REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 3 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Núm. Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: ********** y **********.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la Magistrada Livia Lizbeth Larumbe Radilla, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que la Magistrada denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el nueve de mayo de dos mil doce el recurso de revisión fiscal número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"SEGUNDO. ... Respecto a la procedencia del medio de defensa que nos ocupa se indica que si bien del capítulo XI intitulado ‘Del juicio en la vía sumaria’ de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, no se desprende literalmente el fundamento para el estudio del recurso de revisión fiscal, también lo es que del contenido del artículo 58-1 del ordenamiento jurídico mencionado se sigue que el juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en el capítulo relativo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esa ley, lo que denota, en la especie, la aplicación del contenido del numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pues no obstante que éste disponga que serán materia del citado medio de defensa las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esa ley, así como las que se emitan conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, y que en la especie la sentencia recurrida no la emitió la Sala Fiscal sino la Magistrada instructora, el artículo 58-1 antes mencionado señala categóricamente que en lo no previsto en el capítulo que regula la procedencia y trámite del juicio sumario se aplicarán las demás disposiciones de la ley adjetiva; aunado al hecho de que la Magistrada instructora integra Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ello de conformidad con el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que textualmente indica que (se transcribió). Dado lo anterior es procedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico de Puebla Sur, en representación de las autoridades demandadas. ..."
El mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al fallar el treinta de mayo de dos mil doce la revisión fiscal número **********, señaló, en lo que es de interés para el asunto, lo siguiente:
"CUARTO. El recurso de revisión fiscal interpuesto por la administradora local jurídica de Puebla Norte, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada en el juicio de origen, resulta procedente en términos del artículo 63, fracciones III, inciso a), vinculado con los incisos e) y f) y V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en el caso la resolución impugnada en el juicio de origen fue dictada por una unidad administrativa del citado órgano desconcentrado, que tuvo por efecto determinar la situación fiscal de la empresa actora en materia de comercio exterior; la materia del asunto versa sobre la interpretación de una ley; se aducen violaciones cometidas en la propia sentencia, además de que ésta afectó el interés fiscal de la Federación, en tanto que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada con fundamento en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y puesto que no obstante el (sic) vicio de ilegalidad estimado por el Magistrado instructor de la Sala en la sentencia recurrida es de naturaleza formal, el recurso de revisión fiscal se estima procedente por las diversas razones que a continuación se exponen: En principio, conviene precisar que respecto de la procedencia del medio de defensa que nos ocupa se indica que si bien del capítulo XI intitulado: ‘Del juicio en la vía sumaria’ de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, no se desprende literalmente el fundamento para el estudio del recurso de revisión fiscal, también lo es que del contenido del artículo 58-1 del ordenamiento jurídico mencionado, se sigue que el juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en el capítulo relativo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esa ley, lo que denota, en la especie, la aplicación del contenido del numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes invocado, pues no obstante que éste disponga que serán materia del citado medio de defensa las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esa ley, así como las que se emitan conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, y que en la especie la sentencia recurrida no la emitió la Sala Fiscal sino el Magistrado instructor de la misma; sin embargo, el artículo 58-1 antes mencionado señala categóricamente que en lo no previsto en el capítulo que regula la procedencia y trámite del juicio sumario se aplicarán las demás disposiciones de la ley adjetiva; aunado al hecho de que el Magistrado instructor integra Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ello de conformidad con el numeral 31 de la ley orgánica de dicho tribunal federal, que textualmente indica que (se transcribió). En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis identificada con la clave TC066032.10AD1 de este Tribunal Colegiado, pendiente de publicarse, cuyo contenido es el siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribió). En el aspecto anterior, similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión fiscal **********, mediante sesión de nueve de mayo de dos mil doce. ..."
Con motivo de esas ejecutorias, el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito aprobó la tesis que a continuación se transcribe:
"Núm. Registro: 2001180
"Décima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro X, Tomo 3, julio de 2012
"Materia: administrativa
"Tesis: VI.1o.A.32 A (10a.)
"Página: 2049
"REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Si bien del capítulo XI intitulado ‘Del juicio en la vía sumaria’ de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, no se desprende literalmente el fundamento para el estudio del recurso de revisión fiscal, también lo es que del contenido del artículo 58-1 del ordenamiento jurídico mencionado se sigue que el juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en el capítulo relativo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esa ley, lo que denota, en dicho supuesto, la aplicación del contenido del numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pues no obstante que éste disponga que serán materia del citado medio de defensa las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esa ley, así como las que se emitan conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, y que en la hipótesis de que la sentencia recurrida no la emita la Sala Fiscal sino el Magistrado instructor, el artículo 58-1 antes mencionado señala categóricamente que en lo no previsto en el capítulo que regula la procedencia y trámite del juicio sumario se aplicarán las demás disposiciones de la ley adjetiva; aunado al hecho de que un Magistrado instructor integra Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ello de conformidad con el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que textualmente indica que: ‘El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior. En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.’; en este orden de ideas, el recurso de revisión fiscal es procedente no obstante que sea interpuesto contra una sentencia dictada por un Magistrado instructor.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
"Revisión fiscal **********. Administrador local jurídico de Puebla Sur. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Elizabeth Barrientos Sánchez.
"Revisión fiscal **********. Administradora local jurídica de Puebla Norte y otras. 30 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el trece de julio de dos mil doce la revisión fiscal número ********** (expediente auxiliar número **********), sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"QUINTO. Improcedencia del recurso de revisión fiscal. Como una cuestión de previo pronunciamiento, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente, por lo que resulta innecesario transcribir y abordar el análisis de los agravios formulados por la autoridad recurrente. A fin de dejar clara la determinación anterior, es pertinente exponer las siguientes consideraciones de derecho: • El recurso de revisión fiscal previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es conveniente destacar que la génesis del recurso de revisión fiscal se encuentra consagrada en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en el momento de la interposición del recurso, el cual establece: ‘Artículo 104. ... III. ...’ (se transcribió). El precepto constitucional transcrito prevé la existencia del recurso de revisión fiscal en contra de las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo sólo en los casos que señalan las leyes. Lo anterior revela la clara determinación del Constituyente Permanente de crear en favor de la autoridad administrativa que obtuvo un fallo adverso de los tribunales de lo contencioso administrativo, un medio de defensa de la legalidad de las resoluciones que emita, delegando en el legislador ordinario la atribución de precisar los casos específicos en los que procede dicho medio de impugnación. En este orden de ideas, del precepto constitucional que se analiza se desprenden las dos características fundamentales que, en principio, delinean la naturaleza del recurso de revisión fiscal: a) Es un medio de defensa en favor de la autoridad administrativa que obtuvo un fallo adverso de los tribunales de lo contencioso administrativo en el juicio de nulidad. b) El Constituyente dejó en manos del legislador ordinario el establecimiento de los supuestos de procedencia de ese recurso. La circunstancia anterior deja entrever que el Constituyente dotó al recurso de revisión en sede administrativa de una naturaleza excepcional, al considerar necesario limitar su procedencia a los casos que el legislador ordinario previera en forma expresa en la norma correspondiente. Sobre el carácter excepcional del medio de impugnación de mérito y sobre la atribución del legislador de establecer en leyes ordinarias los supuestos para su procedencia, es pertinente hacer referencia en forma ilustrativa a la tesis 2a. XVI/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: ‘REVISIÓN FISCAL. AL ESTABLECER ESTE RECURSO EL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN, DEPOSITÓ EN EL LEGISLADOR ORDINARIO LA FACULTAD DE DETERMINAR LAS HIPÓTESIS DE SU PROCEDENCIA, SIN MATICES SELECTIVOS.’ (se transcribió). Asimismo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 195/2010 sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente: ‘REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO RELATIVO INTERPUESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.’ (se transcribió). De esta forma, el artículo 104, fracción III, constitucional prevé la existencia de un medio de defensa en favor de las autoridades administrativas, cuya procedencia, dada su naturaleza extraordinaria, se sujeta a los casos que el legislador prevea en las leyes correspondientes, pues de otra forma se permitiría combatir la totalidad de las determinaciones asumidas por las autoridades. • El recurso de revisión fiscal previsto en la norma secundaria. Expuesto lo anterior, procede ahora analizar, en la parte que atañe al presente estudio, la procedencia del recurso de revisión fiscal en términos de lo establecido por el legislador ordinario. Así, la norma secundaria que prevé la existencia y procedencia del medio de defensa en cuestión, en la materia que nos ocupa (federal), es el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que indica: ‘Artículo 63.’ (se transcribió). Del primer párrafo del precepto transcrito se desprende que, por principio de cuentas, el recurso de revisión fiscal procede en contra de resoluciones que emitan el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es decir, el dispositivo legal en cuestión establece en forma precisa cuáles son los órganos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de cuyas determinaciones procede el recurso de revisión, a saber, el Pleno, las Secciones de la Sala Superior y las Salas Regionales. • Improcedencia del recurso de revisión fiscal en contra de resoluciones emitidas por el Magistrado instructor. De lo antes expuesto se colige que, por exclusión, el citado medio de defensa es improcedente en contra de las resoluciones que no provengan del Pleno, de las Secciones de la Sala Superior o de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como lo son las sentencias que emite el Magistrado instructor de una Sala Regional. Ahora bien, en el caso, la sentencia recurrida fue emitida por la Magistrada supernumeraria e instructora, titular de la tercera ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Mérida, Yucatán, por lo que el recurso de revisión resulta improcedente, ya que dicho fallo no lo dictó el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sentado lo anterior, es importante destacar que sobre el particular no es admisible considerar que el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al disponer que el recurso de revisión procede en contra de las sentencias que dicte una Sala Regional, comprende también el fallo que emita el Magistrado instructor, con el argumento de que dicho Magistrado es integrante de aquélla. Lo anterior es así por las siguientes razones: i. La procedencia del recurso de revisión fiscal es de observancia estricta atendiendo a su naturaleza excepcional. Atendiendo a la naturaleza excepcional del medio de defensa que se analiza, su viabilidad se consigna en la ley en forma estricta, de manera que no puede concluirse su procedencia en contra de las sentencias que dicte el Magistrado instructor, si el precepto legal que regula dicho medio de defensa no lo estableció en esos términos. A fin de dejar clara la determinación anterior, es importante enfatizar que, como ya se expuso, el recurso de revisión fiscal constituye un medio de defensa de naturaleza excepcional, cuya procedencia corresponde regular en forma selectiva al legislador ordinario, atendiendo a cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con la cuantía, importancia y trascendencia de los asuntos sujetos a controversia. De esta forma, es de entenderse que el aludido medio de defensa no procede en forma indiscriminada en contra de cualquier resolución dictada por los tribunales de lo contencioso administrativo, sino sólo en contra de aquellas que en forma precisa y selectiva señale el legislador ordinario, en cuidadosa observancia de lo establecido en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizado con anterioridad. En este sentido, es válido afirmar que los supuestos de procedencia del recurso de mérito se establecen en la norma secundaria de manera estricta y no analógica, pues de lo contrario, se permitiría el ejercicio indiscriminado y arbitrario de ese medio de defensa, lo cual no fue la intención del Constituyente Permanente al conferirle un carácter excepcional, cuando dispuso su procedencia ‘sólo en los casos que señalen las leyes’. Para ilustrar la naturaleza extraordinaria y selectiva del medio de impugnación de mérito, es pertinente traer a colación el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 205/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en lo conducente, que señala: ‘REVISIÓN FISCAL. DADA SU NATURALEZA EXCEPCIONAL, ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO O LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA.’ (se transcribió). En vista de lo expuesto, atendiendo a la naturaleza excepcional del recurso de revisión fiscal, no puede pretenderse su procedencia en contra de las sentencias que dicte el Magistrado instructor, si el precepto legal que regula dicho medio de defensa no lo estableció en esos términos. ii. No existe razón jurídica válida para equiparar al Magistrado instructor con la Sala Regional de la que es integrante. Como ya se expuso, el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24201-6c4cc9e8/revision-fiscal-es-improcedente-contra-sentencias-dictadas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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