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Modo: Corpus Pro

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. LA POTESTAD DE SU EJERCICIO NO PUEDE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE PERFECCIONAR LAS PRUEBAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS, O SUPLIR A LAS PARTES EN SU OFRECIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 392/2011. · Registro digital (IUS): 23592
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1865.

AMPARO EN REVISIÓN 392/2011. 29 DE FEBRERO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: PEDRO PABLO HERNÁNDEZ LOBATO. ENCARGADO DEL ENGROSE: EDUARDO OCHOA TORRES. SECRETARIO: NAPOLEÓN NEVÁREZ TREVIÑO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son fundados en parte e inoperantes en otra, los agravios hechos valer, como a continuación se demuestra:

De las constancias que integran el procedimiento de origen, las cuales fueron agregadas al juicio de amparo indirecto ********** con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y que adquieren eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se advierte lo siguiente:

1. ********** promovió juicio ordinario civil sobre divorcio necesario en contra de **********, ello teniendo como marco normativo las fracciones XI y XVIII del artículo 267 del Código Civil del Estado.

2. De esa demanda correspondió conocer al **********, quien por auto de veintidós de junio de dos mil nueve admitió a trámite la demanda de mérito.

3. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil nueve, el demandado compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y por auto de veintiocho de julio se le tuvo por contestando en tiempo y forma.

4. Seguido el juicio por sus cauces legales, el veintiséis de marzo de dos mil diez, el Juez natural dictó sentencia definitiva en la que declaró la improcedencia de la acción.

5. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la **********, quien mediante resolución de once de agosto de dos mil diez, determinó que era procedente, en suplencia de la queja, revocar la resolución recurrida, por lo que ordenó la reposición del procedimiento, para los siguientes efectos:

• Que el Juez natural, una vez que le fuera remitido el testimonio de apelación correspondiente, dispusiera lo necesario a fin de que se allegue de la información y recabe mayores elementos de prueba que lleguen a determinar, fehacientemente, el análisis exhaustivo de las presuntas conductas de violencia familiar en perjuicio de ********** descritas en la solicitud inicial de demanda y que son imputadas a **********, con base en la casual de divorcio contemplada en la fracción XVIII, del artículo 267, del Código Civil del Estado, en relación con el diverso 323 Bis del citado Código sustantivo, por lo que, conforme con los artículos 49, 239 y 309 del Código Procesal Civil local, deberá proceder a recabar y desahogar, aún de forma oficiosa, la prueba pericial en materia de psicología respecto de los contendientes; ello, a través de la evaluación psicológica, pues es patente la necesidad de que profesionistas especiales en psicología orienten al juzgador sobre la problemática existente y se determinen los siguientes puntos:

1) Si la demandante se encuentra sujeta a situaciones que constituyan violencia familiar.

2) Si por dicha conducta ha sufrido una afectación tanto física como psicológica.

3) Determinar, en su caso, qué persona es la que provoca el daño observado hacia la evaluada; y en lo que hace al demandado **********, se le determine si posee la conducta violenta y/o agresiva que lo lleve a realizar una actitud de violencia familiar.

• Posteriormente, señaló que la prueba pericial en comento debía desahogarse con la correspondiente intervención de las partes, sujetándose a las reglas contenidas en los artículos 310 y siguientes a éste, en cuanto sean aplicables al caso concreto del Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León; incluso, de estimarlo necesario, el juzgador gozaba de amplias facultades para que aun de oficio, ordene cualquier otra providencia que considere benéfica para la consecución de la verdad y de la justicia que constituye interés fundamental y común de las partes y de la audiencia judicial ante quien se tramitan los procedimientos, así como para el real esclarecimiento de los hechos imputados, incluyendo la recabación oficiosa de pruebas, o bien, decretar la ampliación de diversos elementos convictivos distintos de los ofrecidos por las partes, en el entendido de que la autoridad de primera instancia deberá velar en todo momento por el adecuado desahogo de las probanzas conducentes en un prudente lapso de tiempo.

6. En desacuerdo con dicha determinación el demandado **********, mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en Monterrey, Nuevo León, compareció a promover juicio de garantías, del cual correspondió conocer al **********, bajo el número de expediente **********, quien por resolución constitucional de siete de septiembre de dos mil diez, terminada de engrosar el diez de noviembre del año en cita, determinó negar el amparo solicitado, al estimar que resultaban inoperantes los conceptos de violación formulados por el quejoso, al no combatir las consideraciones ni las disposiciones legales que sostienen la resolución reclamada.

7. Inconforme con la resolución constitucional, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer a este **********, en donde por sesión plenaria de treinta de marzo de dos mil once, determinó revocar el fallo recurrido y conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos:

"... a) La Sala responsable, deje insubsistente la resolución reclamada.

"b) Emita otra en la que se ajuste a los alcances de la suplencia de la queja prevista en el artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles en el estado, y con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de apelación sometido ante su potestad, conforme a derecho proceda de manera fundada y motivada."

8. El quince de abril de dos mil once, la Magistrada de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, por una parte, dejó insubsistente el acto reclamado y, por otro, emitió resolución dentro del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"... PRIMERO. Se cumplimenta la ejecutoria emitida el día 30-treinta de marzo de 2011-dos mil once, terminada de engrosar el 5-cinco de abril del mismo año, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, pronunciada en el juicio de amparo en revisión número 486/2010/3, interpuesto por ********** en contra de la sentencia constitucional de fecha 7-siete de septiembre de 2010-dos mil diez, terminada de engrosar el día 10-diez de noviembre del mismo año, emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 934/2010-V-A, promovido por el quejoso en contra de la resolución de fecha 11-once de agosto de 2010-dos mil diez, emitida dentro de los autos que conforman el toca de apelación en definitiva número 278/2010, deducido del expediente judicial número 850/2009, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, promovido por ********** en contra de **********. SEGUNDO. En acatamiento a lo ordenado por la referida ejecutoria de amparo, se deja insubsistente la sentencia dictada por esta autoridad en fecha 11-once de agosto de 2010-dos mil diez, y con plenitud de jurisdicción, se emite una nueva, en la que se resuelve lo siguiente:

"TERCERO. Son inatendibles los agravios expresados por la señora **********, sin embargo, dada la oficiosidad con la que fue analizado el procedimiento por esta alzada, es procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora ********** en contra de la resolución definitiva dictada en fecha 26-veintiséis de marzo del 2010-dos mil diez, por el Juez Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente número 850/2009, formado con motivo del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, promovido por ********** en contra de ********** asunto del que esta Sala conoce bajo el toca de apelación en definitiva número 278/2010.

"CUARTO. Se revoca la sentencia descrita en el resolutivo inmediato anterior, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución.

"QUINTO. Se ordena la reposición del procedimiento en los términos indicados en la parte final del considerando cuarto de la presente resolución, ordenándose en su lugar la restauración del procedimiento a efecto de que el Juez de primer grado, una vez que le sea remitido el testimonio de apelación correspondiente, disponga lo necesario a fin de que se allegue de la información y recabe mayores elementos de prueba que lleguen a determinar fehacientemente el análisis exhaustivo de las presuntas conductas de violencia familiar en perjuicio de la recurrente ********** descritas en la ********** inicial de demanda y que son imputadas a la parte demandada **********, con base en la causal de divorcio contemplada en la fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil del Estado, en relación con el diverso 323 Bis del citado código sustantivo, por lo que conforme a los dispositivos legales 49, 239 y 309 del código procesal civil estatal, deberá proceder a recabar y desahogar, aún de forma oficiosa, la prueba pericial en materia de psicología respecto de los contendientes **********, ello a través de una evaluación psicológica, pues es patente la necesidad de que profesionistas especiales en psicología orienten al juzgador sobre la problemática existente y se determinen los siguientes puntos: 1) Si la demandante ********** se encuentra sujeta a situaciones que constituyan violencia familiar; 2) Si por dicha conducta ha sufrido una afectación psicológica; y 3) Determinar, en su caso, qué persona es la que provoca el daño observado hacia la evaluada; y en lo que hace al demandado **********, se le determine si posee una conducta violenta y/o agresiva que lo conlleve a realizar una actitud de violencia familiar. En el entendido de que la prueba pericial en comento debe desahogarse con la debida intervención de las partes, sujetándose a las reglas contenidas en los artículos 310 y siguientes a éste, en cuanto sean aplicables al caso concreto, del código procesal civil del Estado de Nuevo León; en la inteligencia de que deberá tomarse en consideración cuánta información sea necesaria para rendir una evolución psicológica más apegada a derecho, cumpliendo con las reglas de la psicología, incluyendo récords, u otros documentos y entrevistas con las partes que sean potencialmente relevantes, como en este caso serían los hijos de los contendientes **********, así como demás familiares que tengan relación directa con los contendientes.

"Además, se considera importante resaltar que, de estimarlo necesario, el juzgador goza de las más amplias facultades para que, aún de oficio, ordene cualquier otra providencia que considere benéfica para la consecución de la verdad y de la justicia que constituye interés fundamental y común de las partes y de la autoridad judicial ante quien se tramitan los procedimientos, a sí como para el real esclarecimiento de los hechos imputados, incluyendo, la recabación oficiosa de pruebas, o bien, decretar la ampliación de diversos elementos convictivos distintos a los ofrecidos por las partes; en el entendido de que, la autoridad de primera instancia, deberá velar en todo momento por el adecuado desahogo de las probanzas conducentes en un prudente lapso de tiempo, ello, en atención a que, como esta contienda incide directamente en el bienestar de la impetrante sujeta a violencia familiar, su veredicto debe ser de forma ágil, por su importancia y trascendencia social.

"En consecuencia y, una vez hecho lo anterior, se dicte de nueva cuenta la sentencia correspondiente de acuerdo a la litis planteada, valorando con apego a derecho la totalidad de las pruebas que obren en el juicio, y en lo particular, respecto a la demandante, analice en su conjunto la confesional por posiciones a cargo de la parte demandada ********** la testimonial ofrecida en la persona de ********** las documentales públicas, como lo son las certificaciones de la averiguación criminal previa número ********** que se ventila ante la Agencia del Ministerio Público Número Cuatro de Justicia Familiar, iniciada con motivo de la denuncia presentada por la señora ********** en contra de ********** dentro de las cuales obra el dictamen psicológico practicado a la disidente ********** por los licenciados ********** peritos en el área de psicología de la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el día 1o. primero de abril del 2009-dos mil nueve, además de la instrumental de actuaciones de la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humana, y demás elementos de prueba ofertados por la opositora ********** para demostrar su acción, así como analice la prueba pericial en materia de psicología que se ordena, y en su caso, valore también cualquier otro elemento de prueba que de manera oficiosa se haya recabado, ya que del análisis profundo y exhaustivo de cada una de ellas y concatenadas entre sí, se podrían observar circunstancias que involucren las cuestiones planteadas por la quejosa ********** en el escrito inicial de demanda, debiendo tomar en norma rectora de su resolución, lo más conveniente para garantizar y salvaguardar los intereses de la objetante, en estricta observancia a lo previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 49 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, dejando al libre albedrío de la autoridad judicial sobre la pronunciación de la misma.

"SEXTO. Dados los razonamientos expuestos en el considerando quinto del presente fallo, no ha lugar a hacer condenación en costas en este juicio.

"SÉPTIMO. Notifíquese personalmente. ..."

9. En desacuerdo con la determinación anterior, el demandado **********, mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en Monterrey, Nuevo León, compareció a promover juicio de garantías, del cual correspondió conocer al **********, bajo el número de expediente **********, quien por resolución constitucional de dos de junio de dos mil once, terminada de engrosar el dieciocho de julio del año en cita, determinó negar el amparo solicitado.

Inconforme con la determinación anterior, el quejoso **********, promovió el recurso de revisión que ahora se analiza.

En sus agravios, refiere el inconforme que la resolución impugnada violenta el contenido de los artículos 229, 230, 232, 237, 239, 249, fracción I, 241, 309, 310 y 313 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al no llevarse a cabo el estudio de dichas disposiciones tanto por la responsable como por el Juez de Distrito; que además hay violaciones a los numerales 267 fracción XVIII y 323 Bis, del Código Civil en vigor, así como a los ordinales 49, 239 y 952 del código adjetivo local y, en consecuencia, a lo establecido en los diversos 14, 16 y 17 constitucionales.

Aduce el quejoso que en el fallo recurrido existe una ausencia de estudio de los hechos que originaron el juicio natural y que el Juez Federal efectuó un análisis en forma subjetiva, olvidándose de las constancias que lo integran y que originan las resoluciones y que ese análisis lo conllevó a entresacar lo que a su juicio le perjudicaba aun cuando sea en forma equivoca e ilegal.

Refiere, que el Juez de origen respetó el contenido de las disposiciones aplicables a la materia y dio debido cumplimiento al contenido del artículo 402 del Código Procesal Civil, así como al 19 del Código Civil en vigor, y para ello basta con dar lectura a su resolución, contrario a lo que realizaron tanto la responsable como el a quo federal.

Manifiesta el inconforme, que para nadie es desconocido el contenido de los artículos que enunció la responsable y que sin lugar a dudas el Juez de origen respetó, aun y cuando la ad quem inobservó lo establecido en el segundo párrafo del numeral 49 en que fundamentó su resolución, el cual establece que: "Los Jueces para lograr el propósito mencionado, cuidando siempre de conservar la igualdad de las partes y de no lesionar sus derechos".

Señala, que cómo hablar de la igualdad de las partes, cuando en ningún momento hace alusión a su persona sino para recriminarle y presuponer una responsabilidad en múltiples actos que enuncia, aun y cuando no exista probanza alguna que lo demuestre, siendo que el contenido procesal le resulta favorable.

Que ni siquiera se dio lectura a las pruebas, documentos, contestación a la demanda y a los testimonios ofrecidos por la parte actora e insiste en que se lesionaron sus derechos, al violentar las disposiciones que regulan el orden de un procedimiento y de manera simplista dispuso que se repusiera el procedimiento, en los términos del artículo mencionado y, en particular, del 952 del Código Civil en vigor.

Que en ningún momento, contrario a lo que expresó la responsable, el a quo tenía porque atender a la facultad que le concede el artículo 49, toda vez que contaba con un número de constancias procesales que integraron el sumario del expediente, por lo que se le dejó en estado de indefensión al ser objeto de acusaciones que a simple vista resultan inverosímiles y nada creíbles, además de que no han sido probadas.

Que en cuanto al artículo 239 en concreto, la ley reconoce como medios de prueba, entre otros, los dictámenes periciales; al respecto, señala el inconforme, que nadie se atrevería a afirmar lo contrario, como tampoco autoridad alguna podría hacerlo y que, en cumplimiento de la ley aplicable a la materia, se establece la forma y término que se tiene para ofrecerlas y que si una de las partes no cumple con la ley procesal no importaría; lo que la ley ordene basta y sobra una resolución y con base en una disposición -artículo 49- se disponga, no sólo que anule todo un procedimiento y más grave aún, se le ordene al inferior de lo civil, practique las mismas diligencias, en lo particular, un dictamen psicológico y le haga las preguntas que la responsable enuncia, que llame a los testigos ofrecidos por la parte actora nuevamente, porque no menciona en su resolución el contenido de estos testimonios, así como los interrogatorios de que fueran objeto, sólo porque resultaron improcedentes.

Que la responsable insistió en un examen psicológico a la persona del quejoso, con el fin de beneficiar a la parte actora de un examen mental emitido dentro de una averiguación previa por un delito familiar, pero en ningún momento expone que se alude a los hechos que posteriormente sirven de fundamento a la demanda en el juicio de divorcio y que por su solo contenido no pueden ni tienen porque ser creíbles y menos probadas.

Aduce el inconforme que existen documentos que jamás se leyeron ni se enunció su contenido, de la acusación penal; sin que se demuestren las imputaciones que hizo en su contra su esposa, sin probanza alguna y sin ser delito ejecutado infraganti se le privó de su libertad, la que posteriormente obtuvo con una fianza y está firmando por dos años ante la autoridad.

Que la responsable, lejos de estudiar y analizar todas y cada una de las constancias procesales, se concretó a enunciarlas, tales como el que no le permitía salir a la calle, cuando todos sus hijos saben, porque algunos de ellos laboran con él, que viven solos; de amenazas y hasta de la presencia de una pistola que impidió la visita de sus familiares; que no cumple con sus obligaciones de padre; que no le da para el gasto de la casa, siendo esto totalmente falso y no existe probanza alguna que demuestre lo contrario, ni en lo civil, ni en lo penal.

Que la responsable señaló, en forma categórica, la presencia de una demanda de pensión alimenticia que su esposa formuló en su contra, pero lo que no dijo es que existen constancias de los valores que por años entregó por el concepto reclamado, y que tampoco mencionó que se le condenó a pagar con motivo de su demanda, una cantidad menor a la que le entregaba y que, a través de un billete de depósito, le completó la cantidad que recibía.

Que cómo aceptar las mentiras de una demanda, cuando un año antes de que su esposa lo demandara, no obstante de haber estado juntos por más de cuarenta años, le solicitó $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos moneda nacional) para comprar a su hermano la parte que le correspondía a éste y quedarse ella con un departamento, de lo cual hay constancia que además, demuestran las mentiras que se le imputan, de que no le da para el gasto, ni sus medicinas, que no permite a su familia visitarla y que no saben dónde vive cuando los ofreció de testigos; lo que la responsable tampoco advirtió, a más de que con el contenido de la demanda basta y sobra para declarar la improcedencia del juicio.

Refiere el inconforme que la responsable insistió en un examen mental y transcribió el documento que elaboraron los peritos **********, quienes transcribieron partes de la declaración de su demandante, la que como mencionó son falsas y no existe ninguna probanza que las acredite.

Que lo lamentable es que no se analice que en más de cuarenta años de vivir juntos, jamás había sido objeto de acusación alguna o que sus hijos fueran testigos de amenazas o maltratos, o incumplimiento de su parte a sus obligaciones de esposo y padre de familia.

Aduce que la responsable tampoco se advirtió el contenido del primer párrafo del documento que reiteradamente es enunciado en su resolución, mismo que resulta por demás contradictorio al segundo, pero que más incongruente es que se recomiende atención psicológica por un año dos sesiones por semana, con un costo de trescientos pesos.

Que no se puede aceptar un documento que no tiene nada de dictamen pericial y que es elaborado en una sola entrevista con duración de diez o veinte minutos, en donde existe ausencia total del método empleado y lo inaceptable el tiempo en que éste se lleva a cabo, pero no obstante ello se insiste en su presencia.

A su vez, señala el inconforme que con la facultad con que cuenta el juzgador debe actuar como vigilante del procedimiento y no como parte contendiente del mismo; que en un inicio señaló que la conducta del a quo fue de estricto apego a la ley procesal, y que lo es con el carácter de Juez imparcial, que se apoye con el contenido procesal y no violente las disposiciones legales que le mandatan su actuación y aquellas que regulan su función de juzgador, pero que jamás actúe para beneficiar a una de las partes en su determinado juicio y, menos como coadyuvante en beneficio de la parte actora, cuando se ha tenido un juicio conforme a la ley y con respeto al ordenamiento que rige la carga de la prueba y que dio lectura y estudió todo el contenido procesal y que, en ningún momento, dejó inadvertido el contenido de los artículos 49 y 223 del Código Procesal Civil a los cuales se les dio cumplimiento, no así por la responsable, quien debió considerar, con la sola lectura a la demanda interpuesta, decretar la improcedencia del juicio civil sobre divorcio necesario.

Que resulta por demás inconcebible que la responsable haya señalado que no podía avocarse a estudiar la resolución dictada por el Juez instructor toda vez que, de las constancias existentes en el procedimiento, no se satisfacían plenamente los preceptos legales que se apuntaron y que, por tanto, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 423 del código adjetivo de la materia, lo procedente era revocar el fallo y ordenar la reposición del procedimiento, y con su reiterada conducta en favorecer a la parte actora insiste en recabar pruebas que lleguen a determinar fehacientemente el análisis exhaustivo de las presuntas conductas de violencia familiar que le fueron imputadas.

Que contrario a lo argumentado por la responsable, el que no pueda abocarse al estudio de la resolución emitida por el inferior es faltar a la verdad y, en apoyo a lo que se afirma, existen múltiples de ellas, comenzando por una demanda y todas las que se agregaron y desahogaron en el periodo probatorio y múltiples documentales y una sentencia acorde a la ley, que haga caso omiso dicha autoridad a lo anterior, a todo un procedimiento, a la presencia de la parte demandada y sobre todo a las disposiciones legales que obligan y rigen un orden procesal, eso está más que demostrado con su indebida e ilegal actuación.

Que prueba evidente de ello, es que su insistencia la lleva a cabo con la presencia de un documento al que le atribuye el carácter de examen mental, al cual se refirió para revocar la sentencia del inferior, sin importar que la demandada, teniendo conforme a la ley derecho para solicitar la prueba pericial psicológica, no la llevara a cabo. Exige que se realice y establece cómo debe llevarse a cabo. Tampoco importa lo que la ley disponga al respecto y menos que la otra parte sí cumpla con la ley, máxime que todas las probanzas en el juicio civil le son completamente favorables después de todo un litigio. Cita al efecto, la tesis de la voz: "AVERIGUACIONES PENALES, VALOR DE LOS PERITAJES RENDIDOS EN LAS."

Que por su reiterada conducta, encaminada también a enunciar el contenido y la presencia de una averiguación penal en su contra, relacionada con la demanda de divorcio y que la actora se permite acompañarla.

Aduce el quejoso, bajo protesta de decir verdad, que el veintiocho de abril de dos mil once se decretó el inejercicio de la acción penal al no demostrarse los hechos que se le imputaron de violencia familiar, en consecuencia, se le absolvió de toda responsabilidad, causando ejecutoria dicha resolución y ordenándose al archivo del asunto.

Refiere el quejoso, que el que la responsable pretenda fundamentar su resolución en una segunda disposición legal, pero sin dar cumplimiento a lo que ésta ordena, no es aceptable jurídicamente.

Que si bien la apelación tiene como objeto revocar o confirmar resoluciones de primera instancia, para ello se reclama el estudio previo de todo el contenido procesal, situación con la que no cumple la responsable, de analizar la violación procesal sostenida, decretando la reposición del procedimiento, todo ello a solicitud de la parte agraviada.

Que en el caso, ni existe violación procesal ni le fue solicitada por la parte agraviada, violando los preceptos constitucionales invocados, pues reitera, la actora no solicitó la reposición del procedimiento y sus agravios aluden al dictamen llevado a cabo en la averiguación penal, que también anexan en el juicio de orden civil.

Que el once de agosto de dos mil once, la responsable resolvió por primera vez el caso a estudio y lo fundamentó en los artículos 49 y 239 que son los mismos que enuncian la resolución que origina el juicio de amparo, agregando en su primera resolución los artículos 309, 952, 441 y 446 del Código Procesal Civil.

Refiere el inconforme que en la resolución constitucional recurrida, la Juzgadora Federal enunció un criterio sustentado por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, empero, como se advierte de la citada resolución, ésta es contraria a dicho criterio, porque el acto que se reclama es claro y preciso. Existen pruebas, que no apreció ni estudió, ni tampoco se ocupó de armonizar los datos que emanan de la demanda, en un sentido que resultara congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente de juicio.

Que la Juez de Distrito expresó que del acto reclamado se apreciaba que la reposición del procedimiento se determinó para el efecto de que la autoridad de primera instancia recabara elementos de prueba tendientes a determinar, de modo fehaciente, la existencia de la conducta de violencia familiar reprochada al quejoso y, de ese modo advertir si se actualizaba la causa de divorcio contenida en el artículo 267, fracción XVIII, en relación con el 323 Bis del Código Civil en vigor, siendo indispensable para ello el desahogo oficioso de la prueba pericial, en materia de psicología, en su persona y en su esposa, para que especialistas en esa materia orientaran al juzgador y, de paso, hasta le digan quién es el que provocaba el daño en el caso de violencia familiar, lo que estima incorrecto toda vez que se habla de peritos, no de autoridades investigadoras.

Que en otro apartado de la resolución alude a que las constancias de la reposición del procedimiento inciden en aspectos de carácter sustantivo, y el criterio sustentado por los tribunales federales que sostienen el criterio de que la admisión y desahogo de pruebas, por regla general, no constituyen actos de imposible reparación.

Aduce el inconforme, que lo cierto es que existen casos, como el que se examina, que constituyen excepciones a dicha regla, puesto que el desahogo de la prueba pericial en psicología ordenada por la autoridad de segunda instancia, sí transgrede derechos sustantivos.

Que la juzgadora federal haciendo una relatoría en relación con lo expresado en líneas anteriores, y enunciando tesis de aplicación estricta al caso, concluyó con la improcedencia del juicio de garantías.

Que para la Juez de Distrito, los conceptos de violación formulados, resultaron infundados en parte e inoperantes en otra y además, consideró que las constancias remitidas por la responsable tenían valor demostrativo, atento a lo dispuesto por los artículos 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Refiere el quejoso que discrepa con el criterio de la resolutora federal, toda vez que en ningún momento se tomó la molestia de llevar el contenido procesal del juicio de origen al en que se actúa, e igual que la responsable, se olvidaron que era parte dentro del juicio de divorcio, al concretarse a llevar a cabo actos contrarios a la ley de la mate

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23592-140dbf2c/diligencias-para-mejor-proveer-la-potestad-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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