TIEMPO COMPARTIDO. AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, NO SE OBSERVARON PUNTUALMENTE TODOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ESA CIRCUNSTANCIA NO PROVOCA SU INVALIDEZ. TIEMPO COMPARTIDO. LOS NUMERALES 2, 4, 4.1, 4.4, 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.5.17 Y 9 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE MAYO DE 2010, NO CONTRAVIENEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DEL NUMERAL 5.2.1.1 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE MAYO DE 2010, AL HABERSE SUSTITUIDO A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 15 DE JULIO DEL MISMO AÑO. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)
TIEMPO COMPARTIDO. AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE MAYO DE 2010, NO SE OBSERVARON PUNTUALMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ESA CIRCUNSTANCIA NO PROVOCA SU INVALIDEZ. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas)
TIEMPO COMPARTIDO. LOS NUMERALES 2, 4, 4.1, 4.4, 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.5.17 Y 9 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE MAYO DE 2010, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE INSERTAR DETERMINADAS CLÁUSULAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO Y A REGISTRARLOS ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, SON ACORDES CON LOS ARTÍCULOS 28 Y 73, FRACCIONES X Y XXIX-E, EN RELACIÓN CON EL 124, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y, POR ENDE, NO CONTRAVIENEN LA FACULTAD DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA IMPONER MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA, ASÍ COMO PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 121 DE LA PROPIA LEY FUNDAMENTAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2010. ESTADO DE QUINTANA ROO. 29 DE ENERO DE 2013. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintinueve de enero de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de junio de dos mil diez, registrado con el número 028882, Félix Arturo González Canto, gobernador; Eduardo Manuel Ic Sandy, presidente de la Mesa Directiva para el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones el tercer año de ejercicio de la Décimo Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y Lizbeth Loy Song Encalada, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, todos pertenecientes al Estado de Quintana Roo, en representación de éste, promovieron controversia constitucional y demandaron de las autoridades que a continuación se señalan la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"II. Entidad, poder u órgano demandados: A) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. B) Titular de la Secretaría de Economía. C) Subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. D) Director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la...(sic)-IV. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que fue publicado: La Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de mayo de 2010."
De la lectura integral de la demanda respectiva se advierte que, de manera particular, se impugnaron los numerales 2, 4, 4.1, 4.4, 5.2, 5.2.1, 5.2.1.1, 5.4, 5.5.17 y 9 de la citada norma oficial mexicana.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes de la norma general, los siguientes:
"1. El día 29 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, misma que entró en vigor a partir del día 29 de marzo de 1999;
"2. El día 14 de agosto de 2007, se inició el procedimiento de creación de la NOM-029-SCFI-2007 ‘Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización de servicios de tiempo compartido’;
"3. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de marzo de 2008, se puso a disposición de los interesados el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2007;
"4. El 30 de abril de 2010, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Normas, publicó las respuestas a los comentarios recibidos respecto del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SCFI-2007, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo compartido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de marzo de 2008.
"5. Finalmente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de mayo de 2010, el director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido.
"6. Toda vez que dicha norma general causa diversos agravios y constituye una invasión de las facultades del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es que se acude en esta vía solicitando se declare su nulidad con efectos generales en términos del artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
"Cabe destacar, que con la entrada en vigor de la norma oficial que se impugna, puede existir colisión con el orden jurídico estatal vigente en Quintana Roo."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez
"Las partes demandadas violaron lo dispuesto por los artículos 16 y 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud, de que el Gobierno Federal mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, regula aspectos relacionados con los bienes inmuebles ubicados en territorio de Quintana Roo, estableciendo modalidades a la propiedad privada, invadiendo la esfera competencial del Estado de Quintana Roo.
"En efecto, la norma impugnada constituye un mecanismo de regulación mediante el cual se establecen modalidades, restricciones al uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en el territorio de Quintana Roo, transgrediendo el artículo 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 27, 73 y 124, tal y como quedará demostrado en el presente concepto de invalidez.
"Con dicha transgresión, se invade el ejercicio de las facultades de los poderes de esta entidad federativa, pues al regular cuestiones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, crea un nuevo régimen jurídico de propiedad violentando la soberanía otorgada constitucionalmente al Estado de Quintana Roo, creando una colisión con el régimen jurídico local.
"A) Así las cosas, el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra señala lo siguiente: (se transcribe).
"Tal y como se puede observar, el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política, otorga a las entidades federativas la facultad para regular internamente la propiedad inmobiliaria que se localice en su circunscripción territorial, excluyendo la posibilidad de la Federación de intervenir o tener injerencia en un régimen de propiedad local.
"El régimen de propiedad inmobiliaria será determinado por cada Legislatura Estatal, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política estableciendo las modalidades que considere pertinentes, respetando siempre las garantías individuales de sus gobernados. Dicho en otras palabras, este precepto constitucional reconoce el respeto de la libertad y soberanía de cada entidad federativa para determinar su propio régimen jurídico de propiedad inmobiliaria.
"En este sentido, la Federación carece de facultades para establecer modalidades, restricciones de uso o destino a bienes inmuebles localizados en una entidad federativa que no se encuentran bajo su jurisdicción, ni bajo su administración. De igual forma, el régimen jurídico que regula la propiedad privada administrada por las entidades federativas, no resulta aplicable cuando se trata de bienes inmuebles que se encuentra situados en propiedad federal, o áreas tuteladas o administradas por entidades, poderes u órganos de la Federación, toda vez que, en dichos inmuebles prevalece la legislación federal.
"En este orden de ideas, los bienes inmuebles que no se estén afectados por una superficie sujeta a la administración de la Federación, deberán regirse por las leyes locales de la entidad federativa en que se encuentren.
"B) Ahora bien, en el caso que nos ocupa el director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía, emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, estableciendo el siguiente campo de aplicación: 2. Campo de aplicación (se transcribe).
"Tal y como se puede advertir, la norma oficial mexicana aplica en toda la República Mexicana.
"De igual forma, mediante la norma oficial impugnada, la Federación identifica los responsables y fija los límites de su responsabilidad: 4. Especificaciones generales (se transcribe). 5.5. 17 (se transcribe).
"La norma impugnada, regula expresamente los responsables directos y solidarios en el régimen de tiempo compartido.
"Asimismo, la Federación, en forma indebida, determina la naturaleza jurídica del régimen de tiempo compartido: 4.4 (se transcribe).
"Se establecen las bases y lineamientos para poder llevar a cabo la CONSTITUCIÓN del régimen de tiempo compartido, así como su DURACIÓN y condiciones para su TERMINACIÓN: 5.2.1.1 (se transcribe). 5.4 (se transcribe). 9. Terminación de contrato.
"Como se advierte, la norma oficial impugnada, si bien reconoce un cierto respeto de la legislación local, establece nuevos mecanismos y limitaciones para la extinción del régimen de tiempo compartido.
"Finalmente, en forma indebida, la Federación establece MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA al restringir el dominio de los bienes inmuebles, condicionando su venta a la obtención del registro de un contrato de adhesión: 5.2 Para la venta. 5.2.1 (se transcribe).
"Tal y como se puede advertir de la norma oficial impugnada, la Federación no sólo se limitó a establecer los requisitos que deben contener los contratos de adhesión de tiempo compartido, sino que extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones, reguló por completo un régimen de propiedad inmobiliaria, creando nuevas figuras, modalidades, términos y condiciones para la existencia, duración y terminación de dicho régimen de propiedad.
"C) Efectivamente, la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, es contradictoria de lo establecido en el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Federación, indebidamente regula aspectos legales relacionados con un régimen de propiedad inmobiliaria, facultad exclusiva del Congreso de Quintana Roo.
"Precisar lo contrario, sería equivalente a considerar que la Federación puede establecer cualquier tipo de limitaciones a la propiedad inmobiliaria (arrendamientos, comodatos, compraventas, entre otros) mediante la emisión de una simple norma oficial mexicana, invadiendo por completo la soberanía de las entidades federativas y en el caso en particular, del Congreso de Quintana Roo.
"La norma oficial mexicana impugnada constituye un mecanismo de control y de regulación de la propiedad inmobiliaria, al establecer condiciones para el uso y apropiación, sustituyendo en forma indebida al Congreso Estatal en ejercicio de sus facultades constitucionales, por lo que debe ser anulada, por este órgano jurisdiccional.
"Cabe destacar, que en Quintana Roo se encuentra vigente la ley que establece las normas a que se sujetarán los contratos celebrados en el régimen de tiempo compartido turístico, misma, que entró en vigor desde el 1 de julio de 1991, mediante el cual, el Congreso de Quintana Roo, en ejercicio de su facultad constitucional que le fue reservada, reguló dicho régimen de propiedad.
"No obstante lo anterior, la norma impugnada no se limitó a regular aspectos administrativos relacionados con los contratos de tiempos compartidos, sino que indebidamente se encargó de regular el régimen de propiedad, estableciendo limitantes y modalidades a la propiedad inmobiliaria, tal y como se ha venido argumentando y demostrando a lo largo del presente concepto de invalidez, por lo que resulta procedente que el órgano jurisdiccional declare su invalidez.
"Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘BIENES INMUEBLES. SE RIGEN POR LA LEY DEL LUGAR DE SU UBICACIÓN.’ y ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, PÁRRAFO SEGUNDO, 86 Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE LOS CONTRATOS A QUE SE REFIEREN DEBEN REGISTRARSE EN LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR NO VIOLAN LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS.’ (se transcriben).
"D) Por otra parte, los artículos 124 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen la distribución de las facultades legislativas entre la Federación y las entidades federativas. Bajo el principio: todo lo no conferido a la Federación se entiende reservado a los Estados, las facultades que puede ejercer la Federación deben estar expresamente contempladas en la Constitución Política, ya que de lo contrario, debe entenderse que sólo pueden ser ejercidas por las entidades federativas. Dichos numerales a la letra señalan lo siguiente: (se transcriben).
"Del artículo 73 de la Constitución Política, no se advierte que corresponda a la Federación la facultad para emitir leyes tendientes a regular el régimen de propiedad inmobiliaria, pues no existe fracción alguna que confiera dicha facultad al Congreso de la Unión y mucho menos al Ejecutivo Federal o alguna de sus dependencias.
"En ese sentido, de conformidad con el artículo 124 de la misma Constitución Política, la facultad para regular la propiedad inmobiliaria se encuentra reservada a las entidades federativas.
"En este orden de ideas, y relacionando estos preceptos constitucionales con el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política, debemos entender que el régimen inmobiliario del tiempo compartido debe ser regulado en forma exclusiva por el Congreso de Quintana Roo y la Federación, no puede intervenir en absoluto en su conformación, responsables, naturaleza, duración ni mucho menos, en las condiciones y requisitos para su enajenación.
"En esta tesitura, la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, transgrede lo establecido en el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es contraria al espíritu de los artículos 73 y 124 constitucionales, toda vez que al regular el mecanismo de constitución, naturaleza, modificación y extinción de tiempo compartido, la Federación invadió facultades reservadas al Congreso de Quintana Roo.
"Cabe destacar, que la norma general impugnada no sólo regula los aspectos contractuales de tiempo compartido, pues no se limitó a establecer el contenido del contrato correspondiente, sino por el contrario, e invadiendo las facultades del Congreso de Quintana Roo, mediante la NOM-029-SCFI-2010, se reguló la totalidad del régimen de propiedad, identificando a los responsables, formas de constitución y extinción y estableciendo modalidades para el uso y destino de la propiedad privada, con lo cual se hace evidente una clara invasión en las facultades del Congreso de Quintana Roo y de la libertad y soberanía de esta entidad federativa.
"Por lo tanto, resulta procedente que este órgano jurisdiccional declare con efectos generales la nulidad de la norma impugnada por ser un mecanismo que permite la invasión de las facultades del Congreso de Quintana Roo, en términos del artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II «del Artículo 105» de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS.’, ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.’, ‘LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.’, ‘CONGRESO DE LA UNIÓN, ÁMBITOS DE COMPETENCIA LEGISLATIVA DEL.’ y ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LAS FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIONES X Y XXIX-E, 25 Y 28 CONSTITUCIONALES, CREÓ LA PROCURADURÍA RELATIVA Y EMITIÓ DISPOSICIONES EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES.’ (se transcriben)
"E) Por otra parte, de igual forma, la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, resulta violatoria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que indebidamente establece modalidades a la propiedad privada.
"En efecto, dicha norma oficial, invade las facultades del Congreso de Quintana Roo al establecer modalidades a la propiedad privada administrada por esta entidad federativa, transgrediendo lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.
"Así las cosas, el Estado (Gobierno) posee la facultad para modificar el modo de manifestación o externación de los atributos de la propiedad por razones de interés público o social. Dicha facultad, deriva del artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: (se transcribe).
"Esto es, el Estado puede interpelar el interés público, para establecer limitaciones a la propiedad privada que constituyen restricciones y limitaciones que se imponen al propietario para usar, gozar y disponer de su propiedad privada.
"Cabe destacar, que es de explorado derecho que las modalidades a la propiedad privada sólo pueden ser establecidas en una ley en sentido formal y material, y dicha facultad sólo corresponde al Poder Legislativo, ya sea Estatal o Federal, dependiendo de las materias que vayan a ser reguladas. Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA, IMPUESTAS VÁLIDAMENTE POR LOS ESTADOS.’, ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. SU IMPOSICIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTÁ REFERIDA A LOS DERECHOS REALES QUE SE TENGAN SOBRE LA COSA O EL BIEN.’, ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE.’ y ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcriben)
"No obstante lo anterior, la Federación mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, estableció las bases y lineamientos para poder llevar a cabo la CONSTITUCIÓN del régimen de tiempo compartido, su DURACIÓN y condiciones para su TERMINACIÓN. (se transcribe)
"En este orden de ideas, resulta claro que la Federación no se limitó a establecer los requisitos o el contenido de los contratos de adhesión de tiempo compartido, pues es claro que regula en su totalidad el régimen inmobiliario de tiempo compartido y establece modalidades a la propiedad privada sin tener las facultades o atribuciones legales necesarias para ellos.
"Así las cosas, la Federación a través de una norma oficial mexicana estableció modalidades a la propiedad privada sujeta a la administración de los poderes de esta entidad federativa, violando con ello el artículo 27 de la Constitución Política, pues si bien la Federación tiene facultades para establecer limitaciones y modalidades a la propiedad privada establecida en Quintana Roo, dicha atribución sólo puede ser ejercida por el Congreso de la Unión.
"Apoyan el criterio anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, ‘INVASIÓN DE ESFERAS. UN DECRETO FEDERAL EXPROPIATORIO NO INVADE LA SOBERANÍA DE UN ESTADO POR AFECTAR UN INMUEBLE UBICADO EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA.’, ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ y ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LIMITAN LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD REGIDA POR EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcriben).
"Por lo tanto, la norma general impugnada no sólo viola el principio de legalidad tutelado por el artículo 16 constitucional, sino que invade facultades reservadas al Congreso de Quintana Roo, transgrediendo los artículos 121, fracción II, 27 y 73, relacionado con el 124, todos ellos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En consecuencia, este órgano jurisdiccional tiene los elementos suficientes para declarar la invalidez de la norma impugnada con efectos generales.
"Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: ‘GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’ (se transcribe).
"Segundo concepto de invalidez
"Las partes demandadas violaron lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la emisión de la norma oficial impugnada no se sujetó al procedimiento de creación establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFSMN).
"En efecto, la autoridad demandada violó el principio de legalidad al emitir una norma oficial mexicana sin sujetarse a los principios, tiempos y particularidades establecidas en la LFSMN.
"A] Así las cosas, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: (se transcribe).
"La disposición constitucional de referencia contiene la garantía de legalidad a la que deberán sujetarse todos los actos de autoridad, conforme a la cual, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades debe tener su apoyo en una norma legal, la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución, haciéndose constar por escrito y haciéndose del conocimiento del gobernado.
"Además, el principio de legalidad, rector de la actuación de la administración pública, exige que los actos administrativos deben estar dictados por autoridad competente, es decir, por autoridad legalmente constituida que posea la competencia y atribuciones legales suficientes y necesarias para emitir el acto y afectar la esfera jurídica de los gobernados.
"La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, debe ser observada en cualquier acto administrativo o procedimiento administrativo, esto es, la garantía de legalidad consiste principalmente en el hecho de que todo acto o procedimiento jurídico emanado de la autoridad debe tener su base en una norma legal, la que a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución.
"Asimismo, dicha garantía está compuesta por los principios de fundamentación y de motivación. Se debe entender por fundamentación, la cita de los preceptos legales aplicables al caso en concreto, y por motivación, a la expresión de las causas o circunstancias que motivaron a la autoridad administrativa a dictar el acto jurídico.
"Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: ‘GARANTÍA DE LEGALIDAD, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’ (se transcribe).
"Por su parte, la LFSMN, en sus artículos 1, 2, 56, 47 y 51, establecen textualmente: (se transcriben).
"En efecto, la LFSMN establece un procedimiento administrativo compuesto por diversas fases procedimentales, plazos perentorios y actuaciones por parte de la autoridad y los sujetos interesados. De una interpretación sistemática y armónica de los artículos 46 y 47 de la LFSMN, se observa el siguiente procedimiento administrativo:
"A) El procedimiento de modificación de las normas oficiales mexicanas inicia con la presentación del anteproyecto por parte de la dependencia ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización;
"B) El Comité Consultivo Nacional de Normalización tendrá un plazo de 745 días naturales para formular observaciones al proyecto de modificación presentado;
"C) Si el Comité Consultivo Nacional de Normalización formula las observaciones, la dependencia que presentó el anteproyecto de norma oficial mexicana contará con un plazo de 30 días naturales para hacer las modificaciones correspondientes o solicitar al presidente del comité que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el anteproyecto, sin modificación alguna;
"D) Una vez publicado el anteproyecto en el Diario Oficial de la Federación, los interesados contarán con un plazo de 60 días naturales para formular comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización;
"E) Transcurrido el plazo de 60 días naturales, el Comité Consultivo de Normalización estudiará los comentarios formulados por los interesados y, en su caso, dentro de los siguientes 45 días naturales, modificará el proyecto de norma oficial mexicana;
"F) El Comité Consultivo Nacional de Normalización tendrá que publicar las respuestas a los comentarios recibidos por los interesados cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana;
"G) Una vez aprobado el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana por el Comité Consultivo Nacional de Normalización, la dependencia que elaboró el proyecto deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación.
"Tal y como se puede advertir el procedimiento administrativo de modificación y creación de una norma oficial mexicana, se encuentra compuesto por etapas procedimentales sujetas a plazos perentorios y al ejercicio de diversas cargas y obligaciones por parte de las personas involucradas. Cabe destacar que cualquier interesado puede intervenir en el procedimiento de modificación de las normas oficiales mexicanas, en tanto que se trata de un interés simple.
"B] Ahora bien, en la especie, el procedimiento de creación de la norma oficial impugnada, ha tenido el siguiente curso legal:
"• El 14 de agosto de 2007 el Comité Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas del Comercio, mediante la sesión 02/2007, decidió iniciar la revisión de la NOM-029-SCFI-1998, asignándole la nueva clave NOM-029-SCFI-2007;
"Cabe destacar que con esa misma fecha, la Secretaría de Economía presentó el anteproyecto de NOM-029-SCFI-2007 (Modificación de la NOM-029-SCFI-1998) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la LFSMN;
"• Fue hasta el día 14 de marzo de 2008, que la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, ordenó la publicación del ante (sic) el Diario Oficial de la Federación, el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SCFI-2007, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo compartido;
"• El 30 de abril de 2010, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Normas, publicó las respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-029-SCFI-2007, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo compartido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de marzo de 2008;
"• El día 17 de mayo de 2010, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Normas, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo compartido.
"Tal y como se ha narrado en párrafos anteriores, la autoridad demandada llevó a cabo el procedimiento de creación de la norma oficial mexicana impugnada en forma irregular, transgrediendo el principio de legalidad tutelado por el artículo 16 constitucional, por lo que resulta procedente que este órgano jurisdiccional declare la invalidez del acto.
"A mayor abundamiento, el procedimiento establecido en los artículos 46 y 47 de la LFSMN, no fue respetado por la autoridad demandada, toda vez que no se sujetó a los plazos perentorios establecidos. Cabe destacar, que el procedimiento de creación de la norma oficial mexicana impugnado mediante el presente me
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24658-80670597/tiempo-compartido-aun-cuando-en-el-procedimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO. LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN VI; 55, FRACCIÓN VI, INCISO D); 70, FRACCIÓN IV; 73, FRACCIÓN IV; 75; 83, FRACCIONES II, VII Y IX; 84, FRACCIONES (II.1o.A.3 A (11a.))
- COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTIC (63)
- COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTIC (159)
- COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTIC (P./J. 22/2002 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis