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Modo: Corpus Pro

INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN RELATIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, AUNQUE SE DIRIJA A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y NO AL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2012. · Registro digital (IUS): 24536
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, Pág. 848.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes aun cuando provienen de asuntos resueltos en materia administrativa y de trabajo, el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos sobre materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del día cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y el interés social.

SEGUNDO. El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno con número de registro IUS: 2000331, visible en la página 9 del Tomo 1, Libro VI, correspondiente al mes de marzo de dos mil doce, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."

Por otro lado, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

Así es, el artículo 197-A de la anterior Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la anterior Ley de Amparo, ya que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió el amparo en revisión administrativo 278/2012, que es uno de los órganos jurisdiccionales que adoptó uno de los criterios que se considera contradictorio. Siendo así, es claro que está legitimado para poner en conocimiento de este Alto Tribunal la posible contradicción de criterios.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes de los asuntos de donde derivan los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello, es necesario señalar que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos en los problemas de derecho.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil doce, resolvió por unanimidad de votos el amparo en revisión administrativo 278/2012, interpuesto por **********, en el sentido siguiente:

"SÉPTIMO. Los agravios expuestos por la autoridad recurrente son infundados en parte e inoperantes en el resto. Previamente a exponer las razones que lo justifican, es oportuno realizar una breve reseña de los antecedentes que se desprenden de autos. En la demanda de amparo, la persona moral quejosa, denominada **********, reclamó la orden de inmovilización de la cuenta bancaria ********** de la que, afirma, es titular en la institución Banco del Bajío; orden la cual, apuntó, le fue notificada a través del oficio 400-55-00-02-00-2011-000664, de veinte de enero de dos mil doce. Posterior a dos requerimientos que le realizó el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, quien inicialmente conoció de la demanda, por auto de nueve de marzo de dos mil doce, en lo que interesa, la admitió a trámite, en cuanto al acto reclamado precisado en el párrafo inmediato anterior, esto es, la orden de inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, imputada al administrador local de Recaudación de Uruapan, Michoacán. Seguido el juicio de amparo en su trámite, por resolución de quince de mayo de dos mil doce, el mencionado Juez Federal declaró carecer de competencia legal y ordenó remitir los autos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato. Por turno, el conocimiento del asunto correspondió a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien aceptó la competencia mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil doce. La mencionada Juez dictó sentencia constitucional el dieciséis de julio de dos mil doce, en la que concedió el amparo porque, a su juicio, la orden de inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa no está motivada. Contra dicha resolución se hacen valer los agravios sintetizados en el considerando quinto, en los que, en esencia, se argumenta que de haberse observado que el oficio que contiene la orden de inmovilización está dirigido a la institución bancaria y no a la contribuyente, se concluiría que en su emisión no debe exigirse la motivación a que hizo alusión la Juez a quo; también se habla de una incongruencia al pronunciarse respecto del concepto de violación, esto en relación con el oficio reclamado. En este último punto, se precisa que la sentencia es incongruente, porque al señalar el acto reclamado se dijo que éste era el oficio 400-55-00-02-00-2011-015935, de catorce de diciembre de dos mil once y notificado por medio del diverso 400-55-00-02-00-2011-000664, de veinte de enero de dos mil doce, pero en el considerando quinto se calificó de fundado el concepto de violación esgrimido en contra del acto reclamado que se señaló como aquel por el que se notificó la inmovilización. El agravio es inoperante, porque esa irregularidad a que se refiere la recurrente, no tiene relevancia ni trascendió a la decisión final. Ciertamente, en el considerando segundo de la resolución recurrida, la Juez a quo precisó, como acto reclamado, la orden de inmovilización de la cuenta bancaria **********, contratada ante la institución Banco del Bajío, sucursal 0163, de catorce de diciembre de dos mil once, que se indicó en el oficio 400-55-00-02-00-2011-015935, y que fue notificada a través del diverso 400-55-00-02-00-2011-000664, de veinte de enero de dos mil doce. Es cierto también que, de manera incongruente, en el considerando quinto, al emprender el análisis del fondo del asunto, se dijo que era fundado el concepto de violación relativo a que el aseguramiento de la cuenta bancaria se emitió sin la motivación necesaria. En el propio considerando se aseguró que el oficio a través del cual se notificó la inmovilización de la cuenta bancaria **********, por la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil doscientos noventa y tres pesos con treinta y nueve centavos, no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación. Sin embargo, esa irregularidad, como se dijo, es irrelevante, porque a pesar de existir esa primera afirmación, en el sentido de que el oficio por el que se notificó la orden de inmovilización no estaba fundado ni motivado, el posterior escrutinio constitucional que se observa de la sentencia recurrida versó sobre la orden de inmovilización, que fue el acto respecto del cual se admitió la demanda de amparo. En efecto, respecto de ese acto fue que se dijo por la Juez a quo, que la responsable emitió el oficio de inmovilización, con el fin de garantizar el monto de ciertos créditos fiscales, no obstante que de las constancias que remitió a su informe, se advierte que embargó diversos vehículos propiedad de la quejosa para cubrir el monto de los aludidos créditos fiscales. Que al ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias, no se asentaron por la responsable los motivos que tomó en cuenta para emitir dicho acto, pues solamente señaló que lo hizo a fin de salvaguardar los intereses del fisco federal, sin establecer por qué a pesar de existir ya diversos embargos de bienes, éstos no eran suficientes para garantizar los créditos. Que por esa razón, el acto reclamado se encuentra falto de motivación, pues la responsable no expresó las razones que le sirvieron de sustento para determinar la procedencia de la inmovilización de la cuenta bancaria **********. Análisis del acto reclamado que obtiene concordancia con los efectos concesorios, pues éstos fueron para que se dejara insubsistente dicha orden que se contiene en el oficio 400-55-00-02-00-2011-015935, de catorce de diciembre de dos mil once. De ahí que deba calificarse como inoperante el agravio que pone de relieve la comentada irregularidad, si ésta finalmente en nada trascendió al estudio del fondo del asunto ni a los efectos del amparo. En otro aspecto, es infundado el agravio en el que se afirma que de haberse analizado correctamente el oficio donde consta la orden de inmovilización reclamada, se hubiera advertido que ésta no se encuentra dirigida a la contribuyente, sino a la institución de crédito Banco del Bajío, Institución de Banca Múltiple, por lo que bastaba con los datos proporcionados a la entidad financiera, sin que deba motivarse la circunstancia que precisó la Juez de Distrito, ya que no es un acto que se deba notificar al contribuyente y, por ende, de los que deban fundarse y motivarse. Por tanto, al no valorarse dicho oficio en su exacta dimensión, el a quo no se percató de su naturaleza y exige requisitos propios de un acto dirigido al ‘quejoso’, lo que en la especie no ocurrió. Al respecto, es de reconocido derecho que la exigencia de fundamentación y motivación de los actos de autoridad surge del artículo 16 constitucional que, en su primer párrafo, señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ese principio constitucional ha sido objeto de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consignado en diversas tesis, entre las cuales destaca la jurisprudencia de rubro y texto:

"‘No. Registro: 237870

"‘Jurisprudencia

"‘Materia: común

"‘Séptima Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.’ (la transcribe)

"En ese criterio se asentó como una de las bases de la debida fundamentación y motivación que debían constar en el cuerpo mismo de la resolución y no en un documento distinto, con el propósito de que los gobernados pudieran conocer los preceptos y razones en que se apoye la autoridad para emitir un determinado acto. Respecto de la manera que deben cumplirse las garantías de fundamentación y motivación, se distinguen, por lo menos, tres formas en que se puede dar cumplimiento a esa garantía a saber: a) Tratándose de actos legislativos; b) tratándose de actos judiciales; y, c) respecto de actos de naturaleza administrativa. En cuanto a los actos de autoridad administrativa, la regla general es que la fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo mismo del documento y no en otro distinto. Sin embargo, dicho principio sufre una excepción cuando se trata de actos vinculados a condición de que en el acto vinculante se señalen con toda precisión las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto y los fundamentos legales que le permitan actuar en determinado sentido, es decir, a condición de que se haya fundado y motivado debidamente. En efecto, en los actos de un procedimiento que, por definición constituye una serie concatenada de éstos si el inicial señala con toda claridad la fundamentación o motivación que la autoridad ha tomado en consideración para emitirlos, no se requiere que en los posteriores que constituyen su consecuencia legal y necesaria, se tenga que repetir nuevamente todos los fundamentos que le otorgan competencia a la autoridad ni motivaciones que haya tenido en cuenta para iniciar el procedimiento relativo, pero, sí debe invocar desde luego, las que le faculten para obrar en un sentido determinado y previsto en el acto vinculante o inicial del procedimiento. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 303/2010, de la que resultó la jurisprudencia 188/2010, cuyo contenido y datos de identificación son los siguientes:

"‘Novena Época

"‘Registro: 163117

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XXXIII, enero de 2011

"‘Materia: administrativa

"‘Tesis: 2a./J. 188/2010

"‘Página: 762

"‘FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA DOMICILIARIA. ES INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA VISITA.’ (la transcribe)

"Lo anterior significa que la regla general relativa a que la fundamentación y motivación de un acto debe constar en el cuerpo mismo del documento y no en uno distinto, sufre una excepción cuando se trata de actos estrechamente vinculados en los que el acto fundante constituye la base del procedimiento. Ahora bien, en el caso existen dos oficios, uno es el acto reclamado respecto del cual se admitió la demanda de amparo, que lo es el identificado como 400-55-00-02-00-2011-015935, en el que consta la orden de inmovilización de la cuenta bancaria **********, de la institución Banco del Bajío, sucursal 0163; oficio emitido el catorce de diciembre de dos mil once, al cual siguió el diverso 400-55-00-02-00-2011-000664, de veinte de enero de dos mil doce, dictado para el único efecto de notificar a la contribuyente el primero de los oficios. Como lo refiere la recurrente, el oficio que contiene la orden de inmovilización reclamada, no se dirigió a la contribuyente, sino a la institución bancaria, como se advierte de la siguiente transcripción (foja 387, tomo I del juicio de amparo):

"‘SAT

"‘Servicio de Administración Tributaria

"‘Administración General de Recaudación

"‘Administración Local de Recaudación de Uruapan

"‘Oficio 400-55-00-02-00-2011-015935

"‘Créditos: 305290, 305291, 305292, 305816, 305817, 305818, 305819, 305821, 305822.

"‘Asunto: Se solicita inmovilización

"‘Uruapan, Michoacán, a 14 de diciembre de 2011

"‘Banco del Bajío, S.A.,

"‘Institución de Banca Múltiple

"‘RFC: **********

"‘Av. **********

"‘Col. **********

"‘**********

"‘Presente

"‘Esta Administración Local de Recaudación de Uruapan, con sede en Uruapan, en el Estado de Michoacán, con fundamento en los artículos ... así como en los artículos 15-C, 32-B, fracción IV, 84-A, fracciones VII, VIII y IX, 84-B, fracciones VII, VIII y IX, 145, 151, 155, fracción I, 156-Bis, 156-Ter y 157, fracción X, del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:

"‘La deudora que se indica en el párrafo siguiente tiene créditos fiscales exigibles a su cargo, por los cuales se debe ejercer el procedimiento administrativo de ejecución, razón por la cual se emiten las instrucciones que más adelante se detallan.’

"Un sello que dice:

"‘SAT

"‘Servicio de Administración Tributaria

"‘Administración General de Recaudación

"‘Administración Local de Recaudación de Uruapan

"‘Oficio 400-55-00-02-00-2011-015935

"‘Créditos: 305290, 305291, 305292, 305816, 305817, 305818, 305819, 305821, 305822.

Ver tabla 1

"‘Instrucciones

"‘a) Realice la inmovilización hasta por la cantidad de $**********, de todos los depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera que haya en cualquier tipo de cuenta, así como inversiones y valores que tenga a su nombre la contribuyente en esa institución de crédito.

"‘b) Proporcione el monto inmovilizado.

"‘c) En caso de que existan registros de embargos, gravámenes o cualquier otra carga previos, se informe qué autoridad y con qué número de oficio o comunicación lo ordenó, así como las fechas en que quedaron registrados, o bien, qué acreedor ostenta el gravamen o carga.

"‘d) Cuando el saldo inmovilizado sea insuficiente, los depósitos bancarios de cualquier tipo deberán continuar inmovilizados, incluyendo nuevos depósitos o cualquier otro incremento que registre la cuenta inmovilizada, hasta en tanto se reciba una instrucción en contrario.

"‘e) Una vez realizada la inmovilización, informe sobre el cumplimiento que haya dado a esta solicitud.

"‘Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, en términos del artículo 32-B, 84-A, fracciones VII, VIII y IX, 156-Bis y 156-Ter, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 84-B, fracciones VII, VIII y IX, del Código Fiscal de la Federación.

"‘En virtud de que el presente oficio contiene una solicitud dirigida a esa entidad financiera, no deberá proporcionarse copia del (así) la mismo (así) al deudor, toda vez que esta Administración Local de Recaudación hará del conocimiento de dicho deudor la inmovilización solicitada en el presente, cumpliendo con lo establecido en los artículos 134, 156-Bis y 156-Ter del citado código.

Ver tabla 2

"Un sello que dice:

Ver cuadro

"Se dice en ese oficio que la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, tiene créditos fiscales exigibles a su cargo, por los cuales se debe ejercer el procedimiento económico coactivo, y que por esa razón se emite la instrucción de inmovilizar hasta por **********, de todos los depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera que hubiere en cualquier tipo de cuenta, así como inversiones y valores, y que una vez hecha la inmovilización se informe sobre el cumplimiento que haya dado a esa solicitud. Como se dijo, efectivamente, la orden de inmovilizar cuentas se dirige a la institución bancaria; sin embargo, esa sola circunstancia no constituye una excepción a la exigencia de fundamentación y motivación. Lo ante

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24536-64352201/inmovilizacion-de-cuentas-bancarias-la-orden-relativa-emitida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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