INFONAVIT. LA CADUCIDAD DE SUS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, OPERA PARA REALIZAR DESCUENTOS AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS QUE AQUÉL OTORGA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 297/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE OCTUBRE DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa, y en esta última se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
CUARTO. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de marzo de dos mil doce el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO. Estudio de los conceptos de violación. Primeramente, es necesario precisar que en los conceptos de violación de la demanda de amparo se proponen argumentos de legalidad, así como de constitucionalidad; sin embargo, de la lectura de estos últimos se advierte que guardan una estrecha relación con los de legalidad, por lo que este tribunal, a efecto de proceder a su estudio y por cuestión de método, analizará, en primer lugar, los conceptos de violación de legalidad que combaten directamente la sentencia reclamada. En los incisos A), B), C) y D) del primer concepto de violación, la quejosa aduce, esencialmente, lo siguiente: ... De los argumentos anteriores, se advierte que la quejosa propone los tópicos siguientes: I. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no hace diferencia entre amortización y aportación. A efecto de estar en aptitud de analizar la proposición anterior, es pertinente recordar que en la sentencia reclamada se sostuvo -entre otros aspectos- que, en términos de la fracción III del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es obligación de los empleadores hacer los descuentos a sus trabajadores de sus salarios, los cuales se destinarán al pago de abonos para cubrir los préstamos que les fueron otorgados a través de ese instituto, así como enterarlos a las entidades receptoras. Asimismo, expresó que las amortizaciones eran cantidades descontadas a los trabajadores de su salario, por concepto de préstamo y que debían ser retenidas y enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. A partir de lo anterior, se advierte que para la Sala responsable los descuentos a que se refiere el artículo 29, fracción III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es lo que debe entenderse por el concepto de amortizaciones. Lo anterior se corrobora con la transcripción que la juzgadora llevó a cabo de la tesis emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que lleva por rubro: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES PARA DETERMINAR APORTACIONES PARA LA VIVIENDA. NO OPERA TRATÁNDOSE DE AMORTIZACIONES.’, y de la que se desprende que para ese tribunal las amortizaciones son, como se anunció, las cantidades descontadas a los trabajadores de sus salarios por concepto de préstamos, que deben ser retenidos y enterados por los patrones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su calidad de responsables solidarios. En ese orden de ideas, la primera conclusión a la que este tribunal arriba es que para la responsable las amortizaciones son los descuentos a que se refiere el artículo 29, fracción III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. A mayor abundamiento, es necesario hacer mención que el vocablo ‘amortizar’, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, significa: ‘... Redimir o extinguir el capital de un censo, préstamo u otra deuda ...’, es decir, al hacer referencia al pago de deudas o préstamos se entiende que se hace mención al concepto amortizar. Bajo esa premisa, el que la Sala haya hecho uso indistinto del vocablo ‘amortización’ para referencia al descuento que hace el patrón del salario de sus empleados para el pago de préstamos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no implica alguna imprecisión pues, como se anticipó, es correcta la utilización de ese término para hacer referencia al pago o extinción de alguna deuda o préstamo. Pues bien, a efecto de determinar si las disposiciones en las que se funda la sentencia reclamada establecen qué debe entenderse por amortización o descuentos -como indistintamente son considerados por la Sala- y qué por aportaciones, es necesario tener en cuenta que las fracciones II y III del citado artículo 29 prevén: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). El numeral reproducido informa que son obligaciones de los patrones, por un lado, determinar y enterar el importe de las aportaciones que debe efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -para abono en la subcuenta de vivienda-, las que deberán considerarse como gastos de previsión social y, además, formarán parte del patrimonio de los trabajadores. Por otro lado, se advierte que otra obligación a cargo de los empleadores es la de retener y enterar las cantidades que se destinen al pago de los préstamos otorgados a los trabajadores por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a los que -como se dijo- la Sala los denomina indistintamente descuentos o amortizaciones. Sin embargo, pese a que el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece obligaciones a cargo de los empleadores, de sus fracciones II y III -antes reproducidas- sí se desprende qué debe entenderse por aportaciones y qué por descuentos o amortizaciones. En efecto, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hace una distinción entre las aportaciones y las amortizaciones o descuentos; así, la primera de las mencionadas constituye la entrega del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a favor de dicho instituto a efecto de cumplir con la obligación de los patrones de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores, obligación que, como se dijo, cumplen a través de aportaciones que son administradas por el citado instituto. Mientras que las amortizaciones o descuentos se presentan una vez que los trabajadores adquirieron un crédito para la adquisición de vivienda con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, los descuentos a los salarios a que se refiere la fracción III del artículo 29 de la ley de ese instituto, se hacen con el propósito de amortizar, redimir, abonar o extinguir las deudas que adquirieron los trabajadores con el instituto, derivado del crédito o préstamo que se les concedió para la adquisición de la vivienda a la que tuvieron acceso. Se corrobora el aserto anterior, con el hecho de que el numeral mencionado en el párrafo que antecede establece, entre otros aspectos, que los descuentos que realice el patrón a los salarios de los trabajadores son aquellos que procedan de conformidad con los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo -a que hizo referencia la quejosa en su demanda de amparo-, que se reproducen a continuación: ‘Artículo 97.’ (se transcribe). ‘Artículo 110.’ (se transcribe). Esos preceptos legales establecen que está prohibido a los patrones que lleven a cabo descuentos a los salarios de los trabajadores salvo, entre otros supuestos, que sea para cubrir las deudas adquiridas por los trabajadores con motivo de los préstamos que hubiera hecho el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Consecuentemente, el artículo 29, fracciones II y III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en que se apoya la sentencia reclamada, sí diferencian entre lo que debe entenderse por las aportaciones -que hace el empleador al instituto para que lo subrogue en el cumplimiento de su obligación constitucional de proporcionar vivienda digna a sus trabajadores-, así como lo que se entiende por las amortizaciones o descuentos que el patrón hace a los salarios de los trabajadores -los cuales, como se anticipó, se destinan para el pago de los préstamos que dicho instituto efectuó a favor de los trabajadores-. Con base en las conclusiones alcanzadas, lo que conforme a derecho procede es declarar infundados los razonamientos que en vía de conceptos de violación propuso la quejosa. II. Caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad respecto al concepto ‘amortizaciones’. El tema a dilucidar en este apartado consiste en determinar si el plazo de caducidad previsto en el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es aplicable a la facultad de la autoridad de cuantificar las amortizaciones o descuentos omitidos por parte de los patrones. Para tal fin, es necesario precisar que la palabra caducidad, como se advierte del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, deriva del término latino caducus, que significa perder su fuerza una ley o un derecho. Extinguirse un derecho, una facultad, una instancia o un recurso. Así, aplicada esa connotación al campo del derecho procesal, tenemos que la caducidad constituye la consecuencia derivada de la falta de ejercicio oportuno de algún derecho, por lo que debe conceptualizarse esa institución jurídica para el caso de las autoridades (sic) se entiende como la sanción que se le impone con motivo del no ejercicio de sus facultades por el transcurso de cierto tiempo. Esa institución jurídica está cimentada en los principios de seguridad y certeza jurídica, pues las facultades de las autoridades no pueden ejercitarse en todo momento, sino que se limitan a que ello se realice durante los plazos establecidos por las disposiciones legales que las regulan. Tratándose de las facultades que están previstas para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el artículo 30 de su ley, en la parte que interesa, dispone: ‘Artículo 30.’ (se transcribe). El numeral reproducido informa, entre otros aspectos, lo siguiente: Que las obligaciones a cargo de los empleadores, como es la de enterar las aportaciones patronales y efectuar los descuentos que proceda hacer a los trabajadores, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales. Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuenta con facultades de comprobación y ejecución en calidad de organismo fiscal autónomo, ello con el propósito de que logre hacer efectivas, entre otras, las aportaciones y descuentos a que refieren las fracciones II y III del artículo 29 de la ley de ese instituto. Que, en caso de incumplimiento con las obligaciones de enterar las aportaciones y descuentos, dicho instituto puede determinar en cantidad líquida el importe de las aportaciones patronales y los descuentos omitidos a cargo de los patrones. Que las facultades para comprobar el cumplimiento de las disposiciones que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguirán o caducan en un plazo de cinco años. De las consideraciones anteriores se advierte que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo fiscal autónomo, con facultades para determinar créditos derivado de omisiones en el entero de aportaciones al instituto y descuentos a los trabajadores, así como las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, es decir, las atribuciones de esa autoridad radican en comprobar, cuantificar y sancionar a los patrones que hubieran incumplido con sus obligaciones. En ese orden de ideas, si bien es verdad, como se sostuvo en el fallo reclamado, el artículo 30, fracción I, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece que las facultades para determinar las aportaciones omitidas de dicho instituto se extinguen en un plazo de cinco años, no menos lo es que ese numeral también hace referencia a que la atribución de esa autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones previstas en esa ley caducan en ese mismo plazo. En efecto, si dentro de las disposiciones contenidas en esa ley se encuentra la obligación del patrón de descontar de los sueldos de sus trabajadores las cantidades destinadas a pagar los préstamos que éstos hubieran recibido del citado instituto; entonces, esa atribución se extingue en el plazo de cinco años, tal como lo establece la fracción I del artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ello obedece, como se dijo, a que ese numeral precisa que ‘Las facultades del instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley ... se extinguen en el término de cinco años ...’, lo que implica que la atribución de la autoridad de verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la aplicación de descuentos a los salarios de los trabajadores a efecto de que paguen los préstamos para vivienda que les hubiera otorgado el instituto, es decir, si se efectuaron o no dichos descuentos se extingue en un plazo de cinco años. Sobre ese tema, es necesario agregar que si la facultad en materia de sustantiva de (sic) la autoridad -verificar el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de vivienda a cargo del empleador- ha caducado, las relativas a la determinación de cantidades derivadas del incumplimiento de esas disposiciones corren la misma suerte. Es decir, la determinación de contribuciones omitidas -aportaciones y descuentos o amortizaciones- deriva del análisis que la autoridad realiza del incumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los patrones; por ende, si las atribuciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de vivienda hubieran caducado, se vería imposibilitada para cuantificar el importe a que asciende la omisión en el entero de sus contribuciones por el incumplimiento de tales disposiciones, lo que implica que la facultad determinadora corrió la misma suerte, es decir, también caducaría. Lo anterior, ya que si las autoridades fiscales tienen facultades para iniciar un procedimiento de fiscalización con la finalidad de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias de los empleadores y, en caso de incumplimiento, determinar el crédito fiscal correspondiente, lo que debe estar acotado a un tiempo prudente a fin de que se logre el objetivo que con ellos se pretende, es decir, que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, entre ellas, la del entero de sus aportaciones y de los descuentos. Explicado lo anterior, en el fallo reclamado se determinó que la institución jurídica de la caducidad era inaplicable para los descuentos o amortizaciones a que se refiere la fracción III del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, toda vez que el diverso 30, fracción I, de esa ley, sólo hace referencia expresa al concepto aportaciones y no así a los descuentos o amortizaciones. Sin embargo, este tribunal no comparte ese criterio, puesto que, como se anticipó, el último de los numerales citados sí prevé que la institución jurídica de la caducidad también es aplicable para las amortizaciones o descuentos previstos en la fracción III del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ello es así pues, como se dijo, al disponer la fracción I del artículo 30, que caducarán las facultades de la autoridad para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y si entre éstas se encuentra la relativa a la obligación del empleador de hacer descuentos a los salarios de sus trabajadores a efecto de amortizar el préstamo que éstos tengan con dicho instituto; entonces, tal atribución podría ubicarse en el supuesto de caducidad si transcurriese el plazo de cinco años para que aquélla se actualice, lo que implica que la autoridad sí estaría impedida a hacer alguna determinación por ese concepto. Incluso, pensar lo contrario atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica sobre la que está erigida la institución jurídica de la caducidad. Bajo esas consideraciones, toda vez que la interpretación que se realizó en la sentencia reclamada no es acorde con la que este tribunal considera que es la que se advierte de los artículos 29, fracción III y 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que procede es conceder el amparo solicitado a efecto de que se emita otro fallo en el que se ajuste a la expresado en esta ejecutoria. Ante la conclusión alcanzada, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación expuestos por la quejosa, ..."
QUINTO. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el **********, el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"NOVENO. ... Por otra parte, son esencialmente fundados los argumentos propuestos en los conceptos de violación primero y segundo de la demanda de amparo, cuyo estudio se abordará enseguida de manera separada, en atención al tema que tratan. En ese sentido, respecto al primer motivo de disenso, relativo esencialmente a que la determinación de amortizaciones por parte de la autoridad sí está sujeta a la institución jurídica de la caducidad, prevista en la fracción I, segundo párrafo, de la Ley del Infonavit, cabe precisar lo siguiente: El Infonavit es el ente encargado de, entre otras cosas, otorgar créditos a los trabajadores, a fin de que éstos puedan acceder a una vivienda digna y decorosa, mediante el procedimiento legal que al efecto se establezca, cumpliendo así con la previsión contenida en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho otorgamiento se realiza mediante un contrato celebrado entre el propio instituto y los trabajadores, quienes adquieren una obligación directa con dicho instituto, con independencia de que el patrón del trabajador beneficiado con el crédito, sea responsable solidario de retener, enterar y, en su caso, cubrir los pagos correspondientes, como se detallará a continuación. El régimen de descuentos o amortizaciones a que se encuentran sujetos los trabajadores beneficiados con un préstamo de vivienda por parte del Infonavit y las implicaciones que ello conlleva para sus patrones, se rige, esencialmente, por los numerales siguientes: Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Infonavit. ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 42.’ (se transcribe). ‘Artículo 43.’ (se transcribe). ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 45.’ (se transcribe). ‘Artículo 49.’ (se transcribe). ‘Artículo 50.’ (se transcribe). ‘Artículo 51.’ (se transcribe). ‘Artículo 52.’ (se transcribe). Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Infonavit. ‘Descuentos. ‘Vigésima sexta.’ (se transcribe). ‘Vigésima séptima.’ (se transcribe). ‘Prórrogas. ‘Vigésima novena.’ (se transcribe). Ley del Infonavit. ‘Artículo 29.‘ (se transcribe). De los numerales que anteceden destaca lo siguiente: Los descuentos son las cantidades que retiene el patrón del salario base de aportación del trabajador acreditado y que entera al Infonavit a efecto de amortizar los créditos de vivienda. El Infonavit deberá informar al patrón cuando otorgue un crédito de vivienda a un trabajador, a fin de que efectúe los descuentos correspondientes. Dichos descuentos iniciarán a partir del día siguiente al en que el patrón reciba el aviso de retención de descuentos o la cédula de determinación en que aparezcan los datos del crédito. La obligación de efectuar y enterar los descuentos de mérito sólo se suspenderá cuando no se paguen salarios en virtud de las ausencias del trabajador. Los patrones son responsables solidarios de los trabajadores en el entero de los descuentos ante el Infonavit, a partir de la fecha en que deban iniciar dichos descuentos. En caso de suspensión de la relación laboral notificada al instituto por el patrón, el trabajador será el único responsable de la amortización de su crédito frente al Infonavit. En el supuesto de que el patrón omita efectuar los descuentos correspondientes, tendrá que enterarlos por su cuenta, salvo que demuestre la baja del trabajador o que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24178-e3ec3341/infonavit-la-caducidad-de-sus-facultades-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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