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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VERIFICACIÓN EN MATERIA ADUANERA. PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN ES INNECESARIA LA CITA DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA NO ESTABLECE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS PARA LEVANTAR EL ACTA DE INICIO DE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2012. · Registro digital (IUS): 23813
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Pág. 788.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados del mismo circuito y especialidad, corresponde a la materia administrativa, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiado de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización; no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, por mayoría de votos, la revisión fiscal **********, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil once, en la parte conducente, sostuvo:

"SEXTO. Son infundados los agravios. ... Contrario a lo aducido por la inconforme, el artículo 150 de la Ley Aduanera sí prevé la competencia de la autoridad fiscalizadora para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y, por ende, resultaba necesaria la cita de ese precepto legal en la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, contenida en el oficio ********** (fojas 36 y 37 del expediente de origen). Para evidenciar lo anterior, es necesario transcribir el contenido del artículo 150 de la Ley Aduanera, que señala: ‘Artículo 150.’ (se transcribe). Del precepto legal reproducido, se advierte que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos en dicha legislación. El aludido numeral señala que en el acta se hará constar lo siguiente: 1. La identificación de la autoridad que practica la diligencia; 2. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento; 3. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías; y, 4. La toma de muestra de las mercancías en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. El precepto legal en comento, también establece que la autoridad aduanera deberá requerir al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. Asimismo, contempla un apercibimiento para el interesado, consistente en que si los testigos no son designados o los nombrados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará; además de que en caso de no señalar domicilio, indicar uno que no le corresponda a él o a su representante legal, desocuparlo sin dar aviso a la autoridad competente, desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación u oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se practicarán por estrados siempre que en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o de verificación de mercancías en transporte, se cuente con el visto bueno del administrador. También prevé que el acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días hábiles (contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación), a fin de ofrecer pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga y que cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación arancelaria, podrá ofrecerse (dentro del plazo señalado) la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento que deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a su ofrecimiento. De ser correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento, la autoridad aduanera que inició el procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la entrega de la mercancía, dejándolo sin efectos, en caso contrario continuará su tramitación. Finalmente, establece que deberá entregarse al interesado una copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado. Del precepto legal analizado, válidamente se concluye que sí establece la competencia material de la autoridad hacendaria para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, dado que el primer párrafo de ese numeral establece que: (se transcribe). Es decir, el texto transcrito prevé tres hipótesis en las que la autoridad aduanera debe levantar acta circunstanciada cuando embargue mercancías de procedencia extranjera, cuando se lleve a cabo: 1. El reconocimiento aduanero; 2. El segundo reconocimiento; y, 3. Por el ejercicio de las facultades de comprobación, como aconteció en la especie. Conforme a lo anterior, es evidente que el artículo 150 de la Ley Aduanera y específicamente su primer párrafo, no establece únicamente requisitos formales y procedimentales, sino que prevé la competencia de la autoridad para ordenar el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera en los supuestos ahí previstos y, por ello, tal como lo resolvió la Sala Fiscal, la autoridad se encontraba obligada a citar ese numeral en la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, contenida en el oficio **********. Lo anterior cobra relevancia, pues al emitir dicha orden de verificación, la autoridad fiscalizadora autorizó expresamente a los visitadores para que, de ser el caso, embargaran el vehículo de procedencia extranjera e iniciaran el procedimiento administrativo en materia aduanera, levantando el acta correspondiente; siendo, por tanto, imprescindible la cita del fundamento legal en el cual se encuentra prevista tal atribución, a saber, el artículo 150 de la Ley Aduanera. En ese orden de ideas, es ineficaz el agravio en estudio pues, contrario a lo señalado por la recurrente, el artículo 150 de la Ley Aduanera, no solamente regula aspectos formales o procedimentales, sino la competencia para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera en diversos supuestos, como es el caso en que se embargan mercancías de procedencia extranjera, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación. Al respecto se comparte, en lo conducente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia VII.1o.A. J/39, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2618, que es del texto siguiente: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES QUE LO SUSTANCIAN SON REGLADAS Y NO DISCRECIONALES.’ (se transcribe). En otro de sus agravios, la recurrente aduce que la Sala Fiscal confunde la facultad para emitir la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera con el procedimiento subsecuente, pues al analizar aquélla, consideró que no estaba suficientemente fundada la competencia de la autoridad, al no citar el artículo 150 de la Ley Aduanera, olvidando que ese precepto regula actos posteriores y distintos, como son los relativos al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera y, por tanto, no era necesaria su invocación en la referida orden. Añade que la autoridad fiscal sólo estaba obligada a fundar su competencia para emitir la orden de verificación -no así de actuaciones posteriores-, lo que se cumplió con los preceptos legales invocados en el cuerpo de ese documento, de los cuales se desprenden sus facultades materiales y que si la Sala a quo hubiese analizado tales preceptos, habría concluido que la autoridad fiscalizadora sí fundó su competencia. El agravio reseñado, como se anticipó, también resulta infundado. Contrario a lo aducido por la inconforme, la autoridad emisora de la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, contenida en el oficio **********, debió citar el artículo 150 de la Ley Aduanera, como fundamento de su competencia, debido a que autorizó expresamente al personal verificador para que iniciara el procedimiento administrativo en materia aduanera, en caso de embargar precautoriamente el vehículo. En ese sentido, no se produjo la confusión a que hace referencia la inconforme, pues al haberse establecido en la orden que los verificadores quedaban autorizados para llevar a cabo el aludido procedimiento -de ser procedente-, entonces el fundamento de esa atribución debió expresarse en la propia orden y no con posterioridad, como erróneamente lo expone la recurrente. Sin que resulte impedimento para llegar a esa conclusión, que la inconforme sostenga que el artículo 150 de la Ley Aduanera regula actos posteriores y distintos, como son los relativos al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera y, por tanto, no era necesaria su invocación; pues si bien es cierto que ese precepto establece las reglas conforme a las cuales habrá de llevarse a cabo el aludido procedimiento, y que este último es posterior a la emisión de la orden, no menos cierto es que la autoridad emisora de esta última, debió citar el fundamento de su competencia para autorizar al personal verificador que llevara a cabo el inicio del referido procedimiento. En ese orden de ideas, contrario a lo aducido por la recurrente, la autoridad fiscal no sólo estaba obligada a fundar su competencia para ordenar la verificación, pues debió hacer lo mismo al autorizar a su personal que iniciara el procedimiento administrativo en materia aduanera, en caso de embargar precautoriamente el vehículo de procedencia extranjera. Por otra parte, este Tribunal Colegiado considera inoperante el agravio consistente en que si la Sala Fiscal hubiese analizado los preceptos invocados en la orden de verificación, habría concluido que la competencia de la autoridad emisora de la orden de verificación se encuentra debidamente fundada. Se llega a esa conclusión, habida cuenta que del contenido de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala a quo sí analizó los preceptos legales invocados por la autoridad ordenadora, en los términos siguientes: (se transcribe). De lo transcrito, se desprende que la Sala Fiscal advirtió que el administrador local de Auditoría Fiscal de Pachuca no fundó su competencia material para ordenar el inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, agregando que ese requisito no se cumplía con la cita de los artículos 60 y 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXII; 151 de la Ley Aduanera; y 19 primer párrafo, apartado A, fracción I y último párrafo, en relación con el diverso 17, primer párrafo, fracciones V y XII, y penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005, pues consideró la Sala, que la facultad para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera se encuentra previsto en el artículo 150 de la Ley Aduanera, el cual no fue citado por la fiscalizadora en la orden de verificación. Ahora bien, la inoperancia del agravio consiste en que la recurrente se limita a sostener que la competencia aludida se encuentra prevista en los numerales invocados por la autoridad fiscalizadora, pero no expresa argumentos tendentes a demostrar que las consideraciones de la Sala Fiscal sean incorrectas, no obstante estar obligada a expresar las razones por las cuales considera ilegal el fallo recurrido. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que es del texto siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe). En otro agravio, alega la inconforme que la Sala Fiscal violó el principio de congruencia previsto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues resolvió que la autoridad fiscal no invocó en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, el fundamento que otorga atribuciones para levantarla, cuando con motivo de la verificación de mercancías en transporte se embarguen precautoriamente; añadiendo que la a quo asimiló la orden de verificación y el acta de inicio con la finalidad de declarar la nulidad del acto impugnado, al obligar a la demandada a que fundara su or

en en el artículo 150 de la Ley Aduanera, el cual regula el procedimiento subsecuente y que sí fue citado en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Dicho agravio también es infundado pues, contrario a lo aducido por la autoridad inconforme, la Sala Fiscal no estudió la competencia del personal verificador para levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, sino del administrador local de Auditoría Fiscal de Pachuca para ordenar el inicio de dicho procedimiento en la orden de verificación. Lo anterior se desprende del propio fallo reclamado, donde la Sala Fiscal circunscribió el estudio oficioso de la competencia a la ‘... orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, contenida en el oficio **********, de 18 de noviembre de 2008 ...’, concluyendo en el sentido de que el emisor de ese documento no invocó el precepto legal que establece sus facultades para ordenar el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De esa manera, el planteamiento de la recurrente es infundado, pues la Sala Fiscal no estudió la legalidad del acta de inicio del procedimiento, ni la competencia de los funcionarios encargados de ejecutar la orden de verificación; por el contrario, analizó de manera específica la fundamentación de la competencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Pachuca para ordenar al personal verificador que iniciara dicho procedimiento en caso de embargar el vehículo precautoriamente; es decir, que lo resuelto por la Sala Fiscal se encuentra referido exclusivamente a la fundamentación expresada en la orden de verificación. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que en la sentencia recurrida, la Sala a quo analizó el contenido del artículo 150 de la Ley Aduanera, e hizo referencia a las formalidades que debe reunir el procedimiento administrativo en materia aduanera -incluido el levantamiento del acta de inicio-; sin embargo, de los razonamientos expresados en el fallo recurrido, se desprende que la finalidad de ese análisis consistió en justificar su decisión -en el sentido de que ese numeral prevé la facultad de la autoridad para ordenar el inicio del procedimiento-, mas no consistió en establecer la competencia de la autoridad ejecutora para levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo correspondiente. En ese sentido, tampoco asiste razón a la recurrente al sostener que la Sala a quo asimiló la orden de verificación y el acta de inicio con la finalidad de declarar la nulidad del acto impugnado, obligando a la demandada a que fundara su orden en el precepto que regula el procedimiento subsecuente pues, contrario a lo alegado, la Sala Fiscal únicamente estudió la fundamentación de la competencia de la autoridad que ordenó al personal verificador que iniciara dicho procedimiento, en caso de embargar precautoriamente el referido vehículo. Asimismo, carece de relevancia jurídica que la autoridad encargada de levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera citara ese numeral pues, para satisfacer el requisito previsto en el artículo 16 constitucional, la autoridad emisora de la orden de verificación se encontraba obligada a fundar su competencia en el cuerpo mismo de ese acto de molestia -orden de verificación-, sin que resulte jurídicamente válido subsanar tal omisión en actuaciones posteriores, pues de aceptarse ese proceder, se incurriría en contravención al precepto constitucional en comento, el cual establece la obligación a cargo de las autoridades de citar el fundamento de su competencia en cada acto de molestia que emitan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página trescientos diez, cuya aplicación es obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, y que textualmente señala: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Por otra parte, la recurrente sostiene que la competencia de la autoridad hacendaria para embargar precautoriamente el vehículo de procedencia extranjera y dar inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, se encuentra prevista en los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación; 17, fracciones V y XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; y 144, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXII, de la Ley Aduanera, los cuales fueron citados en la orden de verificación contenida en el oficio **********. El agravio descrito es infundado. Del análisis efectuado por este Tribunal Colegiado a la sentencia recurrida, se desprende que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal, así como de la recaída al recurso de revocación, debido a que la autoridad fiscalizadora no fundó su competencia para ordenar el inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera. Frente a tales consideraciones, la autoridad recurrente sostiene que la mencionada orden de verificación se encuentra debidamente fundada, pues la autoridad citó varios preceptos legales del Código Fiscal de la Federación que la facultan para ello, los cuales textualmente establecen: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). Así también, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria citó los siguientes: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). También diversos artículos de la Ley Aduanera: ‘Artículo 144.’ (se transcribe). Del primero de los preceptos legales transcritos, se desprende la facultad de la autoridad fiscal para llevar a cabo procedimientos de fiscalización, específicamente para ordenar la práctica de avalúos o la verificación física de toda clase de bienes, incluso en transporte. Del segundo se advierte la competencia de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal para ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, de aeronaves y embarcaciones; llevar a cabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida; analizar, detectar y dar seguimiento, en coordinación con las demás autoridades competentes, respecto de las operaciones específicas de comercio exterior en que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros aprovechamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas e infracciones administrativas, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias presentadas dentro del ámbito de su competencia. Del mismo modo, le compete a esa unidad administrativa ordenar y practicar la retención, persecución, embargo precautorio de mercancías de comercio exterior y sus medios de transporte, en los supuestos que establece la Ley Aduanera; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras autoridades aduaneras, así como ordenar en los casos que proceda el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que se trate, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del fisco federal; liberar las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados; notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hayan autorizado. Por otra parte, de las porciones normativas del artículo 144 de la Ley Aduanera invocadas por la recurrente, se desprenden las facultades de la autoridad fiscal para comprobar mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional, pudiendo apoyarse en el dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de ese ordenamiento. El análisis de los preceptos legales mencionados, permite establecer que la cita de esos artículos en la orden de verificación, no podía sustituir la ausencia del artículo 150 de la Ley Aduanera, pues ninguna de las facultades en ellos contenidas establece la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Ello es así, debido a que los preceptos legales invocados por la recurrente, facultan a la autoridad fiscal para practicar la verificación del vehículo, así como para practicar el embargo precautorio; sin embargo, no regulan lo relativo al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. No es impedimento para llegar a la conclusión apuntada, que la fracción XII del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria disponga la facultad consistente en tramitar y resolver los procedimiento aduaneros derivados del ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras autoridades aduaneras. Lo anterior es así, pues las atribuciones específicas correspondientes a la sustanciación del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancía de procedencia extranjera, se encuentran contenidas en el artículo 150 de la Ley Aduanera. Por ello, era necesario que en la orden de verificación contenida en el oficio **********, el administrador local de Auditoría Fiscal de Pachuca invocara dicho artículo para considerar cumplido el requisito de la debida fundamentación de su competencia, dado que el destinatario tiene derecho a cerciorarse plenamente de que esa autoridad se encuentra facultada para ordenar al personal verificador el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Al resultar infundados los agravios planteados por la autoridad, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que declaró la nulidad de la resolución impugnada -así como de la combatida en sede administrativa-, debido a que el administrador local de Auditoría Fiscal de Pachuca no fundó de manera suficiente su competencia material para ordenar el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Con relación a la petición de la inconforme consistente en que sus agravios sean estudiados conforme a la teoría de la causa de pedir, es de señalarse que sus planteamientos fueron estudiados de fondo y resultaron jurídicamente ineficaces para revocar la sentencia recurrida. Similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos de sus integrantes, el diecinueve de febrero de dos mil diez, el recurso de revisión fiscal número **********. Finalmente y en mérito de las consideraciones esgrimidas, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, inmerso en las ejecutorias dictadas en los tocas de revisión fiscal **********, ********** y **********, el veinticuatro de junio, veintidós de octubre y veintitrés de septiembre, todos de dos mil diez, respectivamente, así como el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en la revisión fiscal **********, sesionada el quince de junio de dos mil diez, en donde medularmente señalan que el artíc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23813-48ef4b64/orden-de-verificacion-en-materia-aduanera-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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