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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO. EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011, AL PREVER QUE EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN ESE ORGANISMO ESTARÁ REGULADO POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FUNDAMENTAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del voto de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. El Ministro presidente Juan N. Silva Meza estuvo ausente) COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO. EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011, AL PREVER QUE EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN ESE ORGANISMO ESTARÁ REGULADO POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FUNDAMENTAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del voto de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. El Ministro presidente Juan N. Silva Meza estuvo ausente) COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA EMITIR NORMAS QUE RIJAN LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE ESOS ORGANISMOS Y SUS TRABAJADORES (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del voto de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. El Ministro presidente Juan N. Silva Meza estuvo ausente)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2012. · Registro digital (IUS): 25116
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-06-27
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Pág. 125.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2012. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de abril de dos mil catorce, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 1/2012, interpuesta por la procuradora general de la República en contra del artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Presentación de la demanda. El cuatro de enero de dos mil doce, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la República (de ahora en adelante la "promovente" o la "procuradora") promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, publicado el cinco de diciembre de dos mil once, en el número cuarenta y nueve del Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

2. En el escrito de demanda se señalaron como autoridades emisoras y promulgadoras de la norma al Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo y al Congreso de la misma entidad federativa. Asimismo, se señalaron como normas constitucionales violadas los artículos 16, 116, fracción VI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), y como antecedentes que la norma reclamada se aprobó como parte de la emisión general de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sancionada por la Legislatura Local y publicada en el Decreto Treinta y Cuatro.

3. Para la promovente, la razón fundamental para solicitar la invalidez de la citada norma fue que en ella se establece que los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se regularán laboralmente, de conformidad con el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, cuando en realidad su régimen burocrático debería adecuarse al apartado B de la misma disposición constitucional federal.

4. Cuestiones previas y conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, en su único concepto de invalidez, tras explicar el contenido del precepto legal impugnado y de los artículos 16, 116, fracción VI y 133 constitucionales, así como las características de los órganos constitucionales autónomos, la procuradora argumentó que existe una violación constitucional, por parte de la legislación estatal, al pretender imponer en el artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que las relaciones laborales entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, como órgano autónomo de carácter local, y sus trabajadores se rijan por el apartado A de la Constitución Federal.

5. La promovente explicitó que, si bien el Estado de Hidalgo no ha modificado su Constitución Local para señalar de manera expresa que la Comisión de Derechos Humanos es un organismo constitucional autónomo, la referida Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sí le da tal carácter en cumplimiento a la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.

6. En ese sentido, considera que, con fundamento en el artículo 116, fracción VI, constitucional, las relaciones laborales de los trabajadores de un organismo constitucional autónomo, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deben regularse por la norma que expida el Congreso Local, siguiendo los lineamientos contemplados en el numeral 123 de la Constitución Federal; es decir, de acuerdo con el régimen previsto en el apartado B del referido precepto constitucional.

7. Lo anterior, pues dicho apartado B regula las relaciones laborales de los Poderes de la Unión y del Distrito Federal y sus trabajadores; por tanto, si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un órgano del Estado en su modalidad de constitucional autónomo, es claro que las relaciones de ésta con sus trabajadores deben ser reglamentadas conforme a los principios y reglas previstos para cualquier funcionario del Estado. Así, sostiene que es evidente que el Congreso Local no actuó dentro de los límites de la Constitución Federal, pues desatendió los lineamientos constitucionales sobre el régimen burocrático de los trabajadores; en particular, por lo que hace al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, en el cual se señala que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de las entidades federativas, con base en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional que, a juicio de la procuradora, debe ser el apartado B.

8. Por otro lado, la promovente de la acción de inconstitucionalidad manifestó que la norma reclamada también transgrede el principio de legalidad reconocido en el artículo 16 constitucional, toda vez que de los antecedentes legislativos de la ley en comento, no se advierte una debida motivación en el sentido de que el personal que preste sus servicios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos será normado por el apartado A, aun cuando debería aplicarse el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

9. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil doce, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 1/2012, y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

10. Por auto de cinco de enero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo y, a su vez, requirió dar vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente.

11. Informe del Congreso del Estado de Hidalgo. El primero de febrero de dos mil doce, el presidente de la mesa directiva y representante legal del Congreso del Estado de Hidalgo rindió su informe, en el cual expuso, en síntesis, los siguientes razonamientos:

a) En cuanto al único concepto de invalidez, en primer lugar, se sostuvo que el artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo no contraviene lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, toda vez que no genera un acto de molestia, sino, por el contrario, tutela los derechos laborales del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

b) Sobre este punto, se señala que el objetivo de la referida Ley de Derechos Humanos fue cumplir con lo previsto en la Constitución Federal para actualizar su marco jurídico y asignar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el carácter de organismo constitucional autónomo.

c) Bajo esta tónica, se argumenta que la intención de regular a los trabajadores de la citada comisión bajo el apartado A del artículo 123 constitucional, fue ampliar la protección de sus derechos laborales; ello, aunado a que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, no obliga a las Legislaturas Locales a normar las relaciones laborales como lo afirma la demanda; es decir, en alguno de los apartados A o B del aludido artículo 123.

d) Más bien, a criterio del Congreso Local, el artículo 116, fracción VI, constitucional establece que las Legislaturas Locales cuentan con la facultad de pronunciarse respecto a la aplicabilidad del artículo 123, sin especificar ninguno de sus apartados, dado que si tal hubiera sido su intención, lo habría referido de forma literal.

e) Además, aclara que la única salvedad para que un organismo autónomo no pudiera regirse por el multicitado apartado A, sería su naturaleza jurídica; sin embargo, a su juicio, la característica de descentralización de la Comisión Estatal de Derechos Humanos prevista en el artículo 9 Bis de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, no resulta ilegal o contradictoria con la Constitución Federal, pues se sistematiza con la reforma legal. Por el contrario, la naturaleza de la referida Comisión Estatal, como organismo constitucional autónomo, conlleva a que el legislador deba ir más allá de aspectos subjetivos e incorporar normas que son ajustadas a la misma y que produzcan una amplitud de derechos en beneficio de la población, más aún, que la tutela de derechos laborales resulta mayor con el apartado A del artículo 123 constitucional.

f) Se citaron, como apoyo a sus razonamientos, las tesis de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN, AMBOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO)." y "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO PERSIGAN FINES LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS TRABAJADORES."

12. Informe del Poder Ejecutivo. El secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, en representación del Poder Ejecutivo, presentó un informe el tres de febrero de dos mil doce, en el cual sostuvo las consideraciones que siguen:

a) Tras aludir a los argumentos de la procuradora general de la República, se señaló que la norma reclamada resulta constitucional, pues guarda congruencia con lo establecido en los artículos 16, 116, fracción VI y 133 de la Constitución Federal.

b) La razón fundamental es que, en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, se dotó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de una serie de novedades en su funcionamiento y organización para dotarle de una plena independencia y autonomía; luego entonces, no podría soslayarse ni dejarse a la deriva el régimen laboral de todo el personal que preste sus servicios en dicha institución. Por tanto, con base en las razones expresadas en la exposición de motivos de la ley que sirvieron de base para que en el capítulo 18 de la misma se dispusiera que todos los trabajadores de la Comisión Estatal fueran de confianza, se considera razonable para una mayor protección que sus relaciones laborales queden reguladas a partir de lo previsto en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal.

13. Opinión de la procuradora general de la República. El dieciséis de febrero de dos mil doce, la procuradora general de la República manifestó que, tras analizar los informes del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Hidalgo, no advirtió ningún argumento que modifique su pretensión y, por ello, siguió solicitando la inconstitucionalidad del artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

14. Alegatos y cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil doce, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

15. Reasignación de Ministro instructor. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó enviar el expediente para su resolución al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dado que el anterior Ministro instructor concluyó su periodo como juzgador constitucional.

II. Competencia

16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una ley del Estado de Hidalgo y el contenido de varios preceptos de la Constitución Federal.

III. Oportunidad

17. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

18. En ese sentido, consta en el expediente que el Decreto Treinta y Cuatro por el que se emitió la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, incluyendo al artículo 123 vigente, se publicó el cinco de diciembre de dos mil once en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del seis de diciembre de dos mil once al cuatro de enero de dos mil doce.

19. Por tal virtud, si la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de enero de dos mil doce,(2) resulta indiscutible que la misma es oportuna.

IV. Legitimación

20. La demanda fue suscrita por Marisela Morales Ibáñez, en su carácter, en ese momento, de procuradora general de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del presidente de la República.

21. De acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(3) si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, la procuradora general de la República contaba con la legitimación procesal necesaria para tal efecto.

22. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001, de rubro y texto siguientes:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna.(4)

V. Causas de improcedencia

23. El presidente de la directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Hidalgo, al rendir su informe en el presente asunto, únicamente manifestó que se actualizaba la causal de sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 19, en relación con los diversos 59 y 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin dar más argumentos al respecto.

24. Con la referida manifestación, es evidente que no se hace valer una auténtica causa de improcedencia que lleve a decretar el sobreseimiento del presente asunto, ya que dicho alegato no encuentra cabida en alguna de las causales previstas por el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, al cual remite el diverso artículo 65 del mismo ordenamiento, en materia de acciones de inconstitucionalidad.(5)

25. En vista de que no se hace valer una verdadera causal de improcedencia ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguna, procede emprender el estudio del único concepto de invalidez.

VI. Estudio de fondo

26. En su escrito de demanda, la procuradora expuso, esencialmente, dos argumentos diferenciados: a) que el artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo resulta inconstitucional,(6) pues sujeta a los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al régimen laboral del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, en contravención del artículo 116, fracción VI, del mismo ordenamiento; y, b) que tal norma es, a su vez, contraria al principio constitucional de supremacía y legalidad, toda vez que no se advierte una debida motivación legislativa. Ver votación

27. El texto de la citada norma reclamada es el siguiente: (negritas nuestras)(7)

"Artículo 123. El personal que preste sus servicios en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo estará regulado por las disposiciones establecidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República."

28. Ahora bien, tras una revisión de la jurisprudencia sobre el tema de la regulación de las relaciones burocráticas de los trabajadores al servicio de los Estados de la República y, como consecuencia, de una interpretación sistemática y progresiva del contenido vigente de diversos preceptos de la Constitución Federal, este Tribunal Pleno considera que deben declararse infundados los referidos conceptos de invalidez de la parte promovente y reconocerse la constitucionalidad del artículo impugnado.

29. El motivo fundamental radica en que, si bien los Estados de la República están facultados para emitir las leyes que rijan las relaciones laborales de los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como órgano constitucional autónomo, de conformidad con una interpretación armónica de los artículos 40, 41, 102, apartado B, 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal, lo cierto es que las entidades federativas tienen libre configuración legislativa y margen de apreciación para regular las relaciones burocráticas de sus trabajadores con base en lo dispuesto en cualquiera de los apartados del artículo 123 de la Constitución Federal, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos mínimos de este último precepto constitucional, según sea el caso.

30. Así, el artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo resulta acorde con la Constitución Federal, pues, por un lado, fue emitido con base en una facultad establecida expresamente en el Texto Constitucional para regular el régimen burocrático de sus trabajadores, incluyendo a los de un organismo constitucional autónomo y, por otro lado, su contenido concuerda con el alcance del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, dado que, al haberse escogido el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, el Congreso del Estado de Hidalgo actuó dentro del margen de libertad de configuración legislativa.

31. Con el objetivo de explicar de manera detallada esta conclusión sobre la constitucionalidad del artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en los apartados subsecuentes de esta sentencia se dará respuesta a dos preguntas específicas sobre la que gira la materia de la presente acción de inconstitucionalidad:

• ¿El artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal faculta a las entidades federativas a emitir normas que regulen las relaciones laborales de los trabajadores de una Comisión Estatal de Derechos Humanos?

• ¿Cuál es el alcance del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, al establecer que las leyes que emitan las entidades federativas para regular las relaciones de trabajo de los servidores públicos estatales se regirán con base en el artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias?

A. Las entidades federativas y la facultad de regulación de las relaciones burocráticas de los trabajadores de una Comisión Estatal

32. Este Tribunal Pleno se ha pronunciado en variadas ocasiones sobre el contenido y alcance del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal. En esta norma se establece, de manera expresa, que: "Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.". Se trata, entonces, de una norma facultativa de carácter obligatorio que permite a las diversas entidades federativas de la República Mexicana emitir leyes que regulen el régimen burocrático de sus trabajadores.

33. Esta facultad tuvo su origen en una reforma a la Constitución Federal publicada el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres en el Diario Oficial de la Federación. En esa ocasión se reformó y adicionó el artículo 115 constitucional, modificando su fracción IX, con la finalidad de establecer que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus servidores públicos se regirían por las leyes que al efecto expidieran las Legislaturas de las entidades federativas, tomando como base lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias, lo cual funcionaría de la misma manera en cuanto a los Municipios y sus trabajadores.

34. No obstante, con la intención de preservar el artículo 115 constitucional, únicamente para aspectos municipales, el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos 17, 46, 115 y 116 de la Constitución Federal, la cual dio lugar a que se reubicara la facultad de los Estados para regular las relaciones de trabajo con sus trabajadores en la fracción V del citado artículo 116 constitucional, sin modificar su sentido normativo para, posteriormente, trasladar dicha facultad a la fracción VI del mismo ordenamiento, mediante reforma constitucional de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis.

35. Expuesto lo anterior, el cuestionamiento sobre el que ha girado la interpretación de esta Suprema Corte respecto al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, radica en a cuáles trabajadores del Estado se refiere o abarca su ámbito de aplicación y, consecuentemente, cuál es el apartado del referido artículo 123 constitucional, que debe utilizar el Poder Legislativo Estatal para emitir la ley burocrática correspondiente. Tanto el Tribunal Pleno como la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado respuestas diferenciadas dependiendo del caso que se les ha presentado.

36. El primer asunto relevante proviene de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, previo a la mencionada reforma al artículo 115 constitucional. El cuatro de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, el Tribunal Pleno resolvió, en el amparo en revisión 258/67, que las Legislaturas Locales tenían competencias para legislar en materia laboral sobre sus propios trabajadores, pues el artículo 123, apartado B, constitucional, sólo aplicaba para los trabajadores de los Poderes de la Unión.

37. Este criterio se consolidó en la Octava Época. En el amparo en revisión 429/83,(8) fallado el doce de abril de mil novecientos ochenta y ocho, el Tribunal Pleno sostuvo que, de acuerdo con los artículos 73, fracción X, 123, apartados A y B, y 124 de la Constitución Federal, los Congresos Locales tenían competencia para legislar en materia de relaciones de trabajo de los funcionarios al servicio de los Estados de la Federación. Para el Pleno de los Ministros, el hecho de que se facultara al Congreso de la Unión para expedir normas reglamentarias de los dos apartados del artículo 123 constitucional, no significaba que los Estados carecieran totalmente de facultades para regular el tema laboral de sus propios trabajadores, toda vez que el ámbito de aplicación era diferenciado: el apartado A aplicaba para cualquier contrato de trabajo en toda la República, y el apartado B para servidores públicos, pero sólo de los Poderes de la Unión, por lo que de manera residual se otorgaba la facultad a las entidades federativas.

38. Tras los mencionados amparos en revisión, los primeros casos trascendentales sobre el sentido y alcances de la fracción VI del artículo 116, en relación con el artículo 123, ambos de la Constitución Federal, surgieron en los primeros años de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Destaca el amparo en revisión 83/94, resuelto por el Tribunal Pleno el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco,(9) en el que se sostuvo que era inconstitucional el artículo 16 del decreto publicado el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, por medio del cual, el presidente de la República creó el Servicio Postal Mexicano.

39. En tal precedente, al ser dicha institución postal un órgano descentralizado de la administración pública federal, a juicio del Tribunal Pleno no formaba parte de los Poderes de la Unión (en específico, del Poder Ejecutivo) y, por ende, no le era aplicable el apartado B del artículo 123 constitucional, sino el apartado A del propio precepto que rige de manera generalizada a cualquier contrato de trabajo en la República, y que en su fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, reserva a la competencia exclusiva de las Juntas Federales, los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal.

40. En la sentencia se adujo que, el "apartado B no incluye como objeto de regulación a los organismos descentralizados, pues la facultad que el citado precepto constitucional otorga al Congreso de la Unión, consiste en expedir la legislación respectiva en materia de trabajo, únicamente en lo que respecta a los Poderes de la Unión y al Gobierno del Distrito Federal, con sus respectivos trabajadores."(10)

41. A partir de esta interpretación del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, la Suprema Corte concibió de manera limitativa el ámbito de aplicación de la facultad de las entidades federativas para regular el régimen burocrático de sus trabajadores. En el amparo en revisión 1110/97,(11) fallado el trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Pleno sostuvo que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local (en ese caso el organismo público descentralizado Caminos y Aeropistas de Oaxaca) con sus trabajadores debía regirse también por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, toda vez que no podía aplicársele el apartado B del mismo precepto constitucional, ni gobernarse por las leyes del trabajo que para su reglamentación expidieran las Legislaturas de los Estados, conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Federal. Para el Tribunal Pleno, en ese momento:

"De los preceptos transcritos ... se desprende con claridad la idea de que las Legislaturas de los Estados se encuentran facultadas para legislar en materia de trabajo, en lo relativo a las relaciones laborales habidas entre el propio Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus trabajadores; mas no con una facultad omnímoda, sino sujeta a lo dispuesto en los artículos 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal ... Al respecto, es necesario precisar que, del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte, y 123, apartado A, y adicionalmente respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo a este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias siguiendo, en lo conducente, las bases que establece el apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Federal, pues de comprender a otros sujetos o relaciones, las mismas incurrirían en inconstitucionalidad.(12)

42. Dicho de otra manera, de conformidad con el citado amparo en revisión 110/97, la facultad de los Estados de la República para emitir leyes que regulen el régimen burocrático de sus trabajadores, solamente se actualiza cuando dichos servidores públicos sean parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de lo contrario, dichas normas invaden competencia federal y las relaciones laborales deben ser reglamentadas conforme al apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, al prever como condición generalizada para su aplicación la totalidad de los contratos de trabajo, incluidos los de los servidores públicos que estén asignados a un organismo público descentralizado, sea éste de carácter federal o estatal.

43. La Segunda Sala de esta Suprema Corte ha seguido, de manera casi sistemática, una similar línea de razonamiento. Por un lado, ha sostenido de manera reiterada que la facultad prevista en el multicitado artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, es de carácter restringido.

44. En el amparo directo en revisión 940/2003, entre muchos otr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25116-0c552a19/comision-de-derechos-humanos-del-estado-de-hidalgo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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