RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 302 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ABROGADA). EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE AQUÉL, POR SER EL SUPERIOR INMEDIATO DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ERIKA FRANCESCA LUCE CARRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En este caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Ejecutorias contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo **********, otorgó el amparo a la parte quejosa, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Estudio del asunto. En el primer motivo de disenso, la peticionaria de amparo expresa, básicamente, que el ‘superior inmediato’ del secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey, Nuevo León, a que alude el artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en materia de desarrollo urbano, es el Ayuntamiento, no el presidente municipal como lo sostuvo la autoridad responsable. Para demostrar la afirmación propone que esa interpretación tiene su fundamento en la normativa relacionada con el desarrollo urbano, desde la base constitucional hasta la legislación reglamentaria municipal. En este sentido, considera que se aplicaron indebidamente las distintas normas que regulan la materia de desarrollo urbano en el Estado de Nuevo León, dejando de observar, además, la Ley General de Asentamientos Humanos (que constituye la génesis regulatoria del desarrollo urbano nacional), la cual distribuye las competencias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en la materia, y el cual expresamente establece esa la competencia material originaria a favor de los Ayuntamientos y, específicamente, en cuanto al otorgamiento de licencias de construcción. Desde su perspectiva, la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado, al regular y sentar las bases en materia de desarrollo urbano que deben observar los Municipios, únicamente asigna competencia al Ayuntamiento. Por otra parte, considera que el marco legal de la organización administrativa de las autoridades municipales permite distinguir diversas relaciones de jerarquía, de lo que se desprende que en ocasiones un mismo funcionario de la administración pública municipal, de jerarquía inferior, puede llegar a ser, dependiendo la materia de que se trate, en ocasiones subordinado inmediato del presidente municipal y en otras subordinado inmediato del Ayuntamiento. De esta forma, la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado faculta expresamente a los Ayuntamientos municipales ‘para resolver los recursos de su competencia’, mientras que al presidente municipal no le otorga dicha competencia. Así, concluye la parte agraviada que, considerando sistemáticamente las disposiciones aplicables, cuando el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, es omiso en resolver su petición de licencia de construcción, la autoridad competente para conocer del recurso de queja regulado en el artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado, es el Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, por tanto, la presentación del medio de impugnación estuvo correcta y configura legalmente la positiva ficta de la licencia de construcción que dio origen a la controversia, lo que finalmente acredita el indebido proceder de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, al considerar que no se configuró la misma. Este primer concepto de violación es fundado porque, a juicio de este tribunal, el superior inmediato del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del mismo Municipio, en materia de desarrollo urbano, es el Ayuntamiento, lo que tiene como consecuencia que el recurso de queja se presentó adecuadamente, en términos de la fracción I del artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Previamente a la justificación de lo afirmado, es conveniente reseñar los antecedentes del caso: A. Procedimiento administrativo. La aquí quejosa solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, una licencia de construcción (obra nueva) para multifamiliar con 425 unidades de vivienda tipo departamento, locales comerciales y oficinas, en el bien inmueble identificado catastralmente con el número **********, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Transcurrido el plazo legal y ante la omisión de dicha autoridad de contestar a su solicitud, se presentó recurso de queja, previsto en el artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León ante el Ayuntamiento de dicho Municipio, en contra de la negativa ficta legalmente configurada. Sin embargo, el Ayuntamiento omitió resolver el recurso de queja y contra el silencio de la autoridad promovió juicio de nulidad. B. Juicio contencioso. La quejosa promovió juicio de nulidad en el que reclamó el otorgamiento de la licencia de construcción (obra nueva) para multifamiliar con 425 unidades de vivienda tipo departamento, locales comerciales y oficinas, en el bien inmueble identificado catastralmente con el número **********, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su pretensión tuvo origen en dos aspectos: a) la configuración de la positiva ficta, ante el silencio del Ayuntamiento para resolver el recurso de queja; y, b) la negativa ficta respecto del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey. La Sala ordinaria, en primera instancia, tuvo por configurada la positiva o afirmativa ficta, y ordenó a las autoridades competentes la expedición de la licencia solicitada. La sentencia de la Sala ordinaria se fundó en la interpretación de la competencia material a que se refiere el artículo 302, fracción I, de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, pues, en su concepto, el superior inmediato del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, en materia de desarrollo urbano, era el Ayuntamiento. C. Recurso de revisión ante Sala superior. Inconformes con la resolución de primera instancia, la parte actora y las autoridades demandadas presentaron los recursos de revisión, haciendo valer los que se resolvieron en los términos indicados en el considerando anterior y que constituye, el interpuesto por las autoridades, el acto reclamado en este amparo. Ahora bien, como se anticipó, este tribunal observa que el recurso de queja previsto en el artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en materia de desarrollo urbano, debe presentarse ante el Ayuntamiento; para justificarlo, es indispensable distinguir entre competencias materiales y orgánicas en la administración pública estatal. 1. La competencia material en la administración pública municipal. Partiendo de la existencia del principio de reserva de ley en lo que corresponde a la distribución de competencias de las autoridades administrativas municipales se puede distinguir válidamente la existencia de una serie de competencias que corresponden a los distintos órganos de la administración pública municipal por su carácter de órganos de la administración; mientras que, en otros casos, la competencia les corresponden de conformidad con una materia determinada, lo que depende esencialmente del conjunto de normas que regulan cada caso en particular. En este sentido, existen competencias que corresponden exclusivamente a ciertos órganos del Municipio, como, por ejemplo, la desafectación de bienes del dominio público del Municipio, asignada con exclusividad al Ayuntamiento del mismo (artículo 115, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 26, inciso c), fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de Nuevo León). Lo anterior es relevante, en tanto que en el caso de lo que se ha venido denominando competencias orgánicas, la propia determinación que de su organigrama realice la administración pública incide directamente en la determinación de los órganos que en su caso contarán con una competencia determinada. No así en el caso de las competencias materiales, en las cuales la determinación orgánica adoptada por la administración pública no es suficiente para alterar el órgano facultado para ejercer la facultad que en particular se trata. Lo anterior tiene relevancia, pues el Ayuntamiento cuenta con una competencia material inmodificable para llevar a cabo en última instancia el otorgamiento de licencias de construcción, cuestión que se tratará a continuación. 2. Competencia material en materia de desarrollo urbano (expedición de licencia de construcción). En este sentido el desarrollo urbano es una materia concurrente, porque en ella inciden todos los niveles de gobierno y órdenes normativos (federal, estatal y municipal). La base constitucional de la materia de desarrollo urbano se encuentra en el artículo 27 de la Constitución y, en particular, tratándose del Municipio, en el artículo 115 de la Constitución, particularmente, su fracción III: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Como se puede observar, es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que establece que los Municipios otorgarán, en los términos que establezcan las leyes federales y estatales respectivas, las licencias de construcción. Ahora, la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyo objetivo entre otros es el de establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional (artículo 1), en el precepto 9, fracción X, establece la competencia específica de los Municipios en la materia: ‘Artículo 9.’ (se transcribe). De la exégesis de la norma, se advierte que el otorgamiento de licencias de construcción es una competencia asignada, en principio, a través de los Cabildos de los Ayuntamientos, o con el control y evaluación de éstos. Precepto legal que establece, sin lugar a dudas, una competencia material a favor de los Ayuntamientos a efecto de que éstos sean los que, por regla general, otorguen las licencias de construcción, o para el caso de que la legislación de la entidad federativa, o inclusive la reglamentación municipal, decidan otorgar competencia a otro órgano integrante del Municipio para otorgar dichas licencias, siempre exista la posibilidad de que el Ayuntamiento municipal lleve a cabo el control y evaluación de dicha autorización. En otros términos, la norma autoriza a que se faculte a órganos distintos de los Ayuntamientos para ejercer las facultades contenidas en el artículo citado, incluida la facultad de otorgar licencias de construcción, bajo la condición de que exista la posibilidad de que el Ayuntamiento ejerza siempre el control y evaluación sobre el ejercicio de dichas facultades, lo que, se reitera, implica la asignación de una competencia material de los Ayuntamientos municipales, aun en el caso de delegación de la facultad originaria, pues, en todo caso y de forma independiente al órgano al que le sean delegadas las facultades de la materia, corresponde siempre y en todo caso al Ayuntamiento intervenir como instancia de control y evaluación de la facultad o atribución en materia de desarrollo urbano. En el ámbito estatal, la legislación regulatoria aplicable en el momento de solicitud de la licencia de construcción, era la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. De conformidad con esa ley, las autoridades competentes para ejecutar y cumplir su contenido, a nivel municipal, son los Ayuntamientos y el presidente municipal (artículo 2), sin embargo, el artículo 12 de ese ordenamiento, especifica qué atribuciones corresponderán al Ayuntamiento: ‘Artículo 12.’ (se transcribe). Y, respecto del presidente municipal, el artículo 13 señala lo siguiente: ‘Artículo 13.’ (se transcribe). Los artículos citados establecen que corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de las licencias que en materia de desarrollo urbano se expidan, y, paralelamente, establece la competencia del Ayuntamiento para resolver los recursos administrativos en el ámbito de su competencia. En cuanto al presidente municipal, le confiere un carácter de ejecutor de las decisiones, por sí o a través de los titulares de las áreas de desarrollo urbano que correspondan en el respectivo Municipio, que le sean conferidas en la citada ley, así como el reglamento orgánico correspondiente y las demás disposiciones legales aplicables. En este punto puede apreciarse que el otorgamiento de licencias de construcción en el Estado de Nuevo León, la autoridad facultada para emitir dicho acto, es el Ayuntamiento, salvo delegación de dicha facultad en un ordenamiento distinto, pero congruente con la normatividad en materia de desarrollo urbano. En este caso, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal asigna la competencia en materia de desarrollo urbano al secretario del mismo nombre: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). Del artículo citado se desprende, por una parte, que en el Municipio de Monterrey se decidió asignar la competencia particular de otorgar licencias de construcción en el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal y, por exclusión, no se reservó al presidente municipal facultad alguna en lo que toca a la expedición de licencias de construcción. Desde ese marco normativo, se concluye que en lo que corresponde al caso particular del Municipio de Monterrey, sólo el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de dicho Municipio puede expedir licencias de construcción, pero, como esa facultad es originaria del Ayuntamiento (quien también tiene la competencia originaria indelegable de control y supervisión en materia de desarrollo urbano), es dicho órgano de la administración pública municipal, la autoridad competente para resolver cualquier aspecto relacionado con la expedición de las licencias de construcción, al conservar la competencia de control y evaluación del ejercicio de la citada facultad; de otra forma, las facultades o, mejor, competencia asignada al Ayuntamiento de forma originaria desde la Constitución, así como en la Ley General que regula el desarrollo urbano, es decir, de la Ley General de Asentamientos Humanos, se vulneraría y el sistema normativo se vería trastocado. 3. Interpretación de (sic) fracción I del artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, respecto a la referencia al superior ‘inmediato’. El artículo mencionado es del tenor siguiente: ‘Artículo 302.’ (se transcribe). El precepto indicado contiene la expresión ‘ante el superior inmediato de la autoridad administrativa que no haya resuelto en el plazo legal’. Recuérdese que la Sala responsable consideró que ‘superior inmediato’, hace referencia necesariamente al superior jerárquico inmediato de la autoridad que ha sido omisa, considerando para ello únicamente criterios de relación orgánica administrativa, con lo que concluye que al tratarse de una omisión del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, el superior inmediato es el presidente municipal. En el contexto ofrecido como marco normativo, lo anterior es incorrecto a juicio de este tribunal, toda vez que no es factible interpretar y aplicar aisladamente el contenido del artículo 302 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado, porque, como se ha señalado anteriormente, se desvirtuaría el marco establecido por las otras normas que regulan el desarrollo urbano, particularmente la Constitución, la Ley General de Asentamientos Humanos, incluso, la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Así, debe de considerarse que si bien el artículo 302, fracción I, hace referencia al ‘superior inmediato’, no por ello debe tomarse literalmente la expresión y concluir que, en todos los casos, se hace referencia al superior inmediato en términos de jerarquía y con exclusión de las competencias que, por razón de la materia, le corresponden a otros órganos. De esta forma, no obstante que el presidente municipal es el representante político del Ayuntamiento y ‘director’ de la administración pública municipal y, por ende, superior inmediato de los secretarios de despacho de la administración pública municipal, no por ello, en materia de desarrollo urbano y particularmente en cuanto a la expedición de licencias de construcción, debe de considerársele ‘autoridad competente’ y superior inmediato para efectos del recurso de queja, porque la competencia material corresponde al Ayuntamiento, tanto para la expedición de las licencias como para ejercer el control y evaluación del ejercicio de la facultad de otorgar licencias de construcción. Consecuencia de lo anterior, es factible y congruente con el esquema argumentativo aquí propuesto, que la expresión ‘superior inmediato’ a que alude el artículo 302, fracción I, de la ley antes mencionada, debe entenderse a aquel superior que tenga competencia sobre la materia de que se trata; en este caso, el superior inmediato del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey es, precisamente, el Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, por referirse el recurso de queja al silencio de la autoridad sobre la solicitud de una licencia de construcción. Interpretación que este tribunal considera sistemática y más congruente con todo el orden normativo de los diferentes niveles, por ser la materia de desarrollo urbano, concurrente, pues, entender el precepto de forma distinta y aislada, como lo hizo la Sala responsable, llevaría a eliminar el control por parte del Ayuntamiento del ejercicio de la facultad de otorgar, lo que contravendría expresamente el sentido del artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, el cual regula las facultades que a los distintos niveles de gobierno corresponden en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, pues se consideraría, como se hace en la sentencia reclamada, que bastaría el control del presidente municipal, con la exclusión, injustificada, del Ayuntamiento. En esas condiciones, la resolución que constituye el acto reclamado está indebidamente fundada y motivada, lo que genera una violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sin que sea el caso analizar el restante concepto de violación esgrimido por la aquí quejosa, porque no podría otorgarle mayores beneficios a los aquí obtenidos. Finalmente, la posición jurídica adoptada ya había sido sostenida por este tribunal, al resolver la revisión fiscal 51/2003, que originó la tesis IV.3o.A.28 A, invocada por la responsable, en la que se define que el superior inmediato siempre debe entenderse como aquel que tenga competencia material para decidir sobre el punto sometido a su potestad. El rubro y texto de la tesis son los siguientes: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU PRÁCTICA DEBE ORDENARSE POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO QUE GOCE DE FACULTADES EXPRESAS PARA TAL EFECTO, Y NO FORZOSAMENTE POR EL «INMEDIATO» QUE CORRESPONDA SEGÚN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA AUTORIDAD FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).’ (se transcribe). Efectos de la protección constitucional. En las condiciones señaladas, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala Superior deje insubsistente la sentencia y dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda."
Por otro lado, en la ejecutoria transcrita, el órgano jurisdiccional en comento señaló que en sesión de diecinueve de febrero de dos mil cuatro, resolvió la revisión fiscal 51/2003, de la que derivó la tesis aislada IV.3o.A.28 A, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"VISITA DOMICILIARIA. LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU PRÁCTICA DEBE ORDENARSE POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO QUE GOCE DE FACULTADES EXPRESAS PARA TAL EFECTO, Y NO FORZOSAMENTE POR EL ‘INMEDIATO’ QUE CORRESPONDA SEGÚN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA AUTORIDAD FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). De conformidad con el artículo 46-A, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2003, el plazo máximo de seis meses para la práctica de una visita domiciliaria contado a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido, en la primera vez, por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita y, en la segunda, por el superior jerárquico de estas últimas, salvo cuando el contribuyente durante el desarrollo de la visita domiciliaria cambie de domicilio fiscal, supuesto en el que serán las autoridades fiscales que correspondan a su nuevo domicilio las que expedirán, en su caso, los oficios de las extensiones correspondientes. Tal precepto interpretado de conformidad con el principio general de derecho que reza ‘donde la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador que la aplica’, permite concluir que al no establecer mención o distinción alguna de que tratándose de la segunda ampliación de la visita domiciliaria, el funcionario autorizado para emitir la orden relativa deba ser forzosamente, el superior jerárquico ‘inmediato’ o ‘más próximo’, de la autoridad o autoridades que en forma originaria dispusieron la visita, debe entenderse que dicho precepto en realidad alude a cualquier superior jerárquico que goce de facultades expresas para emitir ese tipo de mandamientos, pues aceptar sólo la primera postura, implicaría desconocer que en algunos casos los funcionarios superiores inmediatos que correspondan de acuerdo a la estructura interna del ente hacendario al que pertenecen, no tienen competencia material para ordenar su segunda ampliación de acuerdo a la ley que rige sus actos, en cuyo caso su proceder resultaría transgresor del mandato contenido en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en cuanto ordena que todo acto de molestia debe ser precedido de un mandamiento escrito de autoridad competente." (Novena Época. Registro: 177106. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, materia administrativa, tesis IV.3o.A.28 A, página 1590)
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito conoció del amparo directo **********, en el que concedió la protección constitucional para los efectos ahí precisados, con base en las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO. Estudio. Son infundados unos y fundados otros de los cuatro conceptos de violación expuestos que se estudian en orden diverso al propuesto, por el mayor beneficio que en su caso traerían, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 3/2005,(11) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el tercer concepto de violación, sintetizado en el considerando que precede, se aduce, esencialmente, que el recurso de queja se interpuso debidamente ante el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, quien es el competente para resolverlo, de conformidad con la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, pues es el superior jerárquico e inmediato del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Para atender lo anterior, se recuerda que la hoy quejosa presentó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, una solicitud de autorización de licencia de uso de suelo a **********, respecto de un inmueble que dijo de su propiedad, misma que no le fue atendida. Ante tal omisión, acudió al recurso de queja a que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24078-d9e7c276/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-302 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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