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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 192/2013. · Registro digital (IUS): 24715
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-06
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 356.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 192/2013. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, en vigor al momento de que se hizo la denuncia, pues fue realizada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:

1. Origen del amparo en revisión 372/2012, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y criterio que en él se sostiene

Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Boca del Río, Veracruz, en el que **********, en representación de su menor hija **********, demandó de **********, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, la definitiva.

El Juez del conocimiento, mediante acuerdo, fijó una pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora equivalente a un treinta y cinco por ciento de las percepciones del demandado.

La parte demandada contestó el libelo incoado en su contra e interpuso recurso de reclamación en contra de dicho acuerdo y, seguidos los trámites legales, el Juez dictó sentencia en la que redujo la pensión alimenticia provisional de un treinta y cinco al veinte por ciento.

Inconforme con la resolución anterior, **********, representada por su progenitora **********, promovió juicio de amparo indirecto.

El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, a quien tocó conocer del asunto, admitió el libelo de referencia y determinó negar el amparo solicitado.

En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito quien lo radicó con el número 372/2012, y dictó sentencia en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

Criterio. En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo lo siguiente:

"En ese orden de ideas, se estima que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, donde se establece literalmente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.’

"Para sustentar la postura de este órgano colegiado, se estima necesario traer a colación el contenido de la ejecutoria de fecha cuatro de agosto de dos mil seis, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006, entre las sustentadas por los Tribunales Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Tercer Circuito, y que dio origen a la jurisprudencia número 1a./J. 53/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página doscientos cinco, de rubro siguiente: ‘PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA CON EL SOLO DICTADO DE LA SENTENCIA CON LA QUE CULMINA EL JUICIO DE ALIMENTOS, SI EL JUEZ RESERVA PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN LA CUANTIFICACIÓN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).’, resolución cuyo contenido, en la parte que interesa, es del tenor siguiente: ...

"Ahora bien, de la anterior transcripción se viene en conocimiento, en lo que interesa para la solución del presente recurso de revisión, que en las sentencias que deciden los juicios sobre pago de alimentos puede darse alguna de estas hipótesis: 1) que se absuelva al demandado; 2) que se condene al demandado y se decrete en la misma sentencia el monto de la pensión; y, 3) que se declare únicamente el derecho del actor a percibir alimentos y la obligación del demandado de ministrarlos, pero, al no quedar establecida en juicio la capacidad económica de éste, se reserva para ejecución la determinación de la suma a cubrir. Cabe destacar también, que en las dos primeras hipótesis, o sea, cuando se absuelva al demandado, o bien, si se le condena y se decreta en la misma sentencia el monto de la pensión definitiva que le corresponde otorgar, la medida provisional que en su caso hubiera sido decretada, cesa con el mero dictado de la sentencia definitiva, como un efecto natural.

"En ese sentido, de las constancias que conforman el expediente en que se actúa, se advierte la existencia del oficio número 7103, emitido el tres de diciembre de dos mil doce, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, a través del cual remite copia certificada de la sentencia definitiva emitida en los autos del expediente número ********** de su índice, promovido por **********, representada por su progenitora **********, en contra de **********, de quien demandó el pago de alimentos; fallo que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en la que la parte actora probó su acción y el demandado no justificó sus excepciones; en consecuencia. SEGUNDO. Se condena al demandado **********, a pagar una pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija **********, representada por la actora, consistente en el veinte por ciento del salario y prestaciones que percibe de su fuente de trabajo que registran los autos. TERCERO. Por lo que oportunamente, deberá de girarse atento exhorto al Juez competente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que éste, a su vez, gire oficio a la secretaría técnica y/o pagador y/o jefe de recursos humanos de la **********, para que procedan a efectuar los descuentos aquí ordenados y las cantidades descontadas sean depositadas a la actora **********, por su representación, en la cuenta número **********, clave ********** del banco **********. CUARTO. Asimismo, una vez que cause ejecutoria la presente, gírese atento oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, anexando copia certificada de la presente, para que surta sus efectos legales procedentes dentro del recurso de revisión **********, interpuesto por la quejosa **********, representada por su progenitora **********, relativo al juicio de amparo indirecto **********. QUINTO. Son a cargo de la parte demandada el pago de gastos y costas en esta instancia al no obtener sentencia favorable de conformidad con lo dispuesto por los artículos 100 y 104 del Código de Procedimientos Civiles. SEXTO. Notifíquese ...’ (fojas 20-23 del presente toca relativo al recurso de revisión 372/2012).

"Bajo ese contexto, es indudable que, atendiendo a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos de la resolución que en la especie constituye el acto reclamado -emitida el quince de junio de dos mil doce por el Juez Octavo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en los autos del juicio ordinario civil número **********, en la que resolvió la reclamación interpuesta por el demandado **********, y determinó reducir del treinta y cinco al veinte por ciento el monto de la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada- cesaron desde el momento mismo en que se emitió la sentencia condenatoria definitiva y, por ende, ya no se está en condiciones de analizar la legalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que sus consecuencia legales quedaron destruidas en forma total e incondicional.

"La anterior situación se corrobora con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual establece que: ‘... En los casos en que se reclamen alimentos, el Juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.’, de donde se advierte que una pensión alimenticia provisional se establece sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva; de tal suerte que si se emite esta última, ello conlleva a que ya no se pueda analizar la legalidad de la resolución cuya inconstitucionalidad se reclamó, pues sus efectos, para la procedencia del juicio de amparo, cesaron desde el momento mismo en que se emitió sentencia en el juicio en lo principal.

"Cabe apuntar, además, que aun cuando de la copia certificada de la sentencia definitiva de mérito no se advierte si la misma fue impugnada o no a través del recurso de apelación, esa es una situación que en todo caso resultaría irrelevante para el caso concreto, pues no por ello dejaría de actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, ya que en el eventual caso de que el referido medio de defensa ordinario hubiera sido interpuesto y admitido, ello no repercutiría en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, se incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de modo que atendiendo los ya analizados argumentos sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos de dicha medida cesan con el dictado de la sentencia definitiva, de tal suerte que si en el presente asunto se emitió el fallo de primera instancia, ello conlleva, al margen de que sea o no recurrida, que dicha medida provisional cesó en sus efectos.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número ciento tres, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página ochenta y uno, que dice: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.’ (se transcribe).

"En consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar en su totalidad la sentencia sujeta a revisión y en su lugar sobreseer en el juicio de amparo indirecto de que se trata, por las razones aquí expuestas."

2. Origen del amparo en revisión 251/2012, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y criterio que en él se sostiene

Origen. El asunto deriva del juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, en el que ********** reclamó de su cónyuge **********, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, la definitiva.

El Juez del conocimiento admitió a trámite dicha demanda, la cual fue registrada bajo el número **********, y seguidos los trámites procesales el juzgador decretó la pensión alimenticia provisional a favor de la promovente.

El demandado contestó la demanda instaurada en su contra en la que opuso las excepciones que estimó pertinentes, ofreció pruebas e interpuso reclamación contra el monto fijado como pensión alimenticia provisional.

El Juez declaró procedente la reclamación intentada y se pronunció en el sentido de reducir la medida provisional a un 20% del salario y demás prestaciones del demandado.

En contra de esta determinación, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, quien admitió la demanda, y seguidos los trámites procesales dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado.

En contra de esa determinación, ********** interpuso recurso de revisión, el que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, bajo el número 251/2012, quien confirmó el fallo impugnado y negó el amparo solicitado.

Criterio. En lo que al tema interesa, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito sostuvo lo siguiente:

"Asimismo, a juicio de este Tribunal Colegiado -en el caso- con el solo dictado de la sentencia definitiva en la que se determinó el porcentaje que por conceptos de alimentos debe percibir la actora del juicio en lo principal, a partir del dictado de dicha sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga, no puede considerarse que han cesado los efectos de la pensión provisional y que, en consecuencia, deba sobreseerse en el juicio de amparo, en términos de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, impidiendo de esta manera analizar la constitucionalidad, o no, de la resolución de la reclamación mediante la cual se fijó el monto provisional de los alimentos.

"Se afirma lo anterior, en razón de que, atento a las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 133/2008, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 58/2009, antes mencionada, la pensión alimenticia provisional es una medida temporal y transitoria tendiente a garantizar la subsistencia de la parte accionante mientras se tramita el juicio correspondiente en donde se solicitan alimentos.

"Igualmente, la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 108/2004-PS, consideró que la medida cautelar a que se refiere el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo.

"Sostuvo que la fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, es (sic) de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, misma que no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por el artículo antes citado, se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide.

"Apuntaló que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar y, por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona.

"Y aclaró que esto quiere decir, que la cesación de dicha medida sólo es dable cuando se ha resuelto mediante sentencia definitiva el derecho de los demandantes a recibir alimentos. Lo anterior, porque si bien es cierto que el legislador previó para los afectados con la medida cautelar de alimentos, un medio de defensa conocido como reclamación, de sustanciación sumamente rápida, puesto que la misma podrá formularse dentro del escrito de contestación de la demanda y previa vista a la contraria, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, con base en los documentos que aporten las partes; no es a través de este medio de defensa mediante el cual puede dejarse insubsistente o cancelarse, sino en todo caso reducir el monto inicial fijado, pues es obvio que debido a la celeridad con que se tramita la reclamación, difícilmente podrían recibirse y desahogarse todas las pruebas que el acreedor alimentario pudiera aportar para desvirtuar lo anterior y demostrar su derecho a recibir los alimentos.

"Ahora bien, con base en las consideraciones de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, este órgano colegiado llega a la conclusión de que si bien la sentencia que pone fin al juicio de alimentos, al determinar el monto definitivo de la pensión, rige a partir de ese momento hasta que por alguna causa se extingue la obligación de proporcionarlos, o bien, por alguna razón se modifica vía judicial la manera en que fueron determinados, lo cierto es que en modo alguno debe entenderse que con ello cesan los efectos de los determinados provisionalmente.

"La aseveración anterior obedece a que los alimentos provisionales y los definitivos se generan en dos momentos distintos y en cada uno de ellos crean o surten sus propios efectos, de tal suerte que aunque la sentencia definitiva entraña una nueva situación jurídica, por virtud de ésta no se eliminarían las violaciones o los efectos de las posibles violaciones por las que se haya promovido el amparo contra la resolución que haya fijado el monto de los alimentos provisionales (en el caso resolución que resolvió la reclamación), ni impide el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

"Razonar en sentido contrario, equivaldría a que en casos análogos se hiciera nugatoria la posibilidad de que se analizara la afectación de derechos fundamentales que motivó a la parte inconforme instar la vía constitucional y desnaturalizar la finalidad de la medida cautelar atinente a garantizar la subsistencia de quien los solicita, sobre todo, en aquellos casos en donde pudiera apreciarse un evidente y notorio desequilibrio en la fijación del monto de alimentos provisional.

"Concluir lo contrario implicaría también que con motivo de estimar que con el solo dictado de la sentencia cesan los efectos creados por la resolución que fijó los alimentos provisionales se prejuzgara sobre la legalidad del monto definitivo o, en su caso, del derecho que se tiene a ellos, pues la parte demandante que se inconformara con dicha sentencia, se vería privada de la ministración de los alimentos durante la sustanciación de los medios de defensa que enderezara en contra de ella, toda vez que conforme a nuestra legislación procesal, el dictado de la sentencia definitiva de primer grado no es de ejecución inmediata, sino ésta depende de la firmeza de aquélla, una vez agotados los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, o bien, por el mero transcurso del plazo para ello.

"Sin que se inadvierta la jurisprudencia 1a./J 53/2006, también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA CON EL SOLO DICTADO DE LA SENTENCIA CON LA QUE CULMINA EL JUICIO DE ALIMENTOS, SI EL JUEZ RESERVA PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN LA CUANTIFICACIÓN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).’; con base en la cual se tiene conocimiento que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil once, resolvió el amparo en revisión 300/2011, en donde estimó que en casos como el presente, el solo dictado de la sentencia definitiva hace que cese en sus efectos la medida cautelar provisional decretada, al margen de que sea o no recurrida; cuenta habida que en la ejecutoria de la contradicción de tesis de donde deriva dicha jurisprudencia, se advierte que la propia Sala hizo aclaración que analizó sólo lo atinente a que el monto que se haya fijado en sentencia definitiva se vaya a cuantificar en el periodo de ejecución y no lo atinente a la subsistencia de la medida cautelar para garantizar a su vez la subsistencia de la parte demandante en tanto no adquiera firmeza la sentencia acaecida al juicio natural en donde se hayan reclamado los alimentos."

De las consideraciones sustentadas en el amparo en revisión 251/2012, derivó la tesis «X.9 C (10a.)», de rubro y texto siguientes:

"ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RESOLVIÓ LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA QUE FIJÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL NATURAL EN QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Con base en las consideraciones de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País al resolver las contradicciones de tesis 133/2008-PS y 108/2004-PS, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXX, noviembre de 2009 y XXI, marzo de 2005, páginas 30 y 154, respectivamente, se llega a la convicción de que la pensión alimenticia provisional es una medida temporal y transitoria tendiente a garantizar la subsistencia de la parte accionante mientras se tramita el juicio correspondiente en donde se solicitan alimentos; que la medida cautelar a que se refiere el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo, y que la fijación de la pensión alimenticia provisional es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada. En ese orden de ideas, si bien la sentencia que pone fin al juicio de alimentos al determinar el monto definitivo de la pensión alimenticia rige a partir de ese momento hasta que por alguna causa se extinga la obligación de proporcionarlos, o bien, por alguna razón se modifica vía judicial la manera en que fueron determinados, lo cierto es que en modo alguno debe entenderse que con ello cesan los efectos de los determinados provisionalmente. La aseveración anterior obedece a que los alimentos provisionales y los definitivos se generan en dos momentos distintos y en cada uno de ellos crean o surten sus propios efectos, de tal suerte que aunque la sentencia definitiva entraña una nueva situación jurídica, por virtud de ésta no se eliminarían las violaciones o sus efectos de las posibles violaciones por las que se haya promovido el amparo contra la resolución que resolvió la reclamación determinando el monto de los alimentos provisionales, ni impide el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues estimarlo de esta manera tornaría nugatoria la posibilidad de que se analizara la afectación de derechos fundamentales que motivó a la parte inconforme instar la vía constitucional y desnaturalizar la finalidad de la medida cautelar atinente a garantizar la subsistencia de quien los solicita, sobre todo, en aquellos casos en donde pudiera apreciarse un evidente y notorio desequilibrio en la fijación del monto de alimentos provisional. Asimismo, concluir lo contrario implicaría también que con motivo de estimar que con el solo dictado de la sentencia cesan los efectos creados por la resolución que fijó los alimentos provisionales se prejuzgara sobre la legalidad del monto definitivo o, en su caso, del derecho que se tiene a ellos, pues la parte demandante que se inconformara con dicha sentencia se vería privada de la ministración de los alimentos durante la sustanciación de los medios de defensa que enderezara en contra de ella, toda vez que conforme a la legislación procesal civil de la entidad, el dictado de la sentencia definitiva de primer grado no es de ejecución inmediata, sino ésta depende de la firmeza de aquélla, una vez agotados los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, o bien, por el mero transcurso del plazo para ello. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos respecto del amparo indirecto promovido contra la determinación que resuelve la reclamación interpuesta en un juicio de alimentos y fija su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se establece la pensión alimenticia definitiva."

CUARTO. Requisitos para la existencia de la contradicción. La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.

En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de la República, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que para que se dé una contradicción de tesis, es indispensable que exista un problema jurídico que amerite ser definido para el mundo jurídico, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias a asuntos similares.

Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

Así, de conformidad con el criterio anterior, la existencia de una contradicción de tesis está condicionada a que:

a) Dos o más órganos contendientes se pronuncien sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,

b) Que respecto de ese punto, sostengan criterios jurídicos discrepantes.

QUINTO. Análisis de los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis en el caso concreto. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el caso a estudio sí existe contradicción de tesis entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

Se estima de esa manera, pues los criterios contendientes se emitieron, respectivamente, en un recurso de revisión que tiene como antecedente mediato un juicio en el que la parte actora demandó de su contraria el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva, juicio en el que, en concordancia con lo solicitado, el Juez natural dictó una resolución en la que fijó una pensión alimenticia provisional

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24715-d28a1cb4/pension-alimenticia-provisional-el-dictado-de-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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