AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, COMO GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA. AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, SÓLO ES APLICABLE EN RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, DEL PROPIO ORDENAMIENTO. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD DE NORMAS PROCESALES APLICADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EFECTUARLO AL CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. PUEDE INVOCARSE COMO DOCTRINA EN LAS RESOLUCIONES QUE INVOLUCREN EL ESTUDIO O DEFINICIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, PUES AUNQUE ESTRICTAMENTE NO SEA VINCULANTE, SÍ RESULTA ÚTIL PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.
QUEJA 147/2013. ANDRÉS CARO DE LA FUENTE. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO ALEJANDRO BERMÚDEZ MANRIQUE. PONENTE: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. SECRETARIO: EUCARIO ADAME PÉREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Decisión. Previo a la calificación de los agravios esgrimidos, es preciso advertir que el contenido de los mismos propone el análisis de la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la disposición plasmada en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, al rendir su informe justificado las autoridades responsables, en los casos en que la quejosa aduce la inexistente o insuficiente fundamentación o motivación de un acto materialmente administrativo, se expongan los motivos y fundamentos legales del acto reclamado.
En ese sentido, es necesario precisar que para este tribunal el estudio de dichos planteamientos en el recurso de queja, resulta procedente, pues si por virtud de los artículos 1o., párrafo tercero y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y si ello derivó en que los órganos del Poder Judicial de la Federación deben ejercer el control difuso de convencionalidad ante la violación de derechos humanos; entonces, es válido sostener que resulta factible que un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de enero de dos mil trece, analice la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas procesales aplicadas durante la tramitación del juicio de amparo.
Lo anterior, puesto que ese ejercicio es una obligación para todas las autoridades del país en el ámbito de su competencia, cuyo ejercicio encuentra además sustento en la consideración de que si bien es cierto que el recurso de queja no se halla previsto como una de las formas de control de la propia Ley Suprema y de los tratados internacionales que prevean derechos humanos, sino que fue concebido como un medio técnico legal para optimizar la función jurisdiccional, también lo es que no debe entenderse que las disposiciones que rigen el procedimiento del amparo queden fuera del control constitucional y convencional, pues aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época, aceptó dos maneras de impugnación de los artículos de la Ley de Amparo, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad y a través del control "difuso", atento a que la naturaleza heteroaplicativa de las normas procesales aplicadas en el amparo imposibilita que el gobernado reclame su constitucionalidad o convencionalidad en un juicio constitucional, al no haberle sido aplicadas previamente, esto justifica el indicado examen en el recurso de queja.
Por ello, este tribunal procederá al análisis de fondo de los argumentos que componen el único agravio, determinando si en función de los mismos se acredita o no la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, cuya aplicación aparece claramente evidenciada del contenido del propio auto impugnado, conforme a los antecedentes descritos en el considerando cuarto de esta ejecutoria, con lo que se cumple, en el ámbito de las atribuciones legales de este órgano jurisdiccional, la obligación dispuesta en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de preservar el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales de la materia.
Mismo criterio que se había sostenido ya en relación con la queja prevista en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, como lo hace patente la tesis jurisprudencial transcrita enseguida:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD DE NORMAS PROCESALES APLICADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EFECTUARLO AL CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, ABROGADA. Si por virtud de los artículos 1o., párrafo tercero y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y si ello derivó en que los órganos del Poder Judicial de la Federación deben ejercer el control difuso de convencionalidad ante la violación de derechos humanos; entonces, es válido sostener que no existe un límite a la posibilidad de que un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, abrogada, analice la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas procesales aplicadas durante la tramitación del juicio de amparo, puesto que ese ejercicio es una obligación para todas las autoridades del país en el ámbito de su competencia. Lo anterior se sustenta en la consideración de que si bien es cierto que el recurso de queja no se halla previsto como una de las formas de control de la propia Ley Suprema y de los tratados internacionales que prevean derechos humanos, sino que fue concebido como un medio técnico legal para optimizar la función jurisdiccional, también lo es que esa circunstancia no debe entenderse en el sentido de que las disposiciones que rigen el procedimiento del amparo queden fuera del control constitucional y convencional, pues aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época, aceptó dos maneras de impugnación de los artículos de la Ley de Amparo, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad y a través del control ‘difuso’, debe entenderse que la naturaleza heteroaplicativa de las normas procesales aplicadas en el amparo imposibilita que el gobernado reclame su constitucionalidad o convencionalidad en un juicio constitucional, al no haberle sido aplicadas previamente, lo que justifica el indicado examen en el recurso de queja."(8)
Criterio que se estima conducente sostener también en relación con la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil tres, por ser acorde al contenido de la legislación actual.
Asimismo, previamente al análisis de los planteamientos de fondo en el presente recurso, es preciso señalar, a manera de previsión general, que en la presente ejecutoria se recurrirá a la doctrina jurídica, en su acepción estricta, como elemento orientador de los criterios que rigen la resolución del presente asunto, así como a criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos en los que este país no es parte, los cuales, acorde a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son igualmente orientadores en la materia sobre la que versan.
También, bajo un entendimiento de la doctrina en sentido lato, se recurrirá al análisis de documentos normativos históricos de otras naciones en materia de derechos humanos, en el entendido de que dada la pretensión universalizante de la teoría de los derechos humanos, el desarrollo normativo que sobre esa materia han tenido otros países, en ocasiones constituye referente para la comprensión del origen y evolución del contenido y alcance de los derechos humanos en un asunto del orden nacional.
De igual manera, se citarán consideraciones de un tribunal constitucional extranjero; esto en el entendimiento de que las propias resoluciones jurisdiccionales, eventualmente, desde la perspectiva de la doctrina, constituyen una experiencia relevante e ilustrativa sobre el entendimiento y definición de los conceptos jurídicos a reconocer para la resolución de un asunto por un tribunal nacional, en lo que se basa la utilidad de su cita, como mera orientación o con una función explicativa.
Al respecto, sirven de apoyo las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcriben:
"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."(9)
"CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos."(10)
Dicho lo anterior, se anticipa que los argumentos esgrimidos en el único agravio resultan infundados y parcialmente inoperantes, pues se considera que el artículo 117 de la Ley de Amparo, en su párrafo final, no resulta contrario a los derechos humanos reconocidos en los artículos 16 y 17 constitucionales y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para sostener lo anticipado, es preciso remitirse al análisis del artículo cuestionado, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.
"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.
"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.
"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.
"En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.
"No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.
"Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."
Específicamente, la porción normativa que acorde al quejoso es contraria a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, es la contenida en el último párrafo del precepto transcrito, conforme a la cual, en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el que deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación.
Ahora bien, desentrañar el sentido de la expresión actos materialmente administrativos contenidos en dicha porción normativa, es necesario para delimitar el campo de aplicación de dicha disposición, su alcance y, en última instancia, la manera en que opera en relación con las restantes reglas del juicio de amparo, así como si en función de todo ello, es contraria o no a los derechos humanos que el quejoso estima infringidos.
Para resolver lo anterior, es preciso recordar que, generalmente, por acto administrativo se entiende aquella declaración unilateral y concreta dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos.
No obstante lo anterior, existen también dos perspectivas de definición del acto administrativo, a saber: una orgánica o meramente formal, y otra de contenido o denominada comunmente material.
La primera define al acto administrativo en función de su fuente, esto es, de que represente la actividad de una entidad orgánicamente integrada a la administración pública, con independencia del contenido del acto; mientras que la segunda, atiende predominantemente al contenido del acto más allá de que su fuente esté o no integrada orgánicamente a la administración.
Por otro lado, la tendencia general es la de una conceptualización mixta, es decir, que considere al acto administrativo no sólo en función de su origen como actividad de la administración, sino también de su contenido, el cual debe relacionarse con las facultades previstas en la legislación y otorgadas a la administración pública para la satisfacción de un interés general, esto último en función de la teleología de dicha vertiente de los poderes públicos.
Por lo que hace al contenido del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se estima que cuando el legislador se refirió, en forma excepcional, a la complementación del acto reclamado al que se atribuyen vicios de ausencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación, señalando que dicha excepción operaría en relación con actos materialmente administrativos, por esto último debe entenderse aquel acto que con independencia de que la autoridad que lo emite orgánicamente se considere (o no) administrativa, por su contenido material, el acto tenga un objeto característico de los actos de la rama administrativa.
Conforme a esta definición, y por exclusión, a partir del catálogo de actos impugnables en la vía del amparo indirecto que constituye el artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, se puede sostener que la disposición prevista en el último párrafo del diverso numeral 117 del mismo ordenamiento, no opera en relación con reglamentos federales, locales o decretos, acuerdos o resoluciones de observancia general (fracción I, incisos e), f) y g) del artículo invocado en primer término), pues justamente por su generalidad, dichos actos, formalmente administrativos, son materialmente legislativos.
También quedan excluidos de la disposición prevista en la parte final del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, los juicios en que se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (fracción III del artículo 107 de la ley en estudio), pues aunque de fuente formalmente administrativa, dichos actos son materialmente equiparables a los jurisdiccionales.
Tampoco quedan vinculados por el contenido del último párrafo del artículo que el quejoso señala contrario a los derechos humanos, los actos de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo referidos en la fracción IV del artículo 107 aludido, pues aunque las entidades que los emiten son orgánicamente administrativas, claramente se trata de actos en juicio, esto es, de actos materialmente jurisdiccionales.
Tampoco opera la excepción prevista en el párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de un procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, pues aunque dicha autoridad es orgánicamente administrativa, tales actos materialmente corresponden al ejercicio de la facultad persecutoria o punitiva del Estado y no a un acto característico de la administración pública para la satisfacción de un interés colectivo o general.
Por mayoría de razón, la disposición cuestionada no opera respecto de actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, surgidos de autoridades jurisdiccionales, previstos en la fracción VI; los de tribunales orgánicamente judiciales, previstos en la fracción IV, ni en los supuestos de los incisos a), b), c) y d) de la fracción I, todas del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor.
Finalmente, tampoco opera la disposición aludida en relación con los actos previstos en la fracción VIII del artículo 107, relativos a los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia en el conocimiento de un asunto, dada la clara connotación jurisdiccional de las figuras sobre las que versa.
Esto es, cuando el artículo 117, párrafo final, de la Ley de Amparo en vigor, establece en relación con el amparo indirecto que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el que deberá correrse traslado con el informe al quejoso para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación; por actos materialmente administrativos han de entenderse aquellos que con independencia de la pertenencia orgánica de la autoridad que los emite a la administración pública, el acto en sí mismo tenga un contenido u objeto propio de los actos de la administración, no siendo aplicable, por tanto, dicha disposición a los actos materialmente legislativos, a los materialmente jurisdiccionales, ni a los correspondientes al ejercicio de la función persecutora del delito o a la facultad punitiva del Estado, previstos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 107 de la propia Ley de Amparo en vigor, sino sólo en relación con los supuestos de la fracción II del artículo referido; es decir, actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
Ahora bien, entre los derechos que el quejoso estima resultan contrariados por la disposición contenida en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se encuentra el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 constitucional, mismo que en lo conducente establece:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
De dicho precepto se desprende un conjunto de garantías instrumentales de respeto a determinados derechos humanos, como son el principio de legalidad o de autoridad competente, de mandamiento escrito y los de fundamentación y motivación de los actos de molestia, a los que la jurisprudencia denomina garantías de seguridad jurídica y, eventualmente, por su relación con los procedimientos, garantías del debido proceso.
Particularmente interesa, para la resolución del presente asunto, determinar el contenido del derecho sustantivo a la seguridad jurídica, del que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe mantener un margen de intervención y de existir la necesidad de interferir en esa esfera, debe ajustarse a los requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución o en las leyes secundarias, que aseguren el respeto a sus derechos humanos.
Así se aprecia, en lo conducente, de las siguientes jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes."(11)
"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad."(12)
Así, el derecho a la seguridad jurídica es la noción de contenido sustantivo del artículo 16 constitucional y, por tanto, es en función del mismo que se impone que los órganos del Estado deban sujetarse a un conjunto de requisitos en la emisión de actos de molestia, para que los individuos no caigan en incertidumbre sobre su relación con el Estado, lo que hace posible la subsistencia de un margen inalterable de la esfera de derechos y bienes del gobernado y constituye también un coto a la arbitrariedad.
De tal suerte, los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y, destacadamente, por lo que hace a este asunto, fundamentación y motivación, constituyen instrumentales elevados a rango constitucional a fin de asegurar el respeto al derecho humano a la seguridad.
El primer requisito que deben cumplir los actos materialmente administrativos, entre otros, dirigidos a ocasionar una molestia en la esfera jurídica del gobernado, es el de constar por escrito, lo que tiene como propósito fundamental el de asegurar que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de las demás garantías, esto es, que el acto proviene de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la estimación de que los actos referidos que no constan por escrito, pueden considerarse, por regla general, en sí mismos inconstitucionales.
Ahora bien, en cuanto a fundar y motivar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que por lo primero se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, tal como se advierte de la tesis jurisprudencial siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."(13)
De tal suerte, fundar un acto materialmente administrativo supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentren establecidas en un cuerpo normativo, y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo.
Finalmente, está el requisito de que el acto materialmente administrativo sea emitido por autoridad competente, el cual no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24880-811b7f0d/amparo-indirecto-la-excepcion-al-principio-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, (IV.2o.A.52 K (10a.))
- AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TR (IV.2o.A.49 K (10a.))
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