SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 472/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 25 DE ENERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados especializados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por Enrique Munguía Padilla, Magistrado del Segundo Tribunal en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil once, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO ... CUARTO. ... Los agravios expuestos resultan fundados aunque para ello deba suplirse su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, al ser el quejoso, trabajador pensionado. Para una mejor comprensión del asunto conviene señalar que el quejoso reclamó de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo octavo transitorio del decreto de reformas y adiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de seis de enero de mil novecientos noventa y siete. Así como la aplicación y ejecución del artículo antes citado, que atribuyó al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al secretario de Hacienda y Crédito Público. Señalando que el tesorero de la Federación tenía el carácter de tercero perjudicado y el primer acto de aplicación de la norma lo constituía la resolución de otorgamiento de pensión de vejez, la cual le fue notificada el veinticinco de enero de dos mil diez. La juzgadora de amparo, visto el informe remitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social al cual adjuntó copia certificada de la resolución pensionaria, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil once, previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social al ser la autoridad que emitió la resolución pensionaria, dado que el quejoso omitió señalarlo como autoridad responsable (folio 193). Mediante ocurso recibido el veintisiete de abril del año el curso, en la oficialía de partes del juzgado de amparo, el quejoso desahogó la prevención anterior, en el sentido de que se continuara el juicio con las autoridades que señaló en su escrito inicial de demanda (folio 202). El dieciséis de mayo de dos mil once, se llevó a cabo la audiencia constitucional la que concluyó con el dictado de la sentencia recurrida en la que la Juez Federal, en el considerando cuarto, estimó que en el caso, respecto del acto de aplicación del artículo octavo transitorio reclamado, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no designó como autoridad responsable al jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad que emitió la resolución pensionaria de veintiuno de diciembre de dos mil diez, misma que constituía el primer acto de aplicación del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no obstante que mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil once, lo previno para que manifestara si era su deseo señalar a dicha autoridad como responsable. Bajo ese contexto, estimó que procedía decretar el sobreseimiento en el juicio por cuanto hacía a la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio antes citado, de conformidad con el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que al resultar improcedente el juicio de garantías respecto del primer acto de aplicación de la norma reclamada, de igual forma lo era respecto de la ley al ser combatida con motivo de su primer acto de aplicación. Determinación que resulta incorrecta. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto se hicieron consistir en la expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, concretamente lo que se refiere al artículo octavo transitorio de esa legislación, así como la transferencia, recepción y administración de los fondos acumulados de la subcuenta de vivienda del quejoso, quien además señaló que el acto concreto de aplicación se dio el veintiuno de diciembre de dos mil diez, fecha ésta en la que se emitió la resolución para el otorgamiento de pensión bajo la resolución **********, otorgada bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de 1997, y que le fue notificada el veinticinco de enero de dos mil once, como se advierte de la siguiente transcripción: ‘... IV. Acto reclamado: Lo es la siguiente: 1. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicada el 6 de enero de 1997, por medio de su artículo octavo transitorio, acto que atribuyo en cuanto a su expedición al Congreso de la Unión, por lo que hace a su promulgación al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace al refrendo al secretario de Gobernación y en cuanto a su publicación al director del Diario Oficial de la Federación, y por lo que hace a su aplicación o ejecución al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y por lo que hace el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, aun y cuando este último no interviene directamente en el proceso legislativo recibe, invierte y administra ilegalmente para un fin distinto para el cual fueron creados los recursos de vivienda provenientes de la cuenta individual del trabajador quejoso, por lo que también se les reclama a todas las autoridades responsables directamente como consecuencia del acto reclamado todos los rendimientos que produzcan los recursos enviados al suscrito al Gobierno Federal bajo los términos de la ley que rige al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. V. Fecha en que el suscrito tuvo conocimiento del acto reclamado: Es un acto de carácter heteroaplicativo que se actualizó el día veintiuno de diciembre del año dos mil diez, notificado personalmente al suscrito el día veinticinco de enero del año dos mil once, actualizándose el primer acto de aplicación o ejecución simultáneamente en el instante en que se autorizó y notificó concretamente el otorgamiento de la pensión del afectado quejoso bajo el número de resolución **********, precisándose que el primer acto de aplicación o ejecución como reclamado se materializa automáticamente y concretamente con la aplicación del artículo octavo transitorio de la ley en cita, es decir, con la remisión de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda del trabajador al Gobierno Federal para su ilegal administración, es decir, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Tesorería de la Federación. ... . VIII. Antecedentes de protesta legal: ... (los transcribe) ...’. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, que el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, transgrede el artículo 123, apartado ‘A’, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí, ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión. Asimismo, emitió criterio en el sentido de que el citado artículo transitorio es violatorio de la garantía de previa audiencia, en razón de que sin permitirle decidir el destino o uso que consideren conveniente a sus intereses respecto de la cantidad total acumulada en la subcuenta de vivienda que forma parte de su patrimonio, da a los mencionados recursos un destino diferente a aquél para el cual fueron constituidos por el artículo 123, apartado ‘A’, fracción XII, constitucional, consistente en la obtención de un crédito accesible y barato para la adquisición de vivienda o, en su defecto, la entrega al trabajador de tales fondos al momento de su retiro de la vida laboral. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 32/2006 y tesis aislada XVIII/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 252 y 461, respectivamente, del Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos, son: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.’ (se transcribe). Bajo esa óptica, es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio jurisprudencial en el sentido de que no debe examinarse la constitucionalidad de un acto, si no se señala en la demanda de garantías como responsable a la autoridad de la que proviene, en este caso, al jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que, en esas condiciones, se le deja en estado de indefensión. Sin embargo, esta hipótesis general no resulta aplicable en el presente caso, por dos razones, una porque no sólo se señaló como acto de aplicación del aludido artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la resolución de otorgamiento de pensión, sino también como actos de aplicación se especificaron la transferencia, recepción y administración de los fondos acumulados de la subcuenta de vivienda del pensionado quejoso, atribuidos respectivamente al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que resultaron ciertos y, la otra, cuando uno de los actos que se combaten en el juicio de garantías, es una ley que ya ha sido declarada inconstitucional por dicho Máximo Tribunal y no se llamó a juicio a la autoridad responsable del acto de aplicación, porque en tales circunstancias, opera inclusive la suplencia de la queja deficiente establecida en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que el vicio de indefensión aludido no se presenta, habida cuenta que ninguno de los argumentos que pueda expresar la autoridad aplicadora no llamada a juicio, podrá hacer variar el criterio de inconstitucionalidad de la ley reclamada establecido por la jurisprudencia; ello si se toma en cuenta, por una parte, que de acuerdo con la ley de la materia, a las autoridades aplicadoras sólo compete rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que específicamente se les reclama y no los de la ley, que les son ajenos. Sustenta esta determinación la tesis 4a. VIII/93, que sostuvo la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53 del Tomo XI, junio de 1993, Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 BIS, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA CUANDO SE RECLAMA UNA LEY EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVA Y ÉSTA HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO LLAMADA A JUICIO LA AUTORIDAD RESPONSABLE APLICADORA.’ (se transcribe). Por consiguiente, resulta suficiente para abordar el estudio de constitucionalidad del artículo octavo transitorio del decreto de reformas de la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, con motivo de la resolución recaída a la elección de régimen pensionario, e incluso el estudio de esa resolución, la intervención en el juicio de amparo de las autoridades denominadas Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la individualización de los efectos de aquel precepto legal a través de la transferencia de los citados recursos. Autoridades quienes si bien al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos consistentes en la aplicación y/o ejecución del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con el propio informe justificado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (foja 138 vuelta), pues de éste se evidencia su participación, ya que en el mismo la citada autoridad señaló: ‘... se informa a ese juzgador, que el INFONAVIT en acatamiento a lo dispuesto por el artículo octavo transitorio ... transfirió con fecha 28 de diciembre de 2010 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las aportaciones correspondientes a la subcuenta de vivienda del trabajador **********, a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete ...’; razón por la que los actos reclamados a dichas autoridades deben tenerse por ciertos. Atendiendo a lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las diversas causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, cuyo estudio omitió la Juez de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y sólo en el caso de que no prospere ninguna ni se advierta oficiosamente la operancia de alguna, se levantará el sobreseimiento decretado y procederá el estudio de los conceptos de violación omitidos por el juzgador. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1985, Tomo VIII, página doscientos sesenta y dos, del contenido: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’ ..."
Similares consideraciones adoptó el citado Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de uno de septiembre de dos mil once, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO ... IV. En principio, cabe señalar que, resulta innecesario el estudio de los agravios que hace valer el quejoso recurrente, toda vez que este órgano colegiado estima que el Juez de Distrito que conoció del trámite del presente asunto, incurrió en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, dado que no dio oportunidad al quejoso de que, en su caso, enderezara su demanda de garantías respecto de una autoridad que tuvo participación en la emisión de los actos reclamados, lo que actualiza la hipótesis de la fracción IV del numeral 91 de la Ley de Amparo, como enseguida se verá. El citado artículo 91, fracción IV, dispone: (copia). El numeral anteriormente transcrito consigna las reglas que el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito deben observar, destacando aquellas en las que se debe reponer el procedimiento cuando de la tramitación del juicio apareciere que hubo una omisión que dejó sin defensa a la parte recurrente o que indebidamente no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en él. Asimismo, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que cuando se advierta la participación de una autoridad no señalada como responsable por el quejoso, el Juez de Distrito debe prevenirlo a efecto de que, en su caso, amplíe su demanda respecto de tal autoridad y actos que considere le causan perjuicio, lo que conlleva que dicha autoridad acuda a juicio, manifieste si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye, si existe alguna causa de improcedencia y, en todo caso, justifique el acto, ello con el propósito de que el juzgador pueda resolver la litis constitucional en su integridad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, cuyos rubro y texto, son: ‘INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.’ (se transcribe). Ahora bien, como se precisó en los resultandos de la presente ejecutoria **********, por propio derecho, acudió en demanda de amparo, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ‘A) Del Congreso de la Unión, el hoy quejosos reclamó en este juicio de amparo la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete y que entró en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, de manera muy especial el artículo 8o. transitorio .... -B) Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el hoy quejoso reclamó en este juicio de amparo la promulgación, publicación y ejecución del decreto (antes citado) ... . C) Del C. Secretario de Gobernación, el hoy quejoso reclamó en este juicio de amparo el refrendo del decreto (aludido) ... . D) Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, el hoy quejoso reclamó en este juicio de amparo la publicación del decreto ... . E) De la Tesorería de la Federación ... . F) Del C. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social ... . G) Del C. Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ... . H) De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ... Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... todos los actos, acuerdos u órdenes realizados directamente por (ellos) ... tendentes a la aplicación o ejecución del decreto (multicitado) ...’. Además, manifestó al narrar los antecedentes del caso bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, lo siguiente: ‘... 4. El día 03 de agosto del 2006, dejé de prestar mis servicios como asalariado, por tanto causando baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, y al haber cumplido con los requisitos que me impone la Ley del Seguro Social para la obtención de la pensión de cesantía, inicié el día 14 de septiembre del 2010, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mis trámites de pensión por cesantía, firmando el día 13 de octubre del 2010, el documento denominado resolución para el otorgamiento de pensión de: cesantía, número **********, de fecha 04 de octubre del año 2010, pensión otorgada bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. 5. Con el otorgamiento de la pensión de cesantía al amparo del régimen de pensiones establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete en sus artículos 143, 144 y 145, automáticamente me ubiqué en el presupuesto que establece el artículo 8o. transitorio de la Ley del Infonavit, mismo que establece que: «Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones.». Situación en la cual no estoy de acuerdo, en virtud de que dichos recursos, al ser de mi propiedad, sólo yo puedo determinar el destino de los mismos, además de no existir consentimiento expreso de mi parte ya que en ningún momento he manifestado de manera verbal o por escrito mi consentimiento a que los fondos de vivienda que generé a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, financien mi pensión y porque además dichos fondos ni financian ni incrementan mi pensión, además de que dicho artículo 8o. transitorio de la Ley del Infonavit ya ha sido declarado inconstitucional por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.’ (fojas 5 y 6 de autos). Acto consistente en la resolución para el otorgamiento de pensión de cuatro de octubre de dos mil diez, que precisó como reclamado el juzgador de amparo en la sentencia recurrida, como se desprende de la siguiente transcripción: ‘... Finalmente, de la Tesorería de la Federación, del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, reclama todos los actos relacionados con la aplicación en perjuicio del quejoso, de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se combate, lo que se traduce en la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía al quejoso ...’. Ahora, de las constancias de autos se desprende que mediante oficio de veintidós de noviembre de dos mil diez, el jefe de la División de Amparos Fiscales, en ausencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del secretario general del propio instituto y de los directores de Incorporación y Recaudación de Finanzas, de Administración y Evaluación de Delegaciones y Jurídico, de la coordinadora de Asuntos Contenciosos y de la jefa de División Normativa Fiscal, previo requerimiento del Juez de Distrito, remitió entre otras documentales, la resolución para otorgamiento de pensión del quejoso de cesantía ********** de cuatro de octubre de dos mil diez, emitida por el jefe de Departamento de Pensiones Subdelegación Tlalnepantla, Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, como se aprecia de la reproducción vía escáner que se realiza de la citada documental: (se inserta documento digitalizado). De lo anterior se aprecia la existencia de una autoridad diversa a las señaladas por el quejoso en el escrito inicial de demanda, quien tiene injerencia en la emisión del acto de aplicación de la norma reclamada. El oficio citado remitido por la referida autoridad fue acordado por el Juez de Distrito del conocimiento mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, en el que se precisó en la parte que interesa lo siguiente: ‘... Agréguese a los autos, el oficio signado por el jefe de la División de Amparos Fiscales, en ausencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y, al efecto, remite copia certificada del documento de oferta: retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía, así como de su respectiva constancia de notificación, a nombre del quejoso **********. Relaciónese en la audiencia constitucional.’ (foja 87). Ahora bien, de la sentencia recurrida se advierte que el Juez Cuarto de Distrito del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, procedió de oficio a analizar la causal de improcedencia del juicio de garantías contenida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de la discusión, aprobación, expedición, orden de publicación y publicación del decreto por el que se reforma el artículo 8o. transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1997, concluyendo que se actualizaba la ci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23497-3cf0fea4/seguro-social-el-jefe-de-departamento-de-pensiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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