CONSTANCIAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA Y FONDO DE AHORRO. NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN CUANDO SE RECLAME SU EXHIBICIÓN.
AMPARO DIRECTO 30/2013. 19 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIA: CRISTINA REYES LEÓN.
CONSIDERACIONES:
SEXTA. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por el impetrante de garantías son inoperantes en una parte, y fundados pero inoperantes en otra, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada.
Análisis que resulta de estricto derecho en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, y jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee:
"Novena Época
"Registro: 197696
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo VI, septiembre de 1997
"Materia(s): laboral
"Tesis: 2a./J. 42/97
"Página: 305
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador ‘con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI’, lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de ‘tercero extraño a juicio’, hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora.
"Contradicción de tesis 61/96. Entre las sustentadas, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y, por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.
"Tesis de jurisprudencia 42/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora Pimentel."
Así, el impetrante de garantías alega vía conceptos de violación:
• En el primero, que le causa agravio el laudo reclamado porque la responsable omite dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales y 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que respectivamente estatuyen las garantías de seguridad y legalidad jurídica a su favor, así como la obligación de la autoridad de dictar un nuevo laudo congruente y exhaustivo, esto es, que encuentre concordancia con la demanda y pretensiones deducidas, examinando minuciosamente la procedencia de cada una de las prestaciones reclamadas, así como las excepciones opuestas y determinar su procedencia o no de éstas, lo que no aconteció, porque se limitó a dictar un nuevo laudo lleno de incongruencias y dictado parcialmente a favor del actor, en franca violación a sus garantías consagradas en los citados preceptos 14, 16 y 17 constitucionales.
• Y en el segundo, que el laudo reclamado carece de todo sustento lógico jurídico porque no señala en ningún apartado o parte considerativa precepto legal alguno en que funde o apoye su dicho, ni mucho menos señala y explica el porqué de su resolución, por el contrario, que no cumple con las formalidades esenciales de todo procedimiento, ordenado en los preceptos constitucionales citados.
Que el referido artículo 16 constitucional, no sólo exige que se citen los preceptos de la ley aplicable, sino que se precisen con claridad en qué apoyan sus determinaciones, es decir, obliga a establecer los argumentos y evidencias que los llevaron a tal fallo; empero, contrario a ello, la responsable emitió un laudo incongruente y carente de fundamentación y motivación, parcial y plagado de desatinos e irregularidades en perjuicio de los derechos fundamentales que le concede la carta magna, específicamente en su considerativo segundo, en relación con el segundo resolutivo, inciso III), porque no valoró ni tomó en cuenta las defensas y excepciones que hizo valer al dar contestación a la demanda promovida en su contra, en sus apartados e), f) e i), de las prestaciones reclamadas por los actores, porque se limitó a resolver sin tomar en cuenta las defensas que hizo valer respecto de dichas prestaciones extrajudiciales que no se encuentran previstas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos o en la Ley Federal del Trabajo, supletoria a la primera.
Lo anterior, porque las relativas a la inscripción retroactiva y exhibición de las constancias de aportación al IMSS o ISSSTE, resultan improcedentes, porque si bien la ley del servicio civil contempla los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, de igual forma el artículo 55 de dicha ley concede la facultad de otorgar las prestaciones establecidas en el diverso 54 de la referida ley, a través de las instituciones que para el caso determine; que no obliga a la inscripción ante las instituciones que la actora refiere en su escrito inicial de demanda; que las prestaciones en materia de seguridad social le fueron otorgadas a la actora durante todo el tiempo que duró la relación laboral; y que el tribunal responsable es competente únicamente en lo relativo a dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley del Servicio Civil del Estado establece para los patrones en materia de seguridad social y salvaguardar únicamente la tutela de la prestación laboral, ejerciendo la administración de justicia y a instancia del trabajador, sin trastocar esferas jurídicas del ámbito tributario correspondientes a la administración pública, mediante la cual se ejercería el pago de dichos fondos pecuniarios, tratándose de un acto administrativo que debe ser realizado ante la autoridad competente. Cita al efecto la tesis de rubro: "INCOMPETENCIA; EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ES INCOMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."
En cuanto a la inscripción y exhibición de documentos que acrediten la alta ante el Infonavit y Sar Afore, que dichas prestaciones no se encuentran contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que, tratándose de prestaciones extralegales, no está obligado a otorgarlas.
Que la afiliación al Infonavit, únicamente es otorgada a los trabajadores que contempla el apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, a los trabajadores de la iniciativa privada, no al caso concreto; aunado a que reitera, el tribunal laboral responsable es competente sólo en lo relativo a dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Finalmente, que el resolutivo que lo condena a las prestaciones de inscripción de manera retroactiva sin tomar en cuenta las defensas y excepciones que hizo valer en su contestación de demanda, esto es, la de prescripción que opuso al constituir una excepción que se relaciona con el fondo de la controversia laboral, como es la falta de acción y derecho para demandar las prestaciones relativas a los incisos e), f) e i), que no fueron reclamadas dentro del año inmediato anterior a la fecha de presentación de la demanda.
De ahí que las prestaciones que no se hubiesen pagado, se encuentran prescritas las generadas a partir del catorce de enero de dos mil siete hacía atrás, en virtud de que la reclamación de los actores se presentó a partir del catorce de enero de dos mil ocho; por lo que las prestaciones relacionadas y cualquier otra económica se encuentra prescrita a partir del catorce de enero de dos mil siete hacía atrás.
Por tanto, como se acreditaba con las defensas y excepciones que hizo valer, debía absolvérsele de las correspondientes a la entrega de los comprobantes de inscripción ante el Infonavit, Afore e ISSSTE, por no ser competencia de ese tribunal al no estar regulada por la ley de la materia.
Motivos de disenso que, por cuestión de método, se analizan en orden diverso al planteado, por así permitirlo el artículo 79 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que se comparte:
"Novena Época
"Registro: 167961
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXIX, febrero de 2009
"Materia(s): común
"Tesis: VI.2o.C. J/304
"Página: 1677
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
"Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
"Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
"Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García.
"Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García.
"Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García."
En lo que toca a que el tribunal responsable es competente únicamente para resolver lo relativo al cumplimiento de las obligaciones que la Ley del Servicio Civil del Estado establece para los patrones en materia de seguridad social y salvaguardar únicamente la tutela de la prestación laboral ejerciendo la administración de justicia y la instancia del trabajador, sin trascender a esferas jurídicas del ámbito tributario correspondientes a la administración pública, mediante la cual se ejercería el pago de fondos pecuniarios, tratándose de un acto administrativo que debe ser realizado ante la autoridad competente; es inoperante.
A fin de justificar tal calificativa, conviene destacar, en lo que interesa, que los actores en el juicio natural, aquí terceros perjudicados, demandaron al impetrante de garantías, entre otras prestaciones, las relativas a seguridad social, a saber:
"e) La entrega de los comprobantes de inscripción ante el Infonavit o en su caso la inscripción retroactiva y para el caso de que no sean inscritos, el pago del 5% quincenal del salario percibido por el actor hasta la total cumplimentación del presente juicio.
"f) El pago del 7% por concepto de Fondo de Ahorro para el Retiro (Afore) sobre el salario semanal percibido por el actor o en su caso la exhibición y entrega de los comprobantes de las aportaciones hechas ante Institución Bancaria autorizada.
"i) La inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o ISSSTE, así como ante el Instituto de Crédito para los trabajadores al Servicio del Estado.(27)
El quejoso, al dar contestación a la demanda entablada en su contra, señaló:
En relación con la señalada en el inciso e), en esencia, señaló que la entrega de los comprobantes de las cotizaciones del Infonavit, y en su caso la inscripción retroactiva era improcedente, porque la parte actora pretendía le enterara las cuotas relativas al régimen de seguridad social, lo cual era infundado; que el tribunal estatal no es competente para resolver cuestiones de seguridad social, ni por la Ley Federal del Trabajo, ni por la del Seguro Social ni la del Infonavit, las cuales sí se regulan por la Ley de Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos; que el pago retroactivo no constituye, en rigor, prestación alguna que deba entregarse al trabajador con motivo de la relación de trabajo, por el contrario, las cuotas que se aportan a tales instituciones siguen los principios de solidaridad, intergeneracionalidad, distributivas y soportes del financiamiento, de ahí que sólo competa a los organismos respectivos resolver toda cuestión sobre su legislación específica; por tanto, dicha prestación era improcedente por no tener base legal alguna.
En lo tocante a la señalada en el inciso f), relativa a la entrega de los estados de cuenta por concepto de Afore, era improcedente porque no tenía fundamento jurídico y no estaba obligada a proporcionar u otorgar dicha prestación, porque la Ley del Servicio Social vigente con la que se regía, no otorgaba dicha reclamación a los trabajadores del Estado o Municipio.
Finalmente, en lo relativo a la descrita en el inciso i), consistente en el pago retroactivo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, eran improcedentes porque no estaba obligada a inscribir al actor ante esa institución de seguridad social con la que se haya celebrado convenio, y no había celebrado convenio alguno con esa institución social; e insistió en que proporcionaba a sus trabajadores las prestaciones de seguridad social a través de la clínica con la que cuenta y que el mismo actor reconocía su existencia; finalmente, respecto del instituto de crédito, no estaba obligada a inscribirlos, porque no tenía fundamento alguno que así lo dispusiera.
El tribunal responsable, al dictar laudo el quince de junio de dos mil once,(28) en relación a tales prestaciones, absolvió al ahora quejoso de su pago.
Contra tal laudo, el actor en el juicio natural promovió juicio de amparo del que correspondió conocer a este órgano colegiado, radicado con el número **********, en el que, entre otros, formuló concepto de violación contra tal absolución, y respecto de la cual se concedió la protección constitucional en los términos que más adelante se exponen.
En cumplimiento a tal ejecutoria, el tribunal responsable, al dictar laudo nuevamente en el juicio natural, sobre tales prestaciones resolvió condenar al ahora impetrante de garantías.
Bajo ese contexto, como se adelantó, el motivo de disenso en análisis es inoperante, en virtud de que al otorgarse la protección constitucional en el aludido amparo **********, entre otras, respecto de tales prestaciones de seguridad social, entonces, la competencia del tribunal responsable es una cuestión que quedó firme en dicha ejecutoria.
En efecto, aun cuando el impetrante de garantías no promovió juicio de amparo contra el primer laudo emitido en el juicio natural, debido a que fue absuelto de las mismas, lo cierto es que sobre tales prestaciones de seguridad social se concedió la protección constitucional a los accionantes en el referido juicio de garantías **********, en el que vía concepto de violación controvirtieron tal absolución, y el cual, suplido en su deficiencia, se calificó de fundado por considerarse que era ilegal la absolución respecto de unas, y no analizarse otras.
Luego, si en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el referido juicio de amparo **********, el tribunal responsable se pronuncia sobre dichas prestaciones, a partir de las consideraciones plasmadas en la ejecutoria de amparo de que se trata, entonces es evidente la imposibilidad técnica que existe para realizar el estudio del referido concepto de violación, que deriva del hecho de que si en un juicio de amparo previo se hacen valer motivos de disenso que fueron declarados infundados o inoperantes, o bien, no fueron materia de concesión, y en virtud de ello la autoridad responsable reiteró tal consideración en un diverso laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que fue concedido por diversos motivos; y los conceptos de violación que se hacen valer en la demanda de amparo promovida en contra del nuevo laudo, aunque diversos a los primeros, en esencia van encaminados a impugnar cuestiones o aspectos que quedaron firmes, es evidente que su estudio es improcedente, pues tales aspectos constituyen cosa juzgada y es inatacable.
Es orientadora la tesis aislada que se comparte:
"Época: Novena Época
"Registro: 163392
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito
"Tesis: Tesis Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, diciembre de 2010
"Materia(s): común
"Tesis: XXI.1o.C.T.103 K
"Página. 1746
"[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, diciembre de 2010; Pág. 1746
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LOS SON AQUELLOS DIRIGIDOS A IMPUGNAR ASPECTOS QUE QUEDARON FIRMES EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR, SIN QUE OBSTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INTRODUZCA UNA MODIFICACIÓN. Si contra la resolución que cumplimentó una ejecutoria anterior de amparo, se vuelve a presentar demanda de garantías en la vía directa, formulándose conceptos de violación encaminados a impugnar cuestiones o aspectos que quedaron firmes (por haberse declarado inoperantes, por la desestimación del concepto relativo o por haberse dejado intocado cierto aspecto), deben declararse inoperantes, ya que de lo contrario se violaría la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la irrecurribilidad de lo resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de legalidad e, incluso, contra el principio de cosa juzgada, sin que obste que la responsable haya introducido una modificación en lo que debió quedar firme, ya que se trataría de una infracción recurrible en queja, de conformidad con la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo.
"Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
"Amparo directo 383/2009. Adán Aguirre Benítez. 4 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: Beatriz Flores Núñez."
En tal situación, es que se califique de inoperante tal inconformidad, al no existir posibilidad de pronunciarse sobre la misma, por estar relacionada con la materia de concesión sobre las prestaciones de seguridad social reclamadas por los actores en el juicio natural, en la que se determinó que éstos sí tienen derecho a la inscripción en el Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, Afore e Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por tanto, dada la inoperancia del concepto de violación en estudio, no se hace pronunciamiento respecto del criterio que invocó de rubro: "INCOMPETENCIA; EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ES INCOMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", que el quejoso cita en apoyo al mismo, ya que constituye parte de los argumentos, de los cuales existe una imposibilidad técnica para su estudio.
Ahora, en lo relativo al diverso argumento de que es ilegal la condena de exhibir los documentos que acrediten la alta ante el Infonavit y Sar Afore, porque dichas prestaciones no se encuentran contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que tratándose de prestaciones extralegales, no está obligado a otorgarlas, además que, en lo relativo a la prestación consistente en la afiliación al Infonavit, ésta únicamente es otorgada a los trabajadores que contempla el apartado A del artículo 123, constitucional, es decir, a los trabajadores de la iniciativa privada, no actualizando lo anterior al caso concreto; igualmente es inoperante.
Es así, porque como se ha destacado en los antecedentes del presente asunto, los actores en el juicio natural promovieron juicio de amparo directo -**********- contra el primer laudo dictado el quince de junio de dos mil once en los autos del juicio laboral del que deriva el aquí reclamado.
Juicio que fue resuelto en sesión de doce de abril de dos mil doce en el que, como se destacó en párrafos que anteceden, se otorgó la protección constitucional solicitada por aquéllos, contra la indebida absolución de las prestaciones relativas a seguridad social, esto es, para efecto de que dejara sin efecto el laudo ahí reclamado y, entre otras cuestiones, una vez que dictara el nuevo, se pronunciara respecto de la exhibición de las constancias relativas a Infonavit, al estimarse:
"Contra dicha consideración, los quejosos en el quinto concepto de violación, alegan que fue incorrecto que la autoridad responsable absolviera al Ayuntamiento de la exhibición de las aportaciones al Infonavit, Afore, IMSS o ISSSTE.
"Resulta fundado el anterior motivo de disenso, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente prevista en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"...
"Además de que la absolución respecto a la entrega de comprobantes de inscripción ante el Infonavit, Afore, IMSS o ISSSTE, resulta ilegal.
"Así es, porque si bien es cierto que por cuanto hace al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se encuentra contemplado en el artículo 123, apartado A, fracción XII,(29) constitucional y por regla general corresponde a los trabajadores de la iniciativa privada, ello no impide considerar que si bien los trabajadores designaron incorrectamente la institución respecto de la cual el patrón estaba obligado a enterar las aportaciones de seguridad social relativas a la vivienda; el reclamo que realizan debe ser interpretado en el sentido de que sus pretensiones es que se les otorguen las constancias que acrediten que se han hecho las cotizaciones de seguridad social al instituto correspondiente, con independencia de cómo lo hubiese denominado.
"Además, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), constitucional,(30) prevé como parte del sistema de seguridad social a favor de los trabajadores burocráticos, entre sus bases mínimas, la existencia de un fondo nacional de la vivienda, en el cual las aportaciones que se hagan serán entregadas al organismo encargado de la seguridad social.
"Por lo que en ese sentido, es dable considerar que la autoridad responsable debe pronunciarse también respecto de las constancias de aportaciones de seguridad social referente a la vivienda hechas al instituto correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.(31)
"..."
En igual sentido se acotó respecto de las relativas a la Afore, al considerarse:
"Por otra parte, el tribunal responsable declaró improcedente la exhibición y entrega de las constancias de aportaciones de la Afore, al no encontrarse contemplada en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y atendiendo que al respecto no es supletoria la Ley Federal del Trabajo, al no ser una institución regulada en dicho ordenamiento.
"En el caso, es preciso señalar que el Sistema de Ahorro para el Retiro, constituye un esquema de pensiones que funciona a través de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro que constituyen instituciones financieras privadas que administran los recursos para el retiro a nombre de los trabajadores; y tiene como objeto proporcionar una prestación de seguridad social, referente a un haber patrimonial a favor de los trabajadores para la fecha en que concluyan su vida laboral.
"Ahora, contrario a lo señalado por la responsable, la prestación de la existencia de un haber patrimonial a favor de los trabajadores al servicio del Estado, sí se encuentra prevista en la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos en sus artículos 8, 43, 45 y 54,(32) en relación al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pues del contenido de los referidos artículos se advierte que el Ayuntamiento demandado tiene la obligación de proporcionar a sus trabajadores las prestaciones de seguridad social, entre ellas las relativas a la jubilación, por cesantía en edad avanzada y por invalidez, lo que debe considerarse como una prestación a favor de los trabajadores burocráticos de un haber patrimonial al finalizar su vida laboral.
"A ese tenor es de señalarse que si bien el apartado B, fracción XI, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no prevé el concepto de sistema de ahorro para el retiro como un derecho mínimo de previsión social para los trabajadores que se rigen por dicho apartado; lo cierto es que tratándose de trabajadores al servicio de los Estados, sus relaciones laborales se rigen por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el citado numeral y sus disposiciones reglamentarias; según lo prevé el diverso 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En ese sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el artículo 54, fracción I,(33) prevé como prestación social el derecho de los trabajadores a la afiliación, al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Por tanto, es incorrecta la absolución a la demandada decretada por la responsable en relación a las prestaciones de que se trata, por el hecho de que las Afores no están contempladas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y en atención a que el Infonavit es una prestación que solamente se otorga a los trabajadores contemplados en el apartado A del artículo 123 constituc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24903-36488f53/constancias-de-aportaciones-de-seguridad-social-vivienda-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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