DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO DE MANERA SUFICIENTE SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA INNECESARIO EN INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR Y APLICAR LA NORMA CONTENIDA EN TRATADO O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO EL ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER EL SENTIDO PROTECTOR DEL DERECHO FUNDAMENTAL RESPECTIVO.
AMPARO DIRECTO 47/2012. 4 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HUMBERTO VENANCIO PINEDA. SECRETARIO: PORFIRIO MAURICIO NIEVES RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Devienen parcialmente fundados los motivos de desavenencia identificados con los incisos a), b) y e), que atañen a la incorrección en la valoración del cuadro probatorio para acreditar el atribuido delito de corrupción de menores, empero, suplidos conforme a los preceptos 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, como ulteriormente se verá, lleva a conceder la protección que de la Justicia Federal se solicita.
De inicio, se adjetivan inoperantes los planteamientos merced a los cuales, en términos generales y de manera reiterada, se atribuye incorrección al Juez responsable por indebida valoración probatoria e involucra en este amparo directo la sentencia de primera instancia, legalmente sustituida por la de alzada; en efecto, es notoria su inoperancia en tanto con motivo del recurso ordinario de apelación interpuesto, entre otros, por los amparistas ********** o ********** y **********, así como su defensor, la ad quem reasumió plena jurisdicción sobre el asunto dada la naturaleza de la apelación, ello implicó que la modificaba en su sentido y alcance, motivo por el cual la determinación judicial que incidió en afectación a la esfera jurídica de los quejosos fue precisamente la de alzada y no la de primera instancia legalmente sustituida por la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías; por ende, los razonamientos expuestos en esta última son los que en su caso pueden causar agravio y propiamente constituyen materia de los conceptos de violación.
Al tema, se comparte la jurisprudencia I.6o.C. J/4, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, página ciento veintiuno, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia."
Puntualizado lo anterior, es prioritario abordar el estudio del concepto de violación del inciso g), donde se alega transgresión a la garantía de seguridad jurídica y aplicación retroactiva en perjuicio, porque desde la óptica de los quejosos, a partir de las reformas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho el delito de delincuencia organizada es de competencia federal y la Sala omitió pronunciarse al respecto.
Aunque ciertamente, al abordar el estudio de la litis del recurso ordinario de apelación, la ad quem no emitió pronunciamiento sobre ese tema competencial, ello en modo alguno, por sí, produce el efecto de otorgar la protección constitucional solicitada dado que en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó que las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta que el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de propia Carta Magna, en los términos siguientes:
"Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última."
Entonces, como claramente deriva del transitorio preinserto, la norma que prevé el tipo penal de delincuencia organizada en el Distrito Federal (precepto 254 del Código Penal local), continúa en vigor y los procesos incoados con fundamento en dicha legislación punitiva, así como las sentencias emitidas con base en la misma, deben concluirse y ejecutarse conforme a las disposiciones vigentes y no serán afectados con la entrada en vigor de la legislación federal de la materia.
En orden diverso, es infundado el planteamiento por el que se alega infracción a las formalidades del procedimiento por indebida valoración probatoria, en tanto ello concierne al aspecto sustancial de la decisión judicial y no propiamente del procedimiento, pues mientras las formalidades de éste salvaguardan los derechos fundamentales de adecuada y oportuna defensa previo al acto privativo, la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma conforme a los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, en esa medida la valoración probatoria en sí está desvinculada con las formalidades del procedimiento.
Al tema en particular, por compartirse, es aplicable la jurisprudencia I.2o.P J/30 del Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, publicada en la página 1381, del Tomo XXX, agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:
"PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva."
También es infundado el motivo de desavenencia donde en forma categórica se plantea inexactitud en la aplicación de la ley, en detrimento de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de los amparistas, pues a la inversa de lo expuesto y en referencia a lo que genéricamente se arguye sobre la ilegalidad de la emisión de la sentencia con sentido condenatorio, el análisis integral del acto materia de reclamo, salvo lo que será materia de concesión, en principio, permite establecer que no se violó el principio de tipicidad manifestado como la exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de la conducta tipificada y de las sanciones correspondientes, de tal forma que el juzgador se encuentre en condiciones de conocer su alcance y significado al realizar el proceso de adecuación típica (juicio de tipicidad), sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y lo lleven al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma, en tanto es imprescindible que la conducta materialmente realizada por los inculpados encuadre específicamente (exacta aplicación de la ley penal) en la hipótesis normativa correspondiente; por ende, como ulteriormente se justificará y salvo lo que es materia de la concesión, se reitera, fue acertado lo concluido por la Sala ordenadora en el sentido de que las conductas desplegadas por los justiciables, de manera respectiva encuadraron exactamente en los delitos de delincuencia organizada, prevista y sancionada en el artículo 254, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, y falsificación de documentos públicos en perjuicio del Registro Civil del Distrito Federal, tipificado en el numeral 339, párrafo primero, del mismo código punitivo, para lo cual, como a continuación se abundará, analizó y valoró de manera fundada y motivada los elementos de convicción que constan en el sumario, sin que se advierta recurriera a complementación para suplir imprecisiones de esas normas o bien que ampliara por analogía o mayoría de razón las hipótesis normativas de referencia, a fin de encuadrar en la misma las conductas atribuidas; por ende, fue apropiado el juicio de tipicidad efectuado por la ordenadora y, en esa virtud, también fue legal que tuviera por acreditados los citados ilícitos y la responsabilidad de los quejosos en su comisión.
A más de ello, en contrapunto a lo referido por los solicitantes de garantías, la sentencia reclamada se emitió de manera completa e imparcial, sin limitarse a transcribir pruebas y razonamientos "de la primera instancia"; en efecto, tal planteamiento es infundado porque el principio de imparcialidad previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, misma que consiste en ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, así como dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas, de tal forma que en la especie, adverso a lo que aduce, no existe dato para establecer que en forma indebida el tribunal de alzada hubiese resuelto el asunto de manera parcial y a favor de los intereses de alguien en particular, o bien, que se actualizara un ánimo de aversión contra los quejosos, así como tampoco que se haya visto mermada su imparcialidad en cuanto a la acreditación de los delitos y demostración de su plena responsabilidad.
Al tema en particular, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro IUS 160309, visible en la página 460, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor siguiente:
"IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal."
De modo que, opuesto a su aserción, en el proceso incoado se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, al tener la oportunidad de defenderse en juicio, ofrecer y desahogar pruebas, así como formular conclusiones de inculpabilidad; además, fueron juzgados conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, sin que se advierta que las penas impuestas hayan sido individualizadas por simple analogía, mayoría de razón o bien, que no estuvieran establecidas en una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; de ahí que, bajo esas circunstancias es dable afirmar que no se transgredió lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 14 constitucional.
Es aplicable la jurisprudencia 218 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la página 260, Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
Opuesto a lo que también se alega, salvo lo relativo al delito que será materia de la concesión del amparo, tampoco se infringió el dispositivo 16 constitucional en torno a la fundamentación y motivación de la sentencia reclamada en tanto manifiesta que la ad quem invocó los preceptos aplicables al caso, al referir demostrados los citados ilícitos de delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos, así como la responsabilidad de los quejosos en su comisión, cuya intervención, a la inversa de lo que insistentemente se aduce en vía de concepto de violación, certeramente atribuyó en términos de los numerales 18, párrafo primero y 22, fracción II, del citado ordenamiento sustantivo, esto es, dolosamente y a título de coautores; amén de que, contrario a lo que también se alega, en forma correcta, razonada y clara se justipreció el cuadro probatorio de manera individual y luego en su conjunto, conforme a los lineamientos dispuestos en los numerales 245, 246, 250, 254, 255, 261 y 286 del código adjetivo de la materia, para enseguida exponer los motivos y razones a propósito de lo cual otorgó eficacia probatoria a unas y la denegó a otras, con ello concluir que en la especie resultan eficaces y suficientes para tener por comprobados los elementos sustanciales de dichos ilícitos; por tanto, opuesto a lo señalado por la amparista, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que se expusieron los motivos que llevaron a la alzada a tener por demostrada su responsabilidad penal en su carácter de coautores, al citar los preceptos aplicables y expresar de manera correlativa las razones y argumentos lógico-jurídicos para justificar las circunstancias que la llevaron a concluir que, en el caso, sus conductas desplegadas encuadran en la norma prevista por la legislación penal aplicable, no causa vulneración al derecho fundamental de legalidad previsto en el citado numeral constitucional.
Es aplicable la diversa jurisprudencia 204 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible a foja 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que refiere:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Luego, a la inversa de los motivos de desavenencia expresados en los incisos b) y c), la responsable ordenadora en forma legal expresó fundamentos y razones jurídicas por las que consideró que las pruebas recabadas fueron eficaces para demostrar los ilícitos, así como la responsabilidad de los amparistas en su comisión, cuya intervención atribuyó en la forma prevista en los diversos preceptos 18, párrafo primero y 22, fracción II, del citado ordenamiento sustantivo, esto es, dolosamente y a título de coautores.
Para su acreditación, se reitera, es notorio y manifiesto que el tribunal de alzada en forma legal valoró las pruebas del sumario con apego a los lineamientos dispuestos en los numerales 245, 246, 250, 253 a 255, 261 y 286 del código adjetivo de la materia, a cuyo efecto expuso de manera lógica, razonada y suficiente las consideraciones merced a las cuales reconstruyó en sentido formal el hecho con connotación y trascendencia con el cual convalidó la acreditación de los aspectos sustanciales de los atribuidos delitos de delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos, en lo relativo a que por lo menos hasta su detención el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, de manera respectiva los quejosos ********** o ********** y ********** permanecieron integrados a una organización de hecho conformada por más de tres personas para cometer en forma permanente y reiterada, entre otros ilícitos, el de falsificación de documentos públicos, donde ciertamente se cuenta con datos objetivos y aspectos indiciarios cuya adminiculación conjunta y circunstancial permite establecer que los amparistas de referencia desplegaban funciones subordinadas en la agrupación delictiva, lo cual en forma notoria favorece al accionante del amparo **********, a quien conforme al cuadro probatorio de la causa también puede identificarse con funciones de dirección y supervisión en la agrupación delictiva, toda vez que, convergen diversas referencias de carácter imputativo para evidenciar que era uno de los que comercializaba documentos apócrifos, organizaba a los "coyotes" del lado derecho del Registro Civil, visto el edificio de frente, lo conocen como ********** alias "**********", quien ofrecía sus servicios en el área central derecha de la explanada, a veces utilizaba a dos menores como estafetas, él o los estafetas después de conseguir cliente pedían anticipo y con varios pedidos se dirigían con "**********", sobre avenida Arcos de Belén en dirección a la estación del metro Balderas, después de varios días de vigilancia, se detectó que llegó hasta un edificio de la misma avenida Arcos de Belén número 69, silba para que le avienten llaves, sube a un departamento donde imprimen y tienen aparatos de reproducción; el diez de febrero de dos mil nueve, aproximadamente a las doce horas, el agente de la policía judicial ********** contactó al "**********", quien le vendió una credencial del IFE, con datos ficticios, en dos mil pesos, de los cuales la mitad fue para hacer el trato de compraventa y el resto a contra entrega de la credencial, indicó "**********" que en hora y media la entregaría, realizó llamada del celular del policía aludido, a un sujeto que por dicho de ********** alias "**********" es quien lleva el plástico para elaborarla, se registró el celular **********, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos, se dirigió al domicilio de **********, regresó a la explanada en menos de 15 minutos para seguir con el ofrecimiento de documentos, después ********** alias "**********" se acercó al agente ********** y le entregó la credencial a nombre de **********, de ********** años, con domicilio en calle **********, colonia **********. Sección, C.P. **********, delegación **********, Distrito Federal, y exigió la liquidación con actitud agresiva, pues dijo: "págame y a la chingada hasta aquí se acaba el trato"; aunado a que también entronca la categórica imputación de la codetenida ********** o ********** o ********** o **********, quien tajantemente lo identifica como miembro de la agrupación delincuencial; asimismo, destaca la diversa referencia incriminatoria que deriva de lo declarado por la testigo **********, quien con motivo de su detención el doce de febrero de dos mil nueve, adujo que desde un año cinco meses antes atiende un puesto de antojitos mexicanos a un costado del Registro Civil, sobre la calle **********, a un lado de la fuente, el cual atiende de nueve de la mañana a seis de la tarde; a su puesto llegan muchos "clientes" que solicitan servicios de las personas que venden actas en la explanada del Registro Civil, "por lógica" los que adquieren están cerca de su puesto, pero ella no guarda documentos a esas personas y menos los distribuye, el día anterior, el que conoce como "**********", de ********** metros aproximadamente, tez **********, cabello ********** casi **********, complexión **********, cejas **********, ojos **********, nariz **********, boca **********, siempre con pantalón de mezclilla y playera manga corta, quien siempre se sienta en la banca o en la fuente de la explanada del Registro Civil, cerca de su puesto, le dijo: "traigo tres actas jefa me las guarda o no", sin ver qué tipo de actas eran porque las llevaba enrolladas, la declarante se negó pero él la "mandó a la chingada" y se retiró, cuando se niega a prestarles refrescos o quesadillas le avientan botellas a su puesto, bolsas de agua para salpicar a sus clientes y la molestan, no se involucra con estas personas pero ve a diario que "van y vienen" para entregar actas a quienes lo solicitan; a los cuestionamientos refirió conocer al que cojea de la pierna izquierda y sabe le dicen "**********", quien se metía mucho con los comerciantes, insultaba a sus compañeros de los puestos de la explanada del Registro Civil, la dicente ni lo voltea a ver por su agresividad, incluso "le da miedo", no se mete con ellos porque a veces andan drogados, se junta como con veinte o veinticinco sujetos, unos llegan y otros se van, desaparecen y vuelven a regresar, desconoce a qué se dedican, llegan como a las diez u once, se quedan una hora y se van, andan por ahí, en la explanada del Registro Civil, de lunes a viernes, que son los días que trabaja la declarante; a la señora de pants rosa con cabello güero la ve diario, sabe que se droga mucho, tiene dos niñas y sólo la conoce como "**********", llega diariamente a la explanada del Registro Civil, temprano y a veces en la tarde, pero de lunes a viernes se la pasa con esos sujetos que venden actas, mucha gente se queda "llorando" porque les dan dinero y no regresan con sus documentos; la exponente no reconoció el acta de matrimonio que le pusieron a la vista porque no ve los documentos que entregan, los enrollan o doblan y dicen: "guárdelas, guárdelas, no las revise", se juntan cerca de su puesto, la fuente y las bancas, donde la gente espera, de los que conoce dedicados a la venta de documentos públicos falsos en ese lugar, identifica a los apodados "**********", "**********", "**********", "**********" y a otros que reconocería por verlos diario y observa como entregan las actas, la mayoría se droga, tiene miedo de represalias pues sabe que son "de armas tomar".
No obstante, también se cuenta con diversos datos y elementos demostrativos para evidenciar que, entre otros, a ambos peticionarios de garantías ********** o ********** y **********, materialmente se les ubicó en diversos momentos en la explanada de la Oficina Central del Registro Civil de esta ciudad (como más adelante se precisa), donde conforme a las investigaciones policiales realizadas, las videograbaciones correspondientes y el cúmulo de referencias que en sentido incriminatorio también convergen en su contra, se evidenció interactuaron con personas y coinculpados también detenidos con los cuales queda de manifiesto de manera respectiva intercambiaron numerario y documentos para realizar la venta de documentos apócrifos con apariencia de ser públicos, de manera organizada, reiterada y permanente por lo menos hasta su detención el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, precisamente en la explanada del citado Registro Civil, cuando incluso a la quejosa de referencia se le incautó copia fotostática del acta de nacimiento **********, de **********, expedida el 9 de junio de 2008, por el Registro Civil de Cuetzala, Veracruz, y al diverso amparista ********** se le aseguraron dos actas de defunción folios ********** y **********, de **********, expedida en fecha 22 de febrero de 2008, por el Juzgado Décimo Octavo del Registro Civil del Distrito Federal, y acta de nacimiento folio **********, de **********, expedida el 12 de enero de 2007, por el Registro Civil de esta ciudad; aunado a la categórica imputación de la codetenida ********** o ********** o ********** o **********, quien tajantemente identifica a este amparista como miembro de la agrupación delictiva, lo cual adquiere relevancia significativa porque ella fue identificada como una de las líderes de la agrupación delincuencial con acceso exclusivo al domicilio ubicado en ********** número ********** interior **********, colonia **********, delegación **********, C.P. **********, donde se localizaron diversos documentos apócrifos, formatos y papel para reproducción, así como objetos e instrumentos técnicos para la impresión de documentos que pericialmente se dictaminó contienen programas computacionales idóneos y específicos para ese fin.
En efecto, para justificarlo, en principio, válidamente se partió de la demostración en torno a la existencia de una organización criminal constituida por más de tres personas entre quienes se puede identificar a los amparistas ********** o ********** y **********, quienes desplegaban funciones subordinadas y con propósito de perpetrar en forma permanente y reiterada diversos delitos, principalmente el de falsificación de documentos públicos, donde cada uno de sus integrantes realiza acciones específicas para el logro de sus fines en la explanada e inmediaciones de la Oficina Central del Registro Civil de esta ciudad, en ********** esquina con **********, colonia **********, delegación **********, y es dirigida por "los líderes o cabezas", quienes finalmente reciben dinero, dan "mordidas" para no ser molestados por otros líderes de comerciantes, supervisan la actividad del grupo, compran lo que se necesita para la impresión o reproducción de documentos, contratan "coyotes", "estafetas" y "comerciantes" del lugar, a quienes asignan funciones, lugares y forma de trabajar; conforme a los datos de averiguaciones previas acumuladas y documentales de antecedentes de los inculpados, así como "del árbol delincuencial", han ocupado ese puesto la "**********", "**********" y siguen pero sin tanta notoriedad, entre ellos, la codetenida ********** o ********** o ********** o **********, quien fue esposa de **********, muerto en 2005 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ingresó por asociación delictuosa y falsificación de documentos, en la fecha de su detención y conforme a su propio dicho estaba embarazada de **********, con quien tiene su propio lugar de impresión, falsificación y reproducción de documentos públicos ubicado en ********** número ********** interior **********, colonia **********, delegación **********, C.P. **********; otro grupo dirigido por ********** alias "**********", quien para no ser visto ni observado cambia constantemente de forma de vestir y operar, asiste sólo una o dos veces a la explanada del Registro Civil, cuenta con su propio lugar de impresión, falsificación y reproducción de documentos públicos, donde opera ********** o ********** o ********** o **********, con celular **********, casada con un supuesto licenciado que la ayuda con los problemas; "los coyotes" atraen al cliente incauto que no sabe que el documento que ofrecen es falso, se hacen pasar como empleados del Registro Civil para engañar al público y ofrecen obtener un documento público original, pero mediante artimañas dan uno falso, también engañan por medio de "estafetas", al formarse un sujeto en el interior del citado registro, mientras otro "estafeta", con los datos lo encarga al lugar de impresión y falsificación, luego va por él y regresa con el de la fila y entrega, para que éste a su vez dé al cliente; el "cliente delincuente" sabe que va a adquirir un documento falso y por eso acude con dichas personas, con ese documento cambiará de nombre y domicilio (con una credencial del IFE), o grado de estudios (con un certificado de cualquier nivel), que cumplió su servicio militar nacional (liberación de cartilla) o tiene un hijo con menos edad de la real (acta de nacimiento), pasar a un hijo como suyo (con un certificado de nacimiento o alumbramiento), ese tipo de clientes no es víctima, sino que también incurre en delito al utilizar como instrumento para obtener un documento falso a "los coyotes" o "estafetas"; "los c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24392-c65261b7/derechos-fundamentales-cuando-de-manera-suficiente-se-encuentran · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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