HABER POR RETIRO DE LOS MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. DESESTIMACIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 241, 242, 243, 244, 245, PÁRRAFO PRIMERO, 246, 247, 248, 249 Y 250, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23470/LIX/10, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 8 DE ENERO DE 2011, AL NO HABER ALCANZADO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Cinco votos a favor de la propuesta de invalidez. Los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza votaron en contra) HABER POR RETIRO DE LOS MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 245, PÁRRAFO SEGUNDO Y 250, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23470/LIX/10, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 8 DE ENERO DE 2011, AL PREVER QUE SI DICHOS FUNCIONARIOS FALLECIERAN ANTES DE INGRESAR LA SOLICITUD DE AQUELLA PRESTACIÓN, SUS BENEFICIARIOS NO TENDRÁN DERECHO A SU RECLAMACIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto del señor Ministro Luis María Aguilar Morales)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 25 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de junio de dos mil doce.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 26/2011; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por oficio recibido el veintidós de febrero de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celso Rodríguez González, ostentándose como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de dicha entidad, en la que demandó la invalidez de lo siguiente:(1)
Norma general
Decreto Número 23470/LIX/10, por el que se adiciona el título décimo, denominado "Del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial", a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de enero de dos mil once.
Autoridades demandadas
a) Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
SEGUNDO. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez que hace valer el Poder Judicial actor manifiesta que la norma general cuya invalidez se demanda resulta transgresora de los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la forma en que se regulan las bases, mecanismos y periodicidad del haber por retiro de los Jueces y Magistrados del Estado de Jalisco atenta contra los principios de estabilidad y seguridad en el cargo, así como con el de independencia judicial, previstos en los numerales constitucionales antes mencionados.
Lo anterior, pues si bien acepta que el Decreto Número 23470/LIX/10, por el que se adiciona el título décimo denominado "Del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial", a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se emitiera en cumplimiento de lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Jalisco, al resolver la controversia constitucional 25/2008,(2) promovida por el mismo actor, en la que se determinó que debía corregirse la omisión legislativa que existía en la referida entidad, ante la falta de regulación del haber por retiro en términos de lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política del citado Estado, también afirma que los aludidos principios constitucionales no se colman si el haber por retiro que se prevé en la legislación no es adecuado y suficiente.
De conformidad con lo sostenido por el poder actor, para considerar que el haber por retiro es adecuado y suficiente, éste debe asegurar a los juzgadores un ingreso que les permita, tanto a ellos como a sus dependientes, vivir con dignidad al finalizar su encomienda jurisdiccional, habida cuenta de que aquél (el haber por retiro) se instituye como un beneficio a favor de éstos (los juzgadores) por los años que dedicaron al servicio activo en tan noble tarea, lo que les da el derecho a un descanso sin preocupación alguna por lo menos de índole económica, ya que no existe duda de que la conclusión de su encargo, ya sea por edad o por fenecimiento del periodo del nombramiento, denota su compromiso y entrega a la función judicial, lo cual no se satisface en la especie.
El poder actor considera que el haber por retiro de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que se contempla en el decreto impugnado, consistente en una prestación económica que será entregada en una sola exhibición al Magistrado o Juez que se retire de manera forzosa o voluntaria de su cargo, constituida por el equivalente a seis meses de salario integrado y a doce días de ese propio salario por cada año de servicio prestado en el mismo, no es adecuado ni suficiente.
Sustenta su anterior afirmación en la consideración de que dicha prestación, de ningún modo, permitirá al correspondiente funcionario judicial y a sus dependientes, que al finalizar su encomienda puedan gozar de una vida decorosa y digna pues, por mera lógica y simple raciocinio, se desprende que algunos de esos funcionarios judiciales, a los sesenta y cinco o setenta años de edad, tan sólo recibirán, en el peor de los casos, ocho meses y veinticuatro días de su salario integrado (Magistrados del Tribunal Electoral), y en el mejor, dos años de ese salario (Jueces menores o de paz), lo que indudablemente no les permitiría, al finalizar su encomienda, el gozar de una vida decorosa y digna.
Acepta que, en ciertos casos, el retiro del funcionario no ocurrirá hasta los setenta años de edad, como sería en el caso de que concluyeran el periodo máximo de su cargo; sin embargo, considera que por lógica, el funcionario que se retira de esa forma, también estará muy cerca de cumplir las edades mencionadas en el párrafo anterior, ya que el acceso a tan alta investidura requiere de vasta experiencia y, por tanto, se da a una edad madura.
Aunado a lo anterior, el poder actor asegura que como los juzgadores estatales solamente podrán aspirar a una subsistencia económica de poca cuantía en su retiro, la independencia en el ejercicio de su encargo se verá vulnerada, ya que la circunstancia de no contar con una expectativa futura que les asegure un vivir digno, va en detrimento de la estabilidad y seguridad que forzosamente deben detentar para ejercer su función en óptimas condiciones y, en consecuencia, vulnera el principio de independencia judicial, porque éste no sólo se asegura con la "remuneración adecuada" de que habla el último párrafo de la fracción III del artículo 116 constitucional, sino también con la preservación de una estabilidad económica futura, después de que termine el periodo de la alta función judicial que se les asignó, pues únicamente al tener garantizado su porvenir, se verán exentos durante el tiempo de su función, de dependencias de cualquier índole, permitiéndoles con ello avocarse exclusivamente al ejercicio del importante designio que les fue encomendado.
Por otro lado, señala que dicho decreto también socava los principios de estabilidad y seguridad en el cargo, porque niega a los beneficiarios del funcionario el haber por retiro contemplado, si este último no lo solicitó en vida, sin tomar en cuenta que la muerte puede ser sorpresiva; al respecto, afirma que no hay que perder de vista que aunque el desempeño del cargo jurisdiccional recae únicamente en la persona del funcionario, por regla general, los recursos económicos que derivan del mismo son para satisfacer las necesidades también de sus dependientes, por lo que no puede conceptuársele como un ente solitario y desligado de los suyos y, precisamente por ello, considera que ese haber por retiro debe comprender, en todos los casos, a dichos beneficiarios, lo cual no ocurre en la especie.
En apoyo a lo anterior, señala que no debe olvidarse que en la reforma al artículo 116 del Pacto Federal, expresamente se tomó en cuenta a los familiares de los juzgadores estatales, según se advierte del dictamen emitido por la Cámara de Senadores en ese proceso de modificación, verificado entre los años de mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos ochenta y siete,(3) y que lo mismo sucedió en el ámbito federal, como se aprecia en la exposición de motivos mediante la cual el presidente de la República justificó la iniciativa de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(4)
En otro orden de ideas, refiere que no debe pasar inadvertido que aunque los Magistrados de los Tribunales Electorales Locales se rigen por la fracción IV del invocado artículo 116 constitucional, dicha regulación no es exclusiva, ya que también les es aplicable la fracción III del referido numeral de la Ley Suprema, de conformidad con la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 256 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBOS DE DICHA ENTIDAD, QUE PERMITEN LA DISMINUCIÓN DE SU REMUNERACIÓN DURANTE LOS AÑOS NO ELECTORALES, VIOLAN LA GARANTÍA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL TUTELADA POR LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIONES III Y IV, INCISO C), CONSTITUCIONALES."
Finalmente, aduce que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, se debe condenar a los poderes demandados, en la especie, Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que expidan y promulguen un nuevo decreto en el que respetando los principios y postulados antes referidos, vuelvan a regular el haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial de dicha entidad federativa, para lo cual, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte debe fijar los lineamientos correspondientes, considerando adecuado que se establezca que la nueva regulación del haber por retiro se asimile en lo más posible al que se contempla para los integrantes de dicho Tribunal Pleno en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, legalmente hablando, existe justificación para ello, en atención a lo siguiente:
• Durante el proceso de reforma del artículo 116 constitucional, se hizo referencia a la importante función de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República, inclusive se homologaron los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte con las exigencias para ser Magistrado de los citados tribunales de segunda instancia estatales. Destaca que los artículos 59, 66 y 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen los requisitos para acceder a la magistratura estatal, tomaron como parámetro el contenido del artículo 95 de la Carta Magna, que establece los lineamientos mínimos para ser Ministro de la Corte.
• En ese mismo sentido, se introdujo a nivel constitucional la inamovilidad de los Magistrados locales, cualidad de la que también gozan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de garantizar la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales Estatales.
• Lo anterior permite establecer una analogía entre las condiciones de los Ministros y los Magistrados locales, por lo menos, en lo tocante al tema relativo del haber por retiro, aunque admite que debe atemperarse la comparación descrita únicamente con las circunstancias económicas y las posibilidades presupuestales de cada uno de los Estados, lo que no puede implicar, de ninguna manera, trastocar o tornar nugatorio el principio de independencia judicial.
• Precisó que la actual regulación del haber por retiro de los Ministros integrantes de la Suprema Corte, tiene su origen en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuya exposición de motivos se asentó que sólo un sistema de jubilación adecuado y suficiente permite garantizar cabalmente el principio constitucional de independencia judicial, por lo cual, se determinó que los Ministros de la Corte recibieran durante los dos primeros años siguientes al término del encargo, un haber del cien por ciento de la remuneración correspondiente a los Ministros en activo y del ochenta por ciento en los años subsecuentes, de manera vitalicia, por considerar que ese era un haber que suficientemente garantizaba la independencia judicial.
• Reiteró que era justificable la solicitud de asimilación entre las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales Federal y del Estado de Jalisco, porque el fin perseguido en ambos ordenamientos, en cuanto a la independencia judicial, debía ser la de asegurar la pervivencia de los servidores públicos judiciales de manera vitalicia.
TERCERO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados, son los artículos 14, 16, 17 y 116, párrafo segundo y fracción III.
CUARTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 26/2011 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(5)
Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil once, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(6)
QUINTO. Contestación a la demanda.
Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El Poder Legislativo Local al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(7)
En cuanto a los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda, expuestos por el Poder Judicial actor, señala que es cierto que el decreto impugnado fue producto de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y que se aprobó en acatamiento a la ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 25/2008, con el objeto de establecer los términos, cuantías y condiciones del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial de la referida entidad, en virtud de que la autoridad legislativa es la facultada en términos del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar tales aspectos; por otro lado, no aceptó que el mencionado decreto conculca diversos principios de la Carta Magna.
Señaló que, en su opinión, se actualizan las siguientes causales de improcedencia:
a) La prevista en el artículo 19, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia,(8) la cual tutela el principio de seguridad jurídica, dado que el acto legislativo que se reclama fue aprobado en acatamiento a la controversia constitucional 25/2008, en la cual se juzgó el asunto propuesto por la actora, es decir, lo referente al haber por retiro y, en consecuencia, ya existe cosa juzgada al respecto.
Lo anterior, porque en el referido asunto se determinó que las Legislaturas de los Estados gozan de amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que integran el Poder Judicial Local, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, señalando, a manera de ejemplo, que una forma en que pueden tutelarse dichos principios, es mediante el pago de un haber por retiro solamente cuando el sistema elegido no diera estabilidad vitalicia a los Magistrados del Poder Judicial.
b) La causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(9) en virtud de que no se agotó el recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la controversia constitucional 25/2008, en contra del Decreto Número 23470/LIX/10.
Afirma que como en la ejecutoria que recayó a la controversia constitucional precisada en el párrafo anterior, se requirió al Poder Legislativo del Estado de Jalisco para que legislara en materia de "haber por retiro", en el entendido de que mediante la ley que expidiera al respecto, tendría que garantizar lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, en consecuencia, el planteamiento que realiza el poder actor en cuanto a que el señalado decreto no satisface lo dispuesto por el mencionado numeral constitucional no debe ser materia de una nueva controversia, sino que debió haberse reclamado en términos del artículo 55, fracción II, de la ley de la materia, que dispone que el recurso de queja procede contra la parte condenada por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.
c) La causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(10) en relación con el numeral 22, ambos de la ley reglamentaria de la materia, porque el poder actor no desvirtúa las consideraciones legales que dan sustento a la aprobación del Decreto Número 23470/LIX/(10) y, particularmente, las razones por las que el legislador decidió que el "haber por retiro" fuera del monto que se determina en la norma general impugnada, conforme a lo que expuso en la iniciativa presentada por el gobernador y aprobada por el Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco, así como en el dictamen presentado a la asamblea, por conducto de la Comisión de Justicia, documentos en los que con toda claridad se señaló que no se perdía de vista que los Jueces y Magistrados cuentan con el sistema de seguridad social, señalando que a pesar de dicho haber, seguirían conservando las prestaciones adquiridas a través de dicho sistema.
Refiere que el poder actor tampoco toma en cuenta que la Legislatura Estatal aprobó modificaciones a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, elevando el "haber por retiro" de tres a seis meses y aplicando dicho concepto también a favor de los beneficiarios, de conformidad con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y que los conceptos esgrimidos en la demanda son meras afirmaciones sin fundamento que no cumplen los requisitos esenciales de los conceptos de validez, y no se está en el supuesto de que pueda suplirse la deficiencia de la queja.
d) La causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracciones V y VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, porque en sesión celebrada el veintiséis de mayo de dos mil once, por el Pleno del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se aprobó el dictamen del Acuerdo Legislativo Número 944-LIX/11, en el que se desecharon las iniciativas presentadas por el diputado Raúl Vargas López y por el Magistrado Celso Rodríguez González, este último en representación del Poder Judicial actor, con lo cual se acredita que el Poder Legislativo sustanció y agotó el procedimiento legislativo correspondiente a la iniciativa referida, concerniente al tema del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial de la referida entidad, lo que significa que fue agotada la vía legalmente prevista para la solución del conflicto y, por tanto, ya no existe materia que justifique la sustanciación de la presente controversia.(11)
En cuanto a los conceptos de invalidez, manifestó que no le asiste la razón al poder actor cuando afirma que el haber por retiro que se otorga a los Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, mediante el decreto impugnado, no es adecuado ni suficiente, por lo que no cumple con lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley Suprema, en atención a los siguientes motivos: i) que es inferior al que se concede en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ii) no es vitalicio; y, iii) no se concede a sus familiares.
Lo anterior, porque debe considerase que el sistema de evaluación y ratificación de los Magistrados del Poder Judicial de las entidades federativas, compete de manera exclusiva a las Legislaturas de los Estados, lo que significa que no existen elementos jurídicos que justifiquen el que deba ser similar al modelo de haber por retiro aprobado por un Congreso Local, al que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los parámetros y elementos a la luz de los cuales debe examinarse la reforma, son estrictamente los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial.
Afirma que la legislación del Estado de Jalisco sí garantiza los aludidos principios mediante la posibilidad que se da a los Jueces y Magistrados de ser ratificados y adquirir inamovilidad a partir de ese momento, además de que durante el ejercicio de su encargo, gozan de la protección necesaria para que no se vean amenazados por circunstancias que violenten su independencia e imparcialidad.
Refiere también que en la entidad federativa existe un marco normativo (como lo es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco) que inhibe a los referidos funcionarios judiciales a incurrir en conductas que propicien el incumplimiento a los principios que se salvaguardan en los numerales 17 y 116, fracción III, de la Ley Suprema, obligándolos a que en el desempeño de su cargo actúen con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Manifiesta que el factor económico no es a lo que está supeditado el cumplimiento de los principios previstos en la multicitada fracción III del artículo 116 constitucional pues, si así fuera, habría obligación de aplicar la misma premisa a todos los servidores públicos que también tienen la obligación de apegar su actuación a la norma jurídica; por ello, señala que, en todo caso, la independencia judicial debe garantizarse a través de la seguridad jurídica que se les otorga a los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, para que su estabilidad no esté sujeta a la decisión arbitraria del Estado.
Incluso, hace notar que la circunstancia de que se supeditara la independencia judicial de los referidos funcionarios judiciales a la entrega de un pago elevado después de la terminación de su función, pondría en duda la vigencia del compromiso que todo funcionario público tiene -al entrar en funciones- de respetar la Norma Constitucional en todo momento.
Afirma también, que el poder actor soslaya las bases y fundamentos legales del sistema de designación y ratificación de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que se contemplan tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la referida entidad, conforme a los cuales se protege la independencia y autonomía de los referidos funcionarios desde el momento en que inician su encargo, puesto que para su designación se requiere de una serie de requisitos que comprueben que no tienen compromiso alguno, además de que también aplica la regla de que en igualdad de circunstancias, los nombramientos recaen preferentemente entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan atento a ciertos méritos; aunado a que se les concede la expectativa de continuar por un segundo periodo y adquirir inamovilidad en el cargo, con base en una evaluación objetiva que debe ser sobre su desempeño.
Por otro lado, afirma que es inoperante la afirmación del poder actor relativa que el "haber por retiro", contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, debe ser lo más similar posible al que se concede a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, alegando que existe una serie de condiciones análogas que comparten los Ministros y los Magistrados de las entidades federativas, tales como la inamovilidad y los requisitos para ocupar dicho cargo público.
Dicha calificación se fundamenta en la circunstancia de que tales afirmaciones no desvirtúan las consideraciones jurídicas expresadas por el gobernador y el Congreso, ambos del Estado de Jalisco, que sustentan el sentido del Decreto 23470/LIX/10, que consistió en que se concedía el monto aprobado, porque los Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la entidad cuentan con el sistema de seguridad social establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el cual garantiza cabalmente que dichos funcionarios judiciales cuenten, entre otras prestaciones que se conceden a los afiliados, con una pensión por jubilación cuando cumplan con los requisitos señalados en el propio ordenamiento, lo cual es conforme con lo resuelto por el Máximo Tribunal del País, al resolver la controversia constitucional 49/2008.
Poder Ejecutivo del Estado Jalisco. El Poder Ejecutivo Local, al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(12)
En primer término, manifestó que es cierto que participó en la promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto 23470/LIX/10, que adiciona el título décimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, denominado "Del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial", y refirió que dicha intervención tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto por los artículos 50, fracción I, de la Constitución Política y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.
Adujo que la adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, es un acto que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 25/2008, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que existía una omisión legislativa y ordenó al Poder Legislativo de la entidad que legislara en torno a los términos, cuantías y condiciones en que debía entregarse el haber por retiro a los Jueces y Magistrados de la entidad, el cual ya estaba previsto en el artículo 61 de la Constitución Política Local, circunstancia que ya quedó cumplida en el decreto impugnado.
Afirma que el Máximo Tribunal del País otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad emisora, porque en ningún momento le indicó cómo debía legislar, por lo cual considera que es totalmente improcedente que el Poder Judicial actor pretenda mediante este medio de control constitucional, que se realice un análisis sobre los términos, cuantías y condiciones determinadas por el legislador local para el haber por retiro, pues es contrario al objetivo de la controversia constitucional y vulnera la autonomía de la entidad federativa, ya que el Poder Judicial se estaría subrogando una facultad legislativa que no le corresponde constitucionalmente.
Sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 9/2004, en la que se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya resolvió que la independencia judicial se concreta, entre otros parámetros, mediante la certeza de recibir al final del periodo de su gestión, un haber por retiro determinado por el Congreso Estatal, aunado a que las Legislaturas Locales gozan de autonomía para decidir sobre el funcionamiento de Poder Judicial, con la limitante de respetar la estabilidad en el cargo y asegurar la independencia judicial, además de legislar en lo relativo al haber por retiro.
Sostiene que en el contexto del sistema federalista establecido en el artículo 124 de la Constitución Federal, cada entidad federativa es libre para organizar el funcionamiento del Poder Judicial atendiendo a su realidad y presupuesto, por lo cual, manifiesta que es una facultad privativa del Congreso del Estado de Jalisco, en el caso concreto, el determinar la base, cuantía y condiciones en que se debe entregar el haber por retiro a los Jueces y Magistrados que cumplan con el supuesto jurídico normativo; y, por tanto, insiste en que el "cómo lo hizo" no es materia de la presente controversia constitucional, porque su estudio de fondo trastoca el principio del federalismo y equivale a subrogarse en el papel del legislador ordinario.
Asienta que en la exposición de motivos que dio lugar al decreto impugnado, se manifestó que el haber por retiro es un reconocimiento económico extraordinario para los Magistrados y Jueces, distinto y ajeno a los de seguridad social, por lo cual, de ninguna manera puede pretenderse que sea de naturaleza pensionaria por jubilación como lo pretende hacer valer el poder actor, sino que tiene por objeto hacer entrega, en una sola exhibición, de cierta cantidad de dinero extra al funcionario judicial que se retira forzosa o voluntariamente como un agradecimiento para el periodo por el que fue designado, pero de ninguna manera busca satisfacer un retiro a una vida digna y decorosa; afirma que, de estimarse lo contrario, incluso llevaría a que dichos funcionarios recibieran una doble pensión por un mismo motivo.
Finalmente, manifiesta que si se considerase el haber por retiro como una pensión vitalicia, sería un negocio perfecto para cualquier persona más que un incentivo, porque sólo requeriría retirarse voluntariamente del cargo a plena edad madura y económicamente activa para tener el derecho a recibir una pensión vitalicia, lo cual ocasionaría un colapso económico en detrimento del presupuesto otorgado al propio Poder Judicial, porque en un momento dado podrían ser muchos los Jueces y Magistrados que pretendieran beneficiarse de dicha pensión de haber por retiro.
SEXTO. Opinión del procurador general de la República: El procurador general de la República al rendir su opinión manifestó, en síntesis, lo siguiente:(13)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, la cual se presentó oportunamente y quienes la promovieron gozan de legitimación procesal activa para ello.
No se surten las causales de improcedencia hechas valer por el Congreso del Estado de Jalisco, en atención a lo siguiente:
a) Por lo que se refiere a la prevista por la fracción IV del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, advierte que no se actualizan los requisitos de la hipótesis en comento, porque aunque existe una identidad de partes, no lo es así por lo que hace a la norma combatida y a los conceptos de invalidez.
b) Tampoco se surte la causal prevista por la fracción VI del referido numeral, porque, en el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que el poder actor pretende que la Suprema Corte determine si la emisión de las disposiciones relativas al haber por retiro de Jueces y Magistrados del Estado de Jalisco, se ajusta o no a lo dispuesto por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24091-f8e94593/haber-por-retiro-de-los-magistrados-y-jueces · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTI (209)
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTI (P./J. 112/2010)
- INDEMNIZACIÓN POR CONCLUSIÓN DE SERVICIOS DE LOS JUECES DEL ESTADO DE JALISCO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 246 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, DEBE CALCULARSE CONFORME (III.2o.A.4 A (11a.))
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER (P./J. 111/2010)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis