CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO, ETLA, ESTADO DE OAXACA. LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR LAS QUE SE APROBÓ, EN LA PRIMERA, LA SOLICITUD DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE NOMBRÓ SUPLENTE Y, EN LA SEGUNDA, SE RATIFICÓ DICHA RENUNCIA Y SE INTEGRÓ LA NUEVA COMISIÓN DE HACIENDA, SE APEGAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE ESA ENTIDAD, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS ACTOS O LAS NORMAS JURÍDICAS IMPUGNADAS SEAN DE TRASCENDENCIA NO SÓLO JURÍDICA, SINO TAMBIÉN MATERIAL, PROCEDE EMITIR UNA SENTENCIA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, A EFECTO DE QUE LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, AL NO ENTREGAR AQUELLOS RECURSOS A LAS AUTORIDADES DESIGNADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO, ETLA, DE ESA ENTIDAD, MEDIANTE EL ACUERDO DE CABILDO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011, VULNERA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y, POR ENDE, LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 111/2011. MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, ETLA, ESTADO DE OAXACA. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. MINISTRO: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de septiembre de dos mil doce en el que emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 111/2011, promovida por el Municipio de Magdalena Apasco, Etla, del Estado de Oaxaca, por conducto del síndico municipal, en la que demandó la invalidez de lo siguiente:(1)
a) El procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita por medio del cual se ordena a la Secretaría de Finanzas del Estado retener los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor por el tiempo que resta del ejercicio dos mil once.
b) El oficio firmado por el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría del Estado, dirigido al secretario de Finanzas de la entidad para ordenar la retención de los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, hasta que ese órgano colegiado acuerde su liberación, con la prohibición de no entregar los recursos mencionados a través de la Comisión de Hacienda legalmente autorizada e integrada por los ciudadanos concejales del Municipio actor: Enrique Martínez Chávez, presidente; José López Santiago, síndico, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero; comisión autorizada en sesión de Cabildo de veintiséis de septiembre de dos mil once.
c) El cumplimiento material de las órdenes de retener, de tracto sucesivo, quincenal y mensual, los pagos de participaciones y aportaciones federales que le corresponden hasta que se acuerde su liberación.
Autoridades demandadas:
El Poder Legislativo, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior y el Poder Ejecutivo, todos del Estado de Oaxaca.
I. Antecedentes
1. Los antecedentes narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
a) De conformidad con el decreto publicado el treinta de diciembre de dos mil tres en el Periódico Oficial Local, por medio del cual "se establecen las bases, montos, factores de distribución y plazos para el pago de participaciones fiscales federales a los Municipios del Estado de Oaxaca", los Municipios deben recibir quincenalmente, los días catorce o quince y treinta o treinta y uno, según el caso de cada mes, a través de la Secretaría de Finanzas de la entidad, las participaciones federales para el ejercicio fiscal dos mil once.
b) De conformidad con el acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil once, emitido por el gobernador del Estado, el Municipio actor debe recibir las cantidades que le tienen que ser entregadas mensualmente.
c) El veinte de octubre de dos mil once, el Ayuntamiento actor tuvo conocimiento de la orden de retención impugnada, por conducto del tesorero municipal, Juan Agripino Merlín Miguel quien, al acudir a la Secretaría de Finanzas del Estado a iniciar el trámite del pago de los fondos de participaciones del ramo 28, fue informado de manera verbal que tenían órdenes de suspender el pago hasta nueva orden, y que ya no recibiría lo correspondiente al mes de octubre de dos mil once. Asimismo, en relación al cobro a realizarse en el último día de la segunda quincena de octubre, se le informó que no serían pagados por indicaciones del secretario de Finanzas y del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado; por ello es que tiene conocimiento de la existencia de la orden de retener por completo los enteros que le pertenecen al Municipio actor.
d) Al tener conocimiento de dicha orden de retención de los recursos, los integrantes de la Comisión de Hacienda del Municipio actor, Enrique Martínez Chávez, presidente; José López Santiago, síndico, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero, comparecieron ante el pagador de ventanilla de la Secretaría de Finanzas del Estado, para cerciorarse del comunicado verbal, éste les dijo que le habían girado órdenes, por parte del presidente de la Comisión de Vigilancia y del secretario de Finanzas para retener las participaciones de los ramos 28 y 33, fracciones III y IV, hasta nuevo aviso. Manifiesta que dicho oficio no le ha sido notificado legalmente al Municipio actor, sino que arbitrariamente se ha dado la orden para que no se paguen las participaciones en la forma y términos antes señalados.
2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:
A) Los actos y omisiones cuya invalidez demanda son violatorios de los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Federal, 2o., párrafo tercero, 29, párrafo primero y 113 de la Constitución Local, 1o., 9o. y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, 13, 19 y 20, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y 2o., 3o. y 121 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, porque se transgreden los principios constitucionales de libre administración de la hacienda pública municipal e integridad de los recursos económicos municipales del Municipio actor y se violentan el sistema federal de coordinación fiscal y la autonomía municipal. Ello, porque no existe norma de orden federal o local que faculte a los poderes del Estado de Oaxaca para retener provisionalmente el entero de las cantidades de dinero que le corresponde a la hacienda pública municipal del Municipio actor, pues los recursos provenientes de los fondos de participaciones son patrimonio y forman parte de la hacienda pública municipal y rigen sobre ellos los principios de libre administración e integridad.
A.1) En este sentido, la intervención del Estado de Oaxaca, respecto a los fondos de participaciones, es de simple mediación administrativa, y en el caso de los fondos de aportaciones, es de control y supervisión de su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención, como sucede en el caso, ya que la Secretaría de Finanzas del Estado ha dicho que no entregará los recursos de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, al Ayuntamiento, a través de la Comisión de Hacienda del Municipio integrada por Enrique Martínez Chávez, presidente; José López Santiago, síndico, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero, quienes fueron autorizados por la mayoría de los concejales del Ayuntamiento mediante acta de sesión de Cabildo de veintiséis de septiembre de dos mil once. Sin embargo, el Estado de Oaxaca, a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, no tiene facultades para retener el entero de los fondos mencionados, por lo que dichas retenciones deben declararse inválidas.
B) Los actos u omisiones impugnados son violatorios de los artículos 14 y 16, en relación con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, porque no ha existido un procedimiento por el que se haya determinado suspender o retener las transferencias federales a la hacienda municipal del Municipio actor, en el que se hayan observado las formalidades del procedimiento y que se le haya permitido ser oído y aportar pruebas. Además, se le dejó en estado de indefensión, toda vez que se violó la garantía de audiencia, porque no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para garantizar la defensa antes del acto de privación, dado que hasta la fecha no ha sido notificado del inicio de un procedimiento que pueda tener como consecuencia la suspensión o retención de los enteros mensuales de sus participaciones y aportaciones federales.
B.1) Los actos impugnados no están fundados ni motivados, por lo que vulneran el artículo 16 de la Constitución Federal, además, se transgrede el principio de legalidad, porque por ningún motivo, salvo las excepciones que establece el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se pueden retener las participaciones, pero nunca las aportaciones federales, por lo tanto, la orden impugnada viola lo dispuesto por el artículo constitucional citado, en relación con el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Trámite de la controversia constitucional
4. Radicación y admisión. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar el expediente al que le correspondió el número 111/2011 y, de conformidad con la certificación que se acompaña, lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(2)
5. El Ministro instructor,(3) previa aclaración,(4) admitió a trámite la controversia constitucional y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y se les requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(5)
6. Contestación del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, ostentándose como representante legal del Poder Ejecutivo del Estado, al contestar la demanda, señaló en síntesis que:(6)
A) Niega que la Secretaría de Finanzas, dependiente del Poder Ejecutivo Local haya recibido por parte del Poder Legislativo la orden de retener los enteros mensuales que por concepto de aportaciones federales le corresponden al Municipio actor para el ejercicio dos mil once. Asimismo, niega que haya dado o pretenda dar cumplimiento material a las supuestas órdenes del Poder Legislativo en el sentido de retener materialmente, de tracto sucesivo y quincenal y mensualmente, los pagos de participaciones y aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor.
B) Se debe decretar el sobreseimiento de la controversia, porque no existen los actos materia de la misma, respecto de aquellos que se reclaman al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas de la entidad, ésta como órgano subordinado a dicho poder. Lo anterior, porque los pagos que se han realizado al Municipio actor han sido ministrados por conducto de las personas que él mismo ha facultado para tal efecto, lo que se corrobora con los cuadernillos de copias certificadas que corresponden a los recibos de pago y a las pólizas que amparan el monto de los cheques correspondientes por los recursos económicos que se le han ministrado al Municipio actor y que agrega a su contestación.
B.1) Las actas de sesión celebradas por el Cabildo de fechas diecinueve de septiembre de dos mil once (extraordinaria) y la diversa de sesión de veintiséis de septiembre del mismo año (ordinaria), fueron tachadas de falsas y desconocidas, en cuanto a su contenido, firmas y sellos, así como su alcance y valor probatorio, por los regidores de Hacienda y de Educación, Eleazer Chávez Castellanos y Reynaldo Luján Pérez, respectivamente, tal como se desprende del oficio número PM/074/2011, de veintiocho de octubre de dos mil once.
C) Es falso que se hayan retenido las participaciones y los enteros mensuales que le corresponden al Municipio actor, pues estos recursos han sido entregados en tiempo y forma, a través de las personas autorizadas por el Ayuntamiento del Municipio actor, ya que las documentales que acreditan el nombramiento de Gerardo Santiago Pérez, como tesorero municipal, fueron recibidas en la Secretaria General del Estado el dieciocho de octubre de dos mil once, por lo que, a partir de esa fecha, se tiene a dicha persona como autorizada para recibir los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor.
D) Los concejales y funcionarios acreditados para el trienio 2011-2013, ante el Departamento de Acreditaciones y Registro de Autoridades Municipales, dependientes de la Secretaría General de Gobierno, son: Antonio Pérez Montos, presidente municipal; José López Santiago, síndico municipal; Eleazer Chávez Castellanos, regidor de Hacienda; Reynaldo Luján Pérez, regidor de Educación; Sergio Olivera Miguel, regidor de Policía; Gerardo Santiago Pérez, tesorero municipal, y Luis Jiménez García, secretario municipal.
E) El Municipio actor carece de interés legítimo, toda vez que no existe afectación a su esfera jurídica, porque los actos impugnados son inexistentes; de esta manera, no es posible considerar que se lesiona o afecta la esfera jurídica del Municipio actor.
7. Contestación del Poder Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado, en representación de dicho poder, al contestar la demanda, señaló en síntesis que:(7)
A) Niega que la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso Local haya emitido dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización verbal o escrita por los que se haya ordenado a la Secretaría de Finanzas la retención de participaciones y aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor. Tampoco es cierto que exista un oficio firmado por el diputado José Antonio Hernández Fraguas, en su carácter de presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, en el que se ordene la retención de los referidos recursos.
A.1) Existe una pugna interna de los miembros del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, que ha derivado en la renuncia del presidente municipal, regidor de educación y regidor de hacienda; el desistimiento de dichas renuncias por parte de los concejales antes citados, así como dos demandas de desaparición de poderes que formulan ciudadanos y agentes municipales y de policía que pertenecen al Municipio actor; oficios suscritos por el síndico municipal y con el que anexa diversas documentales; derivado de lo anterior, se iniciaron los expedientes números 388, 389, 392, 399, 404, 417, 431 y 439 del índice de la Comisión Permanente de Gobernación. De lo anterior no debe entenderse que se haya iniciado el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor, por actualizarse alguna de las hipótesis que prevé la ley de la materia, sino que únicamente precisa que dichos expedientes se encuentran turnados para su estudio a la Comisión Permanente de Gobernación, sin que a la fecha se haya emitido alguna resolución.
B) No ha violado los artículos constitucionales referidos por el Municipio actor, ni ha incurrido en actos y omisiones que transgreden los principios constitucionales de libre administración de la hacienda pública municipal e integridad de los recursos económicos municipales del Municipio actor, por lo que solicita que se desestimen los conceptos de violación. Tampoco existe ningún procedimiento ni oficio para suspender la entrega de recursos, por lo que no es posible notificar algo inexistente; de ahí que no se conculca la garantía de audiencia de que se duele el actor.
C) Solicita el sobreseimiento del presente juicio por notoria improcedencia, ya que el Congreso Local no ha emitido algún acto que vulnere la competencia del Municipio actor, en virtud de que las controversias constitucionales están diseñadas para resolver asuntos cuya materia viole las disposiciones a que se contrae el artículo 105 constitucional y la ley reglamentaria de la materia y, en el caso, no se vulnera la competencia del Municipio actor.
8. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José López Santiago, quien se ostentó con el carácter de síndico municipal, promovió ampliación a la demanda, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, entre otras autoridades, por considerar que de la contestación de demanda formulada por el consejero jurídico del Gobierno del Estado surgieron hechos nuevos. En esta ampliación, el Municipio actor impugnó los siguientes actos:(8)
A) La negativa de darle validez a los actos y/o acuerdos tomados por mayoría calificada en la sesión de Cabildo de veintiséis de septiembre de dos mil once, en la que, por una parte, se ratificó el contenido del acta extraordinaria de diecinueve de septiembre del indicado año, en la cual se analizó, discutió y aprobó la solicitud de renuncia definitiva presentada por el presidente municipal Antonio Pérez Montes, así como la ratificación del suplente en el referido cargo, Enrique Martínez Chávez, y la toma de protesta correspondiente y, por otra parte, se analizó, discutió y aprobó la propuesta para modificar la comisión que acudiría ante la Secretaría de Finanzas a requisitar el recibo que ampare el entero de las participaciones y aportaciones federales, subsidios, incentivos o cualquier otro concepto, quedando integrada por los concejales Enrique Martínez Chávez, presidente municipal; José López Santiago, síndico municipal, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero municipal.
B) La validez que el Poder Ejecutivo Local pretende dar al acta de quince de octubre de dos mil once.
C) La validez que el Poder Legislativo de la entidad pretende dar a la diligencia de comparecencia de diez de octubre de dos mil once con el tema de desistimiento de renuncias.
9. Artículos señalados como violados y conceptos de invalidez. El Municipio actor en la ampliación señaló que se violan los artículos 14, 16 y 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 59, fracción IX, último párrafo y fracción XXXI y 113, fracción I, inciso h), párrafo tercero, de la Constitución Local, así como el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, porque existe un acto inminente de ejecución que tiene como fin violar los derechos y garantías de audiencia y defensa del Ayuntamiento, consagradas en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.
10. Se vulnera el artículo 115, fracción IV, constitucional, porque se han entregado los recursos a personas ajenas al Municipio actor, ya que se dejó de observar que mediante acta de sesión de Cabildo de veintiséis de septiembre de dos mil once, se nombró a la Comisión de Hacienda integrada por Enrique Martínez Chávez, presidente; José López Santiago, síndico, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero, todos del Municipio actor, y el hecho de que se argumente que la citada sesión de veintiséis de septiembre de dos mil once fue tachada de falsa y desconocida en cuanto a su contenido, firmas y sellos, y el alcance y valor probatorio por el regidor de hacienda y el regidor de educación, dichas autoridades no son las competentes para resolver sobre la autenticidad de una firma, pues ello es facultad de una autoridad jurisdiccional, lo que se traduce en una intromisión de las autoridades demandadas en la autonomía municipal y libre hacienda.
11. De igual forma, se vulnera el artículo 115 constitucional, porque las autoridades demandadas le pretenden dar validez al acta de quince de octubre de dos mil once, siendo que Antonio Pérez Montes, quien aparecía como presidente municipal en esa fecha, ya no fungía con tal carácter, esto es, no tenía el carácter de presidente municipal, porque presentó su renuncia el diecisiete de septiembre del indicado año, la cual fue aceptada por el Cabildo el diecinueve siguiente. A su vez, en esta última fecha, tomó protesta como presidente municipal Enrique Martínez Chávez, acta que fue ratificada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil once, por mayoría calificada.
12. Asimismo, en esta sesión de Cabildo de veintiséis de septiembre del mencionado año, se modificó la Comisión de Hacienda, en donde por la mencionada mayoría calificada se autorizó a Enrique Martínez Chávez, presidente; José López Santiago, síndico, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero, suprimiendo de esta comisión a Eleazer Chávez Castellanos, regidor de hacienda, desconociéndose la firma de éste.
13. Por otra parte, el acta de quince de octubre de dos mil once no reúne los requisitos que marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca para que la misma sea válida, ya que carece del quórum (mitad más uno de los integrantes del Cabildo), así como de la mayoría calificada; asimismo, carece de la falta de intervención del secretario municipal, requisito que establecen los párrafos primero y segundo del artículo 48 del ordenamiento legal invocado. Además, carece de los requisitos, tales como la personalidad de Antonio Pérez Montes, falta de quórum, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, análisis y discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta, como incumplimiento a sus funciones del tesorero municipal y del secretario municipal, garantía de audiencia del tesorero y del secretario, mayoría calificada, votación y/o sanción de aprobación de remoción a los cargos de los citados funcionarios, análisis y discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de nuevo tesorero y secretario, la respectiva votación y/o sanción de aprobación de nuevo tesorero y secretario y, finalmente, en la citada acta nunca se tocó el análisis, discusión y aprobación o, en su caso, ratificación de la integración de la Comisión de Hacienda, quien se encargaría de acudir a la Secretaría de Finanzas para el cobro correspondiente. Por dichas razones, y por el hecho de que las autoridades demandadas le pretenden dar valor a esta acta de quince de octubre de dos mil once, se transgrede la autonomía municipal y la libre hacienda contemplada en el artículo 115 de la Constitución Federal.
14. No debe pasar desapercibido que el Poder Legislativo, en su contestación a la demanda, alude a ser la autoridad facultada para calificar una renuncia de un concejal y/o calificar desistimientos de la misma, quebrantando lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, en relación con el diverso 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, porque los únicos facultados para calificar una renuncia es el Cabildo del Ayuntamiento, lo que encuentra soporte en el numeral 59, fracción IX, última parte y fracción XXXI, en relación con el numeral 113, fracción I, inciso h), párrafo tercero, de la Constitución Local.
15. El Poder Legislativo pretende confundir a ese Máximo Tribunal cuando asevera que el problema de Magdalena Apasco es un problema de ende político, con el propósito de imponer a una persona que renunció al cargo de presidente municipal.
16. Admisión de la ampliación de la demanda. El Ministro instructor, con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia y considerando a los actos impugnados en la ampliación como hechos nuevos, de los cuales tuvo conocimiento el actor con motivo de la contestación a la demanda, sin perjuicio de lo que pueda decir este Alto Tribunal al dictar sentencia, admitió la ampliación de demanda que hizo valer el síndico del Municipio actor en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.(9)
17. Contestación a la ampliación de la demanda. Cabe señalar que el Ministro instructor tuvo por no presentada la contestación a la demanda del Poder Legislativo de la entidad, porque ésta se presentó de forma extemporánea, por lo que únicamente se sintetizará la contestación a la ampliación de la demanda formulada por el consejero jurídico del Gobierno del Estado, en representación del titular del Poder Ejecutivo, en los siguientes términos:(10)
A) Niega que pretenda restar validez o pretenda dar validez a las actas de sesión celebradas por el Cabildo del Municipio actor.
B) Se actualiza la causal de improcedencia que señala la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, porque no existen los actos que se reclaman al Poder Ejecutivo del Estado y a sus órganos subordinados, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Finanzas, pues el Municipio actor no acredita de modo alguno la violación a su esfera de competencias por parte del Poder Ejecutivo, toda vez que ha sido respetuoso de la Constitución Federal y de la Constitución Local.
C) En ningún momento se ha entrometido en el libre manejo de la hacienda municipal. Es cierto que se han ministrado los pagos de los recursos financieros del orden federal, por conducto de las personas que el Municipio actor autorizó, en cumplimiento del artículo 95, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, pues ha entregado los recursos por medio del tesorero municipal nombrado por el propio Cabildo, Gerardo Santiago Pérez, como se desprende de la lectura del acta de sesión extraordinaria de quince de octubre de dos mil once.
D) Niega que alguna autoridad subordinada al Poder Ejecutivo del Estado se haya manifestado respecto de las actas de sesión llevadas a cabo por el Cabildo del Municipio actor, tachándolas de legales o ilegales, ni de los acuerdos tomados por éste; ello porque el Poder Ejecutivo lleva a cabo su función administrativa, basándose únicamente en los acuerdos tomados por el Cabildo del Municipio actor y cuando se reúnen los requisitos exigidos por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
E) Son infundados los conceptos de invalidez que manifiesta el Municipio actor, ya que de sus propios hechos no se desprende acto u omisión atribuible al Poder Ejecutivo Local que le perjudique o le cause algún agravio, pues se limita a hacer una relatoría de antecedentes que en nada favorece los argumentos vertidos y en los cuales dicho actor pretendió fundar los supuestos agravios, además de que no acredita su dicho, limitándose a hacer afirmaciones sin fundamento legal, de donde resulta que los actos impugnados son inexistentes.
F) El Gobierno del Estado no puede dar validez o declarar inválidos los acuerdos respecto de la integración del Ayuntamiento, más aún cuando las actas de veintiséis de septiembre y quince de octubre, ambas de dos mil once, no se contraponen una con otra, sino por el contrario, con la lectura de dichas actas quedan de manifiesto las directrices operacionales, con las cuales se desempeñaría el Ayuntamiento del Municipio actor, por lo que el Poder Ejecutivo, en ningún momento, ha causado agravio al Municipio actor. Es por ello que los pagos de los recursos financieros se han realizado a través de Gerardo Santiago Pérez, persona autorizada por el Municipio actor y acreditadas, en base al acta de quince de octubre de dos mil once, en la cual consta la revocación de los nombramientos de Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero, y Miguel Espinoza Chávez, secretario, y se determinó nombrar a Gerardo Santiago Pérez como nuevo tesorero municipal.
G) Por todo lo anterior, el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la ampliación de demanda, toda vez que no existe afectación a su esfera jurídica, porque los actos impugnados son inexistentes, por lo que la presente controversia constitucional es improcedente, de conformidad con lo establecido por la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia; en consecuencia, debe sobreseerse.
18. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República, al rendir su opinión, manifestó, en síntesis:
A) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional y quien la promovió goza de la legitimación procesal activa para ello.
B) Con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la ley que rige la vía, debe sobreseerse la controversia constitucional, en virtud de no existir los actos impugnados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca.
C) Es de tomarse en cuenta que, al contestar la demanda, los poderes demandados aportaron a juicio diversas documentales con las que se acredita la entrega de los recursos federales al Municipio actor, a través de la persona legalmente facultada para cobrar dichos recursos, Gerardo Santiago Pérez, en su carácter de tesorero municipal, por tanto, no era procedente que la Secretaría de Finanzas entregara los recursos a través de la Comisión de Hacienda autorizada mediante acta de Cabildo de veintiséis de septiembre de dos mil once, integrada por los concejales Enrique Martínez Chávez, presidente; José López Santiago, síndico, y Juan Agripino Merlín Miguel, tesorero municipal.
D) En cuanto a la ampliación de la demanda, la procuradora general de la República manifestó que, respecto de la diligencia de comparecencia de diecinueve de octubre de dos mil once, se observa que la Comisión Permanente de Gobernación en ningún momento está resolviendo sobre las renuncias a los respectivos cargos de presidente, regidor de hacienda y regidor de educación del Municipio actor, pues únicamente se les tomó su comparecencia y se ordenó dar cuenta a la comisión para que acordara lo procedente.
E) De la contestación del Poder Legislativo se observa que la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso Local tiene turnados para su estudio los expedientes números 388, 389, 392, 399, 404, 417, 431 y 439, que se formaron con motivo del desistimiento de las renuncias del presidente municipal, del regidor de educación y del regidor de hacienda, así como dos demandas de desaparición de poderes que formularon ciudadanos y agentes municipales y de policía, sin que, a la fecha, dicha autoridad haya emitido alguna resolución. En este sentido, el Poder Legislativo actuó dentro de las facultades que la legislación vigente le otorga, por lo que en ningún momento invade la esfera de atribuciones que le corresponden al Municipio actor.
F) Respecto a la impugnación de los actos consistentes en las actas de sesión extraordinaria celebradas por el Cabildo del Municipio de quince de octubre de dos mil once y de veintiséis de octubre del mismo año, señala que las mismas no son susceptibles de afectar la esfera de competencias y atribuciones que la Constitución Federal le otorga al Municipio, porque existe un conflicto político s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23929-64cce9c1/cabildo-municipal-del-ayuntamiento-de-magdalena-apasco-etla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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