DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA O PERMISO DE EDIFICACIÓN O AMPLIACIÓN. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, AL ESTABLECER TARIFAS DIFERENCIADAS PARA SU PAGO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. SECRETARIO: RICARDO MANUEL GÓMEZ NÚÑEZ.
CONSIDERANDO:
I. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-TER, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
II. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
III. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, el dieciocho de abril de dos mil trece, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló: "SEXTO. Este Tribunal Colegiado procede a corregir una incongruencia de la sentencia recurrida, consistente en que aun cuando en el considerando octavo, se precisó que el artículo reclamado es el 57, fracción I, inciso A, subinciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal de dos mil doce; las razones que expone el juzgador federal para declarar la inconstitucionalidad del tal precepto, son relativas al inciso B) de tal fracción y artículo. En efecto, el artículo reclamado, es del tenor siguiente: ‘Artículo 57. Las personas físicas o jurídicas, que pretendan llevar a cabo la edificación, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación o demolición de obras, así como quienes pretendan hacer la instalación de redes de cable por el subsuelo o visibles en vía pública, deberán obtener previamente, la licencia o permiso en suelo urbanizado o no urbanizado, con registro de obra y pagar los derechos conforme lo siguiente: ‘I. Licencia de edificación o ampliación en suelo urbanizado, permiso de edificación o ampliación en suelo no urbanizado, con registro de obra, por metro cuadrado de edificación o ampliación, de acuerdo a la siguiente:
Ver tarifa 1
"No obstante, el juzgador federal para declarar la inconstitucionalidad del tal precepto legal, expuso razones como si se tratara de la impugnación del inciso B, de la fracción I, del mencionado artículo 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, que dice:
Ver inciso B) de la fracción I
"‘(...).’. Lo anterior, porque en la sentencia recurrida, se resolvió lo siguiente: ‘... En el caso, ese costo de la actividad que debe desarrollar la autoridad administrativa para prestar el servicio público consistente en otorgar la licencia de construcción no guarda relación con el tipo de edificación o ampliación que se pretenda llevar a cabo sobre el inmueble y, por ello, se estima que el artículo 57, fracción I, inciso A, subinciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil doce, es contrario al principio de equidad tributaria previsto en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque para el cálculo del derecho por la edificación del aprovechamiento de la infraestructura básica no atiende al tipo de servicio prestado, sino a un elemento ajeno a éste, ya que la distinción de tipo de inmueble de uso no habitacional, no tiene relación con la actividad técnica que realiza la autoridad municipal para la autorización para que las personas físicas o jurídicas que pretendan asignar al suelo urbanizado nuevas modalidades o intensidad a la actual, deberán pagar los derechos correspondientes por ampliación del aprovechamiento de infraestructura básica por metro cuadrado.’. ‘En efecto, la actividad que realiza la autoridad no trasciende al precio del servicio prestado, porque esa situación no genera gastos para emitir la licencia y realizar la inspección para verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables, y que las construcciones cumplan con los requisitos normativos conducentes, pues el hecho de que la vivienda que se va a edificar, ampliar, reconstruir, remodelar, reparar o demoler, no implica mayores costos humanos y materiales para el Municipio.’. ‘Ello es así, porque el despliegue técnico que debe efectuar la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones, a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, funcionalidad y fisonomía de acuerdo a su entorno, será el mismo que se realice en una edificación destinada a comercio y servicios que en una destinada a espacios verdes abiertos y recreativos, ya que en todos los casos el servicio involucrará la verificación de tales condiciones, de tal suerte que este factor no determina que sea mayor la actividad técnica del Municipio, ya que ésta se circunscribe a la inspección por metro cuadrado de construcción y al destino del bien inmueble.’. ‘Por tanto, el tipo de construcción no incide directamente en el costo del servicio que presta el Municipio.’. De ahí que al haber precisado que el artículo reclamado es el 57, fracción I, inciso A), subinciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, y resolver como si se tratara de la impugnación del diverso inciso B), el Juez Federal incurre en una incongruencia que debe ser reparada, conforme a los lineamientos que se expondrán en el considerando siguiente. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia I.3o.A. J/34 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 115 del Tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL REVISOR ESTÁ FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias dictadas por los Jueces Federales, son susceptibles de ser corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la jurisprudencia que se refiere a que la revisión «comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del Juez de Distrito firme en la parte en que no fue impugnado», en virtud de que es principio fundamental del juicio de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en sus sentencias, por lo que no sería correcto que al advertir el tribunal revisor alguna incongruencia entre los puntos resolutivos y los considerandos contenidos en la sentencia, lo soslayara aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello equivaldría a que se confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, podría dar lugar a que al momento de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en alguna equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, lo que haría nugatoria la propia resolución e iría en contra del espíritu de las normas que conforman el juicio de garantías. Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la sentencia.’. No podría concluirse de otra forma, con base en los argumentos que plantea la autoridad recurrente, ya que en ellos, lejos de controvertir la incongruencia apuntada, se encuentran encaminados a evidenciar que, contrario a lo sostenido por el juzgador federal, el artículo 57, fracción I, inciso A), subinciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, es constitucional. SÉPTIMO. Los agravios planteados son infundados. En el primero de ellos, aduce la autoridad recurrente que se violó en su perjuicio el principio de exhaustividad que debe acatarse en toda sentencia, ya que el Juez de Distrito omitió el análisis de los argumentos expuestos en el informe justificado, en los cuales se sustentó la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo. Agrega que en esos argumentos se alegó que el quejoso carecía de interés jurídico para acudir al amparo, pues si bien exhibe el recibo oficial del cual se advierte la aplicación de los numerales que tilda de inconstitucionales, con él no se acredita que estos últimos le causen un perjuicio personal y directo, dado que tal recibo es ineficaz para acreditar la violación a los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, por lo que: ‘... En tales condiciones, el juicio de amparo que nos ocupa debe sobreseerse, puesto que el recibo oficial de pago no acredita que el costo de la licencia de construcción conforme al artículo 57, fracción I, inciso A, subinciso b), de la Ley de Ingresos Municipal de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2012, exceda el costo del servicio o despliegue técnico que permite a la autoridad municipal estar en condiciones de liberar la licencia solicitada. ...’. Estos planteamientos son infundados. Lo anterior, porque el Juez de Distrito desestimó la causa de improcedencia que hizo valer el Congreso del Estado de Jalisco, al considerar que la parte quejosa acreditó su interés jurídico con el recibo oficial ********** (foja 29) y que tal documental resultaba con plena eficacia probatoria para acreditar la aplicación de los preceptos que se tildan de inconstitucionales, lo que la legitima para cuestionar la constitucionalidad del derecho impugnado. Determinación que es ajustada a derecho, ya que el quejoso en el juicio de amparo reclama los artículos 45, inciso a), 57, fracción I, inciso A), subinciso b) y 91, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, con motivo de su primer acto de aplicación. Luego, para reclamar en el juicio de amparo una norma general heteroaplicativa, es necesario que el promovente acredite fehacientemente la existencia del acto concreto de aplicación y que éste le causa un agravio o perjuicio, ya que tal norma no causa perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular, que ante el acto de aplicación ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. Por tanto, si los preceptos impugnados prevén los derechos que se deben pagar por la expedición de la licencia de construcción y el certificado de habitabilidad de inmuebles, así como el impuesto sobre negocios jurídicos, tales actos ocasionan perjuicio al particular cuando éste acude a la autoridad y paga los derechos por tales conceptos, lo cual, como resolvió el Juez de Distrito, se acreditó con el recibo oficial de pago **********, dado que dicha aplicación es lo que constituye la fuente de agravio que afecta al quejoso y lo que le da legitimación para acudir a reclamar su inconstitucionalidad. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 12/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323, Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia.’. Además, aun cuando el Juez de Distrito al desestimar la citada causal, no se pronunció respecto a si el costo de la licencia de construcción excede o no el costo del servicio o despliegue técnico que la autoridad municipal requiere realizar para expedir la mencionada licencia; ello no resulta ilegal, pues esos argumentos son atinentes al fondo del asunto y, por ende, no pueden
er analizados en una causa de improcedencia. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XV, correspondiente a enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.’. Por otra parte, en los restantes agravios, la autoridad recurrente sostiene que el juzgador federal no analizó de manera correcta los actos reclamados y se pronunció respecto de cuestiones que fueron ajenas a la litis, ya que al hacer el estudio del artículo 57, fracción I, inciso A), subinciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, hizo alusión a un aprovechamiento de la infraestructura básica, lo cual no se encuentra contenido en el aludido precepto, pues éste se refiere al pago de un derecho por la expedición de licencias de construcción, sin que sea óbice ‘... que en la conclusión de dicho considerando rectifique señalando el concepto correcto, ya que el hecho es que en su parte considerativa y en el análisis que hace de dicho numeral señala un concepto que no se prevé en la norma impugnada ...’. Añade que incorrectamente el Juez de Distrito consideró inconstitucional el artículo 57, fracción I, inciso A), subinciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, pues dicho precepto establece el pago de los derechos por la expedición de licencias de construcción, tomando en consideración elementos que sí forman parte del costo y despliegue técnico que requiere realizar el Municipio para expedir la citada licencia, dado que el tipo de edificación no es un elemento ajeno a dicho costo, sino que atendiendo a los requisitos para la expedición de las licencias de construcción, previstos en el Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan y a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, el despliegue técnico requerido es diferente según el tipo de edificación que se pretenda obtener a través de la licencia. Continúa diciendo que resulta desacertada la apreciación del juzgador federal, ya que basa su determinación en un elemento que no se contiene en el artículo impugnado, como lo es el tipo de densidad de la zona y que, por ello, la jurisprudencia 2a./J. 52/2008 citada en la sentencia recurrida, no resulta aplicable al caso, pues dicho criterio jurisprudencial declara la inconstitucionalidad de un precepto distinto, dado que ésta derivó del análisis de un precepto que grava los derechos por expedición de licencias de construcción conforme al elemento de densidad poblacional, mientras que el numeral reclamado estatuye los derechos que se deben cubrir por la expedición de licencias de construcción, en razón de la clasificación del tipo de construcción y a los metros cuadrados de la misma, según lo establece la ley impugnada, así como la Ley General de Asentamientos Humanos, del Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, Jalisco, y Normas Técnicas Complementarias para el Diseño por Sismo, aplicables al caso concreto. Sostiene que en el caso resultaba aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2003, de rubro: ‘LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).’, por ajustarse exactamente al análisis constitucional de estudio. Afirma que en la sentencia recurrida no se toma en consideración que el servicio que tiene que ver con el despliegue técnico que debe realizar el órgano del Estado, materializado en la supervisión e inspección del inmueble, tanto antes de otorgarse la autorización como después de realizada, involucra una serie de actos administrativos que van desde la determinación de las normas técnicas relativas y la dictaminación para la autorización de la licencia, hasta la supervisión e inspección de las obras; pues no sólo atiende al acto en sí mismo considerado de la expedición de la licencia, sino que tiene que ver con los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las obras de los inmuebles, a fin de que satisfagan las condiciones necesarias de seguridad, higiene, comodidad, buen aspecto, diseño urbano e impacto ambiental, contenidas en los artículos 3, 78, 79, 80, 81, 82, 94, 95, 96, 279, 280, 281, 282, 283, 287 y 289 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y en los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes y demás disposiciones aplicables, lo cual verifica la Dirección General de Obras Públicas del Municipio. Insiste que se debe considerar también que las dependencias municipales podrán en todo tiempo ordenar las visitas de inspección que juzguen convenientes a los trabajos de edificación que se estén llevando a cabo, para que en caso de no ajustarse a los planes aprobados en la licencia respectiva, se dispongan las modificaciones necesarias o se ordene la suspensión de la obra, imponiéndose al propietario o responsable la sanción correspondiente, dictaminar con relación a las edificaciones e instalaciones existentes que representen un riesgo a insalubridad para el Municipio o causen molestias, para que cese tal peligro y perturbación, e integrar y administrar el padrón de peritos de proyecto, de obra y de supervisión municipal, peritos corresponsables o especializados y de contratistas; por lo que concluye, que el servicio público prestado por el Municipio, no sólo se limita a la simple expedición de la licencia como tal, sino que comprende el despliegue técnico que requiere realizar el órgano municipal para verificar si las construcciones de las que se pide la licencia satisfacen las condiciones de seguridad e higiene, comodidad, buen aspecto, diseño urbano e impacto ambiental; de ahí que en cada caso las condiciones a cumplir son distintas y en esa función se determina el mayor o menor despliegue técnico, lo que es acorde a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Lo así expuesto es infundado. De la lectura de la sentencia recurrida, se aprecia que el Juez de Distrito, concedió el amparo a la parte quejosa, al estimar que el artículo 57, fracción I, inciso A, subinciso b), de la Ley de Ingresos de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, vulnera el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del precepto 31 de la Constitución Federal, porque aquel dispositivo contiene el pago de un derecho por la expedición de la licencia de construcción que no guarda relación con el tipo de edificación o ampliación que se pretende llevar a cabo sobre el inmueble y, en el caso, la clasificación del tipo de inmueble no guarda relación con la actividad técnica que realiza la autoridad. No obstante, requiere precisar que, como se estableció en el considerando previo, aun cuando el juzgador federal para declarar la inconstitucionalidad del citado artículo, resolvió con argumentos relativos al inciso B del mismo artículo, en el caso concreto, debe seguir subsistiendo la inconstitucionalidad de aquel precepto legal. Así es, de conformidad con el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en: a) Impuestos: ‘Contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.’; b) Aportaciones de seguridad social: ‘Contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.’; c) Contribuciones de mejoras: ‘Las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.’; y, d) Derechos: ‘Contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.’. De esta forma, se puede colegir que los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública como precio de los servicios de carácter administrativo prestados al contribuyente, por lo que para atender su proporcionalidad y equidad se debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, por lo que las cuotas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Ahora, el artículo 57, fracción I, inciso A, subinciso b), de la Ley de Ingresos de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, dice: (se transcribe). Del numeral antes transcrito se advierte que efectivamente, contiene el pago de un derecho relacionado con el servicio que presta el Estado, entre otros, por la expedición de la licencia de edificación o ampliación en suelo urbanizado, permiso de edificación o ampliación en suelo no urbanizado, con registro de obra; y, para su cálculo se toman en consideración tres aspectos: a) los metros cuadrados de edificación o ampliación, b) el uso que se le dará al inmueble a construir, esto es, si es habitacional o no habitacional; y, c) el tipo de construcción, si el uso será habitacional se atiende a si se trata de una construcción unifamiliar, plurifamiliar horizontal, plurifamiliar vertical, habitacional jardín. Ahora, en relación con esa clase de contribuciones (derechos por servicios), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 41/96, publicada en la página diecisiete del Tomo IV, julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios, por lo que debe existir una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado. El criterio en cita es del tenor siguiente: ‘DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este Alto Tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la d
stinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios («COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.», jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; AR. 7228/57; Eduardo Arochi Serrano; AR. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; AR. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado («DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES.», Volumen CXIV, 6a. Época, Primera Parte; «DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.», Volúmenes 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; «AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO.», Informe de 1971, Primera Parte, página 261). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como «las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público» (AR. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y AR. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo.’. De igual forma, el Máximo Tribunal del País ha sostenido el criterio de que para fijar el monto de esa clase de derechos, debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, lo cual se advierte en la jurisprudencia P./J. 2/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, que dice: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24749-2aea28d5/derechos-por-la-expedicion-de-licencia-o-permiso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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