PREDIAL MUNICIPAL. EL DECRETO NÚMERO 166, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR EL QUE SE APROBARON LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO DERIVADOS DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, INCONFORMIDADES, ASÍ COMO LA REVALORIZACIÓN A DIVERSAS REGIONES PROPUESTAS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, A FIN DE QUE SIRVAN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra y reservó su derecho para formular voto particular) PREDIAL MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 166, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE ESTABLECEN DESGRAVACIONES PARA LOS PREDIOS QUE AHÍ SE REFIEREN, VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, con el voto en contra de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, respecto de la invalidez del artículo tercero transitorio, y por unanimidad de diez votos respecto de la invalidez del artículo segundo transitorio)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2011. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 6 DE DICIEMBRE DE 2011. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de diciembre de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el seis de enero de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza e Hiram Luis de León Rodríguez, en su carácter de presidente municipal y síndico segundo del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, respectivamente, promovieron controversia constitucional en representación de ese Municipio, a efecto de demandar la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
2. El gobernador del Estado de Nuevo León.
3. El secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León.
4. El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León.
Normas generales y actos que se impugnan:
a) El Decreto Número 166 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintinueve de diciembre de dos mil diez.
b) Las consecuencias de hecho y de derecho, derivadas de la aprobación y futura aplicación del referido Decreto Número 166.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
- Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar consagrada en el artículo 115, fracción IV, la potestad exclusiva a cargo de los Ayuntamientos de proponer los valores unitarios del suelo y las construcciones, base de cobro de las contribuciones sobre la propiedad.
- En el artículo 18 de la Ley del Catastro de Nuevo León, se establece que los valores unitarios del suelo y los valores unitarios de las construcciones que apruebe el Congreso del Estado, mediante el decreto correspondiente, serán equiparables al valor del mercado.
- En sesión extraordinaria de cinco de octubre de dos mil diez, el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, mediante el cual se aprobaban, tanto la actualización de los valores unitarios del suelo de nuevos fraccionamientos resultantes de la actualización como los valores resultantes de las inconformidades presentadas, aplicables en el año dos mil once a los terrenos ubicados en ese Municipio.
- El catorce de octubre de dos mil diez, se presentó en el Congreso de Nuevo León, un escrito firmado por el presidente municipal y por el secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, mediante el cual, se hizo la propuesta de los valores unitarios de suelo derivados de los nuevos fraccionamientos, inconformidades, así como de la revalorización de diversas regiones para su vigencia en dos mil once.
- El veintinueve de diciembre de dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial, el Decreto Número 166, mediante el cual, se aprueban los valores unitarios del suelo derivados de los nuevos fraccionamientos, inconformidades, así como la revalorización a diversas regiones, a fin de que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
- No obstante lo anterior, en dicho decreto dejan de aprobarse los valores propuestos para las siguientes colonias: (i) El Obispo, (ii) Revolución 1er. sector, (iii) Revolución 2do. sector, (iv) Revolución 3er. sector, (v) Revolución 4o. sector, (vi) Revolución 5o. sector, (vii) Zona Revolución, (viii) San Pedro 400, (ix) Unidad habitacional San Pedro y (x) Villas del Obispo, lo cual da lugar a la presente controversia constitucional.
- En las disposiciones transitorias del decreto impugnado, se establece una desgravación del impuesto predial, mismo que se llevará a cabo durante los años dos mil once a dos mil quince, respecto de los predios de tipo habitacional, que hubieren sufrido incremento en el impuesto a pagar del año dos mil diez al dos mil once, asimismo, en lo relativo a la revalorización de los valores unitarios de suelo y construcción, se determinó aplicar una desgravación a todos los predios que no correspondan a uso habitacional que hayan sufrido incremento en el impuesto a pagar del año dos mil diez a dos mil once.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
Primer concepto de invalidez. El Decreto Número 166 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintinueve de diciembre de dos mil diez, violenta el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, así como lo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional, de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que consagran la autonomía económico financiera municipal, en perjuicio de la hacienda municipal, al dejar de actualizar los valores del suelo relativos a las colonias: (i) El Obispo, (ii) Revolución 1er. sector, (iii) Revolución 2do. sector, (iv) Revolución 3er. sector, (v) Revolución 4o. sector, (vi) Revolución 5o. sector, (vii) Zona Revolución, (viii) San Pedro 400, (ix) Unidad habitacional San Pedro y (x) Villas del Obispo y al establecer una desgravación en el impuesto predial tanto en predios de uso habitacional como en los que no lo son, en tanto incumple la prohibición expresa de establecer exenciones, subsidios o cualesquiera otra forma liberatoria de pago.
De conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo, de la Constitución Federal, las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, estando exentos únicamente los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
En la disposición transitoria del artículo quinto del decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, se establece el deber de adoptar las medidas a fin de que los valores unitarios del suelo sean equiparables a los valores del mercado de dicha propiedad; conforme a lo anterior, en el orden estatal, el artículo 18 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, obliga a que los valores unitarios del suelo que apruebe el Congreso, sean equiparables al valor del mercado, por lo que se afecta al mercado al dejar de aprobarse los valores propuestos a razón de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado en diversas colonias del Municipio.
La legislatura de Nuevo León altera el orden constitucional, afectando la autonomía del Municipio, pues éste tiene la facultad de recaudar, sin exenciones o minoraciones, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuya base gravable son los valores unitarios del suelo propuestos por los Ayuntamientos y aprobados por las legislaturas. Al efecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: "MUNICIPIOS. EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Segundo concepto de invalidez. El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, conculca los dispositivos contenidos en los artículos 16, 28, 31, fracción IV, 40, 41, 115, 120, 128 y 133 de la Constitución Federal, al atentar contra el principio de reserva de la ley y al incumplir el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, en tanto que las exenciones o cualesquiera figura liberatoria de pago, como elemento integrante del sistema tributario, deben estar previstos en la ley, lo que no sucede, debido a que el decreto impugnado tiene naturaleza distinta a la del acto materialmente legislativo y la vía y procedimiento no cumple con las formalidades de creación de las leyes hacendarias municipales.
Al efecto, es importante mencionar, que el legislador no posee facultades para decidir el rango y procedimiento a seguir para establecer una exención o minoración en el impuesto predial, como el que se plantea mediante la desgravación instaurada en el decreto impugnado.
De lo dispuesto en los artículos 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con «los numerales» 24, 34, fracción IV, 63, fracción X, 69, fracción X y 73 de la Constitución de Nuevo León, se desprende que las exenciones, u otra figura mediante la cual se libere de las obligaciones fiscales, aun parcialmente, deben estar establecidas en normas con jerarquía de ley formal y material. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "EXENCIONES FISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLAS EN LEY, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA QUE REGULA LA MATERIA IMPOSITIVA, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV, 28, PÁRRAFO PRIMERO, 49, 50, 70 Y 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
En términos de lo expuesto, el Poder Legislativo Local debió haber establecido la referida desgravación en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y no al amparo de la Ley del Catastro y su reglamento.
Si bien el acto es de naturaleza legislativa, la aprobación de valores que se aplica a determinadas propiedades, no fueron presentadas como iniciativas de ley, por lo que no reúnen las características de generalidad y abstracción.
Por su parte, es de atender, que la función garantista del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, busca evitar, que discrecionalmente se limiten las contribuciones sobre la propiedad en el Municipio, sin que el legislativo pueda desgravar las contribuciones, a no ser que el Ayuntamiento presente la iniciativa de ley que establezca las exenciones, minoraciones o desgravamen.
Tercer concepto de invalidez. El Decreto Número 166, resulta contrario a lo dispuesto por los artículos 15, 40, 41, 115, 120, 128 y 133 de la Constitución Federal, en tanto que, en tratándose de actos legislativos relativos al ámbito hacendario municipal, la facultad de iniciativa corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos, atentando en contra de los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria, federalismo, reserva de fuentes y legitimación.
Se entiende por iniciativa, la facultad confiada por la Constitución a ciertos órganos de presentar proyectos o propuestas de ley, entre otros, los materialmente administrativos, como lo es el caso de la aprobación de los valores unitarios del suelo, que sirven de base para las contribuciones sobre la propiedad raíz, impuesto predial.
El ámbito hacendario municipal, queda excluido de la regla general respecto de la facultad de iniciar leyes, prevista en los artículos 71 de la Constitución Federal y 68 de la Constitución del Estado de Nuevo León, debiendo ser exclusiva potestad del Ayuntamiento, por tanto, no puede la legislatura aprobar la desgravación de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, pues el Municipio de San Pedro Garza García, en momento alguno propuso tales desgravaciones. Al efecto, sirve de apoyo la tesis de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Cuarto concepto de invalidez. Se vulnera el contenido de los artículos 13, 16, 28, 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, así como del artículo quinto transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en tanto la iniciativa carece de sustento que justifique su implementación, además de establecer una situación diferenciada entre los contribuyentes en contra del principio de equidad.
La base gravable configura el valor monetario o unidad de medida sobre el cual se aplica la tasa o tipo impositivo para establecer lo que como contribución municipal sobre la propiedad inmobiliaria se recauda. Los valores unitarios del suelo y de las construcciones constituyen la base gravable del impuesto predial.
Así pues, el impuesto predial, como tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles, no considera las condiciones personales de los contribuyentes, es un gravamen inrem, cuyas proporcionalidad y equidad se sostienen en la medida de que los valores unitarios del suelo y las construcciones sean equiparables a los valores del mercado.
Notoriamente injusta y carente de justificación resulta la decisión de la legislatura para negar la aprobación de los valores propuestos, cuyos argumentos se transcriben a continuación:
"... Al respecto, cabe señalar que en el expediente de mérito, el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, hace mención de los valores propuestos por la Junta Municipal Catastral derivados de la revalorización de diversas regiones: resultando de esto que entre las 320 colonias, tramos de avenida y fraccionamientos revalorizados se observó que algunas de ellas son consideradas como de escasos recursos lo cual nos lleva a considerar que no deben ser incluidas en la aprobación de la revalorización por lo que tales propuestas en lo particular no pueden ser aprobadas en sus términos ..."
Como se observa, no existe razón que funde la negativa de aprobar los valores en las colonias, pues la Legislatura Local no expone elementos técnicos suficientes que generen la improcedencia de la propuesta, debiéndose observar lo determinado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES."
Tampoco expresa el Congreso del Estado, razones suficientes para aplicar la desgravación contenida en los preceptos transitorios del decreto impugnado, lo anterior, en contra de los principios de coherencia y congruencia, principios que también se ven afectados por la determinación de no aplicar la desgravación a los valores que aprueba el mismo decreto en relación con los "nuevos fraccionamientos" que son también equiparables a los valores de mercado.
Sin ningún argumento, se sostiene un trato desigual entre Municipios, ya que en el Decreto Número 174 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de diciembre de dos mil diez, se aprueban los valores unitarios del suelo, derivados de los nuevos fraccionamientos e inconformidades y la revalorización a diversas regiones propuestos por el Municipio de Monterrey, aplicables para el ejercicio de dos mil once, sin que se le establezca la desgravación por cinco años para predios con uso habitacional y por tres a los que no lo tengan, como sí lo dispone el Decreto Número 166 impugnado.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los artículos 14, 16, 28, 31, fracción IV, 40, 41, párrafo primero, 115, facción IV, 120, 128 y 133.
QUINTO. Por acuerdo de seis de enero de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 1/2011 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de diez de enero de dos mil once, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y mandó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Al contestar la demanda de controversia constitucional, el Congreso del Estado de Nuevo León manifestó, en síntesis, lo siguiente:
Que debía declararse el sobreseimiento con base en lo dispuesto en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ante la falta de legitimación de los firmantes, como consecuencia de la ausencia del acta de Cabildo en que se exprese la voluntad del Ayuntamiento a efecto de promover la presente acción.
Aunado a lo anterior, no existe disposición alguna que establezca puntualmente que el presidente municipal y el síndico segundo se encuentren facultados para presentar controversias constitucionales, pues la actuación de dichos funcionarios no puede estar por encima de sus propias facultades.
Dentro de las facultades establecidas expresamente a favor de tales funcionarios, no se advierte la de promover controversias constitucionales, pues es necesario que, previamente, el Cabildo haya tomado tal determinación, situación que no se actualiza en la especie. Sirve de apoyo la tesis: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUNCIONARIOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLAS (CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS)."
En relación con los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda, el Congreso del Estado de Nuevo León manifestó principalmente, lo siguiente:
1. Si bien es cierto que el artículo quinto transitorio del decreto impugnado, señala que los valores unitarios que servirán de base para el cobro de las contribuciones, deberán ser equiparables a los valores de mercado de la respectiva propiedad, el mismo precepto establece, que en la fijación de dichas contribuciones, participarán tanto los Municipios mediante propuesta, como la respectiva legislatura que la autoriza mediante un proceso deliberativo.
El promovente manifiesta que el Decreto Número 166 impugnado, vulnera el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto el Poder Legislativo aprobó una desgravación sobre el impuesto predial y dejó de tomar en cuenta los valores propuestos por él, lo cual es contrario a la prohibición de establecer exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna con respecto a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de los Municipios.
No obstante, la desgravación a la que se refiere el Municipio, no debe ser considerada como una exención del impuesto predial, pues la desgravación, a diferencia de la primera, no implica un beneficio a favor de una persona o institución que se encuentra en una hipótesis determinada, sino que la misma es una fórmula prevista en el decreto para la cuantificación del impuesto en forma general, respecto de todos los predios de tipo habitacional que hayan sufrido un incremento con motivo de la revalorización.
Es por lo anterior, que se sostiene la constitucionalidad del artículo segundo transitorio del Decreto Número 166 impugnado, pues el mismo se ajusta al segundo párrafo del inciso c), fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, que a la letra establece: "Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o instituciones respecto de dichas contribuciones ..."
Como se observa, la desgravación no cae en el supuesto indicado por la porción normativa transcrita, ya que, por el contrario, es el resultado de un proceso legislativo en el que se cumplieron todas las formalidades del proceso.
Asimismo, se estima infundado el argumento de la actora por el que señala que se ha violentado el multicitado artículo 115, al estimar que el Congreso Local no tomó en consideración la revalorización de la región 25 que comprende las colonias: (i) El Obispo, (ii) Revolución 1er. sector, (iii) Revolución 2do. sector, (iv) Revolución 3er. sector, (v) Revolución 4o. sector, (vi) Revolución 5o. sector, (vii) Zona Revolución, (viii) San Pedro 400, (ix) Unidad habitacional San Pedro y (x) Villas del Obispo; sobre el particular, la propuesta de revalorización no fue aprobada por el Congreso del Estado, atendiendo a la facultad que le otorga la misma Constitución Federal, que establece que las Legislaturas Locales tendrán la decisión final en la aprobación de las tablas de valores unitarios de suelo en la respectiva Ley de Ingresos Municipal. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN." y "HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE."
2. Respecto del segundo concepto de invalidez, en que la actora argumenta que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, violentó diversos dispositivos constitucionales, al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento legislativo para la emisión del decreto impugnado, es preciso señalar, que el Congreso Local cumplió con las disposiciones aplicables al procedimiento en términos de los artículos 63 de la Constitución del Estado, 20 de la Ley del Catastro, 65 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 37, 39 y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León.
3. Por cuanto hace al tercer concepto de invalidez, el argumento principal del Municipio actor estriba en sostener que la facultad de iniciativa para la fijación del impuesto predial, las contribuciones y demás ingresos municipales, recae exclusivamente en los Ayuntamientos, por consiguiente estima que hay una intromisión por parte del Poder Legislativo en sus facultades de propuesta, al establecer la desgravación en el referido segundo artículo transitorio del decreto impugnado.
No obstante lo anterior, como se ha venido fijando, el proceso legislativo para la fijación de los valores unitarios de suelo, que sirven de bases para la fijación del impuesto predial, es una facultad compartida de los diferentes entes de gobierno, en los que los Municipios a través de sus Ayuntamientos, suscriben en una primera instancia la propuesta que deberán de enviar al Legislativo para que éste la apruebe mediante un proceso deliberativo, cuyo resultado no necesariamente debe ser igual a lo propuesto por los Ayuntamientos.
SÉPTIMO. El gobernador del Estado de Nuevo León, al dar contestación a la demanda de controversia constitucional señaló, en esencia, lo siguiente:
No es cierto que el acto cuya invalidez se demanda, consistente en la promulgación y publicación del Decreto Número 166 sea inconstitucional.
El acto impugnado realizado por el gobernador del Estado, tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 75, 77 y 85, fracción X, de la Constitución de Nuevo León y fue emitido en absoluto respecto a las normas previstas tanto en la Constitución Federal como en la Constitución Política Local, ya que el procedimiento legislativo, como tal, es uno solo.
De lo anterior se desprende, que si lo que se reclama al gobernador del Estado es la participación en el procedimiento legislativo que tuvo como consecuencia la expedición de la ley cuya invalidez se demanda, dicha participación se encuentra apegada a derecho.
Lo anterior, se robustece con el hecho de que en el presente caso, no se formula inconformidad alguna respecto de la actuación del titular del Poder Ejecutivo Local en el procedimiento legislativo que concluyó con la emisión de la norma general impugnada.
Así pues, al ser constitucional el acto impugnado, procede determinar improcedente la presente acción e infundados los conceptos de invalidez hechos valer.
OCTAVO. Por su parte, el secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León al contestar la demanda, adujo, en esencia, lo siguiente:
El acto de refrendo efectuado respecto de la promulgación y orden de publicación del Decreto Número 166, no contraviene en modo alguno el contenido de la Constitución Federal.
El acto de refrendo impugnado, encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 87, párrafo primero y 88 de la Constitución Política de Nuevo León y fue emitido con absoluto respeto y cumplimiento de las normas que rigen el procedimiento legislativo.
Al efecto, cabe destacar, que el Municipio actor no formula inconformidad alguna respecto de la existencia de vicios en el procedimiento derivados de la actuación del secretario general de Gobierno del Estado.
NOVENO. Al contestar la demanda de controversia constitucional, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado manifestó lo siguiente:
En primer término, debe manifestarse que el Decreto Número 166 impugnado, no establece exención, minoración o subsidio alguno, ya que lo que se establece en los transitorios segundo y tercero, es una desgravación de los valores propuestos a fin de evitar impactar la economía de los ciudadanos, misma que se realizó conforme a derecho y siguiendo todos y cada uno de los requisitos constitucionales.
- Resulta infundado e inoperante el primer concepto de invalidez hecho valer por el Municipio de San Pedro Garza García, en el que se aduce que el Decreto Número 166 impugnado es violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto establece exenciones respecto de contribuciones inmobiliarias.
Contrario a las argumentaciones expuestas por el Municipio actor, cabe mencionar, que el propio artículo 63 de la Constitución Política Local establece como facultad del Congreso, reformar y derogar las leyes en caso de ser necesario y determina que éste tiene la atribución de ejercer las facultades propias del cuerpo legislativo siempre y cuando no lo prohíba la Constitución.
Asimismo, es el propio artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, el que reconoce la facultad de las Legislaturas de los Estados para establecer todo lo relacionado con las contribuciones municipales, incluidas aquellas de carácter inmobiliario.
De conformidad con lo anterior, destaca el hecho de que la reforma constitucional no otorgó potestad legislativa a los Ayuntamientos, dejando en manos de las Legislaturas Estatales, la facultad de aprobar las propuestas emitidas por los primeros, lo cual se vio reflejado en el citado artículo 63, fracción X, de la Constitución Local, que establece que el Congreso de Nuevo León, a propuesta del Ejecutivo Estatal o de los Ayuntamientos, fijará anualmente, las contribuciones y demás ingresos que deberán formar la hacienda pública estatal o municipal respectivamente, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades.
Así pues, es evidente que el Decreto Número 166 de ninguna manera violenta el sistema establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro: "PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES."
De igual forma, el primer párrafo del artículo 119 de la propia Constitución Local determina que la legislatura establecerá las contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros ingresos que formarán parte de la hacienda de los Municipios.
Es importante destacar, que el Municipio de San Pedro Garza García, se apoya en una interpretación equivocada del artículo 115 constitucional, ya que dicho artículo no prohíbe las exenciones en materia de contribuciones a la propiedad inmobiliaria (en caso de que la desgravación en cuestión se considere una exención), sino que la intención del legislador consiste en prohibir que se establezcan exenciones a favor de personas físicas o morales específicas o a instituciones oficiales o privadas en concreto, dado que se busca respetar el principio de generalidad propio de toda ley.
De una correcta interpretación, se desprende que se permite el otorgamiento de exenciones justificadas, siempre que se establezcan considerando situaciones objetivas, de manera general y abstracta, ya sea por razones de justicia social, económicas, proporcionalidad, entre otras. Al efecto, debe tomarse en cuenta la tesis de jurisprudencia de rubro: "PREDIAL. LAS EXENCIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 122 CONSTITUCIONAL."
La propuesta del Municipio fue tomada en consideración; sin embargo, la misma fue modificada, debiendo recordar que la desgravación establecida es un beneficio justificado que se otorga en virtud de la situación objetiva que refleja intereses sociales o económicos de los ciudadanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO L
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23631-05d97758/predial-municipal-el-decreto-numero-166-emitido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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