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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 318/2013. · Registro digital (IUS): 24820
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 816.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 318/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, dado que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, a quien le fue reconocida su legitimación por auto de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuatro de julio de dos mil trece.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 90/2013, sostuvo en lo que interesa:

"Precisado lo anterior, y atendiendo a la naturaleza jurídica del procedimiento de extradición, que se desprende el contenido de la tesis 2a. CX/2001, emitida por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de dos mil uno, página quinientos siete, con número de registro IUS: 189312, de rubro y texto: ‘EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. NO CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL Y ES INEXACTO QUE LOS TRIBUNALES JUDICIALES FEDERALES SEAN LA ÚNICA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS REQUERIMIENTOS RELATIVOS (ARTÍCULO 104, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (se transcribe); esto es, se trata de un procedimiento no jurisdiccional que participa de la naturaleza penal por afectar la libertad personal del sujeto a extraditar, sin que constituya, como se dijo, un procedimiento de naturaleza penal; por tanto, este órgano colegiado considera que el Juez Primero de Distrito en esta entidad federativa carecía de competencia legal para conocer del juicio de garantías por razón del lugar de reclusión del extraditable, pues si bien es obvio que ha de tener ejecución la concesión que se haga de la solicitud correspondiente, también lo es que en un procedimiento de esta naturaleza, se considera que el lugar de reclusión no es factor determinante para fincar la competencia, tomándose en cuenta que, independientemente del lugar donde se vaya a materializar los actos tendentes a trasladar al sujeto al país solicitante, la afectación a su libertad se rige por el procedimiento mismo de extradición, que en el caso se rige por la determinación de que la solicitud satisfacía los requisitos legales correspondientes a la Constitución, leyes y tratados internacionales aplicables, como por la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien será la encargada de vigilar el cumplimiento de la orden de extradición, en cualquier lugar donde se encuentre recluida o detenida la persona requerida por el país requirente, pues, la decisión terminal es tomada por la Secretaría de Relaciones Exteriores; de ahí que se considera aplicable, por identidad jurídica, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 118/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 3, diciembre de dos mil once, página dos mil ciento ochenta y tres, con número de registro IUS: 160608, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.’ (se transcribe)."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 15/2009, sostuvo en lo que interesa:

"V. La competencia, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo en cuestión, corresponde al Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, distrito donde tiene residencia el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en el Estado de Veracruz, asentado en Villa Aldama, donde actualmente se encuentran recluidos los quejosos. Es así porque es en ese lugar donde se tiene certeza de que, en su caso, habrá de comenzar la ejecución material de la orden que concede la extradición reclamada ya que aun no empieza a ejecutarse y no hay elementos que permitan asumir que se ejecutará en el Distrito Federal. Se explica. El artículo 36 de la Ley de Amparo prevé los supuestos de competencia para que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías. Tal precepto dispone: (se transcribe). De lo anterior se colige que hay reglas distintas para establecer la competencia según si el acto requiere o no de ejecución material; en el caso, las órdenes de extradición reclamadas sí la requieren pues su ejecución consiste en la entrega de los sujetos requeridos al Gobierno de Estados Unidos de América -quien fue el solicitante-, de modo que carece de relevancia el domicilio de la autoridad ordenadora pues este dato sólo es importante cuando el acto no requiere ejecución material; en cambio, son las hipótesis que prevén los dos primeros párrafos del precepto transcrito las que deberán considerarse, tomando en cuenta si su ejecución, actual o inminente: a) se efectuó o se efectuará en determinado lugar; o, b) si se inició en un lugar y se sigue ejecutando en otro. Es oportuno precisar que aunque de una primera lectura a esos dos párrafos pudiera estimarse que, para que se actualice la segunda hipótesis se requeriría que el acto materialmente ya se hubiera ejecutado parcialmente, lo cierto es que esa no es la nota que la distingue de la primera, sino que lo que separa dichas reglas es que esa ejecución, sea real o sólo inminente, se lleve a cabo o deba ocurrir en la jurisdicción de uno -primera hipótesis- o varios Jueces de Distrito -segunda hipótesis-, y de acontecer lo segundo, será competente el Juez que previno, es decir, el que conoció primero del asunto. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada 3a. XLIX/93 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: ‘COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.’ (se transcribe). Sobre el particular debe precisarse que aun cuando el acto reclamado -de ejecución material- no se haya ejecutado o comenzado a ejecutar sino que sólo sea inminente tal cristalización, para fincar la competencia debe tenerse certeza -obtenida ya sea a través de prueba fehaciente o de indicios que lógicamente la revelen- de que ello ocurrirá en un determinado lugar o que ocurrirá en varias pero igualmente determinados para de ser el primer caso, aplicar la regla competencial contenida en el párrafo primero del citado artículo 36 y de ser ejecutable en dos o más distritos, la que dispone el segundo párrafo. Esto es particularmente importante para la aplicación de la segunda regla, porque sólo teniendo seguridad de que el acto se ejecutará en dos o más lugares, específicamente identificados, puede excluirse a la primera regla, es decir, sólo así puede afirmarse que no se ejecutará en un solo lugar, sino en varios, que se conocen de antemano. Razonamiento que es congruente con el criterio citado pues éste parte de la base de que los actos reclamados ‘deben ejecutarse en diversos distritos’ lo que revela que la competencia a prevención se actualiza partiendo de la certeza de que los actos habrán de ejecutarse en específicos distritos, aunque sean varios; la diversidad o variedad de lugares en los cuales deban ejecutarse no implica indeterminación o que sean una mera posibilidad sin indicio alguno que así ocurrirá, antes bien, la afirmación de que se actualice el supuesto de la prevención debe respaldarse en datos que revelen los lugares específicos de la competencia concurrente; de no tenerse esos datos no puede afirmarse que la hay. Al sostener lo anterior, este Tribunal Colegiado tiene presente la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE A FAVOR DEL QUE PREVINO.’ (se transcribe). Sin embargo, el argumento contenido en dicha tesis en el sentido de que la competencia a prevención se actualiza cuando las autoridades responsables ejecutoras ‘puedan actuar’ dentro del ámbito territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes y, que por ende, los actos ‘pueden tener ejecución material’ en esas jurisdicciones, no se basa en la simple posibilidad de que tal ejecución ocurra, sino en la facultad de la autoridad para hacerlo. De la ejecutoria que le dio origen se puede apreciar que en el caso a estudio los lugares de residencia y actuación de las autoridades responsables estaban plenamente identificados, pues residían en el Distrito Federal y en Hermosillo Sonora, por lo que los Jueces que concurrían en competencia eran específicamente los de esos lugares; de manera que en esa tesis se partió de la certeza de que eran dos lugares específicos en los que podía ejecutarse el acto reclamado. Así, la posibilidad a la que se refiere dicha tesis sólo corresponde al ámbito de las facultades de las autoridades responsables ejecutoras, es decir, que puedan ejecutar el acto porque para ello estén facultadas, así como a que cuando el acto no se ha ejecutado, sea factible o incierta su ejecución, mas no a la indeterminación de los lugares. Y en la especie, sólo se tiene certeza de que las órdenes que conceden la extradición a Estados Unidos de América de los quejosos, se ejecutarán (al menos inicialmente) en el distrito donde tiene jurisdicción el Juez residente en Xalapa de Enríquez, Veracruz, donde están recluidos los quejosos, y aunque sea factible que pueda continuarse su ejecución en otro lugar, no hay dato alguno de éste, ni específicamente que sea el Distrito Federal. En efecto, la última fase del procedimiento decisorio de extradición, consistente en la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que la concede (o rehúsa), tiene ejecución con la entrega física del sujeto requerido al gobierno extranjero que solicitó formalmente la extradición, pero ello implica que previamente se someta al individuo, extrayéndolo del lugar donde esté recluido y trasladándolo, por lo que su ejecución consta de una serie de actividades necesarias para completar dicha entrega. Véase. Para el caso de las extradiciones con Estados Unidos de América, el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y ese país señala reglas para dicha etapa final en su artículo 14, que establece: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). Y al disponer, en el punto 3 de dicho precepto, que las autoridades competentes de los Estados se pondrán de acuerdo en el día y lugar de entrega del reclamado, al tratarse de una cuestión adjetiva, debe consultarse lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional, que dice: ‘Artículo 34.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende que la ejecución material en cuestión comprende que a los extraditables i) se les sustraiga de donde se encuentren recluidos y, luego de su traslado, ii) se entreguen materialmente al país requirente donde éste y el requerido acuerden, que pueden ser en un puerto fronterizo o en un aeropuerto, pues en este último caso, la intervención del requerido cesa cuando la aeronave está lista para emprender el vuelo. Como están recluidos, precisamente como garantía de que, de ser llegado el caso, podrán ser sometidos para ser entregados, ahí empezará la materialización de la orden de extradición y continuará, territorialmente hablando, hasta el lugar donde se cristalice la entrega al país requirente. Y en el caso, la ejecución de dichas órdenes de extradición no han comenzado, en espera de que adquieran firmeza una vez resuelto el amparo promovido en su contra, pero como los quejosos están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama (luego de haber sido trasladados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal durante la tramitación del juicio de amparo), por ese solo hecho se tiene certeza que comenzarán a ejecutarse en ese lugar. Y, en contraste, no se tiene constancia de dónde se desenvolverán los restantes actos de ejecución -traslado y entrega de los sujetos requeridos-, pues en el expediente no obra documento que indique el acuerdo de los gobiernos involucrados sobre el puerto fronterizo o lugar de donde despegará la aeronave en que deban viajar los extraditados; menos, específicamente que ello ocurrirá en el Distrito Federal. En ese contexto, mientras no haya prueba del lugar acordado para la entrega (puerto fronterizo o aeropuerto) de lo único que hay certeza es que se ejecutará donde están recluidos, puesto que aun cuando en el distrito judicial federal de su reclusión no haya puerto fronterizo ni aeropuerto internacional no hay certeza del lugar, que cuente con cualquiera de éstos, para su entrega. Cierto es que en esas condiciones, indefectiblemente deberán ser trasladados y en esa medida el puerto fronterizo o aeropuerto internacional en el que se siga la ejecución en cuestión no sea la ciudad de Xalapa, Veracruz, pues ni es frontera con Estados Unidos ni tiene aeropuerto internacional, sino que ello ocurra en algún distrito de la jurisdicción de otros juzgados, sea que no estuvieren involucrados en el conflicto o del Distrito Federal, pero cierto es también que mientras no se conozca ese lugar tan sólo constituye una posibilidad y, como ya se expuso, tal incertidumbre no puede servir para fijar la competencia concurrente, pues para ello requiere determinarse si la tienen por virtud de la ejecución y aquí sólo hay indicativo de que uno sí la tiene (el de Xalapa de Enríquez, Veracruz) y falta de prueba de que el otro pudiera tenerla (Distrito Federal). Todo ello lleva a concluir que si ya se tiene certeza de un lugar de ejecución (aunque sea inicial) y no se tiene del lugar donde se completará esa ejecución, conocerá del juicio de amparo el juzgador con competencia en aquel lugar de reclusión. Incluso, esto último tiene mayor identidad con la finalidad de los parámetros para determinar la competencia que implica, entre otras cosas, la mayor inmediatez posible entre el gobernado que resentirá los efectos jurídicos del acto que reclama donde éste se ejecute y su Juez de amparo que radique en donde sea cierto que esto ocurra. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el juicio de garantías inició en el Distrito Federal, pues originalmente se encontraban ahí recluidos los quejosos y en ese lugar presentaron la demanda; sin embargo, su traslado desdibuja la consideración de que, con certeza, ahí se ejecuten los actos reclamados y en cambio, el lugar actual donde están recluidos sí la tiene. Sobre el particular, cabe precisar que lo aquí expuesto no supone que en el caso de que fuera preciso trasladarlos a un lugar de entrega donde ejerce jurisdicción otro Juez de Distrito, no sería el caso de suponer, por esa razón, una eventual competencia para conocer del juicio de amparo, ya que en ese momento no hay posibilidad de promoverlo; recuérdese que el artículo 33 de la Ley de Extradición Internacional establece que la ejecución de la extradición se realizará después de los quince días de que se dispuso para el juicio de amparo, o bien, después de que haya ejecutoria en el juicio de amparo que, en su caso, se haya pronunciado y ésta no impida esa ejecución. En esas condiciones, se impone determinar que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados se iniciará ciertamente en Xalapa de Enríquez, Veracruz, y no se tiene indicio de que lo sea en el Distrito Federal, se surte la competencia a favor de Juez de Distrito residente en esa ciudad."

Al resolver el conflicto competencial 11/2012, señaló:

"CUARTO. La competencia, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo en cuestión corresponde al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, distrito donde tiene residencia el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos Occidente, donde aduce el quejoso se encuentra recluido actualmente. Es así, porque es en ese lugar donde, hasta estos momentos se tiene certeza de que en su caso habrá de comenzar la ejecución material de la orden de extradición reclamada, sin que exista dato que justifique que ya empezó a ejecutarse, y menos hay elementos que permitan asumir que se ejecutará en el Distrito Federal. Se explica. El artículo 36 de la Ley de Amparo prevé los supuestos de competencia para que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías. Tal precepto dispone: (se transcribe). De lo anterior se colige que hay reglas distintas para establecer la competencia para que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías. Tal precepto dispone: (se transcribe). De lo anterior se colige que hay reglas distintas para establecer la competencia según si el acto requiere o no de ejecución material; en el caso, la orden de extradición reclamada sí requiere de ésta, pues su ejecución consiste en la entrega del sujeto requerido al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica -quien fue el solicitante-, de modo que carece de relevancia el domicilio de la autoridad ordenadora pues este dato sólo es importante cuando el acto no requiere ejecución material; en cambio, son las hipótesis que prevén los dos primeros párrafos del precepto transcrito las que deberán considerarse, tomando en cuenta si su ejecución, actual o inminente: a) se efectuó o se efectuará en determinado lugar; o b) si se inició en un lugar y se sigue ejecutando en otro. Es oportuno precisar que aunque de una primera lectura a esos dos párrafos pudiera estimarse que para que se actualice la segunda hipótesis se requeriría que el acto materialmente ya se hubiera ejecutado parcialmente, lo cierto es que esa no es la nota que la distingue de la primera, sino que lo que separa dichas reglas es que esa ejecución, sea real o sólo inminente, se lleve a cabo o deba ocurrir en la jurisdicción de uno -primera hipótesis- o varios Jueces de Distrito -segunda hipótesis-, y de acontecer lo segundo, será competente el Juez que previno, es decir, el que conoció primero del asunto. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada 3a. XLIX/93 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: ‘COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.’ (se transcribe). Sobre el particular debe precisarse que aun cuando el acto reclamado -de ejecución material- no se haya ejecutado o comenzado a ejecutar sino que sólo sea inminente tal cristalización, para fincar la competencia debe tenerse certeza -obtenida ya sea a través de prueba fehaciente o de indicios que lógicamente la revelen- de que ello ocurrirá en un determinado lugar o que ocurrirá en varias pero igualmente determinados para ser el primer caso, aplicar la regla competencial contenida en el párrafo primero del citado artículo 36 y de ser ejecutable en dos o más distritos, la que dispone el segundo párrafo. Esto es particularmente importante para la aplicación de la segunda regla, porque sólo teniendo seguridad de que el acto se ejecutará en dos o más lugares, específicamente identificados, puede excluirse a la primera regla, es decir, sólo así puede afirmarse que no se ejecutará en un solo lugar, sino en varios, que se conocen de antemano. Razonamiento que es congruente con el criterio citado pues éste parte de la base de que los actos reclamados ‘deben ejecutarse en diversos distritos’ lo que revela que la competencia a prevención se actualiza partiendo de la certeza de que los actos habrán de ejecutarse en específicos distritos, aunque sean varios; la diversidad o variedad de lugares en los cuales deban ejecutarse no implica indeterminación o que sean una mera posibilidad sin indicio alguno que así ocurrirá, antes bien, la afirmación de que se actualice el supuesto de la prevención debe respaldarse en datos que revelen los lugares específicos de la competencia concurrente; de no tenerse esos datos no puede afirmarse que la hay. Al sostener lo anterior, este Tribunal Colegiado tiene presente la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE A FAVOR DEL QUE PREVINO.’ (se transcribe). Sin embargo, el argumento contenido en dicha tesis en el sentido de que la competencia a prevención se actualiza cuando las autoridades responsables ejecutoras ‘puedan actuar’ dentro del ámbito territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes y, que por ende, los actos ‘pueden tener ejecución material’ en esas jurisdicciones, no se basa en la simple posibilidad de que tal ejecución ocurra, sino en la facultad de la autoridad para hacerlo. De la ejecutoria que le dio origen se puede apreciar que en el caso a estudio los lugares de residencia y actuación de las autoridades responsables estaban plenamente identificados, pues residían en el Distrito Federal y en Hermosillo Sonora, por lo que los Jueces que concurrían en competencia eran específicamente los de esos lugares; de manera que en esa tesis se partió de la certeza de que eran dos lugares específicos en los que podía ejecutarse el acto reclamado. Así, la posibilidad a la que se refiere dicha tesis sólo corresponde al ámbito de las facultades de las autoridades responsables ejecutoras, es decir, que puedan ejecutar el acto porque para ello estén facultadas, ya que como el acto no se ha ejecutado, sea factible o incierta su ejecución, mas no a la indeterminación de los lugares. Y en la especie, sólo se tiene certeza de que la orden que concedió la extradición a Estados Unidos de América del quejoso, se ejecutará (al menos inicialmente) en el Distrito donde tiene jurisdicción el Juez residente en Guadalajara, Jalisco, donde el quejoso asegura que está recluido, y aunque sea factible que pueda continuarse su ejecución en otro lugar, no hay dato alguno de éste, ni específicamente que sea el Distrito Federal. En efecto, la última fase del procedimiento decisorio de extradición, consistente en la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que la concede (o rehúsa), la ejecución con la entrega física del sujeto requerido al gobierno extranjero que solicitó formalmente la extradición, pero ello implica que previamente se someta al individuo, extrayéndolo del lugar donde esté recluido y trasladándolo, por lo que su ejecución consta de una serie de actividades necesarias para completar dicha entrega. Véase. Para el caso de las extradiciones con Estados Unidos de Norteamérica, el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y ese país señala reglas para dicha etapa final en su artículo 14, que establece: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). Y al disponer, en el punto 3 de dicho precepto, que las autoridades competentes de los Estados se pondrán de acuerdo en el día y lugar de entrega del reclamado, al tratarse de una cuestión adjetiva, debe consultarse lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional, que dice: ‘Artículo 34.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende que la ejecución material en cuestión comprende que a los extraditables i) se les sustraiga de donde se encuentren recluidos y, luego de su traslado, ii) se entreguen materialmente al país requirente donde éste y el requerido acuerden, que pueden ser en un puerto fronterizo o en un aeropuerto, pues en este último caso, la intervención del requerido cesa cuando la aeronave está lista para emprender el vuelo. Como están recluidos, precisamente como garantía de que, de ser llegado el caso, podrán ser sometidos para ser entregados, ahí empezará la materialización de la orden de extradición y continuará, territorialmente hablando, hasta el lugar donde se cristalice la entrega al país requirente. En el caso, la ejecución de la aceptación de la orden de extradición -acto reclamado- no se han realizado, pero es inminente; así que, como el quejoso aduce que está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos, en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, por ese solo hecho se tiene certeza de que comenzará a ejecutarse en ese lugar. Y, en contraste, hasta ahora no se tiene constancia de dónde se desenvolverán los restantes actos de ejecución -traslado y entrega del sujeto requerido-, pues para estos momentos en el expediente no obra documento que indique el acuerdo de los gobiernos involucrados sobre el puerto fronterizo o lugar de donde despegará la aeronave en que deba viajar el extraditado; menos, específicamente que ello ocurrirá en el Distrito Federal. En ese contexto, mientras no haya prueba del lugar acordado para la entrega (puerto fronterizo o aeropuerto) de lo único que hay certeza es que se ejecutará donde está recluido -Guadalajara- más aún porque hay aeropuerto internacional. Todo ello lleva a concluir que si ya se tiene certeza de un lugar de ejecución (aunque sea inicial) y no se tiene del lugar donde se completará esa ejecución, conocerá del juicio de amparo el juzgador con competencia en aquel lugar de reclusión. Incluso, esto último tiene mayor identidad con la finalidad de los parámetros para determinar la competencia que implica, entre otras cosas, la mayor inmediatez posible entre el gobernado que resentirá los efectos jurídicos del acto que reclama donde éste se ejecute y su Juez de amparo que radique en donde sea cierto que esto ocurra. En similar sentido este tribunal resolvió el conflicto competencial 15/2009, en sesión de diez de diciembre de dos mil nueve. Además, en oposición a lo señalado por el Juez declinado, la jurisprudencia con rubro: ‘COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.’, no es aplicable al presente asunto. En ésta, el Máximo Tribunal partió de la tesis de que el auto de formal prisión tiene ejecución material en dos ámbitos territoriales diferentes -en la hipótesis de que el inculpado está recluido en un lugar diferente de donde se sigue su procedimiento penal-, por lo cual sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde ese acto tiene su principal impacto y repercusión, así que no es el lugar de reclusión la jurisdicción rectora, de ahí que resulte competente el Juzgado de Distrito que tiene jurisdicción sobre el juzgado que conoce del proceso. Hipótesis jurídica que no se actualiza en el presente asunto, a virtud de que los efectos de la orden de extradición en comparación con los propios del auto de formal, no se trasladan a ningún proceso penal, dado que aquélla constituye la última determinación dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es, en aquel criterio jurisprudencial se privilegia un criterio formal-procesal. Igualmente, tampoco resulta aplicable a este asunto, el criterio invocado por el Juzgado de Distrito que inaceptó la competencia , derivado del conflicto competencial 1/2012, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, a virtud de que, la materia que originó ese conflicto fue teniendo como acto reclamado la detención provisional con fines de extradición, es decir, dentro del procedimiento seguido ante el Juez Penal encargado de omitir opinión de procedencia de la extradición, empero aquí se reclama la orden de extradición. En esas condiciones, se impone determinar que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado se hará en Guadalajara, Jalisco, y no se tiene indicio de lo que sea en el Distrito Federal, se surte la competencia a favor del Juez de Distrito residente en aquella ciudad."

Al resolver el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24820-ede33c01/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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