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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SUS EFECTOS CUANDO SE CONCEDE AL INCULPADO POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LO JUZGÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 24839
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-02-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Pág. 1527.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 1o. DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN SOLÓRZANO ZAVALA, MANUEL DE JESÚS ROSALES SUÁREZ, DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO Y JORGE MASON CAL Y MAYOR; MANUEL DE JESÚS ROSALES SUÁREZ Y JORGE MASON CAL Y MAYOR VOTARON CON SALVEDADES. PONENTE: JUAN SOLÓRZANO ZAVALA. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO COELLO AVENDAÑO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno del Vigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y décimo primero transitorio, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo vigente, 41 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece y que entró en vigor el veinticuatro siguiente; por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en Cancún, Quintana Roo y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, sin que pase inadvertido que la ejecutoria de la que deriva uno de los criterios en contradicción, fue resuelta por el primero de los órganos jurisdiccionales mencionados, en auxilio de las funciones del Segundo Tribunal citado (Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad), residente dentro de la circunscripción territorial de este Pleno del Vigésimo Circuito; y por ende, como ya se dijo, es a quien corresponde su competencia.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la nueva Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en Cancún, Quintana Roo (quien resolvió en auxilio de las funciones del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad), órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el expediente auxiliar 195/2013, relativo al juicio de amparo directo 72/2013 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sesión de veinticinco de abril de dos mil trece, en la parte que interesa consideró:

"SEXTO. Estudio de fondo. Es sustancialmente fundado lo planteado por los disidentes en su tercer concepto de violación, pues, como lo alegan, fueron juzgados por una autoridad que resulta legalmente incompetente por razón de territorio, en tanto que, como se verá, el delito se ejecutó fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad responsable.

"I. Legal incompetencia del juzgador responsable

"Antes que nada, conviene destacar que, para examinar en la presente vía la legal incompetencia de la autoridad responsable, se toma como directriz lo fallado por el Máximo Tribunal de la Nación en la tesis 1a. XLVII/2004, en la que sustancialmente determinó que, a diferencia de otras materias, en la penal debe introducirse el estudio de tal cuestión, atendiendo a que en ese ámbito procede la suplencia absoluta de los conceptos de violación y, sobre todo, a que no se requiere la preparación de las violaciones procesales.

"Con base en ello, se determina que en materia penal no es indispensable que los temas vinculados con la competencia de la autoridad juzgadora deban dilucidarse antes del dictado de la sentencia definitiva; por ende, es factible que tal cuestión sea analizada, de manera novedosa, en el juicio de amparo directo.

"Lo anterior deriva del citado criterio 1a. XLVII/2004, con número de registro IUS: 181220, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 187, Tomo XX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2004, que se lee:

"‘AMPARO DIRECTO PENAL. PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN DE INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE. La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página diez, de rubro: «AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.», no es aplicable a la materia penal porque derivó de criterios sostenidos en asuntos laborales, y es evidente que las reglas del amparo directo en materia penal difieren radicalmente de las aplicables en las demás materias, incluida la laboral, pues aquélla, por disposición expresa del artículo 14 constitucional, párrafo segundo, es de aplicación estricta y no caben figuras como la analogía o la prórroga de jurisdicción, como en las otras, y por otra parte en la penal cabe la suplencia absoluta, aun ante la ausencia de conceptos de violación, y no se requiere de la preparación de las violaciones procesales, mientras que en la del trabajo, si bien los alcances de la suplencia son extensos, sí requiere de la preparación de las violaciones procesales, conforme se desprende de los artículos 76 Bis y 158 a 161 de la Ley de Amparo.’

"Por otra parte, para justificar la conclusión a la que se arribará en la presente ejecutoria, es preciso destacar que en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualmente determinó que, de la interpretación armónica de los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, deriva que, para cumplir con los requisitos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, tanto los actos de molestia como los de privación deben provenir de autoridad competente.

"El criterio de jurisprudencia invocado, con número de registro IUS: 205463, se localiza en la página 12, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, Octava Época, mayo de 1994, de rubro y texto:

"‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.’

"En ese sentido, toda vez que las sentencias penales son actos privativos de derechos, tales como la libertad, se concluye que necesariamente deben ser dictadas por la autoridad que resulte legalmente competente.

"Adicionalmente, debe tomarse en cuenta lo previsto en diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial el dos de marzo de mil novecientos treinta y ocho.

"Se precisa que tal ordenamiento es aplicable al presente caso y no el diverso Código de Procedimientos Penales de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial el nueve de febrero de dos mil doce.

"Ello atendiendo a que, con fundamento en lo previsto en el tercer párrafo de su artículo tercero transitorio, toda vez que el delito por el que fueron sentenciados los hoy quejosos (contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de marihuana y cocaína, previsto por el artículo 476 de la Ley General de Salud) es clasificado como grave en el artículo 194 del Código Penal Federal, en relación con el 195 del Código Penal Federal y el diverso 480 de la Ley General de Salud; aún es aplicable lo previsto en la anterior codificación adjetiva, dado que el código procesal penal de nueve de febrero de dos mil doce, que implementa el juicio de corte acusatorio en el Estado de Chiapas, sólo lo será hasta el segundo trimestre del año 2016.

"Así, conviene transcribir los artículos 412 y 414 del citado código adjetivo, que disponen:

"‘Artículo 412. En materia penal no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción.’

"‘Artículo 414. Es Juez competente para juzgar los hechos delictuosos y para aplicar la sanción correspondiente:

"‘I. El del lugar donde se cometió el delito.

"‘II. El del lugar donde el probable responsable sea internado derivado de razones de seguridad, circunstancias personales del sujeto activo u otras que impida garantizar el desarrollo adecuado del proceso en el lugar en donde se cometió el delito. Para ello, el ministerio público deberá contar con la ratificación por escrito del procurador general de Justicia del Estado.

"‘III. En aquellos casos en que instaurado el proceso, el inculpado sea trasladado a otro centro de readaptación social, como consecuencia de que se hubiere actualizado alguna de las razones o circunstancias a que se refiere la fracción anterior, será competente el Juez del lugar a donde haya sido trasladado, quien continuará la secuela procesal hasta dictar la sentencia definitiva.

"‘En este supuesto, también será necesaria la petición del Ministerio Público y la ratificación del procurador general de Justicia del Estado.’

"En el primero de los numerales reproducidos, el legislador estatal determinó que en materia penal no son admisibles la prórroga ni la renuncia de jurisdicción; lo que quiere decir que el ámbito competencial otorgado por la ley a determinados juzgadores para conocer de ciertos asuntos no puede ser modificado voluntariamente por las partes (sea el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido), ni por las propias autoridades.

"En adición, se advierte que en dicho numeral no se excluyeron las cuestiones vinculadas con la jurisdicción territorial de los juzgadores.

"De este modo, se determina que si el legislador estableció que un órgano jurisdiccional tendrá determinada competencia territorial, no es válido que las partes -incluyendo al representante social- prorroguen arbitrariamente esa esfera competencial, habilitando a un juzgado diverso del legalmente facultado.

"Conviene citar la tesis sustentada por la Primera Sala, con número de registro IUS: 260083, consultable en la página 21, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXIV, de rubro y texto:

"‘JURISDICCIÓN. NO CABE PRÓRROGA NI RENUNCIA EN MATERIA PENAL. Si el delito imputado al acusado se cometió en determinado Estado, solamente los tribunales del mismo pueden conocer y resolver sobre dicho delito, atendiendo a que en materia penal no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción.’

"Por otra parte, en el diverso artículo 414 se encuentran las reglas que deben observarse a efecto de determinar cuál es la autoridad competente por razón de territorio para juzgar la perpetración de eventos delictivos.

"Ciertamente, por regla general, el Juez competente para juzgar los hechos delictuosos y aplicar las sanciones que correspondan a los responsables, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el evento ilícito.

"Sin embargo, ello admite las siguientes excepciones:

"a) Es competente el Juez del lugar donde el probable responsable sea internado derivado de: razones de seguridad, circunstancias personales del sujeto u otras que impida garantizar el desarrollo adecuado del proceso en el lugar en donde se cometió el delito.

"b) Es competente el Juez del lugar donde el inculpado haya sido recluido con motivo de su traslado, como consecuencia de que se hubiere actualizado alguna de las circunstancias a que se refiere el inciso anterior (seguridad, circunstancias personales del sujeto u otras que impidan garantizar el proceso en el lugar donde se perpetró la conducta delictiva).

"Lo anterior se conoce como competencia territorial de excepción y sus requisitos han sido analizados en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, después de interpretar el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, de contenido jurídico análogo al 414 de la legislación estatal analizada determinó que ello sólo procede en ciertos casos.

"En efecto, el Máximo Tribunal de la Nación determinó que para que se actualice la competencia territorial de excepción no basta que el Ministerio Público estime necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez distinto del lugar en que se cometió el delito.

"Así, estableció que, como se trata de una situación excepcional, no es suficiente que la representación social exponga los motivos y razonamientos lógicos que, desde su perspectiva, acreditan los supuestos exigidos por tal numeral (razones de seguridad, circunstancias personales del sujeto u otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso en el lugar en donde se cometió el delito); sino que también es necesario que presente las pruebas conducentes de sus afirmaciones.

"Ello tomando en cuenta que no sería lógico ni jurídico que la competencia territorial del Juez quede al arbitrio u opinión subjetiva del consignador; de manera que las circunstancias excepcionales a las que alude el numeral invocado no sólo deben ser argumentadas sino también demostradas.

"Tales razonamientos derivan de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro IUS: 192417, consultable en la página 15, Tomo XI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2000, que se lee:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE. Si bien el tercer párrafo mencionado establece que: «También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez.», ello no debe entenderse en el sentido de que baste y sea suficiente para fincar la competencia por excepción ahí establecida el que el Ministerio Público estime necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, ya que al tratarse de una hipótesis de competencia por excepción deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos exigidos por dicho numeral, debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, en virtud de que la actualización de la competencia por excepción de que se trata no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte del consignador, lo que no sería lógico ni jurídico. Por el contrario, el ejercicio de esa potestad debe implementarse con estricto apego a las normas de orden legal establecidas, así como a los parámetros de la lógica y racionalidad a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente la necesidad de fincar competencia a un Juzgado de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito. En consecuencia, la sola pretensión del Ministerio Público de llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, sin razonar en forma suficiente y adecuada dicha solicitud, no basta para surtir el supuesto de competencia por excepción establecido en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.’

"Asimismo, conviene citar el precedente relevante 70 de la propia Primera Sala de ese Alto Tribunal, con número de registro IUS: 918524, consultable en la página 52, Tomo VII, Novena Época, Apéndice 2000, que se lee:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESTÁ OBLIGADO A SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Si el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establece determinados requisitos para que surta la competencia territorial por excepción ante un determinado Juez, y el agente del Ministerio Público Federal consigna la averiguación a uno diferente al del lugar en que se cometieron los hechos delictivos, está obligado a satisfacer tales requisitos. De no ser así, debe estimarse incompetente la autoridad judicial ante quien consignó y rehusó seguir conociendo de la causa penal de que se trata y, en consecuencia, remitir los autos del juicio al del lugar en que se cometieron los hechos, pues, de aceptar lo contrario, bastaría la apreciación subjetiva del representante social para determinar el lugar de radicación de las causas penales, contrariando las reglas de competencia que establece el ordenamiento legal antes mencionado.’

"Bajo ese contexto, se concluye que las sentencias penales deben ser dictadas por la autoridad que resulte competente por razón de territorio y que la competencia territorial de excepción sólo se actualiza cuando, de los argumentos del representante social y, sobre todo, de las pruebas allegadas, se desprenda que, por motivos de seguridad, circunstancias personales del inculpado o alguna otra razón fundada, no es factible que el proceso se lleve en el lugar donde se ejecutó el evento delictivo.

"Ahora bien, de la consulta de las constancias que integran la causa penal de origen se advierte que el delito por el que fueron sentenciados los hoy quejosos, consistente en posesión de marihuana y cocaína con fines de venta, fue perpetrado el veintisiete de septiembre de dos mil doce, en la ciudad de Palenque, Chiapas; cuestión que deriva de la lectura de las dos diligencias de cateo practicadas en esa data, pues en los domicilios revisados fueron hallados los aludidos narcóticos dentro del ámbito de acción y disponibilidad de los ahora amparistas; motivo por el cual en ese acto fueron retenidos por elementos de seguridad, quedando a disposición del representante social (fojas 318 y 331, tomo I).

"En adición, se advierte que, en resolución de veintiocho de septiembre de dos mil doce, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consignó la averiguación previa relativa, marcada con el número 0139/FECDO/2012-09, ante el titular del Juzgado del Ramo Penal en turno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dejando a su disposición a los inculpados ********** y **********, a quienes internó en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, número 14 ‘el Amate’, ubicado en el propio Municipio de Cintalapa (fojas 473 a 494 y 497, tomo I).

"Con la finalidad de justificar la petición de competencia territorial extraordinaria, en el sexto resolutivo del pliego de consignación, la representación social argumentó (fojas 493 y 494, tomo I):

"‘Sexto. Ahora bien, y dado que ha sido común que este tipo de detenidos realicen presión sobre los juzgadores del orden común, debido a las relaciones que guardan con sus distribuidores que para el caso concreto, es del vecino país del sur, podría verse afectado el proceso en aquel lugar; con fundamento en el artículo 414, fracción II, del Código de Procedimientos Penales en vigor, por razones de seguridad y habida cuenta las circunstancias personales de los sujetos activos, tomando en cuenta además las características de los delitos que se consignan, como lo es el de contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio (venta), solicito a su señoría aceptar la jurisdicción extraordinaria para conocer de los hechos y con fundamento en el Acuerdo PGJE/005/2009, de fecha 13 de marzo del año en curso y que entró en vigor el día 26 veintiséis del mismo mes y año, en el cual el procurador general de Justicia del Estado delega facultades de aceptación de competencia extraordinaria solicitada por los fiscales del Ministerio Público, a favor de los fiscales especializados por género de delito, se remite oficio firmado por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, ratificando mi petición.’

"Así, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil doce, el titular del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tuvo por recibida la aludida consignación, radicó la causa penal ********** y ratificó la detención de los citados inculpados, pues consideró que fueron sorprendidos en flagrancia al momento de la celebración de los cateos mencionados en párrafos precedentes (fojas 500 a 503, tomo I).

"Posteriormente, el citado juzgador recabó las declaraciones preparatorias de los hoy quejosos y, el cuatro de octubre de dos mil doce, dictó formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de venta de marihuana y cocaína; resolución en la que ordenó la apertura del procedimiento sumario (fojas 543 a 566, tomo I).

"En adición, de la consulta de la causa penal de origen se desprende que esa autoridad jurisdiccional residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, continuó con la instrucción y, el seis de diciembre del año pasado, dictó sentencia condenatoria, justificando su competencia en términos de lo previsto en el artículo 414, fracción I, del Código de Procedimientos Penales de Chiapas (fojas 132 a 166, tomo II).

"Conforme a lo hasta ahora analizado se concluye que la autoridad responsable que juzgó y sentenció a los hoy accionantes ********** y ********** es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del citado proceso penal.

"Ello tomando en cuenta que en el caso debe seguirse la regla genérica de competencia prevista en la fracción I del artículo 414 del Código Procesal Penal de Chiapas, conforme a la cual es competente para juzgar y aplicar sanciones por la comisión de un delito, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde éste se haya ejecutado.

"En esa medida, con fundamento en lo previsto en los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Número 01/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, relativo a la determinación de los Distritos Judiciales en que se divide el territorio del Estado de Chiapas y a la reorganización del número de zonas regionales, así como lo relativo a la denominación, jurisdicción territorial y especialización por materia de las Salas y Juzgados de Primera Instancia, si en el caso concreto el delito fue perpetrado en Palenque, Chiapas, es evidente que la autoridad competente por razón de territorio es el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, residente en Playas de Catazajá, Chiapas, no así el Juzgado Tercero del Ramo Penal para la atención de delitos graves, del Distrito Judicial de Tuxtla-Chiapa, residente en Cintalapa de Figueroa, pues éste sólo ejerce jurisdicción en los Municipios y localidades que integran la demarcación territorial de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, dentro de la cual no se ubica el Municipio de Palenque.

"Además, se estima que en el caso no se encuentra justificada la competencia territorial de excepción prevista en la fracción II del artículo 414 del código adjetivo penal de la entidad.

"Determinación a la que se arriba tomando como directriz fundamental el criterio de jurisprudencia arriba analizado, en donde, como se ha visto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que ello se actualice no es suficiente la consideración subjetiva del representante social de consignar ante un Juez distinto del que ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución del delito; sino que es indispensable que tal autoridad acredite, mediante argumentos y pruebas, que se actualiza alguno de los supuestos previstos en la fracción II del numeral invocado; situación que en la especie no aconteció.

"Ciertamente, como se ha visto, para justificar la competencia territorial de excepción del Juzgado del Ramo Penal en turno, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en su pliego de consignación el representante social manifestó (foja 493, tomo I):

"a) Que el proceso puede verse afectado en aquel lugar porque ‘es usual’ que esa clase de detenidos presionen a los juzgadores del orden común, debido a sus relaciones con los distribuidores del ‘vecino país del sur’.

"b) Por razones de seguridad y las circunstancias personales de los sujetos activos.

"c) Debido a que se trata de un delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de los narcóticos denominados cocaína y marihuana.

"De lo anterior se obtiene que el representante social en modo alguno justificó la competencia territorial de excepción a que se refiere la fracción II del artículo 414 de la codificación adjetiva en comento.

"Así es, lo narrado en el inciso a), consistente a que el proceso puede verse afectado en aquel lugar (Palenque, Chiapas) porque es usual que esa clase de detenidos presionen a los juzgadores del orden común, debido a sus relaciones con los distribuidores del ‘vecino país del sur’; de ninguna manera es suficiente para que se actualice el ejercicio de la competencia territorial de excepción, pues se trata de una mera apreciación subjetiva del órgano consignador que no se encuentra demostrada con algún medio de convicción.

"Ello tomando en cuenta que, en primer lugar, no consta que los ahora quejosos hayan ejercido presión sobre alguna autoridad del fuero común.

"Además, es importante destacar que tanto el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, que resulta competente por razón de territorio, como el Juzgado Tercero del Ramo Penal para la atención de delitos graves del Distrito Judicial de Tuxtla-Chiapa, que conoció del proceso, son autoridades jurisdiccionales de primera instancia que pertenecen al fuero común; de manera que, en su caso, los ahora quejosos hubieran podido ejercer presión indistintamente sobre cualquiera de esos juzgadores, quienes en todo caso están constreñidos a ajustar su actuación a los principios de independencia, objetividad, imparcialidad y autonomía; ello de conformidad con lo previsto en los artículos 5o. y 207, último párrafo, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

"En este punto, conviene citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 41/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro IUS: 193375, consultable en la página 17, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), que se lee:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). LA MANIFESTACIÓN DE QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO «... DE OTRAS QUE IMPIDAN GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO», DEBE PRECISARSE Y DEMOSTRARSE. La competencia territorial de excepción a que alude el párrafo tercero, del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, opera siempre y cuando se actualicen los siguientes requisitos: a) Razones de seguridad de las prisiones; b) Características del hecho imputado; c) Circunstancias personales del hecho imputado; y, d) Otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso. Tales exigencias las puede hacer valer y acreditar el Ministerio Público Federal al concluir la averiguación previa a consignar ante el Juez, o bien la autoridad judicial una vez iniciado el proceso penal, de oficio o a petición de parte, pero en ambos casos deberán satisfacerse objetivamente todas las exigencias a que alude dicho numeral, pues las simples afirmaciones de que se surte la excepción a la regla, en cuanto a ‘otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso’, porque se presume que pueda interferir en la marcha regular del proceso la influencia económica del procesado y la cuantía del asunto, no es suficiente para que opere la excepción, y debe seguir conociendo del asunto la autoridad judicial del lugar en el que se cometieron los hechos delictivos. Lo anterior es así, en virtud de que la autonomía, objetividad, independencia e imparcialidad son las características sobre las que se rigen los órganos federales para impartir justicia, de conformidad con lo que establece el artículo 100 de la Constitución General de la República, y estos principios rigen a todos los órganos integrantes del Poder Judicial Federal. Además que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la cuantía del negocio no es un elemento que se tome en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24839-df59fd06/amparo-directo-en-materia-penal-sus-efectos-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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