INTERÉS JURÍDICO. EL IMPORTADOR LO TIENE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS, CUANDO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO DE ORIGEN Y SE LE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 431/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, SÉPTIMO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 16 DE ENERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) de donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización y no así para resolver contradicciones de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de un mismo circuito, en este caso, sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Séptimo, Décimo Segundo y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal (en auxilio al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) en contra del criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán (en auxilio al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos que son competencia de los Tribunales Colegiados contendientes y, de lo contrario, se prolongaría la resolución del presente asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)
TERCERO. Los antecedentes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes y las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son las siguientes:
1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo **********)
- **********, importó diversa mercancía a la que aplicó el trato preferencial previsto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en virtud de que era originaria de Estados Unidos de América, lo cual acreditó con el certificado del país de origen expedido por la persona moral denominada **********.
- El veintinueve de mayo de dos mil ocho, el administrador central de Fiscalización de Comercio Exterior emitió una resolución en un procedimiento de verificación de origen tramitado en contra de **********, en la que determinó que el certificado de origen expedido por ésta era inválido, por lo que era improcedente el trato arancelario preferencial que se les aplicó al momento de su importación a México.
- Inconforme con esa resolución, **********, interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por el administrador local Jurídico del Norte del Distrito Federal, bajo el argumento de que la recurrente carecía de interés jurídico para interponer dicho recurso.
- En contra de esa resolución, **********, promovió juicio contencioso administrativo, del que conoció la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada.
- Contra la citada resolución, **********, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número **********, quien en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil doce, determinó conceder la protección constitucional, bajo el argumento de que los actos impugnados en el juicio de nulidad sí afectan el interés jurídico de la quejosa, ya que la determinación en el sentido de que los certificados de origen que utilizó son inválidos, genera la posibilidad de que se le determine un crédito fiscal por las diferencias del impuesto de importación.
La citada resolución, en lo que interesa, dice lo siguiente:
"QUINTO. La quejosa aduce que sí tiene interés jurídico para interponer el recurso de revocación en contra de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil ocho, ya que dicha resolución trajo como consecuencia que se iniciara en su contra un procedimiento administrativo en materia aduanera, a efecto de determinar las diferencias del impuesto de importación que resultaron por haber utilizado un certificado de origen inválido expedido por **********. Afirma la quejosa que sí tiene interés jurídico, en virtud de que en la resolución de veinte de mayo de dos mil ocho, se determinó que el certificado de origen utilizado para importar 760 piezas de blusas para mujer era inválido, por tanto, ya no tendrá un documento válido para acreditar el trato arancelario preferencial previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Argumenta la quejosa que su interés jurídico no se limita a cuestionar la falta de notificación de la resolución, sino que se encuentra en aptitud de cuestionar la legalidad de dicha resolución. Expone la quejosa, que de conformidad con el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para que sea procedente el recurso de revocación es necesario que se afecte el interés jurídico del recurrente, lo cual se acredita en el presente asunto. Manifiesta la quejosa, que contrario a lo señalado por la Sala, sí cuenta con la legitimación procesal activa, ya que dicho concepto en materia administrativa es equivalente al interés jurídico, el cual se acredita, en virtud de que la resolución impugnada en sede administrativa le causa una afectación directa, al no permitirle importar 760 piezas de blusas para mujer con el trato arancelario privilegiado que le otorga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es sustancialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, como se demostrarà a continuación. En el presente caso se considera conveniente transcribir el contenido del artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual establece lo siguiente: (se transcribe). De dicho precepto se desprenden las siguientes notas distintivas en materia de verificación de los certificados de origen que se expiden con motivo de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: a) En el citado artículo se regula el procedimiento de verificación del origen de los bienes importados al territorio de una de las partes de éste, es decir, a los Estados Unidos Mexicanos, a Canadá o los Estados Unidos de América. b) El mencionado procedimiento se realizará por conducto de las autoridades aduaneras de dichos países, las cuales, una vez que lleven a cabo la verificación en los términos regulados en los incisos 1 a 8 del citado artículo 506, proporcionarán una resolución escrita al exportador o productor cuyo bien esté sujeto a la verificación en la que se determine si el bien califica como originario, incluyendo las conclusiones de hecho y el fundamento jurídico de la determinación. c) Si la resolución es en el sentido de que el bien importado al territorio de la parte cuya autoridad aduanera realizó la verificación no califica como originario, es necesario que ésta se notifique por escrito tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara y con base en el cual se llevó a cabo la importación con tasa preferencial, para que la resolución surta efectos. d) Tal resolución no se aplicará a importaciones efectuadas antes de la fecha en que surta efectos si la autoridad aduanera de la parte de cuyo territorio se exportó el bien, previamente a la notificación de la resolución, expidió una resolución anticipada, o cualquier otra resolución sobre la clasificación arancelaria o el valor de los materiales, o bien ha dado un trato uniforme a la importación de los materiales correspondientes a la clasificación arancelaria o al valor en cuestión. Cabe señalar que el certificado de origen, necesario para la importación de bienes con trato arancelario preferente al territorio de una de las partes, será expedido por el exportador o productor, siendo esto objeto de regulación en el numeral 501 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que señala lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se sigue, que la emisión del certificado de origen con base en el cual se realiza la importación de bienes con trato preferencial, es regulado en el artículo 506 del referido tratado internacional, del que se desprende que es responsabilidad del exportador o del productor su emisión por ser quien realiza la certificación del origen del bien; siendo así, que el procedimiento de verificación se encuentra dirigido en forma específica y directa al exportador o al productor. No obstante lo anterior, no puede sostenerse válidamente que en todos los casos el importador, carece de interés jurídico para impugnar la resolución que se dicte en el procedimiento de verificación de origen de los bienes importados. Se afirma lo anterior, ya que de la interpretación del artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se desprende que la notificación al importador debe realizarse por el solo hecho de que la resolución administrativa hubiera calificado como no originarios los bienes importados; lo cual tiene su razón de ser, en la medida en que sólo ante el conocimiento de tal determinación el importador puede, en ejercicio de su derecho de defensa, controvertirla. Lo anterior, máxime si se considera que de quedar intocada dicha determinación, se puede dar lugar a que se finque un crédito fiscal a cargo del importador por las diferencias del impuesto de importación. Ello, habida cuenta que el convenio internacional citado otorga a la parte quejosa el derecho de realizar la importación de bienes con un trato arancelario privilegiado con base en el certificado de origen, siendo así, que al determinarse como inválido dicho certificado, ello trae consigo la afectación directa a la importadora al no poder importar determinados bienes al amparo del trato preferencial que otorga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; motivo por el que la sola determinación de que el bien importado no califica como originario faculta al importador, para promover el recurso de revocación contra esa determinación. En efecto, si bien es cierto que el procedimiento de verificación del origen de bienes importados se encuentra dirigido al exportador o productor de éstos, cuando en dicho procedimiento se dicta una resolución en la que se determina la invalidez del certificado, surge una afectación directa al importador. Ahora bien, en el presente caso de la prueba documental que obra en el juicio de nulidad a fojas ciento treinta y siete a ciento sesenta y tres, consistente en el ‘Escrito de hechos u omisiones que implican la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y en su caso la aplicación de las sanciones correspondientes’ de veintinueve de abril de dos mil diez, emitido por el administrador central de Contabilidad y Glosa, se advierte que se determinó iniciar en contra de la ahora quejosa el procedimiento administrativo en materia aduanera, toda vez que en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil ocho, se determinó negar la preferencia arancelaria que se hizo valer a través de los certificados de origen expedido por **********, respecto de los bienes que se encuentran clasificados en las subpartidas arancelarias 3926.20, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.53, 6114.30, 6204.43, 6211.43 y 6217.10, en virtud de que dicho bienes no son originarios. Dicha prueba hace patente la afectación que produjo a la quejosa la declaratoria de invalidez de los certificados que amparan las mercancías importadas. Así pues, es evidente que los actos impugnados en el juicio de nulidad, sí afectan los intereses jurídicos de la ahora quejosa dado que la firmeza de la determinación en el sentido de que el contribuyente utilizó certificados de origen inválidos, genera la posibilidad de que se le determine un crédito fiscal a su cargo por las diferencias del impuesto de importación, lo cual genera el interés jurídico necesario para que la resolución respectiva pueda ser impugnada por la importadora a través del recurso de revocación. Cobra aplicación a lo anterior, por su contenido y alcance, el criterio contenido en la tesis número 2a. CLXXX/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 452, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TIENE INTERÉS JURÍDICO EL IMPORTADOR PARA RECLAMAR EN AMPARO EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS REGULADO EN SU ARTÍCULO 506, CUANDO CON BASE EN ÉSTE SE HAYA DETERMINADO LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO RESPECTIVO.’ (se transcribe) ..."
2. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal (amparo directo **********)
- ********** importó diversa mercancía a la que aplicó el trato preferencial previsto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en virtud de que era originaria de Estados Unidos de América, lo cual acreditó con el certificado del país de origen expedido por la persona moral denominada **********.
- El veinticinco de julio de dos mil ocho, el administrador central de Fiscalización de Comercio Exterior emitió una resolución en un procedimiento de verificación de origen tramitado en contra de **********, en la que estableció que el certificado de origen expedido por ésta era inválido, por lo que determinó negar la preferencia arancelaria respecto de los bienes que se hubieran exportado a México.
- Con base en esa resolución, se determinó que los certificados de origen presentados por **********, resultaron improcedentes (no válidos) para acreditar el origen de la mercancía declarada al amparo del pedimento correspondiente.
- El nueve de noviembre de dos mil nueve, el administrador de Contabilidad y Glosa "1", en suplencia por ausencia del administrador central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas, determinó un crédito fiscal a **********, en materia de comercio exterior, por la cantidad de $**********.
- En contra de esta última determinación, ********** promovió juicio contencioso administrativo, del que conoció la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien determinó, entre otras cuestiones, que la parte actora no tenía interés jurídico para hacer valer agravios en contra del procedimiento de verificación de origen practicado a la empresa **********.
- Contra la citada resolución, ********** promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien posteriormente lo remitió al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, para el dictado de la resolución respectiva.
El citado órgano colegiado radicó el asunto con el número de expediente ********** y en sesión de cuatro de mayo de dos mil doce, determinó conceder la protección constitucional, bajo el argumento de que la quejosa sí tiene interés jurídico para impugnar el procedimiento de verificación de origen, ya que al determinarse la invalidez del certificado respectivo, ello tiene como consecuencia que exista una afectación a los intereses del importador, al poder derivar un crédito fiscal como aconteció en ese caso.
La resolución del Tribunal Colegiado, en lo que interesa dice lo siguiente:
"SEXTO. Análisis de conceptos de violación. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que son fundados los conceptos de violación. Es pertinente señalar que mediante oficio número **********, de nueve de noviembre de dos mil nueve, el administrador de Contabilidad y Glosa ‘1’, en suplencia por ausencia del administrador central de Contabilidad y Glosa, de la Administración General de Aduanas, dictado en el expediente **********, determinó a la quejosa un crédito fiscal en materia de comercio exterior, en cantidad de $**********. Ahora bien, como se aprecia de los antecedentes de la resolución impugnada, se especificó que los certificados de origen presentados por la quejosa a efecto de acreditar el origen de las mercancías resultaron improcedentes (no válidos) para acreditar el origen de la mercancía declarada en el pedimento **********. Que ello era así, porque se había emitido la resolución definitiva en materia de verificación de origen en el oficio ********** de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, por la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, en la que se determinó negar la preferencia arancelaria respecto de los bienes que se hubieran exportado a México durante el periodo comprendido del uno de enero de dos mil cuatro al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, al amparo del certificado de origen expedido por **********, en su carácter de exportador y/o productor. Ahora bien, la Sala Superior al dictar sentencia, desestimó en lo que interesa los conceptos de impugnación en el considerando sexto y que es el que ahora sea analiza, en base a lo siguiente: (se transcribe) Ahora bien, es fundado el único concepto de violación en que la quejosa aduce, en síntesis, lo siguiente: a) Que contrariamente a lo sostenido por la Sala, sí tiene interés jurídico para combatir el procedimiento de verificación de origen, porque éste fue utilizado como motivación de la resolución determinante de créditos fiscales, por lo que trasciende a su esfera jurídica. b) Que la Sala citó una tesis que sustenta la sentencia reclamada que no tiene el carácter de obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, además no resulta aplicable al caso concreto, ya que se refiere a un procedimiento que no le causa agravio. Aunado a lo anterior señala que el voto particular de la sentencia reclamada de manera acertada precisa que el espíritu de dicha tesis aislada se refiere a la obligación de mantener el sigilo de la información comercial confidencial obtenida en el procedimiento de verificación del origen de los bienes importados regulados en el artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; pero en el supuesto de que la autoridad emita una determinación que sí afecte los intereses del importador, por lo que sí tiene interés jurídico de impugnar la misma. De lo anterior señala que la autoridad responsable desconoce su derecho humano de audiencia para hacer valer el incumplimiento de la formalidades esenciales de las notificaciones de los cuestionarios anexos a los oficios números ********** y ********** a la empresa exportadora, negándome el acceso a la justicia en virtud de que los vicios de notificación que hace valer en la ampliación de demanda respecto de los citados oficios contienen los cuestionarios para la empresa exportadora, desde luego que sí afectan su interés jurídico y constituyen vicios de origen. Luego, señala que es incorrecto que la Sala del conocimiento haya sostenido que no asiste derecho alguno para impugnar las notificaciones a la empresa exportadora de los cuestionarios de estilo, por lo que desconoce en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, las que resultan necesarias para garantizar la defensa antes del acto privativo de derechos. De lo anterior concluye que el importador sí está en posibilidad de impugnar las violaciones acontecidas en la tramitación de los procedimientos de verificación de origen tramitados en contra de los proveedores extranjeros, en razón de que afecta directamente a su esfera jurídica la negativa el trato arancelario preferencial, con motivo de la verificación que la autoridad efectuó al exportado, por lo que asegura, sí afecta su esfera de derechos. Luego, este órgano colegiado considera que los argumentos expuestos con anterioridad son sustancialmente fundados, porque contrario a lo determinado por la Sala responsable, la quejosa sí tiene interés jurídico para impugnar los actos del procedimiento de verificación de origen. Lo anterior es así, porque de las constancias de autos, específicamente de la resolución determinante del crédito fiscal, se infiere que la resolución definitiva en materia de verificación de origen ********** de veinticinco de junio de dos mil ocho, es parte del sustento de la resolución determinante de créditos fiscales a cargo de la quejosa. En efecto, se determinó que el certificado de origen presentado por la quejosa carecía de validez, con base en que mediante la resolución definitiva en materia de verificación de origen **********, de veinticinco de junio de dos mil ocho, emitida por la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, se determinó negar la preferencia arancelaria que se hubiera hecho valer. Luego, si la Sala desestimó los argumentos de la quejosa, bajo la consideración de que ésta carecía de interés para impugnar los actos de ese procedimiento de verificación de origen, dicha consideración no se encuentra ajustada a derecho. En efecto, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no es acertada la decisión de la Sala, por lo que es pertinente transcribir el criterio que el Alto Tribunal emitió y en el cual apoyó la decisión de la responsable, misma que es del contenido siguientes: ‘TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS Y LA OBLIGACIÓN DE MANTENER EL SIGILO DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL, PREVISTOS EN SUS ARTÍCULOS 506 Y 507, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL IMPORTADOR.’ (se transcribe). Ahora, si bien en cierto que la tesis transcrita con anterioridad se señala que al importador no le corresponde atacar los posibles vicios en que incurra la autoridad aduanera en el procedimiento de verificación del origen de los bienes importados, porque le es ajeno; sin embargo, la misma tesis hace una excepción a saber -sólo en el caso de que se determine la invalidez del certificado de origen surge una afectación a los intereses del importador, al poderse derivar de tal determinación, como en el caso aconteció, un crédito fiscal a su cargo por diferencias, en contra del importador-. Luego, si bien es cierto que el Alto Tribunal arribó a la conclusión de que el procedimiento de verificación de origen sólo le afecta al exportador también señaló que ello es hasta en que se emite una resolución en la que se determine que los bienes no califican como originarios, porque de tal resolución puede derivarse un crédito fiscal a su cargo, por lo que sí tiene interés jurídico la actora del juicio de nulidad (importadora), para impugnar los posibles vicios en que incurra la autoridad fiscal en tal procedimiento de verificación de origen. Asimismo, es aplicable por igualdad de razón la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XII, diciembre de 2000, tesis 2a. CLXXX/2000, página 452 del rubro y contenido siguientes: ‘TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TIENE INTERÉS JURÍDICO EL IMPORTADOR PARA RECLAMAR EN AMPARO EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS REGULADO EN SU ARTÍCULO 506, CUANDO CON BASE EN ÉSTE SE HAYA DETERMINADO LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO RESPECTIVO.’ (se transcribe). Por tanto, la actora del juicio de nulidad (importadora), sí cuenta con interés jurídico para hacer valer agravios en contra del procedimiento de verificación practicado por la empresa ********** ..."
3. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo **********)
- **********, importó diversa mercancía a la que aplicó el trato preferencial previsto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en virtud de que era originaria de Estados Unidos de América, lo cual acreditó con el certificado del país de origen expedido por la persona moral denominada **********.
- El catorce de agosto de dos mil ocho, el administrador central de Fiscalización de Comercio Exterior emitió una resolución en un procedimiento de verificación de origen tramitado en contra de **********, en la que determinó que el certificado de origen expedido por ésta era inválido, por lo que era improcedente el trato arancelario preferencial que se aplicó a los bienes al momento de su importación a México.
- Inconforme con esa resolución, **********, interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por el administrador local Jurídico del Norte del Distrito Federal, bajo el argumento de que la recurrente carecía de interés jurídico para interponer dicho recurso.
- En contra de esa resolución, **********, promovió juicio contencioso administrativo, del que conoció la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada.
- Contra la citada resolución, la quejosa promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número **********, quien en sesión de once de abril de dos mil doce, determinó conceder la protección constitucional bajo el argumento de que la quejosa sí tiene interés jurídico para impugnar el procedimiento de verificación de origen de los bienes importados, ya que en la resolución que recayó a dicho procedimiento se estableció, además de la calificación como no originarios de los bienes importados, la invalidez del certificado de origen, con base en los cuales importó diversa mercancía con el trato preferencial previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que generó la posibilidad de que se le impusiera un crédito fiscal; máxime que sí se había determinado un crédito fiscal, que si bien se dejó sin efectos mediante un recurso de revocación, obtendría un mayor beneficio con la declaración de nulidad del procedimiento en el que se declaró inválido el certificado de origen utilizado por la quejosa.
La ejecutoria descrita en lo conducente dice:
"SEXTO. En el único concepto de violación, la quejosa hace valer que la sentencia reclamada le causa perjuicio, ya que contrario a lo resuelto por la Sala responsable tiene interés jurídico para impugnar la legalidad de la resolución impugnada, consistente en el oficio ********** de catorce de agosto de dos mil ocho, emitido por la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior. Afirma que el interés jurídico que tiene para impugnar la resolución en comento no dimana de lo que erróneamente resolvió la Sala fiscal, es decir, de que la autoridad aduanera hubiere encontrado diferencias en la clasificación arancelaria o en el valor aplicado por la propia autoridad a uno o más materiales utilizados en la producción de los bienes correspondientes, sino de las consecuencias que dicha resolución produce, esto es, la determinación de un crédito fiscal a la ahora quejosa, entonces importadora, por las diferencias resultantes derivadas del hecho de haber utilizado un certificado de origen inválido y de la violación al derecho que tiene para realizar importaciones de los bienes de que se trata, con un trato arancelario privilegiado al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con base en un certificado de origen, al haber sido éste declarado inválido. Alude que si bien es cierto el certificado de origen es responsabilidad únicamente del exportador o productor, al ser éste el encargado de realizar la certificación de origen, también lo es que si en el procedimiento administrativo de verificación de origen se estima que el bien no califica como originario, se le causa perjuicio, en virtud de que ello da lugar a que se le determine un crédito fiscal a su cargo y a que se le niegue el derecho a importar con el beneficio de un trato arancelario preferencial, perjuicio del cual deriva su interés jurídico para impugnar la resolución recaída al procedimiento de verificación de origen. Puntualiza que el derecho a importar al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se afecta cuando la culminación del procedimiento de verificación de origen, es en el sentido de resolver que los bienes importados al amparo de certificados de origen, no son originarios, lo cual tiene como consecuencia lógica la improcedencia del trato arancelario preferencial previsto en el tratado de referencia. El concepto de violación en estudio es fundado, tal y como se demuestra a continuación. Al efecto conviene precisar los siguientes antecedentes: (se transcribe). La
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24280-34bf0b1f/interes-juridico-el-importador-lo-tiene-para-impugnar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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