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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DECRETO NÚMERO 542 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO SUS DIVERSOS TRANSITORIOS PRIMERO A CUARTO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 9 DE ENERO DE 2012, AL REGULAR ASPECTOS VINCULADOS CON LA AMPLIACIÓN DE CARGOS MUNICIPALES DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, CONSTITUYEN NORMAS DE CARÁCTER ELECTORAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CARGOS MUNICIPALES DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. EL DECRETO NÚMERO 542 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DIVERSOS TRANSITORIOS PRIMERO A CUARTO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 9 DE ENERO DE 2012, AL PREVER COMO PERIODO DE DURACIÓN DEL CARGO DE LOS EDILES EL DE CUATRO AÑOS, Y DISTINTOS ASPECTOS VINCULADOS CON LA AMPLIACIÓN DE AQUÉLLOS, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CARGOS MUNICIPALES DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. EL DECRETO NÚMERO 542 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DIVERSOS TRANSITORIOS PRIMERO A CUARTO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 9 DE ENERO DE 2012, AL PREVER COMO PERIODO DE DURACIÓN DEL CARGO DE LOS EDILES EL DE CUATRO AÑOS, Y DISTINTOS ASPECTOS VINCULADOS CON LA AMPLIACIÓN DE AQUÉLLOS, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CARGOS MUNICIPALES DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. EL DECRETO NÚMERO 542 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 9 DE ENERO DE 2012, CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2012. · Registro digital (IUS): 24099
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Pág. 89.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2012. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO CIUDADANO. 23 DE AGOSTO DE 2012. ONCE VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: YAREMY PATRICIA PENAGOS RUIZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de agosto de dos mil doce.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y norma impugnada. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Walton Aburto, Jaime Álvarez Cisneros, Alejandro Chanona Burguete, José Juan Espinoza Torres, Margarita García García, Jesús Armando López Velarde Campa, Ricardo Mejía Berdeja, Juan Ignacio Sampeiro Montaño y Nelly del Carmen Vargas Pérez, quienes se ostentaron como coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

a) La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como autoridad que emitió el Decreto Número 542.

b) El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como autoridad que promulgó el Decreto Número 542.

c) La directora de la Gaceta Oficial, como autoridad que publicó el Decreto Número 542, en ese medio de comunicación oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el nueve de enero de dos mil doce.

Norma general cuya invalidez se reclama.

• El Decreto Número 542, que reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del decreto mencionado, publicado en la Gaceta Oficial de dicho Estado el nueve de enero de dos mil doce, que aumenta de tres a cuatro años el periodo de vigencia por el cual serán electos al cargo los ediles, el cual establece lo siguiente:

"Decreto Número 542

"Que reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave:

"Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

"Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo cuatro años, debiendo tomar posesión el día primero de enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

"...

"Transitorios

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

"Artículo segundo. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos elegidos en el año 2010 y que entraron en funciones a partir del 1 de enero de 2011 durarán en su encargo los tres años para los que fueron elegidos. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos que se elijan en el año 2013, para iniciar sus funciones el 1 de enero de 2014, durarán en su encargo cuatro años.

"Artículo tercero. El ejercicio constitucional de cuatro años para el periodo de gobierno de los Ayuntamientos del Estado iniciará a partir de la renovación de los Ayuntamientos del 1 de enero del año 2014.

"Artículo cuarto. En todos los ordenamientos estatales que se señale el periodo de gobierno de tres años para los Ayuntamientos del Estado, se entenderá referido al periodo de cuatro años, en términos de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios del presente decreto. ..."

SEGUNDO. Antecedentes. El partido político promovente señaló como antecedente de la norma impugnada, el siguiente:

"1. Mediante oficio fechado el 13 de abril de 2011, el ciudadano gobernador del Estado, licenciado Javier Duarte de Ochoa, presentó ante la Soberanía del honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciativa con proyecto de decreto para reformar el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Local, mismo que sigue (sic) el procedimiento legislativo, culmina con la emisión del Decreto Número 542 que reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, del decreto mencionado." (folio 4 del expediente principal)

TERCERO. Concepto de invalidez. El partido político promovente expuso en su escrito inicial de demanda el concepto de invalidez que estimó pertinente, en el cual adujo, en síntesis, lo siguiente:

• Que el Decreto Número 542, que reforma el artículo 70, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como los diversos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del mismo decreto, que aumenta de tres a cuatro años el periodo de vigencia por el cual serán electos al cargo los ediles, vulnera lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la intención del legislador federal fue la de agrupar las elecciones en la menor cantidad de fechas posibles, y en el Estado de Veracruz en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se hizo una reforma a la Constitución Local que prevé la agrupación de las elecciones (antes las elecciones de gobernador y de diputados locales se llevaban a cabo en una fecha, y la de los ediles en otra, y esa reforma local dio pauta a que se ajustaran las fechas a una sola); por lo que, el cinco de septiembre de dos mil cuatro se eligieron simultáneamente gobernador, diputados locales y ediles; sin embargo, el decreto ahora impugnado pretende nuevamente separar las elecciones de los ediles, de las de gobernador y diputados locales, al aumentar de tres a cuatro años su periodo de vigencia, lo cual contraviene el artículo constitucional mencionado, ya que la intención del legislador fue la de agrupar dichas elecciones (gobernador, diputados y ediles) en la menor cantidad de fechas posibles, con el fin de evitar que la ciudadanía tenga que votar todos los años.

• Aduce el partido accionante que si en el Estado de Veracruz ya se habían logrado agrupar las tres distintas elecciones locales -gobernador, diputados y ediles- en un solo proceso, no se explica el por qué las autoridades demandadas quieren volver a separarlas, a sabiendas de los costos políticos y económicos que dicha separación acarrearía, pues ello implicaría que en dicho Estado haya elecciones todos los años, tomando en cuenta, las elecciones de presidente de la República, senadores, diputados, gobernador, diputados locales, ediles, agentes y subagentes municipales, lo cual resulta irrazonable.

• Sostiene que el Decreto Número 542, que reforma el artículo 70, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como los artículos transitorios primero a cuarto del mismo decreto, que aumenta a cuatro años el periodo de vigencia por el cual serán electos al cargo los ediles, vulnera lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, que prevé que las elecciones de gobernadores, diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, deberán tener lugar el primer domingo de julio del año que corresponda, esto es, que las tres elecciones deben realizarse al mismo tiempo, el mismo día, por economía procesal, tal como se advierte en la exposición de motivos de la reforma Constitucional Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, donde se estableció una menor duración en las precampañas y campañas electorales, reduciendo los tiempos del proceso electoral.

• Que el gobernador del Estado de Veracruz, en la exposición de motivos que dio pauta al Decreto Número 542, en relación con la ampliación del periodo de duración de los ediles, únicamente manifestó: "... la posibilidad de ampliar los actuales periodos de los Ayuntamientos a más de tres años, permitiría consolidar la acción pública para una mejor planeación y prestación de los servicios a cargo de los Ayuntamientos ... posibilitaría un mejor lapso para la formación de los servidores públicos municipales... se logrará con dicha reforma una mejor y correcta planeación, en la emisión de los planes de desarrollo municipal ... Debido a estas consideraciones, propongo ... elevar a cuatro años el periodo de ejercicio de los ediles veracruzanos, con el firme propósito de contribuir a fortalecer el desarrollo de administraciones más eficientes ...", sin embargo, no justifica con claridad el porqué aumentando a cuatro años la gestión de los ediles, servirá para robustecer la capacidad y efectividad de los gobiernos municipales, o que con ello mejorarán las condiciones de desarrollo y bienestar social, ni se advierte alguna relación con el imperativo de que se cumplan los planes de desarrollo municipales, por lo que es evidente que el gobernador intentó en forma infructuosa justificar una reforma innecesaria.

• Que el Decreto Número 542, que reforma el artículo 70, párrafo primero, de la Constitución del Estado de Veracruz, que aumenta a cuatro años el periodo de vigencia por el cual serán electos al cargo los ediles, plantea una reforma incompleta, pues no se incluyó un paquete integral que prevea la ratificación o revocación del mandato de las autoridades en estos órdenes de gobierno, a través de un referéndum a la mitad del periodo.

• Que el legislador local con absoluta falta de técnica legislativa, no reformó las leyes secundarias, como el Código Electoral para el Estado de Veracruz, que en su artículo 16, párrafo segundo, señala que: "la elección de los ediles se realizará cada tres años", de igual manera, no reformó el artículo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que establece que los ediles: "... durarán en su cargo tres años y deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a la elección ...", esto es, era tal la urgencia del legislador por dicha reforma que únicamente redactó el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, en el siguiente sentido: "... En todos los ordenamientos estatales que se señale el periodo de gobierno de tres años para los Ayuntamientos del Estado, se entenderá referido al periodo de cuatro años, en términos de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios del presente decreto ...", lo cual vulnera el principio de certeza que rige la materia electoral y que consagra el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existen dos periodos de gobierno para los Ayuntamientos, uno en la Constitución Local (de cuatro años), y otro diferente en la ley (de tres años), de ahí que no exista claridad suficiente en las reglas electorales al tener dos periodos de gobierno distintos para los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

CUARTO. Preceptos constitucionales violados. El partido político señaló que el decreto cuya invalidez demanda es violatorio del artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil doce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 23/2012 y, por razón de turno, designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso proveído de trece de febrero siguiente, admitió a trámite el asunto y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, para que rindieran sus respectivos informes, y a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con la presente acción de inconstitucionalidad; y requirió a la presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, para que informara la fecha en la que deberá iniciar el próximo proceso electoral en dicha entidad (folios 248 a 251 del expediente principal), en relación con esto último, mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil doce (folio 262 a 264 del expediente), el secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, manifestó lo siguiente:

"... Que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 179 del Código Electoral número 307 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el próximo proceso electoral en la entidad, para elegir diputados y ediles, se inicia en el mes de noviembre del año en curso, y concluye en el mes (sic) de agosto y septiembre respectivamente del año 2013. No omito manifestarle, que en caso de existir Medios de Impugnación pendientes de resolución en los meses indicados, el proceso electoral ordinario concluirá hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas e inatacables ..."

SEXTO. Informes. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rindieron los informes que se les solicitaron, a través de sus escritos presentados el veintiuno de febrero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por conducto del diputado Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter de presidente del Congreso del Estado (folios 266 a 285 de autos), y de Javier Duarte de Ochoa, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz (folios 295 a 316 de autos), respectivamente.

• En el primero de los informes citados el Poder Legislativo sostiene, en síntesis: que la acción de inconstitucionalidad es improcedente y debe sobreseerse, porque el Decreto Número 542, que reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que refiere a la duración en el cargo de los ediles (ampliación de tres a cuatro años del periodo de vigencia de éstos), no pertenece a la materia electoral, ya que únicamente se refiere a la simple temporalidad en el cargo de los integrantes de los Ayuntamientos electos popularmente, lo cual no debe ser considerado como una norma de carácter electoral, pues no se están estableciendo nuevos procedimientos o requisitos para sustanciar los correspondientes procesos electorales, aceptar lo contrario, equivaldría a sostener que cualquier regulación de los órganos de gobierno vinculado hasta con cuestiones administrativas, debiera ser considerado como norma de carácter electoral.

Que el partido político accionante carece de legitimación para promover la presente vía, ya que confunde medios de impugnación en materia electoral derivados de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como son las acciones tuitivas de intereses difusos contra los actos de preparación de las elecciones, con el presente medio de acción de inconstitucionalidad, pues de la lectura de la parte final de la página seis del escrito de demanda, dicho partido político sostiene: "... por ser los partidos políticos los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ... y al conferirse la legitimación para hacer valer los medios de impugnación en esta materia presentamos la presente acción de inconstitucionalidad ...", y en la especie, las autoridades jurisdiccionales de carácter electoral no están facultadas para resolver sobre la inconstitucionalidad de norma alguna.

En cuanto al concepto de invalidez, el mismo Poder Legislativo afirma que el Decreto Número 542, que reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del decreto mencionado, al aumentar de tres a cuatro años el periodo de vigencia de los ediles, de ninguna manera infringe lo preceptuado en el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, toda vez que tal precepto establece cuestiones mínimas que las Constituciones Locales deben plasmar en sus textos, por lo que fuera de los límites señalados en ese artículo y atento al principio de libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de las entidades federativas previsto en el artículo 40 de la Carta Magna, cada Municipio puede legalmente establecer la duración del cargo de sus servidores públicos, con excepción del gobernador del Estado, lo que nos lleva a concluir que el Constituyente Local puede constitucionalmente establecer la duración del cargo de los ediles, por lo que el decreto impugnado que aumenta de tres a cuatro años el periodo de vigencia de los ediles, no es inconstitucional.

Que es infundado el argumento del partido político promovente en el sentido de que la intención del artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, es la de agrupar las elecciones de gobernador, de diputados locales y de ediles en la menor cantidad de fechas posibles, pues dicho argumento llevado al extremo, traería como consecuencia el hecho de que los diputados locales y ediles durarán en su cargo seis años a efecto de que en las entidades federativas sólo se celebren elecciones cada seis años, que sería esa la "menor cantidad de fechas posibles" a la que se refiere el promovente, lo que de ninguna manera fue el propósito del legislador constituyente, pues su intención consistió en dejar a la potestad de los Estados fijar la duración del cargo de sus autoridades, verbigracia en el propio artículo 116 constitucional, por cuanto hace a la duración en el cargo de los Magistrados se dispone que los mismos durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, por tanto, en la especie, no existe disposición constitucional que se oponga al establecimiento de la duración de los Ayuntamientos de cuatro años.

El argumento que hace valer el partido accionante relativo a que el decreto impugnado es incompleto, al no prever una revocación del mandato a la mitad del periodo, significa una contradicción con su premisa toral de que todos los procesos electorales deben celebrarse al mismo tiempo, pues lo relativo a la revocación del mandato a la mitad del término, implicaría de hecho una elección más que se adicionaría a las existentes y de acuerdo a su argumento original, tal procedimiento sería inconstitucional.

Que en el artículo 115 de la Constitución, relativo a los Municipios y su gobierno, el Constituyente Federal en ningún momento señaló algún límite para los Estados en cuanto a la duración en el cargo de los ediles, salvo como lo hace para el cargo de gobernador, fuera de esa excepción, no hay límite y es claro que la potestad de señalar la duración en el cargo de dichos servidores públicos corresponde indudablemente a los órganos legislativos locales, en términos del principio constitucional de libertad y soberanía de los estados por cuanto hace su régimen interior.

Que en nuestro sistema federal, en unos Estados la duración en el cargo de los ediles puede ser de tres años, y en otros mayor como lo es en el Estado de Coahuila donde se adoptó el periodo de cuatro años para el ejercicio de los Ayuntamientos, en consecuencia, se produciría una grave anomalía en nuestro régimen jurídico si en un Estado el periodo aludido fuese reconocido como constitucionalmente válido y en otro se declarase inconstitucional.

Que el artículo 116 de la Carta Magna, sólo impone a los Estados que las elecciones de gobernador, diputados y ediles tengan lugar el primer domingo de julio del año que corresponda, es decir, al año que corresponda realizar cada una de ellas, por lo que si varias autoridades van a ser objeto de elección en un mismo año, entonces la jornada electoral se efectuará ese día, pero si las elecciones se realizan en años diferentes, en cada uno de dichos años la jornada electoral deberá tener lugar el primer domingo de julio, siendo esto lo único que indica la Constitución (la norma que fije otra fecha sería inconstitucional), no así que las elecciones deban ser simultáneas, esto es, que la duración del ejercicio de los Ayuntamientos es una decisión que queda en el ámbito de la soberanía estatal por pertenecer a su régimen interior, en el entendido de que el periodo de los Ayuntamientos nunca podrá exceder del que la propia Constitución señala para el Ejecutivo Federal o los ejecutivos estatales (seis años), pero fuera de esas limitaciones que derivan de la propia Constitución, corresponde a cada uno de los Estados determinar la duración de los cargos municipales de elección popular.

Contrariamente a lo que aduce el partido político accionante, en la exposición de motivos de la reforma que dio origen al decreto hoy impugnado, se desprende claramente que es deseable la extensión de los periodos de ejercicio de la autoridad municipal para una mejor planeación e implementación de los programas de prestación de servicios, mediante la ampliación del citado periodo a cuatro años, el cual también incide en una mejor formación de los servidores públicos, pues tendrán un año más de experiencia, por lo que la iniciativa sí expresa con absoluta claridad y precisión sus motivos, para dar pauta a dicha reforma; ahora bien, los argumentos tendentes a las ventajas o desventajas de la ampliación del periodo a cuatro años o los beneficios o perjuicios que producirá al pueblo veracruzano, sólo se traducen en una mera opinión del partido impugnante con lo cual alega la inconstitucionalidad del decreto cuestionado.

Que el artículo cuarto transitorio que se objeta, debe entenderse precisamente con tal carácter de transitorio, tendente a resolver temporalmente lo que podría parecer una contradicción entre la Constitucional Local y la ley orgánica municipal, en tanto el legislador ordinario hace las modificaciones pertinentes en dicha legislación, las cuales no podrían haberse formulado antes de que se aprobara la reforma que las hace necesarias.

• En el segundo de los informes citados el gobernador del Estado de Veracruz, sustancialmente, manifestó que éste únicamente se limitó a cumplir con lo establecido en el artículo 35, segundo párrafo, de la Constitución Política Local, por lo que hace a la promulgación y publicación del Decreto Número 542, e igualmente afirma que al tratarse de una reforma a un precepto constitucional local, tal acto está fundado y motivado, pues el poder reformador actuó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Local (conforme al proceso de creación de leyes), por lo que dicho decreto al provenir de autoridad competente y cumpliendo las formalidades exigidas por la ley, está fundado y motivado.

En cuanto al único concepto de invalidez, el mismo gobernador afirma que el Decreto Número 542, que reforma el párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del decreto mencionado, al aumentar de tres a cuatro años el periodo de vigencia de los ediles, de ninguna manera es violatorio del artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, toda vez que dicho precepto federal no establece un máximo ni un mínimo en la duración de los gobiernos municipales, por tanto, el Constituyente Local puede legalmente establecer la duración del cargo de los ediles, por lo que el decreto impugnado que aumenta de tres a cuatro años el periodo de vigencia de los ediles, no es inconstitucional.

El argumento del promovente en el sentido de que la intención del legislador en el artículo 116 de la Constitución, fue la de establecer que las elecciones de gobernador, diputados locales y Ayuntamientos, se realicen el primer domingo de julio del año respectivo; de ninguna manera significa que las tres elecciones se lleven a cabo simultáneamente, es decir, en la misma fecha, sino únicamente en el caso de que lleguen a coincidir en el mismo año, siendo lo único cierto la exigencia de que la elección respectiva se lleve a cabo en el día establecido en ese artículo constitucional.

Que la reforma efectuada al párrafo primero del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, no viola el artículo 116 de la Constitución Federal, porque en dicho Estado las elecciones de los ediles se llevan a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Local, esto es, que son elegidos por sufragio universal, libre, secreto y directo, de acuerdo con los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; además, la elección de los ediles se seguirá celebrando el primer domingo de julio del año de la elección que corresponda, como se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 11 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que dice: "Las elecciones de gobernador, diputados y ediles se realizarán el primer domingo de julio del año en que concluya el periodo constitucional correspondiente"; asimismo, la reforma impugnada no va en contra de la Constitución, ya que no altera ningún principio ni disposición electoral fundamental relativa a los procesos comiciales o la jornada electoral en Veracruz, pues sólo se trata de un aumento en el periodo de gobierno de los ediles, con lo cual se persigue eficientar la prestación de los servicios públicos.

Máxime que la Carta Magna no limita la posibilidad de ampliar los periodos de gobiernos municipales, pues al amparo de la denominada facultad residual prevista en el artículo 124 de la Constitución, esto constituye una atribución reservada a los Estados como partes integrantes de la Federación, mediante la actuación de sus respectivos Poderes Revisores Estatales.

Que el partido político accionante únicamente señala que la exposición de motivos que dio pauta a la reforma hoy cuestionada, es oscura, infructuosa, insuficiente, y endeble, siendo que es el promovente quien no exhibe elementos de convicción para desvirtuar la reforma constitucional realizada, porque se limita a efectuar aseveraciones subjetivas, sin los argumentos suficientes para invalidarla, además de que existen foros como el de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), en donde algunos de sus miembros, han sostenido la urgente necesidad de ampliar los periodos de gobierno municipales, pues tres años resultan insuficientes para que puedan llevar a cabo la planeación y ejecución de obras públicas de mayor envergadura, que por su propia naturaleza sobrepasarían los periodos de gobierno.

La consideración que vierte el partido político promovente, en el sentido de que la ampliación del periodo municipal estuvo incompleta e insuficiente, porque no se contempló en una reforma integral, la ratificación o revocación del mandato a la mitad del periodo; tal manifestación resulta oscura e imprecisa, toda vez que no la sustenta en disposición constitucional o legal alguna, es decir, el partido promovente no expone razonamiento alguno tendente a explicar el porqué tiene que haber una ratificación o revocación de mandato, y por qué tiene que hacerse a mitad del periodo.

Respecto de la supuesta falta de técnica legislativa que alega el accionante, en el sentido de que no se reformaron los artículos 16, párrafo segundo, del Código Electoral y 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz, que refieren a la duración del cargo de los ediles, debe señalarse, como lo reconoce el propio promovente, que el artículo cuarto transitorio del Decreto cuestionado, elimina cualquier supuesta deficiencia o carencia de técnica legislativa porque justamente prevé: "Artículo cuarto. En todos los ordenamientos estatales que se señale el periodo de gobierno de tres años para los Ayuntamientos del Estado, se entenderá referido al periodo de cuatro años, en términos de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios del presente decreto.", este proceder del legislador veracruzano no le ocasiona agravio alguno al accionante, pues no existe disposición de ningún tipo que le prohíba hacerlo, y por ende, tampoco es susceptible de ser impugnado por la vía que ahora se pretende, por lo que, aun en el supuesto no concedido de falta de técnica legislativa, la acción de inconstitucionalidad debe ser desechada, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis de procedencia de este medio de impugnación previstas en los artículos 105, fracción II, de la Constitución, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. Opinión. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso (folios 289 a 294 de autos), la siguiente opinión:

1) Que la reforma al artículo 70 y a los preceptos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, al prever la ampliación del periodo de ejercicio de los presidentes municipales en el Estado de Veracruz es constitucional, toda vez que la Carta Magna no establece restricción alguna para que el poder constituyente de dicha entidad federativa establezca el periodo de duración en el cargo de los Ayuntamientos que estime conveniente, en beneficio de la facultad constitucional de organizar sus Poderes de Gobierno.

2) El artículo 41 de la Constitución Federal, establece el principio republicano de gobierno, mediante el cual el pueblo elector ejerce su soberanía a través de los poderes constituidos de sus respectivos Estados, organizados a través de sus correspondientes Constituciones Estatales, por lo q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24099-6c08b886/accion-de-inconstitucionalidad-el-decreto-numero-542-mediante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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