente el proyecto de división y partición de los bienes que pertenecen a la masa hereditaria.
"En este sentido, conforme al artículo 820, transcrito, el albacea o el partidor pedirán a los interesados las instrucciones que estimen necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con las opiniones de éstos, en todo lo que estén de acuerdo, o de conciliar en lo posible sus pretensiones; para lo cual, como una alternativa para conseguir ese objetivo, existirá también la posibilidad de que a petición de los primeros, el Juez cite a los interesados para que en una junta fijen de común acuerdo las bases para la partición de que se trate; en cuyo caso, dicho acuerdo hará las veces de un convenio que sentará los parámetros eventuales de la adjudicación definitiva.
"Sin embargo, no debe desconocerse el hecho de que en el mundo fáctico pueden acontecer diversas circunstancias que, por habérselo permitido implícita o deliberadamente al albacea o al partidor, aunque no de manera formal en algún escrito que obre en el expediente, así como porque éstos hayan omitido pedir las instrucciones que se estimen necesarias para llevar a cabo el proyecto encomendado, hacen reiterar en el foro la práctica de que ese proyecto de partición y adjudicación se elabore sin la intervención de alguno de los interesados en dialogar y establecer las bases de lo que podría llegar a ser una distribución conciliadora de los bienes de la herencia, donde, además, en términos del artículo 820 del Código de Procedimientos Civiles, pudieran verse reflejadas en la medida de lo posible, las pretensiones de todos los herederos; quienes podrán estar o no dispuestos o querrán destinar su tiempo, cuando así se les requiera, para instruir al partidor acerca de lo que pretendan, a efecto de que éste pueda llevar a cabo su función de manera armónica y conciliadora.
"En efecto, si bien existirán ocasiones en las que aun sin mediar la citación de un Juez, los sucesores podrán ponerse de acuerdo y proporcionar a quien deba formular el proyecto tantas veces mencionado, cierta información que se estime necesaria para que lo realice, y después, sin mayor trámite, este último lo exhibirá ante el órgano jurisdiccional donde se hubiera radicado la sucesión, para que en su oportunidad lo apruebe y dicte la sentencia correspondiente; asimismo, habrá otras ocasiones en las que sólo a través de una junta ordenada por la autoridad podrá llegarse a un convenio respecto de las bases para la distribución de los bienes; otras tantas en las que, aun después de celebrada esa junta, dicho acuerdo no será posible, y también, algunas más donde las pugnas o conflictos derivados del ánimo natural y comprensible de poder obtener o conservar para sí algún bien específico del de cujus, con el que puedan guardar lazos afectivos o de cualquier otro tipo, entorpecerán o no permitirán siquiera que se presente la intercomunicación entre el partidor y los interesados, previa o posteriormente a la elaboración de aquel proyecto, y sin importar si esto último fuera judicial o extrajudicialmente.
"Por ello, previendo dichos escenarios y consciente de la dificultad práctica que representa lograr la colaboración de todas las partes interesadas, el legislador estableció en el artículo 821 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en forma imperativa y sin distinguir algún supuesto de excepción, que una vez concluido el proyecto de partición correspondiente, el Juez del conocimiento lo mandará poner a la vista de todos los interesados por el término de diez días, transcurrido el cual, sin presentarse oposición alguna, el mismo Juez lo aprobará; dictará la sentencia de adjudicación y mandará entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, por el secretario, una nota en que se haga constar lo anterior.
"Empero, también dispuso, justamente con la finalidad de que, previo a la sentencia que resuelva el juicio sucesorio, puedan hacerse valer los derechos desconocidos o afectados por el albacea o partidor, que si dentro de aquel término se dedujere oposición, la misma se sustanciará en forma incidental, procurando que si fueren varias las oposiciones, la audiencia sea común, y a ella concurran tanto los interesados, como el albacea o partidor, para que se discutan las cuestiones promovidas y se reciban pruebas, siendo requisito indispensable, que para darle curso a la oposición, quien la haga exprese concretamente cuál es el motivo de su inconformidad y cuáles son las pruebas que invoca como base, en los términos del diverso artículo 822 del Código de Procedimientos Civiles.
"Entonces, de manera lógica y racional, se concluye de los artículos en comento que la oportunidad procesal idónea para que las partes interesadas se opongan al proyecto de partición y adjudicación, formulado o no, siguiendo las reglas previstas en el mismo código adjetivo, será dentro de los diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo donde se ordene ponerles aquél a la vista, pues una vez concluido dicho término, y por mandato legal, quedará atrás la fase impugnativa, vía incidente, y el juzgador se verá constreñido sólo a la aprobación del proyecto y al dictado de la sentencia, sin que del propio texto legal pueda advertirse alguna excepción que lo faculte para volver a la etapa previa de impugnación, o por la cual se sancione, de oficio, la circunstancia de que no se haya observado lo dispuesto por el artículo 820.
"Así es, dicho en otras palabras, lo anterior no es otra cosa sino derivado del principio de la preclusión, que entre otros efectos jurídicos impide regresar a etapas procesales ya extinguidas o clausuradas, y además implica la pérdida de ciertos derechos procesales no ejercidos de manera oportuna; lo que, por cierto, también es congruente con el artículo 59 del propio Código de Procedimientos Civiles, donde se establece que una vez concluidos los términos, sin necesidad de que se acuse rebeldía a las partes, seguirá el juicio su curso, y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejecutarse, salvo que la ley disponga otra cosa.
"Luego, si en el caso a estudio, la peticionaria de garantías no debate el hecho de que se le haya puesto a la vista por diez días el proyecto de partición que derivó en la sentencia que ahora reclama, y además ella misma reconoce la circunstancia de que no expresó manifestación alguna respecto de esa vista; es indudable que, tal como resolvió la responsable, sí operó la figura jurídica de la preclusión, y aquélla perdió el derecho que tuvo para oponerse a la aprobación del proyecto cuestionado.
"Esto es así, toda vez que, contrariamente a lo que afirma en la demanda de amparo, el artículo 821 del Código de Procedimientos Civiles no dispone en su literalidad que para efecto de poder aprobar la partición y emitir la sentencia de adjudicación, sea presupuesto acreditar que el entonces albacea actuó conforme al artículo 820 invocado, esto es, no se exige que debería comprobarse a petición de parte o de oficio que se hubieran solicitado forzosamente a los interesados las instrucciones que pudieran haber sido necesarias a fin de hacer la adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estuvieran de acuerdo, o con el objeto de conciliar en lo posible sus pretensiones; así como tampoco se dispone la exigencia de comprobar que se hubiera pedido una junta para que se fijaran de común acuerdo las bases de la eventual partición, como lo señala ese artículo en sus fracciones II y III, y menos aún era preciso que se otorgara el consentimiento expreso de la hoy quejosa, en el sentido de aceptar las bases propuestas para la distribución de los bienes de la herencia, para estimar que sólo así procedería la autorización del proyecto y podría dictarse la sentencia de adjudicación.
"Esto se debe, como ya se evidenció, a que conforme al texto del artículo 821 del Código de Procedimientos Civiles, el único presupuesto legal a que en todo caso se encontraba supeditada la eficacia del proyecto de partición controvertido, por la quejosa, y que pudo haber impedido que se autorizara en los términos en que fue elaborado, era que mediara oposición de su parte, en el término de diez días contado a partir de que surtió efectos legales la notificación que se le hizo del acuerdo relativo; y entonces, como nada dijo al respecto, es claro que sí tuvo relevancia jurídica el hecho de que no se haya inconformado oportunamente con aquel proyecto, pues como bien sostuvo la responsable, ello implica que le precluyó ese derecho y, por ende, tuvo que haberse aprobado en sus términos, sin que, por lo demás, el artículo de que se trata imponga la obligación de comprobar de oficio la ‘procedencia’ del proyecto, o la facultad para ‘reprobarlo’, toda vez que para ello sería necesario que el propio artículo así lo exigiera.
"Por ende, no son ilegales las consideraciones del acto reclamado en las que se sostuvo aquella postura; y así, debe estimarse que la responsable aplicó certeramente los artículos 820 y 821 del Código de Procedimientos Civiles, y no resolvió de manera inexacta el recurso de apelación interpuesto, como pretende hacerlo ver la quejosa.
"Máxime que, contrario a lo que ésta afirma, sí se aplicó de manera correcta al caso la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue invocada por la Magistrada responsable; pues en ella se expone fundamentalmente en qué consiste y cómo se actualiza el principio de preclusión aludido en la sentencia reclamada y, además, clarifica los argumentos y fundamentos que dan sustento a ese fallo."
La anterior ejecutoria dio lugar al siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXV, mayo de 2007
"Tesis: XIX.2o.A.C.59 C
"Página: 2227
"SUCESIÓN. PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES DE LA MASA HEREDITARIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CARECE DE FACULTADES LEGALES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA O PARA REGULARLO SI NO MEDIÓ OPOSICIÓN EXPRESA DE LOS INTERESADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Del artículo 821 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se obtiene que no existe el deber de comprobar de oficio la procedencia del proyecto de partición y adjudicación elaborado por el albacea o el partidor, en la medida de que ese precepto legal no establece facultades expresas al juzgador para regularlo, pues basta advertir la expresión empleada por el legislador en el sentido de que: ‘vencido el plazo sin hacerse oposición, el Juez aprobará el proyecto y dictará sentencia mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieran sido aplicados’, para constatar que el cuerpo creador de tal norma limitó la participación del órgano jurisdiccional para que dicte sin mayor trámite la resolución donde apruebe el proyecto. En cambio, si al darse vista con el mismo por el término de diez días, alguno de los interesados se opusiera a su contenido, ello dará lugar a la hipótesis prevista en el artículo 822 del propio código, consistente en que la discusión y el litigio que surgieran entre las partes deberán ser resueltos por el juzgador en la vía incidental, con base en los planteamientos que se formulen y con los demás elementos de decisión que se tengan al alcance para aprobar o desaprobar judicialmente la partición cuestionada y, por ende, la distribución de los bienes pretendida.
"Amparo directo 309/2006. **********. 5 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quiroz Soria. Secretario: Fernando Rochín García."
2. Las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el veintisiete de mayo de dos mil diez la revisión principal 127/2010, son, fundamentalmente, las siguientes:
"Por otra parte, se puntualiza que otro de los problemas jurídicos fundamentales a que se refiere el presente asunto se circunscribe a dilucidar si por el hecho de que los herederos no manifestaron oposición alguna con el proyecto de partición y adjudicación, el Juez natural se encontraba constreñido a aprobarlo o, desde otro ángulo, si debe interpretarse literalmente el artículo 911 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en cuanto estatuye que si los interesados se encuentran conformes con aquél o no exponen nada dentro del término de diez días que para tal efecto se les conceda, dicho juzgador tendrá que autorizarlo y dictará sentencia de adjudicación mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados, o en su defecto, como se sostiene en el fallo recurrido, que una interpretación armónica de los diversos preceptos que regulan la sucesión por testamento, en estrecha vinculación con la voluntad del de cujus, permiten arribar a una conclusión en sentido opuesto.
"Este Colegiado comparte la última de las líneas de interpretación de conformidad con las siguientes explicaciones:
"Debe hacerse notar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el punto de vista contrario al que se expresa en los agravios, que puede verse en la Séptima Época del Semanario citado, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 320, del siguiente tenor: ‘SUCESIONES. SÓLO PROCEDE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN SI SE AJUSTA AL CÓDIGO SUSTANTIVO O, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACEPTACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS HEREDEROS.’ (transcribe).
"De la lectura de la tesis acabada de transcribir destacan como argumentos principales la circunstancia de que a fin de que sea aprobado el proyecto de partición y adjudicación, al margen de que exista o no oposición por los interesados, deberá ajustarse a la voluntad del autor de la herencia y a las disposiciones de carácter sustantivo que rigen las sucesiones por testamento.
"La conclusión a la que se arriba encuentra sustento en el hecho de que las leyes deben ser examinadas como un conjunto de normas jurídicas debidamente unificadas por la finalidad que con ellas se trata de realizar, al estar vinculadas entre sí y formar un sistema coherente y orgánico, por lo que no deben ser vistas de manera aislada sino en función de un todo al que pertenecen, es decir, relacionarlas con las que se encuentren vinculadas y evitar posibles contradicciones y oposiciones entre las mismas.
"Por tanto, si en la disposición a que se contrae el proceso natural el autor de la herencia otorgó a los herederos los derechos que ahí se especifican condicionándose a **********, ********** y **********, de apellidos ********** y ********** a que restituyeran a la masa hereditaria diversos inmuebles y procedieran a escriturar cierto bien a favor de una asociación civil, es inconcuso que la aprobación del proyecto de partición y adjudicación tiene como requisito la acreditación plena de que los nombrados han dado cabal cumplimiento con las condiciones impuestas en el testamento.
"Se añade que no obstante que en el fallo que se examina se estableció que el numeral 911 del enjuiciamiento civil local es aplicable solamente a los juicios intestamentarios, lo cierto es que también se puntualizó que esa disposición no debía ser interpretada de manera gramatical como lo plantean los impetrantes, sino en función de las normas relacionadas con la sucesión testamentaria.
"El hecho de que los quejosos, en la etapa procesal respectiva, hayan sido declarados herederos, no significa en modo alguno que las subsecuentes fases debieran ser aprobadas en los términos en que lo solicitaran los interesados, debido a que no existe disposición jurídica en ese sentido, por el contrario, cada una obedece a aspectos distintos del procedimiento, por lo que, por ejemplo, si no se justifica la propiedad de los bienes que se listen en las operaciones de inventario y avalúo, no sería correcto que las mismas fueran aprobadas, lo propio ocurre tratándose de la partición y adjudicación, puesto que se considera adecuada la negativa si no se cumple con la voluntad del testador en cuanto a que los herederos que nombró procedieran a llevar a cabo determinados actos jurídicos so pena de quedar sin eficacia las designaciones.
"En esa dirección se pronunció el Juez de Distrito, en consecuencia, es inexacto que soslayara el planteamiento referente a que en el caso había operado en favor de los disconformes el principio de preclusión, pues si bien es verdad que tienen el carácter de herederos, no deja de ser menos cierto que para la adjudicación sea factible apartarse de lo que se precisa en el testamento.
"Lo que se corrobora con lo decidido por el Juez natural en el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil seis, que dejó sin efectos diversas cláusulas del testamento, pero no la que es motivo del debate constitucional, al señalar lo siguiente: (transcribe).
"Aunado a que los derechos sustantivos no son materia de preclusión al versar sólo en relación con cuestiones procesales, máxime que **********, persona moral en favor de quien fue puesta la condición, no ha sido llamada al juicio sucesorio. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia localizable en la Novena Época del Semanario mencionado, Tomo XXVIII, diciembre, página 301, que establece: ‘PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.’ (transcribe).
"Por ende, al margen de que se interpretara una norma semejante en la tesis que se cita en los conceptos de violación, de rubro: ‘SUCESIÓN. PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES DE LA MASA HEREDITARIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CARECE DE FACULTADES LEGALES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA O PARA REGULARLO SI NO MEDIÓ OPOSICIÓN EXPRESA DE LOS INTERESADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).’, lo cierto es que el Juez Federal no coincidió con el punto de vista que ahí se sostiene, sino que llegó a otra conclusión después de analizar de modo sistemático las normas vinculadas con la que es materia de interpretación (el artículo 911 del enjuiciamiento civil local); además, no obstante que fue aprobada con posterioridad a la que fue copiada en párrafos precedentes, ello no implica que forzosamente debió ser observada en el fallo recurrido, toda vez que se trata de un precedente aislado que no resulta obligatorio, por lo que el Juez Federal se encontró en libertad de observarlo o no, máxime que este criterio es aprobado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en tanto que la conclusión adoptada está en concordancia con la tesis que se reprodujo en párrafos anteriores, para lo cual de modo prolijo expuso las razones que lo llevaron a sostener ese punto de vista, aunado a que este último precedente, se reitera, fue sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que es conveniente adoptar los criterios sustentados por los órganos judiciales superiores."
CUARTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Como una cuestión previa, cabe precisar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció nuevos criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
De esta manera, esta Primera Sala se apoya en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de este Alto Tribunal consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo origina no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirven de apoyo a lo expuesto las tesis emitidas por el Tribunal Pleno, que son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23129-45acb747/sucesion-testamentaria-el-juzgador-no-puede-examinar-oficiosamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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