ACCIÓN CONTRA LA OMISIÓN LEGISLATIVA O NORMATIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN III, Y 99 A 113 DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 389 EN EL DIARIO OFICIAL LOCAL EL 1 DE MARZO DE 2011, QUE PREVÉN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, NO VIOLAN LA AUTONOMÍA Y LA FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS MUNICIPIOS, NI EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL ESTATAL CONTENIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y TAMPOCO LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCESO LEGISLATIVO. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. En contra del voto de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente) CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO 118 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE "EN CASO CONTRARIO, LA LEY QUE SURJA EN BASE AL PROYECTO SERÁ NULA"-, DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 389 EN EL DIARIO OFICIAL LOCAL EL 1 DE MARZO DE 2011, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL ESTATAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente) CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 389 EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 1 DE MARZO DE 2011, AL PREVER QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTIVO, SIN PREJUZGAR SOBRE LA PROCEDENCIA DE ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, POR TANTO, INFORME AL GOBERNADOR PARA QUE SE ABSTENGA DE SANCIONARLO, PROMULGARLO Y PUBLICARLO, HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA, O BIEN, SE DECRETE LA IMPROCEDENCIA O EL SOBRESEIMIENTO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL ESTATAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Luis María Aguilar Morales. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente) CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 389 EN EL DIARIO OFICIAL LOCAL EL 1 DE MARZO DE 2011, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL ESTATAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente) CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN IV, 114 A 117, 118 -CON EXCEPCIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE "EN CASO CONTRARIO, LA LEY QUE SURJA EN BASE AL PROYECTO SERÁ NULA"-, 120 A 127, 128, PÁRRAFO PRIMERO, 129 Y 130 DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARA ESA ENTIDAD, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 389 EN EL DIARIO OFICIAL LOCAL EL 1 DE MARZO DE 2011, QUE ESTABLECEN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL ESTATAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, O
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2011. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2 DE JULIO DE 2013. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dos de julio de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Por oficio presentado el treinta y uno de marzo de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Chávez Chávez, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada-a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Yucatán, con domicilio en calle 59, número 497, colonia Centro, Mérida, Yucatán, C.P. 97000. b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado de Yucatán, con domicilio en Palacio de Gobierno, ubicado en Calle 61, cruzamiento con calles 60 y 62, colonia Centro, Mérida, Yucatán, C.P. 97000. II. Norma general cuya invalidez se reclama: Se demanda la invalidez de los artículos 5, fracciones III y IV, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán, contenidos en el decreto 389, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 1 de marzo de 2011, el cual se anexa al presente."
2. SEGUNDO. Como antecedentes de la norma cuya invalidez se demanda, se manifiestan los siguientes:
"El 17 de mayo de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán, el Decreto 296, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política de Yucatán.
"En la citada reforma se establecieron, entre otras cosas, figuras jurídicas llamadas medios de control constitucional a nivel local -controversia constitucional, acción de inconstitucional, (sic) acción contra la omisión legislativa o normativa y la cuestión de control previo de constitucionalidad- los cuales le dan al Poder Judicial de Yucatán el carácter de Tribunal Constitucional y la posibilidad y/o facultad de invalidar actos y normas de carácter general que contravengan la Constitución del Estado.
"El 15 de junio de la anualidad anterior, el suscrito, atento a su atribución constitucional como garante de la constitucionalidad de las leyes, promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que consideró que los medios de control constitucional locales denominados acción contra la omisión legislativa o normativa y la cuestión de control previo de constitucionalidad, violentaban los principios constitucionales de formalidades esenciales del proceso legislativo y el de división de poderes a nivel estatal.
"Mediante auto de 16 de junio de 2010, el entonces Ministro instructor Juan N. Silva Meza, determinó admitir la acción de inconstitucionalidad 8/2010, por lo que ordenó, entre otras cuestiones procesales, emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán, como autoridades emisora y promulgadora de la norma general, respectivamente, para que remitieran en el plazo de ley, sus respectivos informes.
"Una vez desahogado el procedimiento que señala la ley reglamentaria del artículo 105, que sientan las bases procesales de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, se cerró instrucción para el efecto de elaborar el proyecto de resolución que será sometido al Pleno del Máximo Tribunal del País.
"El 1o. de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el Decreto 389 que expide la Ley de Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto regular los mecanismos de control constitucional a través de los cuales el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional, garantizará la primacía de la Constitución del Estado y enjuiciará la conformidad o disconformidad con ella de las disposiciones generales, así como de los proyectos de ley, actos u omisiones legislativas o normativas impugnadas.
"Tomando en consideración los argumentos esgrimidos en la denuncia de acción de inconstitucionalidad, respecto de la Constitución de Yucatán y toda vez que la Ley de Justicia Constitucional que se combate, reglamenta las bases procesales de los medios de control constitucional locales, se actualiza la violación al marco constitucional Federal."
3. TERCERO. El promovente invocó como violados los artículos 14, 16, 115, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los siguientes conceptos de invalidez:
"PRIMERO. Sobre la violación de los artículos 5, fracciones III y IV, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán, a los preceptos 14, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los artículos 14, 115 y 116 de la Carta Magna, que el suscrito estima vulnerados, en la parte que interesa disponen: (los transcribe)
"Por su parte, los preceptos de la Ley de Justicia Constitucional de Yucatán, tildados de inconstitucionales, refieren: (los transcribe)
"Del contenido normativo de los preceptos reproducidos, se desprende lo siguiente:
"• La obligación del Congreso, del gobernador y de los Ayuntamientos para legislar o emitir disposiciones reglamentarias, acatando la determinación del Tribunal Superior de Justicia como autoridad constitucional.
"• Se conceptualiza el control previo de constitucionalidad.
"• Se obliga al Congreso Local a publicar sus proyectos aprobados por el Pleno Legislativo para que opere el control previo de constitucionalidad y en caso contrario la ley contenida en aquél será nula.
"• La suspensión del proceso legislativo cuando sea promovido el juicio de control previo.
"• La abstención del gobernador del Estado para sancionar, promulgar y publicar el decreto aprobado por el Congreso.
"• La obligación del Congreso de acatar la inconstitucionalidad de los proyectos de ley.
"• La facultad del Tribunal Constitucional para ordenar al Congreso que modifique las disposiciones afectadas, en términos concordantes con la sentencia que emita.
"• Las bases procesales para la tramitación de la acción por omisión legislativa o normativa y la cuestión de control previo de la constitucionalidad.
"Como se observa, los artículos tildados de inconstitucionales contienen las bases procesales de las figuras jurídicas denominadas medios de control constitucional a nivel local -acción contra la omisión legislativa o normativa y la cuestión de control previo de constitucionalidad- que junto con la controversia constitucional y la acción de inconstitucional (sic) le dan al Poder Judicial de Yucatán el carácter de Tribunal Constitucional, y la posibilidad y/o facultad de invalidar actos y normas de carácter general que contravengan la Constitución del Estado, en donde las resoluciones que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia serán obligatorias e inatacables.
"Sin embargo, la acción por omisión legislativa imputables al Congreso, al gobernador o a los Ayuntamientos y las cuestiones de control previo respecto de la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por el Pleno de la Legislatura Estatal, sobrepasan el verdadero objetivo de control constitucional de los actos y normas generales a nivel local, es decir, el Poder Judicial, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia al resolver los referidos instrumentos jurídicos se coloca por encima de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Municipios, violando con ello, la Norma Suprema de la Nación.
"Si bien los Estados de la Unión tienen derecho a controlar la regularidad constitucional de sus ordenamientos locales y los actos que se susciten entre los diversos órganos de gobierno a través de figuras o mecanismos jurídicos, lo que implica aceptar, por un lado, la característica normativa de sus textos constitucionales y, por el otro, la existencia de un orden propio; no obstante ello, esos medios de control constitucional no deben sobrepasar los principios instituidos en la Carta Magna, pues si bien las entidades federativas son soberanas en su régimen interior, nunca, y haciendo valer tal cualidad constitucional, deben crear figuras jurídicas que doten a algún poder estatal de facultades que invaden la esfera de atribuciones de los otros poderes o de la autonomía municipal.
"Para ello, las normas constitucionales locales deben establecer la articulación de la jurisdicción constitucional local, las cuales si bien se deben fundar en el concepto de ‘régimen interior’ de los Estados -artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Federal-, pues las autoridades estatales ejercen de manera soberana sus atribuciones y no deben ser sancionadas por ninguna instancia externa, incluyendo a las autoridades federales; también lo es que, el régimen constitucional que reviste la forma de gobierno, incluyendo el de las entidades federativas, debe respetar en todo momento el ámbito de atribuciones de los poderes u órganos de gobierno estatales.
"Lo anterior se traduce en que la justicia constitucional local, si bien pretende controlar los actos de gobierno y las normas generales al Mandato Supremo local, también lo es que se deben observar los principios o los parámetros consagrados en el artículo 116 constitucional, pues en dicho precepto se regulan los lineamientos o principios generales a que los Estados deberán ceñirse al regular sus ordenamientos jurídicos.
"Es por ello que los sistemas de justicia constitucional que adopten los Estados deben respetar en todo momento los postulados que la Carga Magna señale.
"Partiendo de las anteriores premisas fundamentales, se puede afirmar que el Congreso de Yucatán, al dotar de atribuciones al Poder Judicial para resolver diversos medios de control constitucional a nivel local -acción por omisión legislativa o normativa y control previo-, se rebasan los parámetros contenidos en los artículos 14, 115 y 116 de la Constitución Federal, particularmente los relacionados con las formalidades esenciales del proceso legislativo, división de poderes a nivel estatal y la autonomía reglamentaria de los Municipios, como se demuestra a continuación.
"En primer lugar, se analizará la violación a las formalidades esenciales del proceso legislativo.
"El dispositivo 14 de la Constitución Federal, reproducido con antelación consagra, entre otras cuestiones, que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, traducido dicho principio al ámbito de actuación de las autoridades legislativas, el cual se cumple cuando el Poder Legislativo instituye en los ordenamientos jurídicos los procedimientos en los que se conceda la oportunidad de ser escuchado en defensa por las autoridades encargadas de su aplicación, pues dicha garantía es efectiva aun frente a las leyes, o cuando la soberanía legislativa observa los requisitos o mecanismos para crear los cuerpos normativos.
"Ahora bien, el proceso de creación de leyes reviste una importancia vital para que el producto legislativo o la ley sean observados, cumplidos y aplicados a cabalidad por la sociedad o los diversos entes de gobierno, de ahí que los órganos legislativos deben, en primera instancia, contar con las atribuciones necesarias para crear cuerpos normativos sin que exista injerencia o menoscabo de otro poder o ente público en alguna etapa del proceso legislativo.
"El proceso legislativo puede entenderse como la serie ordenada de actos que deben realizar los órganos del gobierno facultados para ello, a fin de elaborar, aprobar y expedir, según sea el caso, una reforma constitucional o legal.
"En este sentido, es de explorado derecho, que las fases de creación de cualquier norma general deben cubrir con los requisitos mínimos establecidos en el sistema jurídico que la ampara, por lo que a grandes rasgos se pueden advertir las siguientes etapas:
"• La iniciativa es el acto a través del cual se propone la emisión, reforma, adición o abrogación de una norma general de observancia obligatoria, hecha por quienes tienen el derecho o facultad para hacerlo.
"• Turno a las comisiones legislativas correspondientes para que procedan al estudio y análisis respectivo, haciéndose referencia a los motivos y alcances de la iniciativa en estudio.
"• Dictamen de comisiones, es el documento en el que la comisión que estudió la iniciativa realiza la valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de rechazar o, en su caso, respaldar la iniciativa en lo general, proponiéndole al Pleno de la Legislatura las consideraciones para que la misma sea aprobada.
"• Discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa por parte del Pleno del Congreso; de ser aprobada se turna al Ejecutivo para su publicación en el medio de difusión oficial.
"• Rechazo de la publicación del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo y formulación de observaciones al mismo.
"• El proyecto de ley con las observaciones del Poder Ejecutivo se someten de nueva cuenta al proceso legislativo para que la legislatura las acepte o en caso de rechazarlas lo haga por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, supuesto que obligará al Ejecutivo a publicar la ley así aprobada.
"Con base en lo anterior, en Yucatán, el proceso de creación de normas de carácter general se ciñe a las siguientes etapas:
"• El derecho de iniciar leyes o decretos, compete a los diputados; al gobernador del Estado; al Tribunal Superior de Justicia en los asuntos de su ramo; a los Ayuntamientos o concejos municipales y a los ciudadanos (artículo 35 de la Constitución Local).
"• Las iniciativas presentadas pasarán a las comisiones que correspondan, salvo que se otorgue la respectiva dispensa en los términos de ley (artículo 36 de la Constitución Local).
"• Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en el Congreso, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones en que fuere desechado (artículo 37 de la Constitución Local).
"• Los proyectos de ley o decreto votados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, los publicará inmediatamente. Se considerará aceptado por el Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes. Transcurrido este término, si el Congreso hubiere concluido o suspendido sus sesiones, lo remitirá a más tardar el décimo día en que de nuevo estuviere reunido (artículo 38 de la Constitución Local).
"• Si el Congreso adoptare las reformas propuestas por el Ejecutivo en sus observaciones, lo comunicará a éste, quien promulgará la ley o decreto (artículo 39 de la Constitución local).
"• Si el Congreso no aceptare las observaciones del Ejecutivo, se dará al proyecto el trámite de difusión, y en el periodo de sesiones inmediato podrá el Congreso resolver definitivamente, comunicando su resolución al Ejecutivo, quien estará obligado a promulgar la ley o decreto en todo caso (artículo 40 de la Constitución Local).
"Con lo anterior, se puede constatar que el Ordenamiento Supremo de la entidad, señala de manera general la forma en que se formarán las leyes que regirán en el Estado; asimismo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala con mayor precisión las etapas del proceso legislativo, particularmente en el título sexto denominado ‘De los proyectos y reformas, de leyes, decretos y demás resoluciones del Congreso.’
"En esa tesitura, se puede afirmar que al facultar al Poder Judicial de Yucatán, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia como Tribunal Constitucional, para resolver las acciones por omisión legislativa en la que incurra el Congreso del Estado y las cuestiones de control previo respecto de la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por la legislatura, y ordenar a la autoridad legislativa a que subsane la omisión o en su caso a que legisle dentro del plazo de dos periodos de sesiones, se violan las formalidades esenciales del proceso legislativo, en virtud de que se condiciona a la actividad legislativa, a que otro poder estatal resuelva los citados medios de control constitucional, por un lado, se obliga a la soberanía legislativa, so pretexto de una omisión en que incurrió al legislar, pasando por alto la etapa de iniciativa de ley y, por el otro, se condiciona la culminación del proceso legislativo.
"En efecto, con los medios de control constitucional referidos se desvirtúan las etapas de iniciativa y culminación del proceso legislativo en el Estado de Yucatán, toda vez que se encuentran supeditados a la resolución del Poder Judicial, esto es, la fase de iniciación de leyes y de su culminación, no se origina de manera natural por los legitimados para iniciar leyes o por la soberanía legislativa y, en su caso, se menoscaba la facultad del gobernador de hacer observaciones al proyecto de ley aprobado, sino que se condiciona a la determinación de otro poder, trastocando con ello las formalidades esenciales del proceso legislativo que regula la legislación de la entidad.
"Asimismo, es de explorado derecho que la facultad de crear leyes se encuentra conferida de manera exclusiva a los órganos legislativos, con la participación de los otros poderes o, en su caso, de las autoridades municipales o de los propios ciudadanos; sin embargo, esa colaboración se encuentra limitada a ciertos aspectos como a la presentación de iniciativas y tratándose de los poderes ejecutivos a la promulgación y publicación y la de veto, es decir, el Poder Legislativo tiene en todo momento el monopolio de la producción legislativa, por ende, no puede desvirtuarse el proceso de creación de leyes con la intervención contenciosa del Poder Judicial, aun cuando sea como autoridad encargada de controlar la regularidad constitucional de las normas.
"Las etapas del proceso legislativo en Yucatán, como se precisó, se encuentran bien definidas y en todas ellas se desprende que el órgano legislativo tiene la facultad exclusiva de llevar a cabo una serie de actividades para producir cuerpos normativos, es por ello, que no puede existir injerencia en la actividad legislativa, ya sea para poner en marcha la maquinaria legislativa o que una vez aprobada la ley deba ser ratificada mediante instrumentos jurídicos contenciosos y una resolución de otro poder, en donde se le ordene legislar o en su caso, de que el producto legislativo viole la Constitución Local, en todo caso se debe respetar la facultad legislativa del Congreso y si en algún momento existe contradicción entre la ley y la Norma Suprema Estatal, que sea una vez que la ley se publique, actualizándose la facultad de reprocharla mediante la acción de inconstitucionalidad Federal o Local.
"Es por ello, que al incluir modalidades para la iniciación y culminación de una ley, no se respetan las etapas del proceso legislativo, en donde el Congreso del Estado tiene plenas atribuciones para emitir leyes, por lo que resultan inconstitucionales la acción contra omisiones legislativas y las cuestiones de control previo, respecto de la constitucionalidad de los proyectos de ley.
"Por otro lado, los artículos de la Ley de Justicia Constitucional de Yucatán que se combaten, violentan los principios constitucionales de división de poderes y la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos, por lo siguiente:
"El precepto 115, fracción II, de la Constitución Federal, dota a los Ayuntamientos de la competencia reglamentaria municipal, la cual abarca exclusivamente los aspectos fundamentales para su desarrollo, esto es, al preverse que los cuerpos edilicios tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
"Por tanto, el Constituyente Permanente buscó establecer un equilibrio competencial en el que prevaleciera la regla de que un nivel de autoridad no tiene facultades mayores o más importantes que el otro, sino un esquema en el que cada uno tenga las atribuciones que constitucionalmente le corresponden; de manera que al Estado compete sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en todos sus Municipios, y a éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su jurisdicción, sin contradecir esas bases generales.
"En efecto, conforme al artículo constitucional a estudio, se delimitan el objeto y alcances que deben contener las normas estatales, con el propósito de otorgar al Municipio autonomía y de mantener uniformidad en la vida institucional municipal, por lo que se otorgó a dicho órgano de gobierno la facultad reglamentaria consistente en expedir disposiciones administrativas de observancia general; sin embargo, tal potestad deberá desarrollarla de acuerdo a las leyes que en materia municipal emitan las Legislaturas de los Estados, las que deben contener bases generales que sirvan de marco normativo a los Ayuntamientos.
"La conceptualización del Municipio como órgano de gobierno conlleva además el reconocimiento de una potestad de auto-organización, en virtud de la cual, si bien el Estado regula un cúmulo de facultades esenciales del Municipio, quedan para el Ayuntamiento potestades adicionales que le permiten definir la estructura de sus propios órganos de administración, sin contradecir aquellas normas básicas o bases generales que expida la legislatura.
"Por cuanto se refiere al fortalecimiento de la facultad reglamentaria del Municipio, es necesario recordar que desde 1983, se le había reconocido constitucionalmente una facultad reglamentaria. Su ejercicio, se supeditaba a ser un mero desarrollo de las bases normativas que establecían las Legislaturas Estatales, sin que los Municipios pudieran emitir reglamentos susceptibles de atender verdaderamente a sus respectivas particularidades, pues actuaban simplemente como reglamentos de detalle de la ley. Lo anterior trajo como consecuencia que, en la práctica, la facultad reglamentaria de los Municipios quedara disminuida, pues las Legislaturas Estatales a través de las referidas bases normativas, condicionaban totalmente su alcance y eficacia.
"A raíz de la situación descrita, el Órgano Reformador de la Constitución en 1999, decidió modificar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional, con un doble propósito: delimitar el objeto y alcances de las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad reglamentaria del Municipio en determinadas materias.
"Por otra parte, el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución General de la República, consagra el principio de división de poderes a nivel local, cuya característica esencial radica en que no debe existir intromisión entre las facultades que tienen encomendadas cada uno de ellos, es decir, el poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.
"La ratio constitutionem de este principio constitucional, lleva al operador jurídico a considerar que en él existen implícitamente mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, en el sentido de que no se extralimiten en el ejercicio del poder que les ha sido conferido. Ello, porque sólo a través de la modalidad deóntica de la prohibición, la cual, como se sabe, establece deberes negativos o de no hacer, es posible limitar efectivamente el ejercicio del poder.
"Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respete el principio de división de poderes, se trata de la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación con respecto a los restantes. (Cita a pie de página la tesis P./J. 80/2004, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1122, de rubro: ‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS).’
"A manera de regla, puede decirse que ninguno de los Poderes Públicos de los Estados de la Federación podrá realizar actos que den lugar a la intromisión, a la dependencia o a la subordinación de otro poder.
"El término intromisión proviene del latín intromissus y significa acción y efecto de entremeter o entremeterse. Se trata, pues, de la acción de inmiscuirse en una cuestión ajena. En el tema que nos ocupa, puede decirse que la intromisión es el grado más elemental de la violación al principio de división de poderes, pues para actualizarse basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entrometa en una cuestión que por ser propia de otro, le sea ajena.
"La intromisión empero, no implica que el poder que se entromete en los asuntos de otro, pueda incidir de manera determinante en la toma de decisiones o que genere algún tipo de sumisión o relación jerárquica. Este primer límite del principio de división de poderes es, podría decirse, tenue, pues marca la frontera entre la violación y la no violación de tal principio. Debido a ese carácter, el juzgador constitucional debe analizar cuidadosamente, en cada caso concreto, el modo en que se lleva a cabo la relación normativa entre diversos poderes u órganos, ello con el fin de no confundir la intromisión con la colaboración en la realización de ciertas funciones normativas.
"La dependencia (del latín dependçre: colgar, pender) es un estado de cosas causado indirectamente por un agente que toma la decisión de producirlo, pero que es llevado a cabo por otro agente que sólo aparentemente es el protagonista del acto. Quien está sujeto a una relación de dependencia, no realiza sus acciones de manera autónoma, sino que se ve en la necesidad de atender a la voluntad del agente dominante.
"En la materia que nos ocupa, la dependencia conforma un segundo nivel de violación del principio de división de poderes, la cual representa un grado mayor de intromisión, puesto que implica la posibilidad de que el poder dominante impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente. La dependencia es, sin embargo, una situación contingente, pues el poder dependiente puede verse obligado a cumplir las condiciones que el otro le imponga, pero tiene la opción de no tomar la decisión a fin de evitar la imposición. En este sentido, no necesariamente está compelido a hacer lo que el otro le imponga, puesto que existen otros cursos de acción que puede tomar distintos a la imposición.
"Por su parte, el término subordinación proviene del latín subordinatio, subordinatiônis, y significa sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. En este contexto, se traduce en el tercer y más grave nivel de violación al principio de división de poderes. La subordinación no sólo implica que el poder subordinado no pueda tomar autónomamente sus decisiones (como en la dependencia), sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que mientras en ésta, el poder dependiente puede optar por no tomar la decisión a fin de evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado ningún curso de acción distinto al que le prescribe.
"Como puede verse, estos tres conceptos (la intromisión, la dependencia y la subordinación) son en realidad grados de uno mismo. Son conceptos concéntricos porque cada uno forma parte del siguiente, sólo que con algunas características que aumentan su grado. No obstante, estos términos no son sinónimos, porque son incluyentes hacia el grado inferior y excluyentes hacia el grado superior. En otras palabras, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y ésta, a su vez, implica intromisión (grado inferior); en cambio, la intromisión excluye a la dependencia, dado que esta última es más rica en características que la primera, y la dependencia excluye a la subordinación por la misma razón.
"Ahora bien, la facultad que le dan los artículos 113, 114, 116, 118, 119 y 128 de la Ley de Justicia Constitucional de Yucatán, al Poder Judicial, particularmente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de resolver la acción por omisión legislativa en que incurran el Congreso, el gobernador y los Ayuntamientos, y las cuestiones de control previo de la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por la legislatura, así como establecer diversos aspectos procesales -plazo para que se legisle o se emita la normatividad, etapa en que procede la cuestión de control previo, obligación de publicación de los proyectos y la posibilidad de declararlos nulos si no se atiende ello, la abstención del gobernador de sancionar, promulgar y publicar el proyecto y la obligatoriedad de las resoluciones del Tribunal Constitucional- vulneran la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos y el principio de división de poderes.
"Se viola la autonomía de los cuerpos colegiados municipales de emitir reglamentos y demás disposiciones generales, porque el mandato constituciona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24777-8f8f90ca/accion-contra-la-omision-legislativa-o-normativa-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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