COMPULSA O COTEJO DE DOCUMENTO PRIVADO OFRECIDO EN COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA, SOLICITADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. A LA DILIGENCIA RELATIVA LE ES APLICABLE, POR ANALOGÍA, EL ARTÍCULO 829, FRACCIÓN IV, DE LA CITADA LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 270/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 19 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formuló la presidenta del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, uno de los tribunales que participan en la contradicción, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales.
Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Registro: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, Materia(s): Común, tesis P./J. 72/2010, página 7).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Registro: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, julio de 2009, Materia(s): Común, tesis P. XLVII/2009, página 67).
CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes en los amparos directos mencionados en los resultandos de esta resolución.
En la parte que interesa, el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al dictar resolución el dos de junio de dos mil once, en el **********, promovido por el **********, determinó lo siguiente:
Primero puso de manifiesto que el ********** manifestó en sus conceptos de violación, entre otras cuestiones, que la Junta indebidamente había condenado al pago de una indemnización global por el padecimiento consistente en **********, derivado de un supuesto **********, acaecido el **********; sin embargo, respecto al cotejo o compulsa de la documental IV ofrecida por la actora no había existido un apercibimiento realizado al demandado que se hubiere podido hacer efectivo; aunado a que la citada diligencia se entendió con una persona llamada **********, y el actuario sólo refirió que era empleado del instituto, quien supuestamente se identificó con una credencial expedida por éste, sin señalar la vigencia, fecha de expedición, número de folio, de matrícula o de empleado, tampoco el segundo apellido, con lo cual diera certeza que efectivamente era personal autorizado y trabajador activo; y que el fedatario tampoco especificó ni detalló los documentos que se le pusieron a la vista, a saber, dieciséis documentales de las que no hizo una minuciosa mención; y, finalmente, que el acta tampoco estaba firmada por las partes.
El citado tribunal estableció que los motivos de inconformidad precisados que aluden a violaciones procesales, resultaban inoperantes en una parte, e infundados en otra.
Al respecto, dio noticia de que ********** había ofrecido, entre otras pruebas, la documental privada, consistente en dieciséis copias simples, y que en la audiencia relativa el ********** objetó las documentales en cuanto a su autenticidad de contenido, firma y literalidad, por tratarse de copias simples, motivo por el cual la Junta ordenó su cotejo señalando hora y fecha para que tuviera verificativo el desahogo del cotejo o compulsa de la documental ofrecida por la actora, diligencia que debía desahogarse en el domicilio señalado por la oferente en su escrito de pruebas, quedando apercibida que para el caso de resultar falso, incorrecto o inexacto el domicilio que señalaba se le tendrían por no cotejadas y, en consecuencia, no perfeccionadas, y se les daría el valor probatorio correspondiente al momento de dictar resolución, comisionando al actuario para que desahogara la diligencia en términos de ley.
Asimismo, dio noticia de que de autos se advertía que el actuario, adscrito a la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, fedató una diligencia de cotejo, de la que se desprendía que en la fecha y hora establecidas por la responsable, el actuario se constituyó en **********; luego, una vez que el fedatario se apersonó en los archivos del sanatorio, **********, empleado del ********** quejoso, exhibió los originales requeridos; y al tener a la vista también las copias fotostáticas presentadas por el actor, dio fe de su recíproca coincidencia en todas y cada una de sus partes, dando por terminada la diligencia y firmando al calce.
En ese contexto, el Tribunal Colegiado estableció que resultaba irrelevante el estudio de si en la especie, la autoridad responsable había elevado o no algún tipo de apercibimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que éste no hubiese presentado las documentales objeto del cotejo, entre ellas, la forma ST-1, que avala el ********** de **********, con la cual, entre otras pruebas, sustentó la condena respecto al pago de una indemnización global por el padecimiento consistente en **********, toda vez que de cualquier manera -si hubiera existido tal apercibimiento- no se hubiere podido hacer efectivo con alguna consecuencia jurídica diversa, porque se pusieron a la vista los originales requeridos, que coincidieron en todas y cada una de sus partes, de ahí la inoperancia en esa parte de los motivos de disenso.
En otro orden, el Tribunal Colegiado consideró que, contrario a lo aducido por el quejoso, el actuario no tenía porqué dar fe de la vigencia, fecha de expedición, número de folio o de empleado, matrícula y, en su caso, segundo apellido conforme a la credencial perteneciente a la persona con quien entendió el cotejo o compulsa, para tener convicción de que era personal autorizado y trabajador; ni era necesario que el acta debiera estar firmada por las partes para que se tuviera certeza de la diligencia.
Al respecto, precisó que ello se debía a que los artículos 798, 799, 807 y 810 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en caso de ser objetado algún documento privado que conste en copia simple, cuya existencia se presume, podrá solicitarse por conducto del actuario la compulsa o cotejo con su original, precisando el lugar en que se halle; y que si está en poder de la contraparte, autoridades o un tercero, tienen obligación de exhibirlo para esos fines.
Luego, el Tribunal Colegiado sostuvo que el objeto y fin del cotejo o compulsa no es en sí la identificación plena de la persona con quien se entienda la diligencia, en el caso, **********, sino que se confronte o compare un documento exhibido en copia simple con su original y que acorde con el artículo 807 antes citado, se trata de una diligencia que debe realizarse exclusivamente por conducto del actuario quien, en su caso, dará fe de la confrontación que haga de las pruebas objetadas con los originales, sin que las partes del juicio deban firmar el acta respectiva para tener certeza de su actuación, ni que en su desahogo se deban observar las mismas formalidades establecidas para la prueba de inspección, tampoco por aplicación analógica del numeral 829, fracción IV, máxime cuando la ley no lo prevé así respecto de las documentales que deban ser sujetas a un cotejo y/o compulsa.
Lo afirmado, dijo el Tribunal Colegiado, se robustecía con el hecho de que los documentos originales deben ser puestos a la vista por quien los tenga en su poder, acorde con los artículos 799 y 807 de la ley citada; inclusive, por un tercero o alguna autoridad, esta última que no necesariamente puede ser parte de la contienda laboral, y quien tampoco está obligada a firmar el acta para dar certidumbre al cotejo o compulsa, toda vez que dicha certeza se obtiene con la fe pública de que está investido un actuario judicial al actuar como autoridad en ejercicio de sus funciones.
Luego, destacó que de considerar lo contrario, sería tanto como legislar algo que no está previsto en la ley; lo que equivaldría a establecer formalidades para convalidar o reforzar la fe pública, restándole valor a lo que debe tenerse por cierto (mientras no exista prueba en contrario) en razón de esa investidura jurídica.
Además, precisó que del contenido de la diligencia de cotejo se advertía que el fedatario sí había especificado y detallado los documentos que se le pusieron a la vista, pues asentó que la documental IV ofrecida por el actor, consistía en dieciséis copias simples, a saber: **********, a nombre del oferente **********, documentales que sí coincidieron en todas y cada una de sus partes con las copias simples exhibidas por el actor en los autos del sumario laboral; en tal virtud, era que también existía certeza de que **********, al menos en ese momento (**********), era empleado o trabajador del instituto, pues fue la persona que tuvo acceso a los archivos de **********, para estar en aptitud de poner a la vista las documentales descritas, tal como lo precisó el actuario; lo anterior, aunado a lo ya considerado en el sentido de que debía tenerse por cierto -a la luz de la fe pública- que esa persona sí era empleado del instituto, pues se identificó ante el fedatario con una credencial expedida por el demandado; sin que para la convicción o validez de esa actuación se estime necesario recabar la firma de la persona con quien se entendió la diligencia.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito emitió la siguiente jurisprudencia:
"COTEJO DE DOCUMENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN SU DESAHOGO EL ACTUARIO DEBE OBSERVAR LAS MISMAS FORMALIDADES QUE PARA LA PRUEBA DE INSPECCIÓN, EN CONSECUENCIA, RECABAR LA FIRMA DE LA PERSONA CON QUIEN ENTIENDE LA DILIGENCIA O, EN SU CASO, ASENTAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO LO HIZO (APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 829, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). El artículo 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo establece que las diligencias levantadas con motivo de la prueba de inspección deben firmarse por las personas que en ellas intervengan; ahora bien, no obstante que dicho numeral se encuentra contenido en la sección sexta del título catorce de dicha ley, debe aplicarse analógicamente al cotejo de documentos, atento a que ambas pruebas participan de la misma naturaleza, es decir, constituyen medios de convicción que se generan a través de la percepción directa por parte del actuario, respecto de aspectos reales o cuestiones materiales susceptibles de apreciarse mediante los sentidos, a fin de crear convicción en la Junta; consecuentemente, al verificarse el cotejo, el actuario debe observar las mismas formalidades que para la prueba de inspección y recabar la firma de la persona que atendió la diligencia o, en su caso, asentar los motivos por los que no firmó, a fin de que exista convicción de que el fedatario cumplió con la obligación que impone el citado precepto.
"Amparo directo **********. **********. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.
"Amparo directo **********. **********. 10 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García Sandoval.
"Amparo directo **********. **********. 11 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Vázquez Martínez. Secretaria: Nohelia Juárez Salinas.
"Amparo directo **********. **********. 12 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: José Jeny Viveros Negrete.
"Amparo directo **********. **********. 4 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretario: Ariel Novelo Be." (Novena Época. Registro: 165588. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, enero de 2010, Materia(s): Laboral, **********, página 1917).
A continuación se trae a cuentas las consideraciones que interesan al caso respecto de los juicios de amparo directo antes precisados:
En el **********
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito estableció que debía estimarse fundado el concepto de violación en que se hacía valer una infracción de carácter procesal respecto de la prueba de cotejo o compulsa propuesta por el quejoso, **********, en cuanto a que la Junta no había analizado la prueba de cotejo cuyo propósito era acreditar el número de semanas de cotización y el periodo de conservación de derechos, ya que el resultado de dicha prueba era defectuoso, en tanto que de la diligencia actuarial relativa se advertía que el actuario había asegurado haberse constituido en el domicilio señalado para tal efecto y que no le fue mostrado el documento materia del cotejo (original de la **********), sin que mencionara con qué persona atendió la diligencia, comprobándose que tal acta fue formulada en forma unilateral por el actuario, porque no constaba nombre ni firma del supuesto empleado con el que dijo el actuario haber atendido la diligencia, ni la matrícula como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social o siquiera el número de folio de la credencial de elector para efecto de que el actuario reflejara que la diligencia fue atendida por funcionario de su representada.
Así, el ********** quejoso, se dolió de que la Junta ponderó la **********, restándole valor para los efectos pretendidos por su oferente bajo el argumento de que la diligencia del cotejo, propuesto como medio de perfeccionamiento, revelaba que la institución se había negado a proporcionar el documento original, cuando que el cotejo referido se practicó en forma indebida, ya que el actuario omitió circunstanciar el acta en lo concerniente al nombre, firma e identificación de la persona que lo atendió.
El tribunal sostuvo que asistía razón al ********** quejoso, porque efectivamente el actuario había omitido circunstanciar en el acta de cotejo lo relativo a la falta de firma de la persona que lo atendió e intervino, pues del contenido del acta se advertía que en ella no firmó la persona con la cual se entendió la diligencia, en tanto que el fedatario sólo refirió que la diligencia la entendía con "... el funcionario de la Oficina de Vigencia de Derechos de la Subdelegación No. 3 ...", sin señalar por qué no aparecía la firma de la persona que atendió la diligencia, con lo que se vulneraba lo establecido en el artículo 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo.
Al respecto, estableció que el precepto aludido tenía aplicación analógica al caso, porque aun cuando se encontrara contenido en la sección sexta del título catorce de la Ley Federal de Trabajo, integrada por los artículos 827 al 829, relativos a la prueba de inspección, no había razón lógica que impidiera aplicar la disposición apuntada en primer término para el desarrollo de una diligencia de cotejo, atento a que una y otra prueba (inspección y cotejo) participaban de la misma naturaleza, esto es, constituían medios de convicción que se generaban a través de la percepción directa y en determinado momento por parte del órgano jurisdiccional, ya sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia, a efecto de crear convicción en el juzgador respecto de aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos.
Precisó que el artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo establece específicamente en su fracción IV, que en las diligencias levantadas con motivo del desahogo de la prueba de inspección deben firmar los que en ella intervinieron, de lo que se deducía que si no firmaba la persona con la que se atendía la diligencia, el fedatario debía de asentar en la razón el motivo por el cual no había firmado.
En el asunto en análisis, señaló el tribunal, del acta relativa al cotejo se observaba, por una parte, que sólo aparecía la firma del funcionario que lo practicó, lo que significaba que la persona que atendió la diligencia no firmó; y por otra, tampoco aparecía la razón por la cual dicha persona se negó a firmarla. En el entendido de que el artículo antes invocado revelaba que es obligación de quienes intervengan en el desahogo de la prueba en cuestión firmar la diligencia respectiva, y que cuando ello no fuera así resultaba indispensable que se hiciera constar cuál había sido la causa por la que dicha persona no había firmado, ya fuera porque no supiere hacerlo, no quisiere o no pudiere, lo que no se anotó de manera pormenorizada, por lo que debido a esta circunstancia la diligencia de cotejo resultaba ilegal, pues el peticionario de amparo había ofrecido tal prueba con el propósito de acreditar su pretensión en el sentido de que el actor no reunía el número de cotizaciones semanales al régimen de seguridad social, necesarias para acceder a la pensión reclamada, así como de que se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, y que por ello era improcedente la acción planteada en el juicio laboral.
Además, el tribunal agregó que no era obstáculo para concluir lo anterior el hecho de que el actuario tuviera fe pública, dado que esa investidura no convalidaba las anomalías en que había incurrido al practicar el cotejo, que al resultar ilegal imposibilitó a la demandada acreditar su excepción, siendo aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA."
Asimismo, señaló que tampoco era óbice la circunstancia de que el ********** quejoso, como parte demandada y oferente de la prueba, no hubiera asistido tanto a la diligencia en que tuvo verificativo el cotejo referido como a la en que se llevó la prueba de inspección, a efecto de vigilar el desahogo cabal de dichas probanzas conforme a los términos de ley, porque ello no significaba que hubiera consentido la infracción que se hacía valer, en atención a que, por una parte, la Junta responsable, una vez que admite las probanzas que proponen las partes, se encuentra constreñida a velar por su desahogo, lo que implica no solamente desplegar aquellos actos tendentes a alcanzar el propósito de la prueba sino, además, procurar que su desahogo se ajuste a los términos en que se propuso, admitió y demás que señale la ley para su práctica; y, por otra parte, en razón de que la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento al alcance de las partes a efecto de obtener la reposición del desahogo de una prueba, en el caso de que la autoridad laboral actúe en forma deficiente o negligente.
De esta forma, señaló el tribunal, el silencio del oferente ya sea sobre la falta de desahogo de una prueba o bien respecto a su desahogo deficiente o incompleto, no producen el tácito consentimiento del proceder de la autoridad laboral, pues el interés del oferente en que sea debidamente desahogada y valorada lo demuestra al momento de proponerla, y toca a la Junta proveer a su desahogo en términos de los artículos 686, 687, 777, 779, 780 a 782, 784, 785 y 883 a 887 de la Ley Federal de Trabajo, resultando aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL VIOLACIÓN PROCESAL (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO V, PÁGINA 270, DEL RUBRO ‘PRUEBA NO DESAHOGADA. VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.’)."
Similar criterio sostuvo el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver los **********, dando origen a la tesis jurisprudencial ********** citada, de cualquier forma se trae a cuenta sus consideraciones centrales, con las que se puede corroborar el sustento del propio criterio inserto en el primer precedente descrito en los párrafos anteriores.
En el **********
El citado Segundo Tribunal estableció que la autoridad responsable había violentado las garantías individuales del quejoso al desahogar de manera deficiente el cotejo o compulsa ofrecido por la parte actora, la cual precisó como documentos materia de ese medio: "VI. ... varios resultados de exámenes practicados a ********** durante el mes de julio de 1994 ..." y "VII. ... autopsia que se le practicara a ********** ..."
Luego, el tribunal dio noticia, al transcribir el acta levantada por el actuario, que éste había precisado que no se había mostrado documento alguno, así como que no se advertía la firma de la persona con la cual se entendió la diligencia ni el porqué de dicha omisión, en tanto que el fedatario sólo refirió que la diligencia la entendía con "... el C. **********, apoderado jurídico del IMSS ...", sin señalar por qué no aparecía la firma de la persona que atendió la diligencia, con lo que se vulneraba lo establecido en el artículo 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación analógica al caso, porque si bien se encuentra contenido en la sección sexta del título catorce de la Ley Federal de Trabajo, que la integran los artículos 827 al 829 relativos a la prueba de inspección, lo cierto es que no había razón lógica que impidiera aplicar la disposición apuntada en primer término al desarrollo de una diligencia de cotejo, como la del caso particular, atento a que una y otra pruebas (inspección y cotejo) participaban de la misma naturaleza, esto es, constituían medios de convicción que se generaban a través de la percepción directa y en determinado momento por parte del órgano jurisdiccional, ya sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia, a efecto de crear convicción en el juzgador respecto de aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos.
Al efecto, agregó el tribunal que el precepto referido en su fracción IV establecía que en las diligencias levantadas con motivo del desahogo de la prueba de inspección, y por extensión del cotejo, deben firmar los que en ella intervengan, d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23216-01fda800/compulsa-o-cotejo-de-documento-privado-ofrecido-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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