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Modo: Corpus Pro

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR LLEGAR A LA EDAD LÍMITE QUE FIJA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2011. · Registro digital (IUS): 23229
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 2773.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS; SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ Y SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO VOTARON CON SALVEDADES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: JUAN PABLO RIVERA JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el procurador general de Justicia Militar en representación del secretario de la Defensa Nacional, quien fue parte en los juicios que originaron los criterios en conflicto.

TERCERO. A fin de verificar si existe la contradicción denunciada, deben tenerse presentes los antecedentes de los asuntos que la informan, así como la conclusión a la que cada Tribunal Colegiado de Circuito arribó.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Recurso de queja **********, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto **********.

1. Por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil diez, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se indican:

"Autoridades responsables: Como autoridad ordenadora: secretario de la Defensa Nacional. Como ejecutoras: director general de Sanidad Militar. Director del Hospital Central Militar. Actos reclamados: A. Del secretario de la Defensa Nacional, reclamo el acuerdo **********, por medio del cual ordenó a la Dirección General de Sanidad que se me comunicara que el treinta y uno de enero del presente año, causaba baja de la planta del Hospital Central Militar ... y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y el uno de febrero del año en curso, causaba alta en situación de retiro, cuyo acto materialmente fue notificado y entregado por escrito a la suscrita el quince de febrero de dos mil diez. B. Del director general de Sanidad, reclamo los actos de autoridad siguientes: a. La orden contenida en el oficio **********, de dos de febrero de dos mil diez, mediante el cual materializa el acuerdo ********** del secretario de la Defensa Nacional, acto de autoridad del que tuve conocimiento materialmente el quince de febrero del año en curso. b. El oficio **********, expediente **********, de quince de febrero de dos mil diez, mediante el cual se da contestación a mi escrito de siete de enero de dos mil diez, en el que solicité la expedición de mi certificado médico de inutilidad en segunda categoría, del contenido de este acto de autoridad tuve conocimiento el quince de febrero de dos mil diez. C. Del director del Hospital Central Militar, reclamo los siguientes actos: a. La materialización y ejecución del acuerdo **********, ordenado por el secretario de la Defensa Nacional. b. La materialización y ejecución de la orden contenida en el oficio **********, expediente **********, de quince de febrero de dos mil diez."

2. La quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados.

3. La demanda de garantías, por cuestión de turno fue remitida al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y por auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, la Juez Federal por una parte negó la suspensión provisional respecto de los efectos y las consecuencias de los actos reclamados y, por otra, la concedió.

4. Inconforme con la determinación anterior, el secretario de la Defensa Nacional, interpuso el recurso de queja **********, mismo que le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por ejecutoria de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, resolvió en la materia de la revisión, revocar el auto recurrido y negar la suspensión provisional; determinación que tomó atendiendo a las siguientes consideraciones:

• Toda vez que la Juez negó la medida cautelar respecto a la negativa de la autoridad responsable de expedir el certificado de inutilidad en segunda categoría, y dicha determinación no fue combatida por la parte a quien pudiera perjudicar, tal determinación debía quedar firme.

• Del análisis de las constancias del incidente suspensional, se desprendía que, como lo sostiene la inconforme, los actos reclamados, cuyos efectos y consecuencias fueron suspendidos, no constituyen el inicio del procedimiento de baja por retiro, sino que se trata de aquellos con los que culmina dicho procedimiento.

• Por otra parte, declaró fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, tomando en consideración el contenido de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 147/2006-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y concluyó que no era procedente conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por haber alcanzado la edad límite, para que continúe prestando sus servicios y que obtenga los haberes correspondientes, debido a que ese acto de autoridad como sus efectos y consecuencias son consumados, que sólo pueden ser reparados, en su caso, con una sentencia concesoria del amparo y no a través de la institución de la suspensión.

• Finalmente, sostuvo que la baja impugnada, no impedía que la quejosa y sus familiares siguieran recibiendo la atención médica que requieran, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo aquello que sea necesario para cubrir ese aspecto, atento a que tal situación constituía un derecho para los militares retirados en términos del capítulo sexto de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas denominado: "Servicio médico integral".

• Por todo lo anterior, el Colegiado determinó en la materia de la revisión revocar el auto recurrido y negar la suspensión provisional solicitada.

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Recurso de queja **********, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto **********.

1. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil once, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes:

"III. Autoridades responsables. A. Autoridades responsables ordenadoras. 1. Secretario de la Defensa Nacional. 2. Miembros de la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. B. Autoridades responsables ejecutoras. 3. Director general de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. 4. Director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 5. Director general de Justicia Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional. 6. Secretario de Hacienda y Crédito Público. IV. Acto que se reclama. 1. Del secretario de la Defensa Nacional, se reclama: a) La orden contenida en el Acuerdo Número ********** de fecha 10 de febrero de 2010, girado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, S-1 (RH.), dirigida a la Dirección General de Personal, en la cual se instruye, se inicie el trámite de retiro por edad límite del suscrito quejoso. b) La orden contenida en el Acuerdo Número ********** de fecha 10 de febrero de 2010, dirigida a la Dirección General de Justicia Militar, en la cual se instruye se emita declaración provisional de procedencia de retiro por edad límite del suscrito quejoso. c) La orden contenida en el Acuerdo Número ********** de fecha 21 de febrero de 2011, girado a la Dirección General de Personal, en la que se coloca en situación de retiro al suscrito, como (según) se previene en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 2. De los miembros de la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se reclama el dictamen y resolución definitiva, emitidos en el expediente **********, de fecha 18 de agosto de 2010, en la sesión número **********. 3. Del director general de Personal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama la orden contenida en el oficio número **********, expediente **********, de fecha 28 de febrero de 2011, misma que fue recibida por el hoy quejoso el 7 de marzo del presente año, en donde se me comunica que con fecha 28 de febrero de 2011, causo baja del Servicio Activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, y con fecha 1 de marzo de 2011, alta en situación de retiro, misma en la que, en su parte relativa, textualmente se estableció lo siguiente: (transcribe oficio). 4. Del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama la continuación y sustanciación, así como la ejecución y sanción de todos y cada uno de los actos que se deriven con motivo de la emisión de la resolución definitiva de fecha 18 de agosto de 2010, anteriormente precisada, relacionados con todos y cada uno de los actos de trámite de retiro del suscrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; 92, fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 1, 2, 6 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Secretaría de la Defensa Nacional. 5. De igual manera y con el carácter de actos reclamados, también señalo de todas y cada una de las autoridades responsables: todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que pretendan ejecutar las autoridades responsables, de los actos reclamados que expresamente se señalan, entre otros el separar al suscrito de sus actividades como general brigadier ingeniero industrial del Ejército Mexicano con número de matrícula (**********), a disposición de la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo de que la resolución definitiva por (sic) la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es correcta, ya que dejó de aplicar a mis haberes de retiro el incremento que contempla 4.9% de los tabuladores de haberes en forma retroactiva al 1o. de enero de 2010, en los montos siguientes: (se transcribe tabla). Orden que fue comunicada por el general **********, secretario de la Defensa Nacional, a los comandantes de la I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, regiones militares. Así como al director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras quien la recibió, con fecha 21 de septiembre del año 2010, mediante telegrama urgente, número **********, de la propia fecha, incremento que fue autorizado por el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y no obstante lo anterior las autoridades señaladas como responsables omitieron de manera flagrante y en perjuicio del suscrito, la orden del propio presidente de la República, al no aplicar el 4.9% en el tabulador de mis haberes de retiro, motivo y razones por lo que procede se me conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión."

2. El quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados.

3. La demanda de garantías, por cuestión de turno fue remitida al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y, por auto de fecha treinta de marzo de dos mil once, el Juez Federal concedió la suspensión provisional solicitada por el quejoso.

4. Inconforme con la determinación anterior, el secretario de la Defensa Nacional, interpuso el recurso de queja **********, mismo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por ejecutoria de fecha seis de abril de dos mil once, resolvió declarar infundado el recurso de queja hecho valer; lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones:

• Contrariamente a lo sostenido por la parte inconforme, los efectos de la baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana por haber alcanzado la edad límite, se prolongan en el tiempo, dado que mantienen al quejoso en situación de retiro, impidiendo que continúe prestando los servicios y siga recibiendo las prestaciones propias del cargo que desempeñaba hasta antes de la ejecución de la orden de baja, que según los documentos que acompañó a su escrito de demanda, sólo se relaciona con el retiro por edad límite.

• Con la medida cautelar que decretó el Juez, se interrumpen únicamente los efectos y consecuencias de los actos reclamados, sin restituir al quejoso en el goce de las garantías que estima violadas, pues no está quedando legalmente insubsistente la orden de retiro, lo que sí implicaría dar a la suspensión efectos restitutorios que le son impropios, por tanto, no asiste la razón a la recurrente cuando sostiene que la suspensión tiene efectos restitutorios.

• Dado que por efectos de la suspensión, el quejoso continuará desempeñándose en el servicio activo, como lo ha hecho hasta el momento de la baja que reclama y ésta, según las constancias de autos, deriva sólo de su retiro por edad límite, no se afecta el interés social, ya que no se trata de una sanción por incumplimiento al servicio encomendado, sino que constituye un beneficio por haber permanecido en la institución.

• Con la orden de baja del servicio activo y alta en calidad de retiro por haber alcanzado la edad límite, el quejoso dejaría de desempeñarse en el cargo que venía ocupando y de recibir las prestaciones inherentes a ese cargo, durante el tiempo que transcurra para que se resuelva en definitiva el juicio de garantías, lo que implica una modificación sustancial en su forma de vida diaria y en sus ingresos, lo cual es de difícil reparación, por lo que sí se cumple el requisito previsto por la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo.

• Contrariamente a lo sostenido por la parte inconforme, la jurisprudencia 2a./J. 197/2007,(1) de rubro: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO ‘POR INUTILIDAD’.", es aplicable por analogía, en la medida en que el acto reclamado también es una baja, que no es sustancialmente diferente al caso que refiere la tesis. Incluso, la jurisprudencia es aplicable por mayoría de razón, pues si la Suprema Corte resolvió que procede la suspensión contra la orden de baja por "inutilidad" del militar, con mayor razón debe proceder la medida si la baja es sólo con motivo de haber llegado a una edad, sin que aparezca demostrado que el servidor público se encuentre inútil para el servicio.

• Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó el auto recurrido y concedió la suspensión provisional solicitada.

CUARTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe:

"Núm. registro: 164120

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En la especie, se actualizan los supuestos referidos en la tesis antes transcrita, tal como se procede a explicar a continuación:

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que no era procedente la concesión de la medida cautelar solicitada bajo la premisa fundamental de que, los actos reclamados cuyos efectos y consecuencias fueron suspendidos, no constituyen el inicio del procedimiento de baja por retiro por haber llegado a la edad límite, sino que se trata de aquellos con los que culmina dicho procedimiento, lo que se traduce en que tanto ese acto de autoridad como sus efectos y consecuencias son consumados, que sólo pueden ser reparados, en su caso, con una sentencia concesoria de amparo y no a través de la institución de la suspensión.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo en la parte que interesa que, los efectos de la orden de baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana por edad límite se prolonga en el tiempo, dado que mantiene al quejoso en situación de retiro, impidiendo que continúe prestando los servicios y siga recibiendo las prestaciones propias del cargo que desempeñaba hasta antes de la ejecución de la orden de baja, por lo que, con el otorgamiento de la suspensión, se interrumpen únicamente los efectos y consecuencias de los actos reclamados, sin restituir al quejoso en el goce de las garantías que estima violadas, pues no está quedando legalmente insubsistente la orden de retiro, lo que sí implicaría dar a la suspensión efectos restitutorios que le son impropios. Así las cosas, y siendo que la orden de baja del servicio activo y alta en calidad de retiro, por haber llegado a la edad límite no afecta el interés social, pero sí genera perjuicios de difícil reparación, era de concederse la suspensión provisional solicitada.

De lo anterior, se acredita que sí existe la contradicción de criterios denunciada entre las ejecutorias contendientes, pues discreparon respecto a la concesión o no de la suspensión provisional solicitada por los quejosos en relación con la orden de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y alta en situación de retiro del servicio activo de las Fuerzas Armadas por haber llegado a la edad límite.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya emitido tesis de jurisprudencia alguna por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, pues dicho requisito no lo imponen la Constitución ni la Ley de Amparo, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia 129/2004, aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio que comparte esta Segunda Sala, cuyos rubro y texto, respectivamente, dicen lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."(2)

Por otra parte, es de concluirse que no existe contradicción de criterios en relación con la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por los quejosos militares, respecto a la atención médica que requieren tanto ellos como sus familiares, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo lo necesario para su tratamiento médico, pues tal punto jurídico únicamente fue estudiado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de allí que, al no haber existido en ese sentido punto de discrepancia alguno, no procede analizar este aspecto.

Por tanto, el punto de contradicción radica en determinar si es procedente conceder la suspensión provisional en relación con los efectos y consecuencias de la orden de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y alta en situación de retiro por alcanzar la edad límite, en relación con:

a) La prestación de sus servicios al Ejército Mexicano y como consecuencia de ello; y,

b) Que perciba el haber correspondiente y demás beneficios económicos.

O, por el contrario, si de concederse esta medida cautelar se estarían dando efectos restitutorios a la suspensión que sólo en el fondo del amparo se pueden otorgar al gobernado.

QUINTO. El criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia es el que sustenta esta Segunda Sala.

De los antecedentes correspondientes a los asuntos materia de la presente contradicción de criterios, se advierte que en ambos casos se solicitó la suspensión provisional en contra de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro del Ejército y Fuerza Aérea, por haber alcanzado la edad límite.

Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de baja del activo y alta en situación de retiro del Ejército y Fuerza Aérea, por haber alcanzado la edad límite, debe atenderse a los criterios que sobre el tema ha pronunciado este Máximo Tribunal.

En ese sentido deben retomarse las consideraciones que sostuvo la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 147/2006-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 157/2006,(3) misma que es del rubro y texto siguientes:

"EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS. No procede conceder la suspensión definitiva en contra de los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro de un militar, consistentes en: a) la cesación de la prestación de sus servicios al Ejército Mexicano y, b) la cesación de percibir el haber correspondiente y demás beneficios económicos, en virtud de haberse consumado la orden de baja del activo y haber causado alta en situación de retiro, con la cual se producen los efectos precisados; por tanto, para que puedan gozar nuevamente de sus haberes y seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas deberán ser dados de alta como miembros activos, lo que implicaría darle efectos restitutorios a la medida cautelar, que sólo son propios, en su caso, de ejecutorias favorables en el juicio principal, sin que se haga pronunciamiento sobre la suspensión en lo referente a la atención médica, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo lo necesario para su tratamiento, pues tal aspecto no fue materia de la contradicción."

La ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia anteriormente transcrita, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"Por todo lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que en contra de los efectos y consecuencias de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro, consistentes en a) la prestación de sus servicios al Ejército Mexicano y, b) la percepción del haber correspondiente y demás beneficios económicos, no se puede conceder la medida cautelar, porque al haberse consumado la orden referida de baja y alta en situación de retiro de los militares quejosos, y también al haberse consumado los efectos de la orden citada, para, se insiste, que puedan gozar nuevamente de sus haberes y puedan seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas como miembros activos, deben dejarse sin efectos las órdenes de baja del activo y ser dados otra vez de alta, para lo cual habrá que dejar sin efectos la orden de baja del Ejército y de alta en situación de retiro, así como realizar los ajustes de cuentas en relación con las compensaciones económicas otorgadas a los quejosos derivadas de la orden de baja y alta en situación de retiro en función del número de años laborados y el cargo ocupado. Así, de concedérseles la medida cautelar a los gobernados en este caso, en contra de estos actos consumados, se estarían dando efectos restitutorios a la medida cautelar, pues se estaría determinando que se les diera nuevamente de alta en el servicio activo del Ejército y se dejara sin efectos la orden de baja del activo y alta en situación de retiro, con el objeto de que sigan percibiendo sus haberes y sigan desempeñándose en el servicio activo, lo cual sólo es propio, en su caso, del juicio principal, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo. En suma, los efectos y consecuencias de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro de un militar son actos de carácter consumado que no pueden ser paralizados, porque agotan toda su eficacia en el instante en que se concluye formalmente el procedimiento establecido a esos efectos en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que, en general, resulta inadmisible conceder la medida cautelar en el amparo para que el afectado vuelva a gozar nuevamente de sus haberes y pueda seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas como miembro activo, habida cuenta que ello implicaría darle efectos restitutorios a la suspensión, que sólo son propios del juicio principal."

De la lectura de las consideraciones preinsertas se advierte lo siguiente:

• Que en los juicios de garantías de donde derivaron las ejecutorias participantes en la contradicción de tesis 147/2006-SS se solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias de la orden a tr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23229-d583dd6a/ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-es-improcedente-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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