CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES POSIBLE DETERMINAR EN ESA VÍA SI LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS TIENEN EL CARÁCTER DE MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL SER IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS O NORMAS EN MATERIA ELECTORAL. PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA OMISIÓN DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA DE PUBLICAR EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 301, DE 14 DE FEBRERO DE 2011, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 13, 61, 98-A Y 123 DE AQUEL ORDENAMIENTO, CONTRAVIENE EL MANDATO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE, POR EL QUE SE REFORMÓ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TRATÁNDOSE DE DECRETOS QUE LA REFORMAN EL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA NO PUEDE FORMULAR OBSERVACIÓN ALGUNA EN TANTO QUE ESTÁ CONSTREÑIDO A PUBLICARLOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN I, Y 164 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2011. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: FRANCISCO MIGONI GOSLINGA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de noviembre de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil once, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Ávalos Plata, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, promovió controversia constitucional en contra de la omisión del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa de publicar el Decreto Legislativo Número 301 de catorce de febrero de dos mil once, que contiene diversas reformas a la Constitución Local.
SEGUNDO. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil once, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar el expediente y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales quien, en su carácter de instructor, mediante proveído de treinta del citado mes y año admitió la demanda, tuvo como demandado al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y ordenó que se diera vista al procurador general de la República.
TERCERO. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil once, se tuvo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, por conducto del secretario de Gobierno, dando contestación a la demanda. Posteriormente, mediante acuerdo de ocho de agosto del citado año, se tuvo por recibida copia certificada de la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 27/2011-CA, mediante la cual confirmó el auto admisorio que fue impugnado por la autoridad demandada. En el mismo proveído se señalaron las diez horas del treinta de agosto para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en la fecha indicada, según se desprende del acta que obra a fojas 268 del expediente en el que se actúa. En dicha audiencia, se tuvieron por recibidos los escritos mediante los cuales la procuradora general de la República externó opinión y la autoridad demandada formuló alegatos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción primera, del Acuerdo General 5/2001, al no impugnarse una norma de carácter general sino un acto.
SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional se presentó oportunamente.
El Congreso actor combate la omisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de publicar el Decreto Legislativo Número 301 de catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual se reforman diversos preceptos de la Constitución Local.
Tratándose de omisiones, el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo que la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras aquéllas subsistan, según se desprende de la jurisprudencia con número de registro 183581, visible en la página 1296 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."
En congruencia con la jurisprudencia transcrita, debe considerarse que la presente controversia constitucional se promovió oportunamente, toda vez que de las constancias de autos no se aprecia que la omisión que se atribuye a la autoridad demandada haya dejado de persistir, es decir, no se advierte que se haya publicado el Decreto Legislativo Número 301 de catorce de febrero de dos mil once.
TERCERO. La demanda fue suscrita por Jesús Ávalos Plata, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, carácter que acreditó con copia certificada del acta levantada el catorce de enero de dos mil once, con motivo de la sesión ordinaria de la Septuagésima Primera Legislatura, en la que consta que fue designado en dicho cargo por el periodo comprendido del quince de enero al catorce de mayo de dos mil once.
Los artículos 29 y 33 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en lo que interesa, disponen:
"Artículo 29. La mesa directiva se integra con un presidente, quien es el presidente del Congreso, un vicepresidente y tres secretarios, por un periodo de un año, electos en votación nominal y en un solo acto, a propuesta de la Junta, cuidando la representación plural del Congreso."
"Artículo 33. Son atribuciones del presidente del Congreso las siguientes: ... II. Representar jurídicamente al Congreso, con facultades generales y especiales, pudiendo delegar éstas en los funcionarios que él determine."
Como se ve, el presidente de la mesa directiva es el presidente del Congreso, quien está facultado para representar a dicho ente legislativo. Siendo así, es claro que el diputado Jesús Ávalos Plata está legitimado.
Por otra parte, la contestación de demanda fue suscrita por Fidel Calderón Torreblanca, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, el cual acreditó con copia certificada del documento suscrito por Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa, mediante el cual le confirió dicho nombramiento.
El artículo 23, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo dispone:
"Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno, le corresponden las atribuciones que expresamente le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las siguientes: ... X. Representar al gobernador del Estado, por sí o por medio de representante designado al efecto, en los juicios y procedimientos en que sea parte."
De acuerdo con la disposición legal transcrita, es claro que el secretario de Gobierno está facultado para representar al gobernador del Estado de Michoacán.
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el documento en el que consta el nombramiento que le fue expedido al licenciado Fidel Calderón Torreblanca fue certificado por el notario público número 100 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en los términos siguientes:
"... Hago constar y certifico, que la copia fotostática que obra en el anverso, fue confrontada con su original y resultó coincidir fielmente, y que doy fe de tener a la vista. El presente cotejo no tiene más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del mismo documento."
Al respecto, debe decirse que los términos en los que está hecha la certificación de que se trata no es óbice para considerar que el licenciado Calderón Torreblanca está facultado para representar al gobernador del Estado de Michoacán, pues además de que tal representación debe presumirse válida, no obra en autos elemento de convicción alguno que la desvirtúe, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
CUARTO. Deben desestimarse las causas de improcedencia y sobreseimiento que hace valer el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.
En la contestación de demanda, la referida autoridad manifestó que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ... III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia o cuando no se probare la existencia de este último."
Según la autoridad demandada, la citada causa de sobreseimiento se configura porque el Poder Legislativo no acreditó con elemento de convicción alguno la existencia jurídica del acto que impugna, es decir, no demostró la omisión que le atribuye, en tanto que no basta la simple afirmación de que se incurrió en ella.
El anterior argumento debe desestimarse. El Pleno de este Alto Tribunal sustentó la jurisprudencia con número de registro 166988, visible en la página 1502 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.’, sostuvo que cuando en una controversia constitucional se reclamen omisiones, el plazo para promover la demanda es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada. Sin embargo, para que dicha norma de excepción creada por la jurisprudencia cobre aplicación, es menester que precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del actor sea que se llene un vacío legal o se materialice una obligación derivada de la ley, de manera que la sentencia que en su momento se dicte declare que la omisión de la demandada es contraria a las normas jurídicas aplicables, ante la evidencia de que no actuó como debía hacerlo; en la inteligencia de que no basta el incumplimiento de una norma general para que se actualice una omisión impugnable en esos términos, pues para ello es necesario que con ese proceder se produzca un vacío legal o bien la falta absoluta de actuación de la autoridad, ya que de otra forma cualquier infracción a la ley implicaría la omisión y, por tanto, dejar de hacer debidamente lo ordenado bastaría para que el actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, lo cual no puede ser aceptable, por lo que en este supuesto deben regir las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional."
Del criterio transcrito se desprende que cuando en una controversia constitucional se impugne una omisión (como es el caso) debe probarse que la autoridad correspondiente se abstuvo por completo de actuar en el sentido que le obliga la ley. Por consiguiente, para acreditar una omisión es necesario analizar las disposiciones jurídicas de las que deriva la obligación cuya falta de realización se combate.
En el caso, el acto que impugna el Congreso del Estado de Michoacán es la omisión del titular del Poder Ejecutivo Local de publicar el Decreto Legislativo Número 301, mediante el cual se reforman diversos preceptos de la Constitución de dicha entidad federativa. Al respecto, los artículos 37, fracción IV, 60, fracción I y 164, fracciones III, IV y V, de la Constitución Local disponen:
"Artículo 37. Las iniciativas de ley o decreto se sujetarán a los siguientes trámites: ... IV. Aprobado un proyecto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente."
"Artículo 60. Las facultades y obligaciones del gobernador son: I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia."
"Artículo 164. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada en cualquier tiempo, concurriendo los requisitos siguientes: ... III. Que el dictamen de adiciones o reformas se someta a discusión y se apruebe con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso;
"IV. Que una vez aprobado en los términos de la fracción anterior, se someta a discusión y aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos Municipales del Estado; ...
"V. Las adiciones o reformas que fueren aprobadas, se publicarán como leyes constitucionales y no podrá el gobernador hacer observaciones acerca de ellas."
De las disposiciones transcritas se desprende que es obligación del gobernador de dicha entidad federativa promulgar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado de Michoacán. Cuando éste hubiese aprobado un proyecto de ley el titular del Poder Ejecutivo Local, en caso de que no tenga observaciones, deberá publicarlo de inmediato. Cabe destacar que el derecho a formular observaciones no se le confiere tratándose de adiciones o reformas a la Constitución Local, de lo que se sigue que, una vez recibido el decreto correspondiente, deberá publicarlo.
En relación con lo anterior, conviene tener presente que esta Segunda Sala sustentó la tesis con número de registro 199211, visible en la página 490 del Tomo V, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PROMULGAR, PUBLICAR Y CIRCULAR LAS LEYES SON VOCABLOS SINÓNIMOS. Si los términos en que está redactado el precepto de una Constitución Local conforme al cual se otorgan facultades al gobernador para promulgar, publicar y hacer circular las leyes que expide el Congreso Local, son similares al contenido de los numerales 70, 72, inciso a), 89, fracción I, de la Carta Magna, deben también estimarse como sinónimos los vocablos ‘promulgar, publicar y circular’, con apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página doscientos veinticuatro de los volúmenes ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y cuatro de la Séptima Época, de rubro ‘PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES.’, pues con fundamento en dicha tesis, la orden o facultad contenida en el precepto constitucional local, consistente en que el titular del Poder Ejecutivo haga circular las leyes del Congreso de la entidad federativa, no es otra cosa que la de promulgar o publicar formalmente la ley, por lo que ningún agravio se irroga con tener por inexistente un acto reclamado consistente en la ‘circulación’ de una ley local, al haberse tenido como cierto el diverso acto relativo a la promulgación, ya que esos términos deben considerarse como sinónimos."
Lo expuesto en párrafos precedentes permite afirmar que tratándose de decretos de reforma a la Constitución del Estado de Michoacán, una vez que son aprobados por el Congreso y remitidos al gobernador del Estado, éste tiene la obligación de publicarlos. Esto es así, porque tratándose de ese tipo de reformas este último funcionario no tiene atribuciones para formular observaciones, de manera que su intervención en esta etapa se limita exclusivamente a la publicación.
En el caso, de las constancias de autos se aprecia que mediante el Decreto Legislativo Número 301, de catorce de febrero de dos mil once, el Congreso del Estado de Michoacán reformó los artículos 8, 13, 61, 98-A y 123 de la Constitución Local y, en esa misma fecha, fue remitido al titular del Poder Ejecutivo para su publicación, según se desprende del oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0020/11 que obra a foja 1757 del tomo II del expediente en el que se actúa. Cabe precisar que dicho oficio se recibió en la Secretaría de Gobierno el propio catorce de febrero de dos mil once.
No obstante lo anterior, en el expediente no obra constancia alguna que acredite que tal publicación se haya hecho. Por el contrario, del análisis integral del escrito mediante el cual el gobernador de dicha entidad federativa contestó la demanda se advierte que no ha publicado dicho decreto. Siendo así, es claro que la omisión que impugna el poder actor está demostrada, por lo que no se actualiza la causa de sobreseimiento invocada por la autoridad demandada.
Por otra parte, aduce el gobernador del Estado de Michoacán que del análisis del Decreto Legislativo Número 301 se desprende que las reformas a los artículos 8, 13, 61, 98-A y 123 de la Constitución Local están vinculadas exclusivamente con temas electorales, lo que se corrobora con el hecho de que la pretensión del poder actor, al promover la controversia constitucional, es que tales reformas se apliquen en el proceso electoral que actualmente se está desarrollando en el Estado de Michoacán.
Agrega la autoridad demandada que la naturaleza electoral de las reformas se confirma con el hecho de que en el acuerdo adoptado por los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Septuagésima Primera Legislatura, el dieciséis de marzo de dos mil once, consistente en promover la presente controversia constitucional, se afirmó:
"... la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo aprobó los decretos mediante los cuales dio cumplimiento al mandato constitucional que le fue ordenado, con la finalidad de que en tiempo y forma los ciudadanos y los actores que involucran el proceso electoral tuvieran reglas claras, perfectamente definidas con el debido tiempo que marca el artículo 105 de la Carta Fundamental, tal y como lo dispuso el Congreso de la Unión en el decreto multicitado ... En efecto, por tanto al no cumplir con dichas obligaciones el gobernador del Estado de Michoacán afecta en forma general las normas que legalmente se construyeron por el Congreso del Estado a efecto de organizar un proceso electoral acorde ... al no publicar o promulgar los decretos citados no se actualiza la legislación electoral a los principios y valores constitucionales vigentes contemplados con la Carta Fundamental vigente para la organización de las elecciones, circunstancia que es determinante para la organización de los comicios para este año en nuestra entidad ..."
Según el gobernador del Estado de Michoacán, de lo anterior se desprende que el Decreto Legislativo Número 301 versa sobre materia electoral. Luego, si la publicación forma parte del proceso de reforma es incuestionable que aquélla se encuentra vinculada con dicha materia. De aquí que se actualicen las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones II y VIII, de la ley reglamentaria de la materia, esta última, en relación con los artículos 1o. de la propia ley y 105, fracción I, de la Constitución General. Estos preceptos, en lo que interesa, dicen:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: ..."
Los argumentos de la autoridad demandada deben desestimarse. Según se vio, el poder actor se constriñe a impugnar la omisión del gobernador del Estado de Michoacán relativa a no publicar el Decreto Legislativo Número 301 de catorce de febrero de dos mil once. La obligación de dicha autoridad de hacer tal publicación deriva de los artículos 37, 60 y 164 de la Constitución de dicha entidad federativa que, entre otras cuestiones, regulan el proceso de reforma a la mencionada Constitución, sin hacer distinción alguna respecto de la materia sobre la que aquélla verse.
En el caso, para resolver el planteamiento del poder actor, es decir, para determinar si la omisión que se atribuye a la autoridad demandada está o no justificada constitucionalmente, no es necesario analizar la materia sobre la que versan las reformas del referido decreto, máxime que en la demanda el actor sostuvo de manera destacada lo siguiente:
"... el Poder Ejecutivo de Michoacán no ha cumplido con lo que dispone el artículo 164, fracción V, de la propia Constitución ... La controversia constitucional que promovemos no se trata de la materia electoral, sino exclusivamente de que el Poder Ejecutivo de Michoacán ha sido omiso ... a cumplir con su deber constitucional de publicar reformas y adiciones a nuestra Constitución Local."
Conviene tener presente que el actor no hace valer conceptos de invalidez en contra del contenido del Decreto Legislativo Número 301, sino que se limita a inconformarse exclusivamente por la falta de publicación, es decir, porque el gobernador no ha realizado lo que le corresponde dentro del proceso de reforma correspondiente. Luego, para resolver sus planteamientos no debe abordarse el estudio de las reformas.
En congruencia con lo anterior, es claro que la materia de la presente controversia constitucional no es electoral, pues lo único que se impugna es la omisión de publicar un decreto mediante el cual se reformó la Constitución del Estado de Michoacán.
Lo sostenido en párrafos anteriores se corrobora si se tiene presente que el Pleno de este Alto Tribunal sustentó la jurisprudencia visible en la página 1280 del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para resolver una controversia por no inscribirse ésta en la ‘materia electoral’ excluida por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se impugnen ‘leyes electorales’ -normas generales en materia electoral-, porque la única vía para analizar su constitucionalidad es la acción de inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la ley reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del País -en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de la ‘materia electoral’ en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral ‘directa’ y la ‘indirecta’, siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales."
Conforme al criterio transcrito, son actos en materia electoral los que están relacionados directamente con los procesos relativos al sufragio ciudadano y que, por ende, deben ser del conocimiento de las autoridades electorales.
En el caso, como se ha visto, el acto que se impugna consiste exclusivamente en la omisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de publicar un decreto mediante el cual se reformaron diversos preceptos de la Constitución Local, sin que el contenido de tales reformas y la materia con la que éstas se encuentran vinculadas sean aspectos que deban ser examinados.
En congruencia con lo anterior, si la obligación de publicar los decretos que aprueba el Congreso de dicha entidad federativa (con independencia de la materia sobre la que versen) está regulada en la Constitución Local y, además, tal obligación no tiene relación directa o indirecta con los procesos relativos al sufragio ciudadano, es incuestionable que no se trata de materia electoral y, en consecuencia, no se actualizan las causas de improcedencia aducidas por la autoridad demandada.
En otro orden de ideas, en la contestación de demanda el representante del gobernador del Estado de Michoacán manifestó lo siguiente:
"... Lo anterior viene a corroborar la falta de sustento y la inoperancia de la pretensión del actor, ya que pretende construir ficticiamente la existencia de un acto que nunca se ha materializado, concretándose únicamente a realizar un señalamiento vago e impreciso, pero nunca a exponer y demostrar en qué consiste esa falta de motivación y fundamentación ... como tampoco la existencia de un acto o hecho que margine a esa conclusión, mucho menos especifica, señala ni acredita la invasión de atribuciones entre los dos poderes, cuestión fundamental en las controversias constitucionales, pues no reclama para sí facultad o competencia que le pudiera corresponder, en otras palabras, no señala el derecho, facultad, obligación, competencia o responsabilidad constitucional o legal del Ejecutivo que represento que le corresponda al Legislativo y que pueda hacer valer ante esta instancia o bien que se haya cometido un acto contrario a lo señalado en la Constitución ..."
Como se ve, el demandado sostuvo, de manera destacada, que el poder actor no mencionó cuál es la atribución que fue invadida por el propio demandado ni cuál es la facultad que fue ejercida por éste y que le corresponde exclusivamente al Congreso Local, lo cual es indispensable en la controversia constitucional. Asimismo, sostuvo que la ausencia de tales señalamientos implica que dicho medio de control de la constitucionalidad produce su "inoperancia".
Sobre el particular, debe decirse que si fuera verdad lo expuesto por el demandado la controversia constitucional sería improcedente (no inoperante), en virtud de que si el poder actor no resintiera afectación alguna, carecería de interés legítimo para promoverla. En relación con esta afirmación, es conveniente tener presente la jurisprudencia con número de registro 188857, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 881 del Tomo XIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación."
Conforme a la citada jurisprudencia, la controversia constitucional es un medio de control de la constitucionalidad dirigido a salvaguardar el ámbito de atribuciones de los órganos originarios del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23341-2c041b86/controversia-constitucional-no-es-posible-determinar-en-esa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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