AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA EN LA QUE SE DECLARÓ LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, LA CUAL DEJÓ INSUBSISTENTE EL ADMINISTRATIVO CONTROVERTIDO PARA QUE SE EMITA UNO NUEVO, SI LO QUE PRETENDE EL QUEJOSO ES OBTENER UN MAYOR BENEFICIO.
AMPARO DIRECTO 543/2013. 29 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL LUNA GRACIA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Es innecesario examinar la sentencia recurrida y el primer y único concepto de violación, tendente a evidenciar su ilegalidad, pues este Tribunal Colegiado advierte, oficiosamente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo,(1) que el juicio es improcedente, de conformidad con el texto de los diversos artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII,(2) del mismo ordenamiento.
Sin embargo, antes del análisis concreto de la causal de improcedencia relativa, y para mejor comprensión del asunto, se estima conveniente narrar los antecedentes más importantes:
**********, en su carácter de representante legal de la persona moral **********, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio **********, de veintidós de marzo de dos mil trece, emitido por la Administración Local Jurídica de San Pedro Garza García, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso oficio **********, de veintinueve de octubre de dos mil doce, emitido por la Administración de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior "3" de la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, por el que se determinaron créditos fiscales en cantidad de $**********, por concepto del impuesto general de importación, cuota compensatoria, derecho de trámite aduanero, impuesto al valor agregado, actualización, multas y recargos. Este último oficio, que se manifestó desconocer en la demanda de nulidad.
En la resolución contenida en el oficio **********, recaída al recurso de revocación, la autoridad fiscal expresó que en el agravio segundo del recurso se expresó que la resolución impugnada era ilegal porque trataba de fundamentar con base en una resolución llevada a cabo entre el productor/exportador y la autoridad hacendaria, derivada de un supuesto proceso de verificación de origen, sin que se le diera la oportunidad de ofrecer pruebas tendentes a demostrar que la mercancía era originaria del país descrito en el certificado de origen; es decir, que nunca se le dio oportunidad de ofrecer las pruebas necesarias para justificar la procedencia de la preferencia arancelaria amparada con los certificados de origen, en el supuesto procedimiento de verificación, por lo que se le debió requerir la información obtenida del exportador.
Luego, consideró que ese agravio era fundado, porque la actora, mediante los pedimentos de importación mencionados en el acto administrativo, introdujo a territorio nacional distintas mercancías clasificadas en diversas fracciones arancelarias al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exentas del pago del derecho de trámite aduanero; y que a efecto de poder demostrar que una mercancía es originaria de un País Parte del referido tratado, es necesario contar con un certificado de origen, de conformidad con el artículo 501, numeral 1, del mismo tratado.
Enseguida narró que la entonces Administración Central de Contabilidad y Glosa, a través de la Administración Central de Investigación Aduanera, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emitió el oficio **********, de veintisiete de octubre de dos mil diez, para que se procediera a verificar la validez de los certificados de origen del Tratado de Libre Comercio emitidos por el proveedor **********, en su carácter de productor/exportador, por lo que la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, emitió la resolución contenida en el oficio **********, de veintiocho de julio de dos mil once, que formaba parte de los fundamentos de la resolución controvertida y del que se advertía también que la empresa referida fue omisa en proporcionar la información requerida.
Así, la autoridad estimó que ante la omisión en la presentación de la información solicitada por parte de la empresa exportadora, la autoridad aduanera no brindó oportunidad a la empresa importadora de ofrecer pruebas para demostrar que las mercancías importadas eran originarias de la región del Tratado de Libre Comercio, contraviniendo de ese modo la regla 52 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado referido, debiéndose comunicar la verificación de origen a esos importadores para que presentaran las pruebas que estimaren pertinentes.
En ese contexto, la autoridad ordenó que se dejara insubsistente la resolución contenida en el oficio **********, de veintinueve de octubre de dos mil doce, para que se repusiera el procedimiento de fiscalización a partir del último acto en el cual el importador pudo presentar pruebas, a efecto de concederle la oportunidad de acreditar el origen de las mercancías en cumplimiento a la regla 52 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la inteligencia de que era innecesario el examen de los demás agravios, porque en nada variaría el sentido de la resolución.
Inconforme, la recurrente promovió juicio de nulidad, y la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien correspondió el conocimiento del asunto, examinó el único agravio expuesto en contra de la resolución recaída al recurso de revocación, en el que se expresó que la autoridad omitió examinar los demás agravios expuestos en el recurso, tendentes a demostrar cuestiones de fondo y las pruebas para demostrar tales hechos, cuando debió hacerlo, por lo que la resolución aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad demandada, y lo declaró infundado.
Ello, porque la afirmación de la autoridad demandada en el acto impugnado, relativa a que al ser fundado el agravio antes destacado era innecesario examinar los demás, era jurídicamente correcta, toda vez que se omitió acreditar que en el escrito de revocación existieran agravios que merecieran un estudio preferente al efectuado por la demandada y que merecían un escrutinio preponderante al producir un beneficio mayor al ya alcanzado, ya que no se ofreció ni se exhibió como prueba el escrito de interposición del referido medio de defensa que permitiera examinar esas cuestiones.
Asimismo, estimó que al no desvirtuarse la legalidad de la resolución de referencia, los agravios primero al sexto eran inoperantes, porque se pretendía desvirtuar la notificación tanto de la resolución liquidadora como de la recaída al recurso, y evidenciar la incompetencia del funcionario emisor de aquélla; sin que pudieran producir un mayor beneficio al ya obtenido en la resolución recaída al recurso de revocación, en que se dejó insubsistente la resolución liquidadora para que se diera oportunidad al recurrente de acreditar el origen de la mercancía importada.
Finalmente, estimó infundado el octavo agravio en el que se expuso que la autoridad omitió cumplir con lo ordenado en la resolución recaída al recurso de revocación, dentro del plazo de diez días; ello, porque conforme al artículo 133-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, cuando se ordene reponer el procedimiento en la resolución del recurso de revocación, la autoridad contará con un plazo de cuatro meses para hacerlo a partir de que la resolución esté firme, lo que no había sucedido, por lo que la autoridad estaba impedida para actuar de esa manera. Así, la Sala resolvió que la parte actora no probó su acción y declaró la validez de la resolución impugnada.
Hechas estas precisiones, y ahora con la finalidad de examinar la causa de improcedencia invocada y delimitar el sentido y los alcances del sistema jurídico relacionado con la procedencia del juicio de amparo directo, contenido en el artículo 170 de la ley de la materia, es necesario hacer referencia a las expresiones utilizadas durante el procedimiento legislativo que dio lugar a la reforma constitucional en materia de amparo, de seis de junio de dos mil once, en relación con las modificaciones efectuadas a los artículos 103 y 107 constitucionales y, posteriormente, a la expedición de la propia Ley de Amparo en vigor, en tanto que se trata de un elemento coadyuvante en el ejercicio de reconstrucción de la voluntad del legislador y ésta, a su vez, uno de los elementos a tener en cuenta para determinar el contenido de una norma jurídica.
En la "Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", presentada en la Cámara de Senadores por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, el diecinueve de marzo de dos mil nueve,(3) se expresó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Exposición de motivos
"Uno de los objetivos centrales contenidos en la presente iniciativa es llevar a cabo una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y lo que es más, al principal medio de protección de los derechos fundamentales y garantías, como es el juicio de amparo. Debido a ese papel trascendental en la vida jurídica y política del país, es que se pretende fortalecerlo a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.
"Por otro lado, y de igual importancia que el objetivo anterior, la iniciativa persigue fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución, a fin de permitirle que pueda concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistan la mayor importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del Estado Mexicano en su conjunto.
"Sobre la base de llevar a cabo estos dos grandes objetivos es que se propone reformar los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las líneas subsecuentes, se expondrán en forma detallada las propuestas y modificaciones materia de esta iniciativa.
"1. Juicio de amparo.
"La Constitución de 1917 no es solamente un catálogo de derechos relacionados con la libertad y la propiedad del ciudadano -los denominados derechos humanos de primera generación-, sino que consagra también un núcleo de importantes derechos sociales -derechos de segunda y tercera generación-, que deben contar con las mismas garantías y mecanismos para hacerlos efectivos.
"Es importante resaltar que uno de los cambios más importantes que se proponen en esta iniciativa es el relativo al objeto de protección del juicio de amparo. Hasta hoy, como es evidente, el mismo se ha limitado a las denominadas garantías individuales que, básicamente, quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas, en lo sustancial, en la de 1917. La extensión del juicio de amparo se ha dado, ante todo, por las interpretaciones que se dan a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones a ciertos preceptos de la Constitución. Se pretende, en consecuencia, afines a la lógica internacional que ha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas, ampliar el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia del control.
"La solución que se propone es en el sentido de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado Mexicano.
"Por la importancia y extensión de esos cinco instrumentos, es evidente que el juicio de amparo habrá de transformarse substancialmente y no sólo en cuanto a su denominación como ‘juicio de garantías’.
"...
"Reformas al artículo 107 constitucional.
"Los cambios que a través del tiempo van sufriendo las estructuras sociales y políticas de toda comunidad organizada motivan, como consecuencia necesaria, que aquellas instituciones que originalmente les servían de sostén vayan quedando obsoletas o resulten inadecuadas para la nueva realidad, requiriendo de novaciones o renovaciones normativas para ajustarlas al contexto actual.
"En México se han dado transformaciones importantes que ameritan el ajuste de varias instituciones jurídicas, entre las que se halla, en la esfera de protección a las garantías individuales y los derechos fundamentales, el juicio de amparo directo.
"... en el Constituyente de 1917 hubo una enérgica oposición al establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales estatales, por estimar que nulificaría la administración de justicia local, comprometiendo la soberanía de los Estados y el prestigio de sus órganos judiciales. Dicha resistencia promovida por varios diputados, fue, sin embargo, superada.
"La confianza en los tribunales locales, sustentada principalmente en las reformas al artículo 116 constitucional y en aquellas normas y acciones que van abriendo en nuestra sociedad las puertas de un Estado de derecho, constituye así la razón más importante y convincente para superar la motivación que tuvo en cuenta el Constituyente de 1917 para establecer la procedencia del amparo directo en contra de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales estatales.
"Estas ideas se dejaron oír con voz plena en el Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, celebrado el 2 de diciembre de 2005 en la Ex Hacienda de Jurica, Querétaro, en el que los integrantes del Sistema Nacional de Impartidores de Justicia -compuesto por miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación, de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Tribunal Superior Agrario, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de los tribunales electorales y de lo contencioso administrativo, de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y de los tribunales federal y locales de conciliación y arbitraje-, coincidieron en la importancia de elaborar una propuesta de reforma constitucional y legal que faculte a los Tribunales Colegiados de Circuito a rechazar de plano aquellas demandas de amparo directo que no revistan importancia y trascendencia.
"...
"Además, se señaló que era hora de revisar los argumentos más recurrentes para impedir que los tribunales locales tengan la última palabra, como son aquellos de que ‘en los Poderes Judiciales locales existe corrupción, que sus procedimientos son lentos e ineficaces, amén de que existe influencia política sobre ellos al resolver los asuntos que se someten a su consideración por parte de los otros Poderes’, pues tales argumentos, en la actualidad, son injustificados en la gran mayoría de los casos.
"Posteriormente, el 15 de noviembre de 2006 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el que se arribó a consensos coincidentes con los logrados en el primer encuentro, relativos a que el amparo directo no debe desaparecer, sino que debe limitarse, adicionando los criterios de importancia y trascendencia, mismos que deberán ser fijados en la Ley de Amparo y desarrollados en los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"No cabe duda que la independencia de los tribunales estatales es un requisito fundamental para el asentamiento, desarrollo y funcionamiento del Estado de derecho a nivel nacional; tanto es así, que sin esa independencia judicial de los tribunales ordinarios es impensable cualquier reforma que pretenda mejorar la administración de justicia. Ésta debe organizarse de manera integral, armonizando las esferas de competencias federal con las locales, que no deben verse como extrañas y, menos aún, como adversarias, sino como complementarias.
"Actualmente, los tribunales de los Estados han evolucionado en su profesionalismo, mantienen niveles de eficacia elevados y cuentan entre sus filas con juristas de reconocido prestigio en el fuero común.
"Los tribunales locales trabajan con la certeza de que la justicia es un valor esencial para la convivencia social y para la preservación y fortalecimiento de la democracia, en una entidad como la nuestra donde se ha avanzado sustancialmente para alcanzar una administración de justicia con elevados niveles de oportunidad, probidad, eficiencia y calidad, principalmente con absoluto respeto a los derechos fundamentales, acrecentándose así la confianza en las instituciones públicas que están a su servicio.
"Las actividades jurisdiccionales que los Tribunales Superiores de Justicia han llevado a cabo, permiten asegurar la legalidad, la equidad y la seguridad jurídica de la sociedad mexicana. Sus resoluciones son, en general, apegadas a derecho y la administración de justicia es de mayor calidad, motivando el respeto, la solidaridad y la confianza de la sociedad en sus órganos de gobierno, respondiendo así a las necesidades actuales del país.
"En cuanto a la autonomía de la justicia local debe reconocerse que en los últimos tiempos ha habido avances en este sentido, por efecto de las reformas a la Constitución Federal, a las Constituciones Locales y a la existencia de leyes más respetuosas de la función judicial; a ello ha contribuido también, en estos años, la Suprema Corte de Justicia, que a través de varias interpretaciones constitucionales y legales ha establecido criterios que reconocen y refuerzan la autonomía de los tribunales ordinarios, los que no se han mantenido al margen ni han asumido una actitud de mera contemplación ante las circunstancias de la transformación social.
"Pero antes de continuar sobre este punto, resulta necesario ver en qué condiciones se halla en la actualidad el juicio de amparo directo; al efecto, lo más relevante para el tema es su exagerado crecimiento.
"...
"El mundo del amparo directo, se ha venido ampliando constantemente, lo que ha requerido el establecimiento de un mayor número de Tribunales Colegiados de Circuito, así como la multiplicación de especializaciones. Ya no sólo se resuelven en dicha vía las acciones constitucionales en contra de sentencias definitivas de los tribunales judiciales estatales en materia civil y penal, sino también las emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (tanto por su Sala Superior como por sus Salas Regionales), las dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como por los tribunales estatales de lo contencioso administrativo y los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como locales, siguiéndose el mismo criterio con los laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y sus Salas Auxiliares, así como con los laudos emitidos por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje de los Estados.
"En suma, y para decirlo en un párrafo: la totalidad de las sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por los tribunales ordinarios de la República, sean judiciales o administrativos, federales o locales, son susceptibles de ser examinadas a través del amparo directo.
"Asimismo, las estadísticas de los últimos años muestran que en un gran porcentaje de las sentencias de fondo dictadas en vía directa se niega la protección constitucional. De hecho, la cifra de expedientes en los que se concede el amparo solicitado es menor al 30%, cantidad ésta que, por mucho, resulta menor a la relativa al número de asuntos en los que se negó, se declaró la incompetencia, o bien, el sobreseimiento del juicio.
"Es, pues, tiempo de reflexionar sobre éstas y muchas otras cuestiones que son de trascendencia para la administración de la justicia en el siglo XXI, en el entendido de que de lo que se pretende no es, de ninguna manera, desaparecer el amparo directo como medio para la salvaguarda de las garantías individuales y vía fundamental para lograr la unidad interpretativa de la Constitución, sino de atemperar la intervención de la Justicia Federal en el ámbito local, en respeto de su autonomía e independencia.
"Ahora bien, después de conocer diversos enfoques sobre las posibles soluciones a la problemática derivada de la forma en que actualmente funciona el amparo directo, en cuanto que, por una parte, puede llegar a afectar la autonomía judicial de los Estados y, por la otra, congestiona la marcha de los Tribunales Colegiados de Circuito, resulta pertinente considerar que la reestructuración más prudente de dicho juicio requiere la concordancia de dos ejercicios:
"En primer lugar, el afianzamiento de la autonomía plena de los tribunales ordinarios y, en segundo, la implantación de una facultad de selección por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito para admitir las demandas de amparo directo.
"...
"En el derecho comparado, el criterio de importancia y trascendencia es el que, en esencia, también se utiliza para seleccionar los asuntos que en la más alta instancia pueden admitirse o rechazarse.
"Así, el writ of certiorari en Estados Unidos de Norteamérica, que tiene la finalidad de aliviar la creciente carga de trabajo de la Corte Suprema, permite a ésta admitir sólo los expedientes más relevantes según su sana discreción, aunque guiándose por las reglas correspondientes de su ley orgánica, reglas que conllevan la idea de supuestos de importancia o razones especiales que revisten el caso.
"...
"El mismo criterio de importancia y trascendencia, en lo esencial, se utiliza en los tribunales europeos.
"...
"Ahora bien, en México, como se anotó, actualmente los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a admitir, tramitar y resolver todas las demandas de amparo directo que sean procedentes, pues su competencia es reglada.
"La facultad de selección que se propone instaurar, siguiendo en lo esencial el writ of certiorari norteamericano, consistiría en otorgar a los Tribunales Colegiados de Circuito la facultad para admitir, de entre todas las demandas que se les presenten, sólo aquellas que, dentro de ciertas reglas, sean de importancia y trascendencia por implicar un pronunciamiento novedoso o excepcional.
"Lo que ahora se plantea en este proyecto de iniciativa de reformas se circunscribe, en esencia, a que dicha facultad se establezca a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito para decidir sobre la admisión de los amparos directos, a efecto de que, sin menoscabo de la obligación que tienen de resguardar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales y jurisdiccionales del país, centren su investigación y análisis especializado a los asuntos de mayor trascendencia e importancia, haciendo hincapié en que, con ello, no se hace referencia a los de mayor cuantía, sino a los de mayor trascendencia jurídica e importancia social.
"Ahora bien, dentro del cúmulo de violaciones a las garantías individuales susceptibles de plantearse en amparo directo, se acostumbra distinguir los conceptos de constitucionalidad, de los conceptos de legalidad. Los primeros atribuyen a las autoridades una violación directa a la Constitución, la expedición de leyes o reglamentos, o la aprobación de tratados internacionales que transgredan alguna norma constitucional, o bien, leyes o actos de autoridad que invadan las esferas de competencia que fija la Constitución a la Federación, a los Estados o al Distrito Federal.
"En cambio, los conceptos de legalidad son alegatos de violaciones indirectas a la Constitución que se suscitan a través de las garantías formales y procesales que establecen sus artículos 14 y 16, de manera que, en estos casos, sólo se pretende un pronunciamiento sobre un acto en sentido estricto, mediante la interpretación de la ley.
"Al respecto, se considera que, partiendo de la distinción entre violaciones directas a la Constitución y violaciones indirectas que se pueden presentar en el amparo directo, la facultad de selección debe operar de diferente manera para cada una de dichas hipótesis.
"Tratándose de las primeras, esto es, promociones en que se planteen violaciones directas a la Constitución, de leyes o normas generales que se impugnen por violación a las garantías individuales o a los principios de competencia federal y locales en perjuicio del quejoso, los Tribunales Colegiados de Circuito, en principio, deberán admitir todas las demandas, en virtud de que la decisión de tales materias no puede ser objeto de análisis por los tribunales ordinarios. En tales supuestos, únicamente podrían rechazarse, por excepción, aquellas demandas donde se plantearan cuestiones de constitucionalidad respecto de las cuales ya existiera jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido contrario a lo pretendido por el quejoso.
"En cambio, cuando en la demanda de amparo directo se propongan cuestiones que impliquen violaciones indirectas a la Constitución, cuya decisión se concrete a verificar la correcta aplicación de la ley al caso concreto por parte del tribunal responsable, la regla general del ejercicio de la facultad de selección sería, en principio, la no admisión de la demanda, salvo que se trate de asuntos de importancia y trascendencia, respecto de los cuales se habría de seguir el trámite procesal y formular pronunciamiento sobre el fondo.
"...
"Es importante destacar que la decisión de desechamiento tomada con motivo del ejercicio de la facultad de selección no afectaría el principio de acceso a la justicia; no dejaría sin defensa al quejoso, en vista de que la no admisión de la demanda tratándose de temas de constitucionalidad directa sólo operaría cuando existiera jurisprudencia en contra de la Suprema Corte, en cuyo caso resultaría inútil el trámite del juicio; mientras que, respecto de cuestiones de legalidad carentes de importancia y trascendencia, el quejoso ya habría sido oído en el juicio ordinario.
"De acuerdo con lo expuesto, la regla básica que inspira la propuesta de reforma es que el amparo directo sólo será procedente cuando su resolución entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
"Esta regla, sin embargo, se estructura en la propuesta de tal forma que, por una parte, se asegura la procedencia del amparo directo en todos los casos en que se planteen cuestiones de constitucionalidad directa propias del amparo, así como aquellos en que, alegándose violaciones indirectas a la Constitución, la acción sea ejercitada por quejosos o en materias que se consideren dignos de tutela o protección especial. Fuera de tales hipótesis en que la procedencia del amparo directo sería forzosa, éste sólo procedería a juicio de un Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el asunto fuera de importancia y trascendencia conforme a los acuerdos generales que emita el Pleno de la Corte.
"...
"La reforma propuesta, se reitera, no pretende la desaparición del juicio de amparo directo, sino estabilizar su conservación al ritmo de los tiempos contemporáneos.
"Esta posición pretende conservar el control de la constitucionalidad directa que es la materia propia del amparo; asimismo, garantizar la defensa de los sujetos y cuestiones que siempre han sido objeto de protección por el Estado Mexicano, pero al mismo tiempo, vigorizar la confianza en los tribunales locales y, en general, de los tribunales ordinarios, para que, fuera de los supuestos inicialmente mencionados, el amparo directo sólo proceda en casos de importancia y trascendencia en la forma reglamentada antes citada. En todos los demás supuestos, las resoluciones y sentencias serán inimpugnables, quedando los tribunales que las emitieron como órganos terminales, de acuerdo con lo que los tiempos actuales demandan.
"Finalmente, vale la pena hacer una observación más, aun cuando es secundaria respecto de la razón fundamental en que se basa esta reforma. Dicha observación accesoria o complementaria consiste en que la apertura total de la procedencia del amparo directo, como opera en este momento, tiene consecuencias perniciosas, pues hay ocasiones en que basta la lectura de la demanda constitucional para darse cuenta que la acción deducida está destinada al fracaso y, sin embargo, a sabiendas ello el presidente del Tribunal Colegiado se ve forzado a admitirla, seguir el juicio y poner el asunto en estado de resolución para que el tribunal dicte sentencia, en demérito de la expeditez y prontitud en la impartición de justicia.
"...
"Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de
"Decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 100, 103, 105, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo Único: Se reforma y adiciona un párrafo séptimo, recorriéndose en su orden los siguientes párrafos del artículo 94; se reforma el artículo 100; se reforma y adiciona un párrafo segundo y tercero y se derogan las fracciones I, II y III del artículo 103; se reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción I; se adiciona un segundo párrafo a la fracción II; se adiciona un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos al inciso a) de la fracción III; se adiciona un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25138-9bf08737/amparo-directo-administrativo-es-improcedente-cuando-se-reclama · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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