ZONIFICACIÓN CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA. EL CONGRESO LOCAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE AL EMITIR EL DECRETO POR EL CUAL EXPIDE LA ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELOS URBANOS Y RÚSTICOS; ASÍ COMO LOS VALORES CATASTRALES DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 2012, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, PUES REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA APROBACIÓN DE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS, OMITIENDO DESAHOGAR EL PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN ESTATAL Y EN LA LEY PARA LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en conta del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz) ZONIFICACIÓN CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA. EL DECRETO DEL CONGRESO LOCAL POR EL CUAL EXPIDE LA ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELOS URBANOS Y RÚSTICOS; ASÍ COMO LOS VALORES CATASTRALES DE CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 2012, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, VULNERA LA HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en conta del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2012. MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 4 DE DICIEMBRE DE 2012. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil doce.
VISTOS; Y
RESULTANDOS:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Mediante escrito depositado el nueve de febrero de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ernesto Bojalil Andrade, quien se ostentó como síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por la autoridad que a continuación se señala:
1. Autoridades demandadas:
a) Congreso del Estado de Puebla
b) Gobernador del Estado de Puebla
c) Secretario general de Gobierno del Estado de Puebla
2. Norma cuya invalidez se demanda:
El Decreto del Congreso del Estado de Puebla por el cual se expide la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos; así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, para el Municipio de San Andrés Cholula, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiséis de diciembre de dos mil once.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:
a) El treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto mediante el cual los Municipios de San Jerónimo Calderas, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, Resurrección y Totimehuacán fueron suprimidos y anexados al Municipio de Puebla.
b) El nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el decreto mediante el cual se fijaron los límites del centro de población de la ciudad de Puebla.
c) El veinticinco de junio de dos mil dos, los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, aprobaron un acuerdo de colaboración para resolver de forma autocompositiva su problema de límites territoriales, solicitando su aprobación al Congreso Estatal el diez de agosto y el once de diciembre del mismo año.
d) El cuatro de abril de dos mil cinco, el Municipio de Puebla promovió ante el Congreso Estatal una controversia por límites territoriales, misma que fue declarada improcedente y desechada de plano por dicho Congreso el veintitrés de junio de dos mil cinco, al considerar que la aprobación del convenio de colaboración estaba pendiente de resolución. El acuerdo respectivo fue controvertido por el Municipio de Puebla mediante la controversia constitucional 56/2005.
e) El mismo veintitrés de junio de dos mil cinco, el Congreso Local determinó que no existían elementos suficientes para aprobar el convenio de colaboración suscrito por los Municipios. Dicha determinación fue impugnada por el Municipio de San Andrés Cholula en la controversia constitucional 53/2005.
El diez de octubre de dos mil seis, este Pleno al resolver las controversias constitucionales 53/2005 y 56/2005, declaró la invalidez de ambas determinaciones, señalando que el Congreso Estatal debía admitir a trámite la controversia por cuestión de límites territoriales y que dicho procedimiento debía suspenderse hasta que el citado Congreso definiera si aprobaba o no el convenio de colaboración presentado por los Municipios.
En cumplimiento a dicha ejecutoria, el diez de enero de dos mil siete, el Congreso Estatal determinó no aprobar el convenio propuesto, por lo cual se levantó la suspensión del juicio de controversia por cuestión de límites territoriales
f) El dieciséis de diciembre de dos mil nueve, el Municipio de Puebla presentó ante el Congreso Local la "Solicitud para señalar materialmente los límites territoriales del Municipio de Puebla, fijados en el acuerdo al decreto de treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos", misma que, de acuerdo con el escrito de demanda de controversia constitucional, no ha sido tramitada ni resuelta.
TERCERO. Conceptos de invalidez. El Municipio actor esgrimió, en síntesis, los siguientes:
a) Del contenido del artículo 115 constitucional es posible confirmar la importancia que tiene el territorio para la conformación de los Municipios, entendido como su ámbito jurisdiccional, pues con base en éste se determina la población que lo conforma, el ámbito en el que el Ayuntamiento va a ejercer su acción de gobierno y el espacio en el que puede desplegar sus atribuciones constitucionales.
Por ello, siempre que el territorio de un Municipio se vea afectado por cualquier acto en sentido amplio, dicho nivel de gobierno debe intervenir activamente para defender su competencia, ya que el territorio es parte fundamental de su existencia y al afectarse, trasciende a su conformación, repercutiendo en todos sus ámbitos.
Así, ante la existencia de una resolución que podría afectar gravemente su territorio y todas las atribuciones que puedan desplegarse en ese ámbito espacial, como lo es el acto reclamado, esa participación activa debió traducirse en el respeto irrestricto de la garantía de audiencia y debido proceso a favor de los posibles afectados, que es principal instrumento de defensa que se tiene ante actos privativos emitidos por cualquier autoridad.
b) Además, existen previsiones que configuran una serie de garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario en favor de las haciendas públicas municipales. Una de dichas previsiones consiste en que las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles son recursos que ingresan a la hacienda municipal y quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios.
De conformidad con los principios de libre administración de la hacienda municipal, de integridad de los recursos económicos municipales y de reserva de fuentes de ingresos municipales, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria deben ser establecidas por las Legislaturas Estatales sin que se puedan establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, mayores a los previstos en la norma.
De la lectura del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó dicho artículo en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el impuesto predial se ha concebido constitucionalmente como un tributo cuya configuración normativa no debe desatender los principios de proporcionalidad y equidad tributarias; cuyas exigencias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Para ello, las medidas necesarias deben ser tomadas por las Legislaturas Estatales en coordinación con los Municipios respectivos.
La reforma constitucional mencionada estableció la obligación a los Congresos Locales de ponderar, estudiar y tomar en consideración las propuestas realizadas por los Municipios, proponiendo la base y las tasas del impuesto predial aplicables en su territorio.
Por lo anterior, afirma que los Ayuntamientos gozan de una vinculatoriedad dialéctica con los Congresos Locales, pues si bien las propuestas de los Municipios no son vinculantes para las Legislaturas Estatales, sí les imposibilita a realizar cambios a las propuestas por motivos diversos a los provenientes de argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en al menos alguna etapa del procedimiento legislativo.
c) Al haber aprobado la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado para el Municipio de Puebla, aplicables para el año dos mil doce, que serán la base para el cálculo de la base gravable del impuesto predial y sobre adquisición de bienes inmuebles, que el Municipio de Puebla debe percibir durante ese ejercicio fiscal, el Congreso Estatal incurrió en una omisión legislativa al generar la existencia de determinadas áreas territoriales que se encuentran incluidas en la zonificación catastral del Municipio de Puebla, así como en el de San Andrés Cholula.
CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos que se estiman infringidos son: 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil doce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 9/2012 y, por razón de turno, designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Previo desahogo de una prevención realizada por el Ministro instructor, se determinó desechar la demanda por notoriamente improcedente, en virtud de que no se había agotado el procedimiento para la solución de conflictos territoriales existente entre los Municipios del Estado de Puebla.
Dicha resolución fue impugnada a través del recurso de reclamación registrado con el número 14/2012-CA, en el que la Segunda Sala de este Alto Tribunal revocó por unanimidad de votos el desechamiento y ordenó admitir la demanda de controversia constitucional, al considerar que no existía un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil doce, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo. En su escrito sustancialmente señaló:
a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que si se pretende demostrar una posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General, debió acudirse a este Alto Tribunal a través de una acción de inconstitucionalidad, que es la vía adecuada para dar efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad.
En consecuencia, sostiene la improcedencia del juicio con base en el artículo 19, fracción VII, en relación con los diversos artículos 21, fracción II, 59 y 60, todos de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la norma general impugnada se publicó el veintiséis de diciembre de dos mil once y la demanda se presentó el nueve de febrero de dos mil doce, por lo que es evidente que transcurrió en exceso el plazo de treinta días naturales previstos para promover la vía de acción de inconstitucionalidad.
b) Asimismo, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor dejó de observar el principio de definitividad. Lo anterior, pues las violaciones a la Constitución General devienen en indirectas ya que los conceptos de invalidez se encuentran íntimamente relacionados con la validez de preceptos que forman parte de leyes secundarias como los artículos 103, fracción II, inciso d) y 106 de la Constitución Local,(1) quedando obligado el Municipio a agotar el medio ordinario de defensa o bien, en el caso específico, a esperar una resolución antes de acudir a este Alto Tribunal.
c) Del mismo modo, considera que se actualiza dicha causal de improcedencia, ya que el artículo 105 de la Constitución General no prevé como fundamento para una controversia constitucional la existencia de una omisión legislativa.
d) Por otro lado, asegura que no existe un conflicto de competencias constitucionales, ya que el Congreso Local aprobó los Decretos de Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, correspondientes tanto al Municipio actor como al tercero interesado, de conformidad con la fracción IV del artículo 115 constitucional, donde se prevé que corresponde a las Legislaturas Locales aprobar las leyes de ingresos, las contribuciones e impuestos, así como que los Ayuntamientos deben proponer a dichas legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
e) Considera que el Municipio actor carece de interés legítimo para acudir a este Alto Tribunal en vía de controversia constitucional, ya que el decreto impugnado no le causa afectación pues la actuación del Congreso del Estado se apegó a derecho al aprobarlo con base en la demarcación territorial establecida en la iniciativa que por ley correspondió presentar al Municipio tercero interesado y que fue corroborada por el Instituto de Catastro del Estado; además de que los derechos que pretende le sean tutelados no le causan perjuicio alguno y, aquellos que hipotéticamente le perjudicarían, han sido consentidos, renunciando tácitamente a su protección constitucional.
f) En cuanto al fondo, pretende que las interpretaciones constitucionales de la ejecutoria de la controversia constitucional 14/2004, promovida por el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en la que este Alto Tribunal consideró que la fracción IV del artículo 115 constitucional en el sentido de que las Legislaturas Estatales tienen competencia para tomar la decisión final cuando se aprueban las leyes de ingresos municipales, no sean aplicadas al caso, ya que se refieren a normas generales y, por tanto, sólo son aplicables al resolver acciones de inconstitucionalidad.
g) Agrega que es inexacta la afirmación del Municipio actor de que el Congreso Estatal vulneró su derecho de audiencia, ya que respecto de los actos legislativos no se tiene la obligación de respetar ese derecho fundamental, además de que es falsa la afirmación relativa a que dicho órgano legislativo modificó los límites territoriales del Municipio de Puebla.
Por último, considera falsa la afirmación del Municipio actor relativa a que el Poder Legislativo Local haya incurrido en una omisión. Al respecto, sostiene que cumplió en tiempo y forma con lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional, donde se estableció la obligación a cargo de las Legislaturas Locales de adecuar, antes del ejercicio fiscal dos mil dos, los valores unitarios de suelo que servirían de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria a fin de que fueran equiparables a los valores de mercado, además de que tampoco vulneró el contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional al permitir la coexistencia de dos gastos públicos en relación al mismo impuesto predial. Pues si bien es cierto que se incluyeron áreas territoriales en la zonificación catastral y en las tablas de valores catastrales de construcción por metro cuadrado de ambos Municipios, no lo es que haya incurrido en la violación reclamada pues se dejó en libertad a los contribuyentes para que hicieran el pago de sus contribuciones en el Municipio de su elección, con base en una aplicación análoga del artículo 121, primer párrafo, de la Constitución General.
SÉPTIMO. Contestación del secretario General de Gobierno del Estado de Puebla. En síntesis manifestó:
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que en el caso concreto debió promoverse una acción de inconstitucionalidad y no un juicio de controversia constitucional, además de que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que prevé el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia para las acciones de inconstitucionalidad.
Afirma que la verdadera intención del Municipio actor no es impugnar el acto reclamado, sino plantear una solución de límites territoriales, por lo que la controversia deviene improcedente al no haberse agotado la vía legalmente prevista para dicha finalidad, además de que no existe conflicto competencial constitucional alguno, ya que la Legislatura Local actuó de conformidad con el artículo 115, fracción IV, constitucional.
b) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, ya que no existe fundamento constitucional para que se dé trámite a una controversia constitucional planteada por una omisión legislativa, tal y como lo pretende el Municipio actor, por lo que debe considerarse que no se ha agotado la vía legalmente prevista para la resolución del conflicto territorial que subyace a este asunto.
Debe desestimarse lo alegado por el Municipio actor en el sentido de que al resolver este asunto debe tomarse en cuenta lo decidido en la controversia constitucional 14/2004, interpuesta por el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en la que se analizó la fracción IV del artículo 115 constitucional. Lo anterior, ya que la vía de controversia constitucional no es la idónea para decidir el caso, sino como se ha dicho, debió acudirse a través de una acción de inconstitucionalidad.
c) Es constitucional el decreto impugnado ya que emana de un cuerpo legislativo, constituido legalmente, en observancia de los preceptos de nuestra Carta Magna, así como de la Constitución de la entidad federativa, por lo que debe sostenerse su legalidad y constitucionalidad, así como el refrendo a su promulgación y orden de publicación.
Lo anterior, ya que durante el proceso legislativo no existe obligación de respetar la garantía de audiencia, ya que de lo contrario todos los gobernados pretenderían acudir al Congreso del Estado solicitando el respeto a dicha garantía, haciendo nugatoria la actividad legislativa.
OCTAVO. Manifestaciones del Municipio tercero interesado. El Municipio de San Andrés Cholula manifestó, en lo toral, lo siguiente:
a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, pues en las controversias constitucionales 27/2006, 21/2009, 53/2005 y 56/2005, resueltas por este Alto Tribunal, no se ha resuelto de fondo el conflicto territorial entre los Municipios de Puebla y de San Andrés Cholula, ambos del Estado de Puebla, ya que se ha establecido de manera reiterada que el Congreso del Estado debe resolver dicho conflicto conforme a la legislación aplicable.
De tal forma, considera que debe decidirse que aún no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, establecida en el artículo 57, fracción IV, de la Constitución Política Local y en la Ley de Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que se encuentra pendiente de trámite ante el Congreso Local la "Solicitud para señalar materialmente los límites territoriales del Municipio de Puebla, fijados en el acuerdo al Decreto de treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos" presentada por el Municipio de Puebla.
Afirma que el escenario fáctico, legal, jurisdiccional y procesal de esta controversia es idéntico al existente al momento de resolver las controversias promovidas previamente por los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, por lo que existe conexidad entre ellas.
Agrega que los conceptos de invalidez plasmados en la demanda surgen por una omisión legislativa consistente en que la Legislatura del Estado de Puebla se ha abstenido de resolver la precisión de los límites territoriales entre ambas entidades federativas.
b) Por último, afirma que en caso de que lo sustancialmente planteado fuera que el Congreso Local no hubiera respetado la zonificación territorial del Municipio de Puebla que se había dispuesto en dos ejercicios fiscales anteriores, se estaría dando por hecho que el territorio en disputa pertenece al Municipio de Puebla, sin que al tercero interesado se le dé la oportunidad de ser oído y vencido ante la instancia que debe dirimir el conflicto territorial, en este caso, el Congreso Estatal.
NOVENO. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora al formular su opinión, manifestó en síntesis:
a) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la controversia constitucional, ésta se presentó oportunamente y quien la promovió goza de legitimación procesal activa para ello.
b) No obstante lo decidido en el recurso de reclamación 14/2012-CA, en el que se ordenó admitir la demanda de controversia, es indudable que en el presente asunto prevalece un conflicto limítrofe entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, por lo que se actualiza la causal de improcedencia de falta de definitividad, establecida en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia.
Pues como se observa de las controversias constitucionales 53/2005, 56/2005, 27/2006 y 21/2007 (sic), para determinar si se está en presencia o no de una duplicidad impositiva y si el Congreso del Estado puede o no reasignar territorio municipal a través de la zonificación catastral, es necesario que se resuelva el conflicto de límites planteado por los Municipios en disputa, aspecto que se encuentra pendiente de resolver y genera que la presente controversia constitucional devenga improcedente ante la preexistencia de un conflicto limítrofe.
DÉCIMO. Cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Desechamiento del proyecto y returno. En sesión de veintiséis de septiembre de dos mil doce, celebrada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos, se acordó desechar el proyecto presentado y devolver los autos a la presidencia de la Sala para su returno a alguno de los Ministros de la mayoría.
Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil doce, se acordó returnar el presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, integrante de la mayoría, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Puebla, Estado de Puebla y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa.
SEGUNDO. Oportunidad. Enseguida se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.
El Municipio actor impugna el Decreto del Congreso del Estado de Puebla por el cual se expide la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos; así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado, para el Municipio de San Andrés Cholula, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil once en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
A efecto de determinar si la demanda fue promovida oportunamente, deberá estarse a lo que dispone el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(2) que precisa que tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de controversias constitucionales será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
En el caso, el decreto impugnado fue publicado en el medio de difusión oficial del Estado, el veintiséis de diciembre de dos mil once, por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes dos de enero al lunes trece de febrero de dos mil doce, debiendo descontarse del cómputo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, once y doce de febrero, todos de dos mil doce, por corresponder a sábados y domingos, así como el día seis de febrero del mismo año, por ser inhábil.(3)
En consecuencia, si la demanda de controversia constitucional fue depositada el día nueve de febrero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción,(4) es oportuna.
TERCERO. Legitimación de la parte actora. A continuación se analizará la legitimación activa, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Los Municipios se encuentran legitimados para promover controversias constitucionales, de conformidad con el artículo 105, fracción I, constitucional. Promovió la controversia constitucional Ernesto Bojalil Andrade, como síndico del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, quien acreditó dicho carácter con copia certificada de la constancia de mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, de siete de julio de dos mil diez, expedida por el Instituto Electoral del Estado de Puebla; así como de la toma de protesta del Ayuntamiento para el periodo de dos mil once a dos mil catorce, de quince de febrero de dos mil once.(5)
Asimismo, cuenta con facultades de mandatario judicial y puede ejercer las acciones en que sea titular el Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, fracciones I y II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.(6) Por tanto, en términos de los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(7) se concluye que está facultado legalmente para representar a dicho ente.
CUARTO. Legitimación de las partes demandadas. Enseguida, se procede al análisis de la legitimación de las autoridades demandadas, al ser una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que esta resulte fundada.
En la presente controversia se señalan como autoridades demandadas:
a) Poder Legislativo del Estado de Puebla
Comparece en su representación Rafael Guzmán Hernández, director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso Estatal, lo que acreditó con copia certificada del acta del Pleno del Congreso de Puebla, de treinta de marzo de dos mil doce, en la que consta el acuerdo mediante el cual se le delega la facultad de representar legalmente a dicho Congreso.(8)
Por su parte, los artículos 101, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla y 189, fracción XV, del Reglamento Interior del Congreso,(9) disponen que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos tendrá la representación del Poder Legislativo de dicho Estado, por tanto, el titular de dicha dirección se encuentra legitimado para comparecer en representación de dicho poder.
Y en términos de los artículos 10, fracción II y 11 de la ley reglamentaria de la materia ha lugar a reconocerle legitimación pasiva.
b) Poder Ejecutivo de la entidad
Comparece José Montiel Rodríguez, en su carácter de secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento, de dieciséis de junio de dos mil doce,(10) así como del acta de protesta a dicho cargo de la fecha señalada.(11)
Los artículos 70 y 79, fracciones II y XXXVI, de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla,(12) y el artículo 46, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del mismo Estado,(13) disponen que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en el gobernador, y que corresponde a la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, representarlo cuando él así lo acuerde. En el caso, no obra en el expediente acuerdo del gobernador a fin de ser representado por el secretario compareciente en el presente juicio, por lo que no ha lugar a reconocerle el carácter que ostenta ni a tener por contestada la demanda.
c) Secretario del Gobierno Estatal
Por último, compareció María Esther Torreblanca Cortés, directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, en nombre y representación del secretario, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla.(14)
De dicha autoridad se reclama el refrendo del decreto impugnado, figura que se encuentra prevista en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla,(15) que establece que para la validez y observancia de los decretos, reglamentos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado, deben estar refrendados por el secretario de Gobierno y por el encargado del ramo al que corresponda. Por tanto, al revestir autonomía la figura de refrendo a cargo del citado funcionario, se concluye que cuenta con la legitimación necesaria para comparecer a juicio.(16)
En estas condiciones, de conformidad con los numerales 10, fracción II y 11 de la ley reglamentaria de la materia, se le r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24376-049b6777/zonificacion-catastral-del-estado-de-puebla-el-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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