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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DE MORELOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO VIOLAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL INFORME DEL RESULTADO CON EL QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE RECONOCE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). ALCANCE DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 141/2008. · Registro digital (IUS): 23265
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 3277.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EL INFORME DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE AQUÉLLA AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AL CUMPLIR CON EL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AUDITORÍA SUPERIOR GUBERNAMENTAL DE LA ENTIDAD.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, AL LIMITARSE A HACER DEL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA REVISIÓN DE AQUÉLLA, FUNDANDO Y MOTIVANDO, EN CADA CASO, LAS OBSERVACIONES EN LAS QUE DETERMINA QUÉ FUNCIONARIOS RESULTAN PRESUNTAMENTE RESPONSABLES POR LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DAN ORIGEN A LAS MISMAS, NO DISTORSIONA LA NATURALEZA Y FINES DE DICHO PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, PUESTO QUE AL EMITIR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES RESPECTIVO NO DETERMINA RESPONSABILIDADES, NI IMPONE SANCIONES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. LOS OFICIOS NÚMEROS ASG/UAJ/478/08 Y ASG/UAJ/479/08, EMITIDOS EL 7 DE AGOSTO DE 2008 POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LOS QUE SE NOTIFICA AL TESORERO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC EL PLIEGO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE AQUÉLLA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, ASÍ COMO SU DERECHO A MANIFESTARSE AL RESPECTO DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES, EN RELACIÓN CON LAS INCONSISTENCIAS SEÑALADAS, RESPETAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN NO REVISTE EL CARÁCTER DE UNA CONTROVERSIA ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL, SINO CONSTITUYE UN MERO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, FORMULADOS ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE SUS RECOMENDACIONES Y DIRIGIDOS A LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL PUESTO QUE ÚNICAMENTE HACEN DEL CONOCIMIENTO DEL SUJETO FISCALIZADO PUNTOS DE MEJORA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, CON EL OBJETO DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DESPLIEGUEN SUS ATRIBUCIONES Y PERMITAN CON ELLO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 141/2008. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 8 DE JUNIO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de junio de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velázquez Medrano, en su carácter de síndico del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de las normas y los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

1. El Poder Legislativo del Estado de Morelos.

2. El auditor superior gubernamental del Estado de Morelos.

3. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

4. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

Normas impugnadas:

1. El artículo 294, párrafo segundo, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, que expresamente se está aplicando, como puede advertirse de la lectura de la observación resarcitoria número 35, contenida en las páginas noventa y nueve y cien del pliego de observaciones emitido por el auditor superior gubernamental del Estado, en la que se atribuye presunta responsabilidad al presidente municipal y al tesorero del Municipio de Jiutepec, por "desvío de recursos", al no haber constituido una cuenta bancaria para destinar la recaudación de los ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria a la adquisición de un terreno.

2. El procedimiento legislativo de los artículos 32, 40, fracciones XXVIII, párrafo segundo, XLI, XLVII y LV, 84, párrafos primero y segundo, fracciones I a V y VI, párrafos primero y segundo, 134 y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como sus declaratorias de validez y fes de erratas relacionados con las facultades de revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales, la creación del órgano de fiscalización de la Legislatura Local y la determinación de responsabilidades a los servidores públicos de los Municipios que implícitamente se están aplicando a través de los oficios ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, el pliego de observaciones y las cédulas de notificación respectivas.

3. El procedimiento legislativo de los artículos 1, fracción I, 2, fracciones XI a XVI, 3, 4, 6, 11, 12, 14, fracciones I a VI, VIII a XVII, XIX y XXIV, 15 a 19, 22 a 25, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, fracciones I y II, 41 a 46, 51, 52, 77, fracciones X, XIII, XV a XIX, XXIV y XXVI, de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos, relacionados con las facultades de revisión de las cuentas públicas municipales, la emisión de pliegos de observaciones e informes de resultados y la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos de los Municipios que expresa o implícitamente se están aplicando a través de los oficios ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, el pliego de observaciones y las cédulas de notificación respectivas.

4. El inciso g) del artículo 29 de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos, que implícitamente se está aplicando a través del pliego de observaciones.

5. Por extensión y efectos de la invalidez de las normas impugnadas en los numerales 2 y 3 anteriores, los artículos 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 38, fracción LXI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, que facultan a la Auditoría Superior Gubernamental del Estado para recibir y fiscalizar las cuentas públicas.

6. El procedimiento legislativo de los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que expresamente se están aplicando a través del pliego de observaciones.

Actos impugnados:

1. La orden de visita o auditoría a la cuenta pública del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, por el ejercicio fiscal del año dos mil siete, de fecha siete de abril de dos mil ocho, así como el desarrollo y conclusión de la misma, ordenada y llevada a cabo por la Auditoría Superior Gubernamental del Estado.

2. Los oficios números ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, ambos de fecha siete de agosto de dos mil ocho, así como su anexo, el pliego de observaciones de la misma fecha y las dos actas de notificación practicadas el once del mismo mes y año.

3. Todas las resoluciones y actuaciones que integren y que, en el futuro, se emitan con motivo del fincamiento de responsabilidad al presidente municipal, al síndico y a los demás integrantes del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, sancionándolos con el "reintegro" de diversas cantidades de dinero, a través de los oficios y el pliego de observaciones antes referidos, incluyendo cualquier otra resolución del órgano de fiscalización o la Legislatura Local, por la que se pretendan hacer efectivas dichas sanciones, o bien, se determine suspender o revocar el cargo a tales funcionarios.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

1. En el mes de enero de dos mil ocho, el Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32 de la Constitución Política, 38, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal y 8 de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental, todas del Estado de Morelos, presentó ante la Legislatura Local la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil siete.

2. El once de agosto de dos mil ocho, la Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos formuló dos actas de notificación, dando a conocer los oficios números ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, de siete de agosto de dos mil ocho, así como su anexo, el pliego de observaciones, de la misma fecha, resultantes de la revisión de la cuenta pública de dicho Municipio por el ejercicio fiscal de dos mil siete.

3. El dieciocho de septiembre de dos mil ocho, el Municipio de Jiutepec tuvo conocimiento de las determinaciones antes mencionadas, en las que inconstitucionalmente la Legislatura Local, por conducto de la Auditoría Superior Gubernamental, fincó responsabilidad administrativa y resarcitoria e, incluso, penal, a diversos integrantes del Ayuntamiento, imponiéndoles, a título de sanción, el reintegro de diversas cantidades de dinero, no obstante que las citadas determinaciones no habían sido notificadas formalmente a ninguno de ellos.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:

1. Se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 113, 115 y 116 de la Constitución Federal, toda vez que el Congreso del Estado de Morelos, por conducto de su órgano de fiscalización, de manera infundada e inmotivada, emitió los oficios números ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, de siete de agosto de dos mil ocho, así como su anexo, el pliego de observaciones, de la misma fecha, resultantes de la revisión de la cuenta pública del citado Municipio por el ejercicio fiscal de dos mil siete y sus respectivas cédulas de notificación, a través de los cuales:

• Inconstitucionalmente invade la autonomía y esfera de atribuciones del Municipio actor, al imponerle diversas obligaciones para actuar en determinado sentido.

• Derivado de las atribuciones inherentes a su función pública, se determina en contra del presidente municipal y otros servidores públicos municipales, responsabilidad administrativa por supuestos hechos o actos que no ocasionan daño o perjuicio a la hacienda o al patrimonio municipal.

• Se cuestiona la legalidad de diversos actos jurídicos celebrados por el Municipio actor, careciendo de facultades para ello.

• Derivado del ejercicio de la función pública municipal, se determina responsabilidad administrativa resarcitoria en contra del presidente municipal, el síndico, los regidores y otras autoridades municipales, careciendo de facultades, sin procedimiento previo y sin respetar la garantía de audiencia, imponiendo, a título de sanción, el "reintegro" de diversas cantidades de dinero.

• Sustituyéndose inconstitucionalmente en Ministerio Público o juzgador, el órgano de fiscalización determina responsabilidad penal en contra del presidente municipal y otros servidores públicos del Municipio, con base en especulaciones e imponiendo sanción como reparación del daño.

Lo anterior, al sustentar la invalidez de la aplicación expresa o implícita de diversos artículos de la Constitución Política, la Ley de Auditoría Superior Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley Orgánica Municipal, todas del Estado de Morelos, relacionadas con las facultades de revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales, la creación del órgano de fiscalización de la Legislatura Local, la emisión de pliegos de observaciones e informes de resultados y la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos municipales, al estar ausentes de la aprobación de las autoridades legalmente competentes, por mediar vicios formales del procedimiento legislativo de origen que trascienden de manera fundamental a la norma, pues fueron expedidas únicamente por los diputados miembros de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, contraviniendo lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Federal, que prohíbe que el Poder Legislativo de una entidad federativa se reúna en una sola persona o corporación, lo que produce la vulneración en agravio del Municipio actor de los principios de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

2. Ad cautélam y sin admitir la constitucionalidad de las normas locales que se están aplicando en las resoluciones combatidas, se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115, fracciones I y II, de la Constitución Federal, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de Morelos, por conducto de la Auditoría Superior Gubernamental y a través de los oficios números ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, de siete de agosto de dos mil ocho, así como su anexo, el pliego de observaciones y las actas de notificación de once de agosto de dos mil ocho, en los que aduce haber llevado a cabo la revisión de la cuenta pública municipal por el ejercicio fiscal de dos mil siete, jamás dio intervención, ni hizo del conocimiento del síndico dicho acto de fiscalización, tal como lo dispone el artículo 45, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

3. Ad cautélam y sin admitir la constitucionalidad de las normas locales que se aplican, se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115, fracciones I y II, de la Constitución Federal, en virtud de que la Auditoría Superior Gubernamental del Estado omitió expedir, a través del reglamento respectivo, los criterios, procedimientos, métodos y sistemas para llevar a cabo los actos de revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales, así como los procedimientos, métodos y sistemas de verificación de contabilidad y archivo, libros y documentos comprobatorios de ingreso y gasto para los mismos actos de fiscalización, como lo establece la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado, omisión que abre la puerta a arbitrariedades.

4. Se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115, fracciones I y II, de la Constitución Federal, toda vez que, no obstante que, por disposición de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, corresponde al síndico la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, representándolo jurídicamente en todo tipo de controversias administrativas y jurisdiccionales, éste no fue notificado de la existencia de un procedimiento disciplinario instaurado previamente en su contra o en contra del presidente municipal y los regidores del Municipio actor, para determinar su "presunta responsabilidad" administrativa, contable, resarcitoria e, incluso, penal, derivada del desempeño de sus funciones públicas y, menos aún, de la imposición de sanciones económicas que, a título de "reintegro", inconstitucionalmente determina el Congreso Local, por conducto de la Auditoría Superior Gubernamental, mediante los oficios ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, de siete de agosto de dos mil ocho, así como su anexo, el pliego de observaciones.

Por tanto, la falta de emplazamiento al Municipio actor, a través del síndico, resulta violatoria del artículo 14, en relación con el diverso 115 de la Constitución Federal, en virtud de que, previamente a cualquier acto de privación, se debe dar derecho al afectado de conocer el proceso que se le sigue, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en su favor, garantizando así una defensa adecuada y, en el caso concreto, hacer del conocimiento del Municipio los elementos que pudieran afectar su integración, estructura orgánica y hacienda municipal.

5. Sin admitir la constitucionalidad de las normas locales que se están aplicando a través de las determinaciones que se combaten, se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, toda vez que la Auditoría Superior Gubernamental del Estado impone al Municipio de Jiutepec, en forma definitiva, unilateral, imperativa y vinculante, diversos deberes que lo obligan a actuar en el sentido predeterminado en las observaciones por ésta emitidas, lo cual implica un abuso de la Legislatura Local, por conducto del titular del órgano de fiscalización y una severa intromisión en la autonomía y potestades de gobierno del Municipio. La Auditoría Superior Gubernamental emite diversas órdenes que pretenden que el Municipio quede subordinado al órgano de fiscalización, sustituyéndose, incluso, en la realización de actos por parte del mismo.

6. Ad cautélam y sin admitir la constitucionalidad de las normas reclamadas, se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de que la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos inconstitucionalmente autoriza a la Legislatura Local, por conducto de su órgano de fiscalización, para conocer y sancionar cualquier falta administrativa de la que no derive daño o perjuicio a la hacienda o patrimonio municipal, lo cual implicaría considerarla como un poder subordinante a los Municipios, además de que tornaría inútil la potestad disciplinaria que el gobierno municipal tiene para investigar y sancionar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos subalternos, por medio de su órgano de control.

7. Se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 113, 115 y 116 de la Constitución Federal, toda vez que, de manera infundada e inmotivada, la Legislatura Local, por conducto de su órgano de fiscalización, emitió los oficios números ASG/UAJ/478/08 y ASG/UAJ/479/08, de siete de agosto de dos mil ocho, así como su anexo, el pliego de observaciones y las actas de notificación de once de agosto de dos mil ocho, resultantes de la revisión de la cuenta pública municipal por el ejercicio fiscal de dos mil siete, a través de los cuales se están aplicando imprecisa y oscuramente los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que le sirven para fincar responsabilidad al presidente, al síndico y a los regidores del Municipio de Jiutepec, imponiéndoles la sanción de "reintegrar" diversas cantidades de dinero. Además, la citada Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no fue aprobada por el voto nominal de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura Local, como lo establecen diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, pues únicamente aparece haber sido expedida por la Mesa Directiva del Congreso Local, como se advierte de la publicación de la citada ley.

8. Se vulneran en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que establecen un régimen de libre administración hacendaria que confiere a los Municipios amplias facultades para disponer y aplicar libremente, sin intervención de las autoridades federales y estatales, contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, participaciones en recursos federales e ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, pues el artículo 294 de la Ley de Ordenamiento Territorial y de Asentamientos Humanos del Estado impone la inconstitucional exigencia al Municipio de destinar los recursos que obtenga con motivo de las autorizaciones de fraccionamientos, condominios o conjuntos habitacionales, a un fondo para adquisición de tierra con destino público.

9. Sin aceptar la constitucionalidad de las normas reclamadas, se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 108, último párrafo, 109, fracción III, 113 y 115 de la Constitución Federal, toda vez que las determinaciones que se impugnan de la Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos resultan inconstitucionales, al carecer este órgano de competencia para determinar responsabilidad administrativa e imponer sanciones a los integrantes del Ayuntamiento y demás autoridades del Municipio. A partir del veinticinco de octubre de dos mil siete, la única autoridad que constitucional y legalmente tiene competencia para instaurar o continuar los procedimientos disciplinarios y emitir resoluciones terminales de los mismos, en las que, en su caso, se determinen responsabilidades e impongan sanciones, tratándose de los servidores públicos de los Ayuntamientos de Morelos, lo es la Contraloría de cada Municipio; por tanto, resulta inconstitucional e ilegal que, contrariando las disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente a partir del veinticinco de octubre de dos mil siete, sin facultades legales, la Auditoría Superior Gubernamental del Estado, a través de las determinaciones que se reclaman, haya fincado responsabilidad administrativa resarcitoria e impuesto sanciones económicas, a título de reintegro, a los integrantes del Ayuntamiento y demás servidores públicos del Municipio.

10. Sin admitir la constitucionalidad de las normas locales aplicadas a través de las determinaciones impugnadas, se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 108, último párrafo, 109, fracción III, 113 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de las sanciones que la Auditoría Superior Gubernamental del Estado impuso al presidente municipal, al síndico y a los regidores, a través del pliego de observaciones, siendo que la Ley de Auditoría Superior Gubernamental de Morelos no contiene hipótesis normativa de sanción a título de "reintegro". Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 113 constitucional, la ley que, por su especificidad, era aplicable al regular la competencia, atribuciones, procedimiento y consecuencias legales en materia de fiscalización, lo era la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos, en la cual no existe disposición que permita al órgano de fiscalización del Congreso Local imponer una sanción.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Municipio actor considera violados, son los artículos 14, 16, 113, 115 y 116.

QUINTO. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 141/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Mediante proveído de veinticinco de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, al secretario de Gobierno y a la Auditoría Superior Gubernamental, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar a efecto de que formularan su contestación; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Coincidentemente, el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, al contestar la demanda, manifestaron lo siguiente:

Respecto de los artículos 32, 40, fracciones XXVIII, párrafo segundo, XLI, XLVII y LV, 84 y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos, derivados de los Decretos Legislativos 1067, 1068 y 1069, publicados en el Periódico Oficial Número 4271, de once de agosto de dos mil tres, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, por haber cesado en sus efectos, al haber sido reformadas.

En relación con la impugnación de diversas disposiciones de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Número 4271, de once de agosto de dos mil tres, debe señalarse que en el Periódico Oficial Número 4646, de primero de octubre de dos mil ocho, se publicó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos que, en su artículo primero transitorio derogó la citada en primer término y, por tanto, es evidente que ha cesado en sus efectos, actualizándose la misma causal de improcedencia referida en el párrafo anterior.

Asimismo, es dable oponer la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, toda vez que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional, tomando en consideración que ni el gobernador, ni el secretario de Gobierno del Estado de Morelos han realizado acto alguno que invada su esfera competencial, de ahí que el actor carezca del derecho a demandar la invalidez de los actos que señala y demás pretensiones respecto de dichas autoridades.

Correlativa a la falta de legitimación activa del Municipio actor, se actualiza la falta de legitimación pasiva del gobernador y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de que no han realizado acto alguno que constituya una invasión a la esfera competencial del Municipio, al no tener éste el derecho de obtener las pretensiones que demanda respecto de tales autoridades.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal consagran garantías individuales a favor de los gobernados, por lo que resulta evidente que los derechos consignados se confieren a particulares y no a entes oficiales, como lo es el Municipio actor. Tampoco se contraviene lo dispuesto en los artículos 113 y 115 constitucionales, ya que ni el gobernador, ni el secretario de Gobierno del Estado de Morelos han atentado contra la esfera de competencia del Municipio.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se expresa que lo manifestado por el Municipio actor, en todos y cada uno de los puntos que comprende el capítulo correlativo de su demanda, no constituyen hechos propios del gobernador, ni del secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

De la lectura, en general, de la demanda de controversia constitucional y, en particular, de los diez conceptos de invalidez que plantea el Municipio actor, se advierte que su impugnación se dirige hacia actos emitidos por autoridades distintas al gobernador y el secretario de Gobierno, por lo que dichas autoridades se abstienen de realizar manifestación alguna al respecto.

Independientemente de las causales de improcedencia que se han hecho valer, los actos llevados a cabo por el gobernador y el secretario de Gobierno, en el desarrollo de los correspondientes procedimientos legislativos que concluyeron con la publicación de las normas legales impugnadas, consistentes en su promulgación y orden de publicación, por una parte, y su refrendo y publicación, por otra, se realizaron en apego a las facultades constitucionales y legales con que cuenta cada uno de ellos.

Contrario a lo que afirma el Municipio actor en sus conceptos de invalidez, el gobernador y el secretario de Gobierno en la promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de las normas que impugna, que son los únicos actos atribuibles a dichas autoridades, en ningún momento incurrieron en violación a los dispositivos constitucionales que señala.

Cabe apuntar que el Municipio actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame fundadamente vicios propios de los actos antes señalados, atribuibles al gobernador o al secretario de Gobierno, por lo que resulta evidente que tales autoridades únicamente fueron llamadas a juicio, en cumplimiento al requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado las normas generales impugnadas, para la adecuada tramitación y resolución de la presente controversia constitucional.

En consecuencia, resultan notoriamente infundados los conceptos de invalidez que plantea el Municipio actor en contra del gobernador y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

SÉPTIMO. Al dar contestación a la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Morelos manifestó, esencialmente, lo siguiente:

Respecto del primer concepto de invalidez, aunque el actor pretenda que se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Decretos 1068 y 1069, que contienen reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Morelos, dichos ordenamientos no le deparan perjuicio, toda vez que no se ubica en el supuesto establecido en los mismos. En tal sentido, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si se toma en consideración que entre los actos y las normas generales impugnados no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de éstas en perjuicio del actor.

En relación con el segundo concepto de invalidez y conforme al contenido del Decreto 1067, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, impugnado en la presente controversia, es factible concluir que las disposiciones contenidas en el mismo constituyen el origen del reclamo del actor, a raíz de la notificación del pliego de observaciones resultante de la revisión de la cuenta pública del Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil siete.

El procedimiento legislativo llevado a cabo para reformar los artículos de la Constitución Política Local, impugnados por el actor, así como para aprobar la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado, cumplió con todos y cada uno de los requisitos que exige la propia Constitución Estatal, por lo que no causa ningún agravio al Municipio.

En efecto, en sesión ordinaria de veintidós de julio de dos mil tres, se dio primera lectura a las iniciativas correspondientes y, en sesión ordinaria del día siguiente, segunda lectura, discusión y votación, aprobándose la Ley de Auditoría Superior Gubernamental y ordenándose enviar a los Ayuntamientos las reformas a la Constitución Política del Estado para su aprobación. No obsta mencionar que, por acuerdo del Pleno del Congreso, la aprobación de la citada ley no estaba supeditada, formal ni materialmente, a la aprobación de las reformas a la Constitución Local en la misma sesión (veintitrés de julio de dos mil tres).

Incluso, durante el periodo extraordinario de sesiones que inició el once de agosto de dos mil tres, no se aprobó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23265-0eca700a/controversia-constitucional-los-municipios-de-morelos-carecen-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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