AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, CONTRA RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS EN PROCEDIMIENTOS DE CONFIRMACIÓN Y TITULACIÓN DE BIENES COMUNALES INICIADOS CONFORME A LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, AUN CUANDO NO SE HAYA AGOTADO EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA MATERIA, CUANDO SE ADVIERTA QUE EN EL MISMO ASUNTO SE PROMOVIERON Y RESOLVIERON EN EL FONDO JUICIOS CONSTITUCIONALES PREVIOS. COMUNIDADES AGRARIAS. PARA QUE QUIENES SE OSTENTEN COMO REPRESENTANTES DE SUS COMITÉS PARTICULARES EJECUTIVOS PUEDAN IMPUGNAR EN AMPARO LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES COMUNALES INICIADOS BAJO LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, ES NECESARIO QUE ACREDITEN HABER SIDO ELECTOS CON ESA CALIDAD Y PERTENECER A AQUÉLLOS. INTERÉS JURÍDICO Y AGRAVIO PARA EFECTOS DEL AMPARO. DIFERENCIAS ENTRE DICHOS CONCEPTOS CON MOTIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. REPRESENTACIÓN EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN REVISIÓN ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA CORROBORARLA, EL DOCUMENTO CON QUE SE ACREDITE NO PUEDE SER DE FECHA POSTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
AMPARO EN REVISIÓN 344/2010. SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA Y OTROS. 1 DE MARZO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: MARTÍN R. CONTRERAS BERNAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Como cuestión previa y al margen de la materia de la revisión, deben hacerse por este tribunal revisor las precisiones siguientes en relación con la procedencia del amparo indirecto, máxime que se trata de una cuestión relacionada con el desarrollo del procedimiento que debe ser verificada antes del examen de los agravios, y que guarda relación también con temas de improcedencia del juicio constitucional, los que conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son de examen oficioso, lo que implica su análisis por el juzgador y por el revisor aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto y al margen de que se hubieran formulado o no agravios(3) según se define en la jurisprudencia vigente.
En primer lugar, debe señalarse que el origen del presente amparo indirecto fue un procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales iniciado ante autoridades administrativas bajo la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, pero concluido por un tribunal agrario con base en el sistema normativo vigente.
Lo señalado resulta relevante en materia de la procedencia del juicio constitucional.
Y es que durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria y del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales (normatividad reguladora del procedimiento de referencia), este tipo de asuntos (sustanciados en términos de los artículos 356 a 366 de la ley federal citada(4) y los diversos primero a décimo noveno del reglamento(5) mencionado) se limitaban a establecer un procedimiento para reconocer la previa existencia de territorios y poblaciones indígenas que conservaran su estado comunal, así como la titulación correcta de bienes comunales,(6) siempre que no existiera conflicto de linderos.
Los procedimientos de reconocimiento y titulación de bienes comunales, por relacionarse con tierras tradicionales de comunidades indígenas y tribales, en la actualidad deben ser estudiados por la justicia constitucional, considerando el "Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991), instrumento internacional que obliga a los Estados parte -y desde luego al Estado Mexicano- a considerar de manera especial la identidad indígena en este tipo de asuntos sobre bienes comunales o tierras tradicionales de las comunidades indígenas, sin que sea óbice que hubiera sobrevenido la aprobación de dicho instrumento en obvio de que la regulación en materia de este tipo de derechos sociales no se rige por las reglas sobre el funcionamiento de las leyes.
Cabe señalar también que dichos procedimientos administrativos agrarios de reconocimiento y titulación, culminaban con una resolución dictada por el presidente de la República en su carácter de máxima autoridad agraria; fallo que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación y en las publicaciones oficiales locales.
Sin embargo, con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis (6) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), que interesó el texto del artículo 27, fracción XIX, constitucional, así como en atención a los artículos transitorios primero, segundo y tercero(7) del decreto de referencia, se dispuso que los expedientes relacionados con la tenencia de la tierra de comunidades que se encontraran pendientes de resolución (entre otros casos), pasarían, para los mismos efectos, ya no a la presidencia de la República, como era antes, sino a los entonces recién creados tribunales agrarios.
Es decir, mediante dicha reforma, la facultad de resolución en materia agraria del presidente de la República fue transferida a los tribunales agrarios.(8)
Algunos expedientes serían resueltos por el Tribunal Superior Agrario, mientras que otros por los Tribunales Unitarios Agrarios.
En el caso concreto, interesa mencionar que los expedientes de reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales serían enviados por las autoridades administrativas agrarias al Tribunal Superior Agrario para que, a su vez, los remitiera a los Tribunales Unitarios a los que correspondiera conocer de los diferentes asuntos, de acuerdo a su ámbito de competencia territorial, aspecto que sería regulado por dicho tribunal superior de la materia, tal como se dispuso en el artículo transitorio cuarto del decreto promulgatorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992).(9)
Al enviarse los asuntos por el Tribunal Superior a los Tribunales Unitarios del ramo, éstos se encargarían de otorgar la garantía de audiencia a los involucrados en el procedimiento y, en su caso, si durante la tramitación del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales surgieran conflictos por límites entre la comunidad y un particular o un diverso núcleo de población ejidal o comunal, entonces, en términos de la regla contenida en el artículo 366 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ultractivamente aplicable, el procedimiento sólo continuaría respecto de los terrenos que no presenten conflictos, debiéndose llevar, por otro lado, la vía de "restitución" cuando el conflicto surgiera con particulares o en la vía de "conflicto por límites" si se presentara el disenso con un núcleo de población ejidal o comunal diverso.
Al concluir el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales, si el Tribunal Unitario Agrario dictaba una sentencia con pronunciamientos en materia de conflictos por límites o aspectos de restitución, dicho fallo sería recurrible en revisión ante el Tribunal Superior Agrario.
Es decir, en tal caso, contra la sentencia no procedería el amparo, porque previo a ello tendría que interponerse el recurso ordinario de revisión previsto por el artículo 198, fracción I, de la Ley Agraria vigente.
Ésta es la tesis que actualmente sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende del criterio vinculante siguiente:
"REVISIÓN AGRARIA. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES Y SÓLO ALGUNA SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS (INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 55/2008, 2a./J. 57/2008 Y 2a./J. 200/2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las jurisprudencias 2a./J. 55/2008, 2a./J. 57/2008 y 2a./J. 200/2008, de rubros: ‘RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES EN MATERIA AGRARIA Y RESPECTO DE LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURÍDICOS.’, ‘REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS EN CONTROVERSIAS EN QUE SE HAYAN RESUELTO CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES AGRARIAS, Y ALGUNA DE ELLAS NO SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA.’, y ‘REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SENTENCIA RESUELVE SOBRE LA EXCLUSIÓN DE TIERRAS INCLUIDAS EN UNA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN A FAVOR DE UNA COMUNIDAD AGRARIA, AUN CUANDO ÉSTA TAMBIÉN HAYA DEMANDADO LA RESTITUCIÓN DE ESOS TERRENOS.’, en las que establece que el recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria procede cuando la controversia verse exclusivamente sobre las cuestiones que en dicho precepto se mencionan, sin incluir la resolución conjunta de alguna de ellas con otra acción respecto de la cual no proceda el recurso, pues una nueva reflexión lleva a concluir que basta con que en la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario se resuelva alguna cuestión de las previstas en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o., fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para que proceda el recurso de revisión, independientemente de que se hubiese involucrado alguna otra acción contra la que aquél sea improcedente, pues lo contrario implicaría privar a los núcleos de población ejidal o comunal de un medio de defensa instituido para salvaguardar sus derechos colectivos, reconocidos constitucionalmente y, por ende, traducidos en una garantía de derecho social. Lo anterior, en la inteligencia de que el Tribunal Superior Agrario debe resolver íntegramente la litis planteada, esto es, tanto las acciones respecto de las que proceda el recurso como aquellas en las que no proceda, en atención al principio básico de derecho procesal de no dividir la continencia de la causa."(10)
Por tanto, si dicho recurso de revisión no fuera agotado previamente al amparo, entonces, por motivos de definitividad el juicio constitucional, tendría que considerarse improcedente, conforme a la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala:
"AMPARO EN MATERIA AGRARIA. RESULTA IMPROCEDENTE, CUANDO NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. Entre las condiciones establecidas en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no está la relativa a que para actualizarse, sea necesario que conforme a la ley del acto que se reclame, se suspendan sus efectos; por tanto, el hecho de acudir al juicio constitucional sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 198 de la Ley Agraria, hace improcedente el amparo, sin ser obstáculo a ello lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo respecto a que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no existe obligación de agotar un recurso antes de promover el amparo, pues los Tribunales Unitarios Agrarios, son verdaderos órganos jurisdiccionales y las resoluciones que pronuncian son el resultado de los juicios seguidos ante esa instancia."(11)
De presentarse tal supuesto de improcedencia por definitividad, su declaratoria correspondería hacerla, competencialmente, a un Juez de Distrito, según se reconoce por la jurisprudencia del Pleno.(12)
Pues bien, con base en los anteriores elementos, el presente juicio, en principio, al parecer tendría que sobreseerse por actualizarse el señalado motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, en obvio que, previo a la presentación de la demanda constitucional, debió agotarse el medio ordinario de defensa que es la revisión agraria, porque cuando el Tribunal Unitario Agrario, en su sentencia, reconoció la superficie comunal de Atizapán de Zaragoza e incluyó dentro de ésta, varias pequeñas propiedades, así como propiedades privadas amparadas con certificados de inafectabilidad y bienes del dominio público, tanto estatal como municipal, prácticamente lo que hizo fue emitir una decisión sobre cuestiones relacionadas con límites de tierras, suscitadas entre una comunidad con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, que es el supuesto identificado con el artículo 198, fracción I, de la Ley Agraria, en el cual procedería la revisión en comentario.
Sin embargo, en el caso existen situaciones peculiares y excepcionales que harían impropio aplicar en este asunto el actual criterio de la Segunda Sala.
En primer lugar, debe mencionarse que dicho criterio, aunque es el que actualmente se sostiene por la Segunda Sala, el cual además es congruente con el sistema normativo, finalmente se considera que no debe adoptarse para este caso, pues, en primer término, no se trata de jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y, ante ello, en el tema todavía existe la alternativa para este órgano de adoptar dicho criterio u otro diferente.
En segundo lugar, porque el establecimiento de dicho criterio de la Segunda Sala es una cuestión reciente que no se pudo tener en cuenta al comenzar este juicio de amparo, y no sólo de éste, sino incluso durante la tramitación en general de este asunto, pues, como se demostrará más adelante, antes de este juicio constitucional, hubo un diverso juicio indirecto contra una sentencia similar, que fue resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito en revisión, para efectos de que se emitiera una nueva resolución, siendo precisamente la dictada en cumplimiento de aquel fallo constitucional la que ahora es materia de este amparo.
En atención a ello y sumándole la circunstancia de que las partes en este mismo juicio han tenido como antecedente otro amparo indirecto de características similares al presente, se presenta un estado de las cosas en el cual existen mayores razones para considerar la procedencia de este juicio indirecto, sin que sea necesario agotar previamente la revisión ante el Tribunal Superior Agrario, máxime que ese criterio (no vinculante) ha sobrevenido al trámite de este asunto.
De este modo, debe estimarse que la vía indirecta (ya sustanciada), resulta ser, en principio, la apropiada para controvertir la sentencia que constituye el principal acto reclamado de este juicio y sin que fuera necesario agotar previamente la revisión agraria, pero reiterando que esta situación, por las peculiaridades que se presentan y por los antecedentes probados en autos, representa una decisión singular para este caso concreto, dados sus antecedentes y peculiaridades.
Por otra parte, debe señalarse también que al momento de dictarse esta sentencia, las condiciones imperantes en lo relativo al derecho aplicable en el tema del agravio, para efectos del amparo y de los conceptos de interés legítimo y de interés jurídico, cuando se trata de juicios promovidos contra actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, representa un aspecto que ya no se regula por los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo que rigió antes del cuatro de octubre de dos mil once, pues con posterioridad a dicha fecha entró en vigor el nuevo sistema del interés para efectos del amparo, mediante la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once.
Como el tema del interés jurídico, en el contexto constitucional actual, representa una cuestión con contenido de derechos ciudadanos que se amplió en beneficio de éstos, con respecto al sistema del interés de amparo que aplicó hasta antes del cuatro de octubre de dos mil once, esta revisión necesariamente tiene que resolverse considerando las señaladas reformas, en primer lugar, porque mediante éstas el interés para el efecto se amplió notoriamente en varios aspectos y, en segundo lugar, porque encontrándose vigente la nueva regla constitucional del interés en el amparo en el artículo 107, fracción I, de la Normativa Básica, no sería correcto que en un juicio constitucional como lo es el amparo, un tribunal constitucional (Tribunal Colegiado de Circuito) dictara una sentencia contraria al derecho constitucional vigente, máxime que la jerarquía normativa de las normas constitucionales se rige por principios diferentes al funcionamiento de las leyes ordinarias, siendo su principal característica la aplicación inmediata de las normas constitucionales vigentes y, en especial, cuando se trata de disposiciones reguladoras de aspectos que incidan en derechos ciudadanos.
Hecha la precisión anterior, cabe señalar, como se adelantó, que el fundamento para analizar los temas de agravio e interés jurídico en el amparo, en el derecho vigente al momento de resolverse esta sentencia, es el artículo 107, fracción I, cuyo texto es el siguiente:
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 6 de junio de 2011)
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..."
De la transcripción anterior se desprende que el interés para efectos de acudir al juicio de amparo, en el sistema vigente será legítimo, individual o colectivo, siempre que se trate de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que se alegue por la parte quejosa la existencia de un derecho, reservándose para el fondo del asunto decidir si resulta fundado o no el argumento de interés; mientras que tratándose de actos provenientes de los mismos tribunales judiciales, administrativos o laborales, básicamente se conserva y se clarifica en el orden constitucional el concepto de interés jurídico, pues para controvertir tales actos es necesario no sólo la existencia de un derecho subjetivo, sino además que la sentencia afecte de forma personal al quejoso y que los efectos del acto que se controvierta se encuentren dirigidos en forma directa hacia su persona.
Como en el presente amparo indirecto en revisión se reclamó una sentencia dictada por un tribunal administrativo, como es el Tribunal Unitario Agrario responsable, al resolver, en primera instancia, un juicio de reconocimiento y conflicto por límites de una comunidad agraria (que como se observará por una singularidad se analiza en amparo indirecto), es evidente que la perspectiva para examinar el interés de la parte quejosa requiere considerar que se actualicen los supuestos de interés jurídico, con base en la afectación de derechos subjetivos, así como en la existencia de un agravio que produzca una afectación personal y directa en quienes acudan al amparo.
Hechas las anteriores aclaraciones, a continuación se procederá a examinar la materia de la revisión.
SEXTO. Precisado lo anterior, debe señalarse que en el agravio transcrito de las responsables recurrentes y de Celedonio Díaz Barrera, se señala que el Juez Federal, al conceder la protección constitucional, violó el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el juicio debió sobreseerse por falta de interés jurídico.
De este modo, con independencia de que el análisis del asunto se realizará considerando el artículo 107, fracción I, constitucional y no el numeral 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención al derecho vigente al momento de dictarse esta sentencia, conviene anticipar que las anteriores manifestaciones son correctas, máxime si se consideran en su integridad las constancias de autos.
Y es que en autos se demuestra plenamente, no sólo la ausencia de interés jurídico y agravio respecto de quienes suscribieron la demanda por tratarse de personas que no podían fungir como representantes de los comuneros de Atizapán, pues de acuerdo con las leyes aplicables, dicha representación tendría que recaer en un miembro de la comunidad indígena, característica que no tienen los suscriptores de la demanda, según las pruebas de autos.
A lo anterior debe sumarse que el estudio de la improcedencia en el juicio de amparo es una cuestión preferente y oficiosa, independientemente de que existan agravios o no, tema que en el presente caso finalmente se examina con base en los argumentos transcritos, debiendo añadirse que, con independencia de lo que se hizo valer en esos agravios, es obligación de los tribunales revisores, declarar la improcedencia del juicio de amparo siempre que ésta se advierta, lo que además debe realizarse de oficio y aún ante la inexistencia de agravios, tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."(Jurisprudencia 2a./J. 76/2004, página 262, Tomo XIX, junio de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
También cabe señalar que aun cuando el Juez Federal hubiera desestimado en la sentencia recurrida alguna causa de improcedencia hecha valer en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que los suscriptores de la demanda sí son representantes de la comunidad según un auto dictado por el responsable Tribunal Unitario Agrario, y por virtud de un instrumento notarial que le fue exhibido, ello no impide que, por tratarse de una cuestión de orden público y examen previo, no se pueda, por este tribunal revisor, proceder al análisis de la improcedencia del juicio constitucional, considerando otros elementos diversos de los analizados por el Juez, máxime que se trata de una cuestión que siempre debe definirse de la mejor forma posible para evitar que existan estudios de fondo en los amparos cuando el juicio es en realidad improcedente.
Es decir, si de autos se desprende la actualización de una causa de improcedencia, hecha valer o no por las partes, ésta siempre debe ser declarada por los tribunales de amparo en la instancia en que se encuentre el asunto y de forma oficiosa, en virtud que la acción constitucional es una situación extraordinaria y excepcional, cuyo fondo solamente puede ser estudiado cuando verdaderamente se satisfacen todos los presupuestos procesales y no se actualice motivo de improcedencia alguno, situación que en el caso, como se verá, no se presenta.
Debe reiterarse también, que las condiciones imperantes al momento de resolver este asunto, obligan a este tribunal revisor a considerar la reforma constitucional oficialmente publicada el seis de junio de dos mil once, en lo tocante al concepto, límites y alcances del agravio e interés para efectos del amparo, en términos del artículo 107, fracción I, constitucional, aspecto que por tratarse de una situación de derecho sobrevenida, necesariamente requeriría de un análisis especial.
De igual manera, cabe señalar que respecto a lo señalado en el párrafo anterior, no pasa por alto el contenido del artículo transitorio tercero del decreto de reformas constitucionales publicado el seis de junio de dos mil once, en donde se señala que tratándose de asuntos iniciados con anterioridad a la vigencia de la reforma de mérito (entró en vigor el cuatro de octubre de dicho año) la Ley de Amparo continuará aplicándose a los procedimientos inherentes a pesar de las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor; sin embargo, esa condición constitucional, como puede verse de la lectura del mencionado apartado de derecho constitucional de tránsito, sólo se refiere a aspectos adjetivos y puramente procesales, mientras que el interés jurídico evidentemente no es una cuestión procesal, sino una condición para el amparo de carácter sustantivo, como se encuentra ampliamente reconocido por la jurisprudencia e, incluso, en el proceso mismo de reformas constitucionales.
Hechas las aclaraciones anteriores, ahora cabe señalar que en el caso no resulta posible que quienes suscribieron la demanda pudieran tener una afectación a sus intereses o resentir agravio para efectos del amparo, aun en términos de la nueva definición constitucional, pues dichas personas suscriptoras de la demanda no son representantes de la comunidad de Atizapán.
Como se demostrará, y se prueba con las constancias de autos, quienes suscribieron la demanda ostentándose como representantes del Comité Particular Ejecutivo de Atizapán, no demostraron en ningún momento la representación que dijeron tener al momento de promover el escrito inicial de este juicio.
Y no sólo eso, sino que de autos y derecho aplicable, se desprende que no sería posible que el ingeniero Javier Rosas Núñez y José Luis Rosas Núñez pudieran llegar a tener la representación que aseguran, pues para eso sería necesario que tuvieran la calidad específica exigida por la norma, verbigracia, ser comuneros reconocidos de Atizapán, aspecto que no está demostrado en autos, de los que incluso se advierte lo contrario, es decir, que el ingeniero Javier Rosas Núñez y José Luis Rosas Núñez no están reconocidos como comuneros de Atizapán, por lo cual los mismos miembros de la comunidad indígena de referencia no podrían elegirlos para representarlos en el procedimiento de titulación y reconocimiento de su población, así como para aportar pruebas y títulos de propiedad, tal como se prevé en el artículo 358 de la Ley Federal de Reforma Agraria, donde se regula el procedimiento y formalidades de elección de los representantes, propietario y suplente, respectivamente, de la comunidad indígena a reconocer o titular.
De este modo, no puede reconocerse la representación que ostentan por tratarse de un aspecto que tendría que acreditarse con pruebas, tanto idóneas como directas, y no con pruebas superficiales o dudosas, que finalmente fue la naturaleza de las consideradas en la sentencia recurrida.
Incluso este tribunal, como puede constatarse de los antecedentes de esta revisión, ordenó la reposición del procedimiento para que los promoventes de la demanda probaran su representación al momento de presentarla, incluso se precisó que probablemente esa representación podría quedar reconocida con el "Acta de elección de representantes comunales del poblado de Atizapán de Zaragoza" de fecha veintinueve (29) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981), precisión hecha por este tribunal al resolverse, en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, el recurso de revisión 545/2007; sin embargo, lo cierto es que, como quedará demostrado, en autos no se demostró en ningún momento la existencia de ese documento ni se reconoció la misma por ninguna autoridad competente.
Y a pesar de dicha oportunidad, finalmente los suscriptores de la demanda no probaron su carácter de representantes con los medios de prueba apropiados, a lo que cabe añadir, como se adelantó, que de autos se desprende que tal representación, no sólo carecen de ella, sino que además no la podrían tener.
Para demostrar lo anterior, resulta conveniente hacer un relato de los antecedentes del caso, con base en las constancias de autos, mismo que se hace en los siguientes términos:
1. Por escrito presentado el trece (13) de mayo de mil novecientos setenta y cuatro (1974), en la secretaría privada de la Presidencia de la República, suscrito por el señor José Rosas Sandi (al que acompañó varias firmas ilegibles de otras personas), se manifestó lo siguiente:
"C. Lic. Luis Echeverría Álvarez. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Palacio Nacional, México D.F. Presente. Sr. Presidente la ciudadanía de Atizapán de Zaragoza Cd. López Mateos o seamos (sic) los nativos elevamos ante usted nuestra más enérgica protesta. Pues para usted no es desconocido el problema que desde el año de 1925 hemos tenido con todos los latifundistas que en forma total ya casi se han adueñado de nuestro pueblo, pues el 19 de febrero de 1973 hicimos una denuncia a través del Comité Ejecutivo Nacional Política y Organización que es el único organismo que nos ha brindado su apoyo económico, político y moral, pues en la fecha anterior a que nos hacemos referencia, o sea el 19 de febrero de 1973, ayudados por el secretario de acción popular del organismo político que hemos nombrado, señor José Rosas Sandi, persona nativa de esta población y con una edad de 63 años que conoce a fondo todos y cada uno de los problemas de nuestro pueblo, lo comisionamos con efecto de mandatario para que llevara a efecto una minuciosa investigación en los archivos generales de la nación para que se investigara qué derecho teníamos los nativos de este pueblo con el reparto de tierras de esta comunidad, y después de hacerse un minucioso escrutinio en los libros respectivos de esta institución, se encontraron los datos de las escrituras primordiales que se extendieron a este pueblo en el año de 1537 por el primer virrey de la Nueva España Don Antonio de Mendoza, y en los cuales especifica la dotación de 15 caballerías de tierra de labor por los 4 puntos cardinales y 3 cerros que en la actualidad se les denomina con el nombre de la Condesa, el cerro del Tecajouo y Atlaco y una peña cordillera o promotorios
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24678-87632e7e/amparo-indirecto-procede-por-excepcion-en-terminos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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