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Modo: Corpus Pro

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. HABER DE RETIRO. ES VÁLIDO FACULTAR AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA REGLAMENTAR Y DETALLAR SU CÁLCULO Y OTORGAMIENTO, SI ASÍ LO PREVÉN LA CONSTITUCIÓN O LAS LEYES DE LOS ESTADOS. IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. ESTE PRINCIPIO SE CIRCUNSCRIBE A LOS RUBROS QUE FORMAN PARTE DEL CONCEPTO "REMUNERACIONES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO ES EXTENSIVO AL HABER DE RETIRO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2010. · Registro digital (IUS): 24215
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Pág. 123.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2010. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 6 DE DICIEMBRE DE 2011. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALFREDO ORELLANA MOYAO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día martes seis de diciembre de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil diez ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonor Varela Parga, en su carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en contra de las autoridades y respecto del acto que adelante se señalan:

SEGUNDO. Autoridades demandadas. La promovente señaló en su escrito como autoridades demandadas a las siguientes:

"1) Honorable LX Legislatura del Estado de Zacatecas, depositaria del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, del que se demanda la invalidez constitucional del Decreto No. 526 emitido por su antecesora, la LIX (Quincuagésima Novena) Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas de fecha nueve de septiembre del año dos mil diez, y publicado en el suplemento al número 78 del Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondiente al día 29 de septiembre del año dos mil diez.

"2) Ciudadano gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, de quien se reclama, por su invalidez constitucional, la promulgación y publicación del Decreto No. 526 antes citado."

TERCERO. Acto impugnado. En la demanda, la parte actora señaló como acto impugnado el siguiente:

"Decreto Número 526 emitido por la LIX (Quincuagésima Novena) Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas de fecha nueve de septiembre del año dos mil diez, y publicado en el suplemento al número 78 del Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondiente al día 29 de septiembre del año dos mil diez; así como la invalidez de su promulgación y publicación."

CUARTO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes de los actos impugnados lo siguiente:

"1. Tradicionalmente, la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas se daba cada seis años; al asumir el cargo, el gobernador en turno proponía a quienes integrarían el Pleno, y una vez aprobado por la Legislatura Local, aquéllos fungían como Magistrados por un lapso igual al del Ejecutivo, es decir, por el término de seis años, culminaban su función el día once de septiembre de cada seis años. Esta situación prevaleció hasta la designación de Magistrados hecha en el mes de septiembre de 1998 en que, la LVI Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó a los Magistrados que integrarían el Pleno hasta el 11 de septiembre del año 2004.

"2. Posteriormente, por decreto No. 157, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas (suplemento al número 38) del diez de mayo de 2000, se reformó la Constitución Política del Estado de Zacatecas, para suprimir las renovaciones sexenales del órgano supremo del Poder Judicial del Estado, en diversos artículos, entre otros, los artículos 95 y 100 de la Constitución Local, a efecto de establecer una renovación escalonada del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de tal manera que los Magistrados que tomaron posesión de su cargo el dieciocho de septiembre del año de mil novecientos noventa y ocho, fueran concluyendo en diversas fechas sus encargos (fechas previstas en el artículo tercero transitorio de este Decreto No. 157) para dar lugar a nuevos Magistrados, que previo al procedimiento de designación correspondiente, en lo sucesivo, cubrieran lapsos de catorce años.

"El primero de estos numerales -artículo 95 de la Constitución Local- establece en sus párrafos segundo y tercero que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas durarán en su encargo catorce años, con la salvedad de los Magistrados que estaban entonces en activo, que han ido concluyendo en los lapsos establecidos en el artículo tercero transitorio de este propio decreto. A la fecha, han pasado a situación de retiro los Magistrados, cuyos nombres se consignan en el referido transitorio y han sido sustituidos por Magistrados con encargo de catorce años, hecha excepción de dos de ellos, los Magistrados José Antonio Rincón González y Abelardo Esparza Frausto, aún en funciones y que culminarán su encargo el día treinta y uno de enero del año dos mil doce, fecha en que habrían de pasar a situación de retiro, según se puede constatar en el citado artículo tercero transitorio del aludido Decreto No. 157.

"En dicha reforma de la Constitución Local, también se modificó, en lo que aquí interesa, el texto de la fracción I del artículo 100, para otorgar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas la facultad de expedir reglamentos del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de primera instancia y municipales.

"3. Tomando como base y fundamento lo establecido en la reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas a que nos hemos referido en el punto de antecedentes inmediato anterior, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia el Estado de Zacatecas emitió el Reglamento del Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicado en el suplemento al número 79 del Periódico Oficial, de fecha 3 de octubre de 2001, conforme al cual, los Magistrados que culminaran su encargo tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio compuesto por el 100% del ‘sueldo, compensaciones, aguinaldos, bonos y cualesquiera otro emolumento’. Pasados dos años, en situación de retiro, dichas prestaciones se reducirían al 80 % y en caso de fallecimiento, a los derechohabientes se les otorga el 50 %.

"El referido reglamento al artículo 7 fue reformado por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por modificación publicada en fecha 26 de enero de 2002, en suplemento al número 2 del Periódico Oficial. A virtud de dicha reforma modificación, el haber por retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas sólo comprende el sueldo, las compensaciones ordinarias y el aguinaldo, dejando al arbitrio del Pleno el otorgamiento de ‘bonos’ y ‘otros emolumentos’. A la fecha, todos los Magistrados en situación de retiro sólo perciben dichas prestaciones, es decir, el Pleno no ha autorizado ‘bonos’ ni ‘otros emolumentos’ para ninguno de ellos, según constancia que al final se acompaña, expedida por la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia.

"Por Decreto No. 526 de la Legislatura Local, publicada en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado, de fecha 29 de septiembre de 2010 se modifica el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, derogando toda disposición legal existente sobre el tema de haberes por retiro o pensiones de Magistrados, para reducirlo drásticamente, en el caso de los Magistrados en activo y los que posteriormente asuman tal carácter, al equivalente al 60 % de todas las prestaciones durante los dos primeros años y al 20 % a partir del tercer año, hasta su fallecimiento.

"Cabe destacar que esta modificación se hizo en la última sesión de la legislatura anterior (LIX) celebrada el 1o. de septiembre del año en curso, teniendo como antecedente que la iniciativa de reforma no contemplaba reducir las pensiones de los Magistrados actualmente en activo, sino sólo de los Magistrados que en lo futuro fueren designado, sin embargo, de última hora, en la sesión de la LIX Legislatura y después de la aprobación, en lo general, del dictamen respectivo, la diputada Angélica Náñez reservó para discusión el artículo tercero transitorio para incluir en la redacción sustancial del haber por retiro, a los Magistrados en activo, siendo esto aprobado por mayoría de 20 votos a favor de la propuesta y 9 en contra, de los diputados presentes.

"4. Antes de concluir sus funciones, la LIX Legislatura del Estado de Zacatecas turnó al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación del decreto cuya invalidez ahora demandamos, aun dentro del periodo gubernamental de la anterior titular del Ejecutivo del Estado, que concluyó, por disposición constitucional, el once de septiembre del presente año dos mil diez."

QUINTO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez expuestos por la parte actora son los siguientes:

"1. En el contexto de las diversas violaciones a los preceptos constitucionales aludidos, así como de los sustentos jurisprudenciales que al paso del tiempo han forjado los actuales criterios establecidos por ese Tribunal Supremo de la Nación, respecto de las garantías judiciales y de la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales, tanto de la Nación como de las entidades federativas, tutelada por el artículo 116 de la Constitución General de la República en su fracción III, debe decirse que el decreto que constituye la norma general, cuya invalidez se reclama ostenta en su exposición de motivos una marcada tendencia a subestimar la independencia de la función judicial, bajo argumentos esencialmente de carácter macroeconómico, relativos a la situación financiera internacional, nacional y local y por un lado; y por otro, en puntos de vista parciales pretendiendo justificar la reforma de manera insistente e innecesaria, esforzándose en explicar a sí misma, -la legislatura demandada- el porqué no se vulnera la autonomía del Poder Judicial del Estado, al reducir sustancialmente, a porcentajes y montos ínfimos, los haberes por retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, mismos que no guardan proporción con el sentido de responsabilidad y dignidad que implica el ejercicio de la magistratura haciendo evidente que en el ejercicio de la facultad de legislar, la autoridad demandada, Legislatura del Estado de Zacatecas, se extralimita en sus funciones hasta invadir la independencia judicial, al dejar de considerar que la estabilidad de los Magistrados, como garantía jurisdiccional, no puede agotarse en el momento de culminar con su encargo, ni en su persona, pues los derechos de retiro, más que derechos individuales, se traducen necesariamente en la atención de las necesidades de su familia, además de que el digno desempeño de la función judicial debe darse libre de la preocupación de una situación de precariedad en su retiro. La independencia judicial de los tribunales no puede entenderse sin la necesaria independencia presupuestal y la independencia de la función de los Magistrados no puede desprenderse de la referida garantía de estabilidad.

"Coincidir con la exposición de motivos que sustenta la norma general combatida implicaría justificar reducciones en todo haber por retiro en el ámbito de judicial a niveles ínfimos y, por ello, inadecuados, contraviniéndose, por interpretación lato sensu, el último párrafo de la fracción III del artículo 116 constitucional.

"2. Por otra lado, la norma cuya invalidez se reclama vulnera la independencia judicial y el derecho fundamental a la no discriminación de los Magistrados, contemplado en el artículo 1 de la Constitución General de la República, que establece:

"‘Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’

"La iniciativa de reforma que dio como resultado el decreto que se impugna introduce la inaceptable idea de categorías entre los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Veamos: dicha iniciativa proponía la reducción del haber por retiro únicamente a los Magistrados futuros, excluyendo a los Magistrados en funciones; sin embargo, al aprobarse, la legislatura incluyó también a los Magistrados en activo, colocando en un nivel superior a los Magistrados actualmente en retiro, quienes de manera justa están protegidos en cuanto a su haber por retiro, en virtud al Decreto 157 a que se ha hecho referencia, pues éstos no son afectados por la reforma que se impugna; en un segundo lugar a los Magistrados actualmente en funciones, con derechos ya adquiridos; y en un tercer estrato a quienes en lo futuro ostenten tan honroso cargo.

"La exposición de motivos que dio pauta al decreto que ahora impugnamos refiere, como ya se dijo aquí, que la situación financiera del país y, concretamente del Estado de Zacatecas, se verá seriamente afectada en el futuro con los haberes por retiro de los Magistrados, este argumento y, por tanto, el decreto que descansa en él, controvierte la independencia de la función judicial; primero, desde el punto de vista que el concepto de ‘haber por retiro’ que no puede desligarse de la independencia de la función del Magistrado y de la autonomía judicial, y también desde el punto de vista de que dicho concepto corresponde sólo a un reducido número de personas que llegan al cargo (13 Magistrados en el Estado de Zacatecas); por tanto, no se está en el supuesto de generación de grandes pasivos laborales, como lo pretende dicha exposición de motivos, al hacer una comparación injustificada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), instituciones con miles y miles de trabajadores.

"Por otra parte, las afirmaciones en tal sentido contenidas en dicha exposición de motivos carecen de un sustento técnico actuarial de respaldo, sólo son especulaciones, afirmaciones sin sustento jurídico y contable y, finalmente, dicho argumento cae por su propio peso, si consideramos que el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, apenas ha girado en el rededor del 1.4% con respecto al presupuesto estatal, incluyendo dentro de este mínimo porcentaje, el presupuesto que corresponde al Tribunal de Justicia Electoral y el que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el restante 98.6% es ejercido por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de quienes se reclama la expedición y promulgación de la norma que ahora se impugna, antes del cual, conforme al citado decreto número 157, los Magistrados designados a partir del 18 de septiembre de 1998 y a futuro, estarían colocados en planos similares de percepción salarial y haber por retiro, en razón de los elementales principios de igualdad y de no discriminación.

"En efecto, el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2010, fue publicado en (sic) suplemento al número 104 del Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado correspondiente al 30 de diciembre del año 2009 ... El gasto total ahí previsto para el Estado fue de $17,942,988,456.00 (diecisiete mil novecientos cuarenta y dos millones, novecientos ochenta y ocho mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondiente al Poder Judicial del Estado $252'555,641.00.

"De esta última cifra correspondió al Tribunal Superior de Justicia la cantidad de $233'153,314.00, equivalente al 1.29% del total, pues el resto se divide entre el Tribunal de Justicia Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con $14'411,965.00 (0.08%) y $4'990,362.00 (0.03%), respectivamente, con manejo autónomo de su presupuesto por disposición de ley.

"3. En el ámbito de regulación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, las ahora demandadas, con la emisión, promulgación y publicación de la norma cuya invalidez se reclama, vulnera la autonomía del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en razón de que el haber por retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tanto de los que ya se encuentran gozando de ese derecho como de los que actualmente están en funciones y de aquellos que en el futuro accedan a tal dignidad, encuentra fundamento en los artículos 95 y 100 fracción I de la Constitución Local, reformados en el Decreto 157 de la Legislatura del Estado, publicados en el Periódico Oficial del 10 de mayo del año 2000, numerales que, a su vez, encuentran origen, congruencia y fundamento en los artículos 1o. párrafo tercero y 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que no fueron cuestionados, pero tampoco respetados, por las autoridades ahora demandadas, atentando contra el espíritu de que dio origen a su verdadero sentido, contenido en la exposición de motivos del decreto mencionado.

"4. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si bien esta disposición consagra una de las más reconocidas garantías de los gobernados, dicho mandato constitucional resulta vulnerado con la norma general cuya invalidez ahora se demanda, en la medida en que los trece Magistrados que integramos el Tribunal Superior de Justicia ya teníamos derechos adquiridos respecto al haber que correspondía al pasar a situación de retiro; en tal sentido, la emisión de dicha norma implica efectos retroactivos que deparan evidentes perjuicios; lo que, si bien es reclamable en lo individual por cada uno de nosotros en distinta vía constitucional, debemos referirlo, en razón de que la autonomía de la función judicial no puede desprenderse de la estabilidad e independencia de los Magistrados que fueron nombrados a futuro.

"En efecto, las garantías judiciales han sido definidas por Fix-Zamudio, como ‘instrumentos establecidos en la Constitución y en las leyes, por medio de los cuales se crean las condiciones necesarias para lograr y asegurar la independencia, autonomía y eficacia de los juzgadores, frente a los otros organismos del poder, por lo que a la vez se constituyen de manera inmediata, como garantías de los justiciables. ...’

"5. La autoridad demandada, Legislatura del Estado de Zacatecas, al emitir la norma general cuya invalidez se reclama por esta vía constitucional, viola en perjuicio de la autonomía del Poder Judicial que represento el contenido del artículo 16 de la Constitución General de la República; dicho precepto mandata que todo acto de autoridad debe estar provisto de la debida fundamentación y motivación; este aspecto, también reclamable en vía constitucional diversa por cada uno de los Magistrados que pudiera considerarse afectado, entraña un mandato categórico para toda autoridad (entre ellas, las aquí demandadas) en el sentido de que, al emitir cualquier acto de autoridad, y la norma cuya invalidez se reclama constituye un acto formal de autoridad, debe fundar y motivar sus actos. En el caso, esta previsión constitucional se vulnera por las demandadas al iniciar, aprobar, emitir y poner en vigor una norma general infundada e inmotivada en la medida que, al reducir el haber por retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, a través de un decreto, trastocan la independencia judicial por supuestas cuestiones de carácter financiero, sin sustentarlas, esto es, sin fundarlas ni motivarlas en los necesarios estudios actuariales. Y sí, en cambio, su obligación es proveer, desde el ámbito de sus respectivas funciones, legislativas y ejecutivas, los medios necesarios para hacer viables las garantías judiciales constitucionales, entre ellas, las de estabilidad y remuneración, para fortalecer la independencia de los Poderes Judiciales y de sus miembros.

"6. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto, dispone: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones’.

"Por las mismas razones expuestas en los conceptos de validez anteriores, y particularmente por la carencia de fundamentación y motivación del decreto cuya invalidez se reclama al emitirse sin justificación alguna y en grave detrimento de la independencia del Poder Judicial del Estado, las autoridades ahora demandadas en lugar de atender a esta previsión constitucional, atentan contra dicha independencia en la medida en que, constituyendo el haber por retiro de los Magistrados un instrumento para la eficacia del Poder Judicial, en lugar de garantizarlo, emiten y ponen en vigor una norma hecha con el único fin de vulnerarlo, cuando deben ser garantes del mismo, pues de su contenido y exposición de motivos no se advierte finalidad distinta.

"7. La reforma vulnera lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, en cuanto produce un cambio sustancial en uno de los aspectos torales que esa norma busca proteger: la independencia de los Magistrados en el ejercicio de la función. Se reduce el porcentaje del haber por retiro, modificando con ello la situación prevaleciente en el Poder Judicial del Estado, con afectación de la garantía de la sociedad de disponer de Magistrados independientes, autónomos y, como consecuencia, con libertad plena en el ejercicio de la función. Que esa libertad e independencia de Jueces y Magistrados es una garantía de acceso a la justicia establecida en beneficio de la sociedad, se desprende de la exposición de motivos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, mediante el cual se reformaron los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"‘La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonios ajenos.

"‘Los tribunales deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primera garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia, completa y estricta del Juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley.’

"Es la independencia judicial un derecho, no sólo de los funcionarios judiciales que gozan de ella, sino del conjunto de la sociedad, a la que le interesa contar con Magistrados y Jueces sin un interés distinto al de resolver el conflicto planteado con total objetividad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, señalando de manera clara que la sociedad tiene el derecho de contar con Magistrados idóneos que hagan efectiva la garantía de acceso a la justicia. Ese criterio se plasma en la jurisprudencia de contenido siguiente: ‘MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)

"En orden a garantizar el derecho de la sociedad para que el servicio público de administración de justicia se preste por personas que no tienen más subordinación que a la ley, es que resulta ineludible dotar de autonomía e independencia a sus funcionarios.

"La seguridad económica de Jueces y Magistrados se encuentra estrechamente vinculada con los principios de independencia y autonomía, ese es el criterio que ha sustentado el Más Alto Tribunal de Justicia de Nuestro País en tesis de jurisprudencia como la que se cita a continuación: ‘MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SU SEGURIDAD ECONÓMICA ES UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL.’ (se transcribe)

"La seguridad económica, lo aclara de manera nítida nuestra Suprema Corte, es un principio reconocido por la Constitución, e indispensable para la independencia y la autonomía.

"Que esa tranquilidad económica se brinde a los Jueces, fue un claro propósito del Constituyente Permanente, así se desprende de la exposición de motivos del decreto por el que se reformaron los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde puede leerse:

"‘Finalmente, al Juez debe garantizarse una posición social, digna, proporcionándole bienestar económico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra índole. Los órganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para continuar el mejoramiento de la administración de justicia.’

"La remuneración que ha de darse al Juez debe guardar relación con la dignidad del cargo y con la gravedad de las responsabilidades. No se desconoce, desde luego, que el Poder Legislativo Local tiene dentro de su facultades la de legislar en materias que atañen al funcionamiento de los tres Poderes del Estado.

"El tema es si una reforma legislativa puede trastocar aspectos básicos que afecten elementos esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional, como la independencia y la autonomía, garantizados a nivel constitucional, o debe fortalecerlos. Desde el punto de vista del Poder Judicial que represento, la Legislatura Local no puede libremente suprimir o reducir las percepciones económicas a que tiene derecho los Magistrados, porque por esa vía se ve directamente afectada la independencia judicial.

"La facultad del Poder Legislativo del Estado para emitir leyes o modificar las existentes, en relación con el Poder Judicial, ha de entenderse limitada al respeto de los lineamientos generales previstos en los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Debe tenerse presente que una de las formas tradicionales de ejercer el control sobre una institución pública, es la restricción de su presupuesto anual por ejercer, y la conclusión que procede sacar de ello, es que una restricción como la que se reclama representa un ataque a la independencia del Poder Judicial. En efecto, al resolver la controversia constitucional 25/2008, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, ese Alto Tribunal estableció que el haber por retiro, si (sic) guarda relación con la independencia de los tribunales locales, pues se dijo lo siguiente:

"‘... si bien en el caso del Estado de Jalisco tanto en su Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se estableció el haber por retiro, lo cierto es que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni ninguna otra norma local fija las bases, mecanismos y periodicidad para su otorgamiento, lo que vulnera el contenido del artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se respeta la estabilidad en el cargo ni se asegura la independencia judicial, pues al término del plazo de diecisiete años, los Magistrados que culminen su encargo constitucional no tienen la certeza de cuál es ese haber por retiro y en qué momento lo recibirán.

"‘Lo anterior es así, ya que la independencia judicial de los órganos jurisdiccionales locales se cumple cuando los juzgadores gozan de estabilidad y seguridad en sus cargos, mismas que pueden concretarse mediante la certeza de recibir, al final del periodo de su gestión, un haber por retiro. ...’

"Un haber por retiro, en las condiciones determinadas por la reforma que se cuestiona, no se corresponde con los lineamientos trazados desde la Constitución Federal y que con toda claridad recoge el Máximo Tribunal de Justicia del País. No es generadora de un caos financiero como se razona en la exposición de motivos de la reforma, una remuneración por retiro del cien por ciento de los dos primeros años y del ochenta por ciento durante el resto de la vida del Magistrado.

"Es de hecho un esquema congruente con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para el retiro de los Ministros del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro País donde se dispone:

"‘Artículo 183. Al retirarse del cargo, los Ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los Ministros en activo.

"‘Cuando los Ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.

"‘En caso de fallecimiento de los Ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio Ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad.’

"Un ingreso suficiente durante el desempeño de la función y un haber por retiro a su conclusión, tienen relación con una efectiva independencia de los que asumen la delicada tarea de impartir justicia.

"La modificación que se tilda de inconstitucional tiene indudabl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24215-1017e254/autonomia-e-independencia-judicial-el-legislador-debe-establecerlas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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