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Modo: Corpus Pro

CONCUBINATO. COMO NO EXISTE RÉGIMEN PATRIMONIAL DENTRO DE ESTA FIGURA JURÍDICA, CUANDO SE PLANTEA LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES INCORPORADOS O ADQUIRIDOS EN DICHA RELACIÓN, ÉSTA NO SE RIGE POR NINGUNO DE LOS REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. · Registro digital (IUS): 25185
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-08-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Pág. 1119.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS GILBERTO VARGAS CHÁVEZ, DANIEL PATIÑO PEREZNEGRÓN, JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, VIRGILIO SOLORIO CAMPOS Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. DISIDENTES: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, GILBERTO CHÁVEZ PRIEGO, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES E INDALFER INFANTE GONZALES, DE LOS CUALES ÚNICAMENTE LOS TRES ÚLTIMOS FORMULARON SU VOTO PARTICULAR PONENTE: VIRGILIO SOLORIO CAMPOS. SECRETARIO: JOSÉ JIMÉNEZ SARMIENTO.

Ciudad de México, Distrito Federal. Sentencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, del día tres de junio de dos mil catorce.

I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA

1. Denuncia de contradicción. El Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional y el que sostiene el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El denunciante señaló que la contradicción de criterios se generó a partir de lo resuelto en el amparo directo D.C. 868/2012, del índice del Tribunal Colegiado que preside, en donde se consideró que la concubina debe tener un trato patrimonial idéntico que el que recibe la cónyuge que formó una familia a través del matrimonio; de lo contrario, se traduciría en un trato discriminatorio o diferenciado que no puede tener sustento legal, siendo que el trato legal sobre el régimen patrimonial para la concubina es equivalente en mayor medida al de separación de bienes, razón por la cual, al terminar el concubinato, es aplicable lo dispuesto por el artículo 267, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal, en el aspecto del derecho a una compensación económica de hasta un cincuenta por ciento para el concubino que se dedicó al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.C. 752/2012-13, estimó que al concubinato no le son aplicables las disposiciones relativas del matrimonio en tratándose de liquidación de sociedad, por no existir un régimen patrimonial dentro de dicho concubinato, al no existir precepto legal que así lo prevenga.

2. Trámite de la denuncia. El presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia por auto de dieciséis de enero de dos mil catorce. Asimismo, solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados contendientes la remisión de los archivos digitales que contuvieran las ejecutorias pronunciadas en los amparos directos D.C. 868/2012 y D.C. 752/2012-13, a la cuenta de correo electrónico correspondiente, así como solicitó al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, informara al Pleno de Circuito, si el criterio sostenido, que forma parte de la contradicción, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, se tuvo al presidente del restante órgano colegiado, informando que dicho órgano jurisdiccional no ha emitido criterios similares al tema de la contradicción ni se ha apartado del propio. Finalmente, con fundamento en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, 41 Quater-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y noveno transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como los puntos de acuerdo tomados en la primera sesión extraordinaria celebrada el lunes ocho de julio de dos mil trece, por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, una vez que se encontrara integrado el expediente, se ordenó el turno del asunto al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Por acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Civil, al no haber alcanzado mayoría el proyecto formulado por el Magistrado presidente del tribunal referido con antelación, se turnó el asunto al Magistrado Virgilio Solorio Campos presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil para la formulación del engrose de mayoría.

II. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

3. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 94, párrafos séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 1 y 2 y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 1o., 3o., 9o., 22, 23, 26 y 37, fracción III, del Acuerdo General 14 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, y artículo 10, de las Reglas para la mayor eficacia de la actuación de este Pleno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil.

4. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano que emitió la resolución en la que se sustenta uno de los criterios contendientes, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

III. EXISTENCIA O NO DE LA CONTRADICCIÓN

5. Condiciones para su existencia. De acuerdo los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

De lo cual se sigue que para que exista contradicción resulta menester que los órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial refleja la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho.

Así, la existencia de una contradicción de tesis requiere que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una o varias preguntas respecto a si la forma de resolver la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sustentan lo anterior las tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, del Pleno y de la Primera Sala, respectivamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia: común, página 122)

Para constatar cada uno de esos requisitos, resulta menester conocer los criterios discrepantes.

6. Posturas contendientes.

6.1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo D.C. 868/2012, cuyo asunto tiene las siguientes características:

a. El dos de marzo de dos mil doce, ********** promovió juicio en la vía de controversia del orden familiar, en contra de **********, de quien demandó esencialmente, la declaración judicial de terminación de concubinato, la entrega y desocupación de un inmueble habitado por la enjuiciada y en su caso el lanzamiento.

b. El veintidós de junio de dos mil doce se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró terminado el concubinato existente entre las partes, y se condenó a la demandada a la entrega y desocupación del inmueble respectivo.

c. Contra esa sentencia, la enjuiciada interpuso recurso de apelación, resuelto el veintitrés de octubre de dos mil doce, en el sentido de confirmar el fallo apelado.

d. Inconforme, la propia apelante promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos integrantes en sesión de veintidós de marzo de dos mil trece, por unanimidad de votos, determinaron conceder el amparo solicitado.

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

Que en el fallo de primer grado se declaró que el concubinato terminó a partir del mes de enero de dos mil; determinación que estaba firme dado que el actor no promovió el recurso de apelación en contra de tal sentencia; y, por su parte, la quejosa en el recurso de apelación que hizo valer en contra de dicha sentencia primigenia, no formuló agravio alguno en torno a ello, más aún en su escrito de agravios precisó que el periodo que el concubinato existió fue de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve a enero de dos mil.

Que subsistía la controversia en relación con las prestaciones consistentes en la desocupación y entrega del inmueble y estacionamiento relativo y que de no acontecer la desocupación voluntaria, el lanzamiento de la demandada, a su costa.

Que resultaban fundados los conceptos de violación relacionados con que una consecuencia legal de la declaración de terminación de concubinato, es la liquidación de los bienes y derechos adquiridos por el trabajo común de los concubinos quienes cuentan con derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios, idénticos a los que surgen dentro del matrimonio.

Que lo anterior, porque la relación de concubinato nace de un acuerdo de voluntades, por el que la pareja decide llevar una vida en común, igual a la establecida en el matrimonio, adquiriendo y fijando, tácita o expresamente derechos y obligaciones.

Que ello se desprendía de los artículos 302, 323 Ter, 383, 1368, 1373, 1602 y 1635 del Código Civil para el Distrito Federal que regulaban el concubinato en la época en que la quejosa y el tercero perjudicado estuvieron unidos en concubinato, esto es, de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve a enero de dos mil.

Que del análisis literal, sistemático y armónico de esos numerales, se concluía la finalidad de protección a la dignidad de la familia, independientemente de que se haya originado por un matrimonio o un concubinato.

Que esto era así, porque son integrantes de la familia quienes habitan un mismo domicilio y están unidos por concubinato, por lo cual, están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

Que existe la obligación de los concubinos de suministrarse alimentos.

Que existe la presunción de hijos del concubinario y la concubina en forma similar a la presunción de hijos de matrimonio.

Que existe obligación del testador de dejar alimentos a la concubina o concubinario y, para el caso de que el caudal hereditario no sea suficiente para ello, se establecía un orden de prelación de las personas que tendrían derecho a heredar entre los que se incluye a la concubina.

Que el concubinario o concubina tienen derecho a heredar por sucesión legítima.

Que la concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, siendo aplicables al concubinato las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, además, que hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, pero si le sobreviven varias concubinas o concubinarios ninguno heredará.

Que en la doctrina, el concubinato es denominado matrimonio contractual no solemne, matrimonio por comportamiento, matrimonio de hecho o, matrimonio consensual, porque dicha relación suele revestir la apariencia del matrimonio ya que los concubinos viven con frecuencia en la misma casa, tienen hijos y se presentan ante la sociedad como verdaderos cónyuges, siendo la única diferencia entre el matrimonio y el concubinato, la inexistencia de un documento denominado acta de matrimonio.

Que el concubinato está reconocido en el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, como la pareja que, sin impedimento legal para contraer matrimonio, ha vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años, siendo innecesario el transcurso de ese plazo cuando reunidos los demás requisitos tengan un hijo en común. Además, que el artículo 291 Ter del propio código adjetivo, establece que en el concubinato rigen todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables.

Que el matrimonio, por su parte, es un acto solemne que se celebra, ante autoridad civil, en la cual se asienta la manifestación de voluntades de las personas que en ella intervinieron.

Que desde un punto de vista objetivo e histórico, el concepto de familia y cómo se integra, así como los deberes, derechos, facultades y obligaciones que surgen de las relaciones entre los miembros de la familia, ha evolucionado legislativamente en los últimos treinta años, y de manera drástica en los últimos diez, como puede advertirse del texto actual del artículo 4o. de la Constitución y de la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de familia, primero en cuanto a sociedades en convivencia para personas del mismo sexo y ahora la permisión del matrimonio entre personas del mismo sexo y en la materia de adopción.

Que la familia como forma necesaria y primaria del grupo social humano, responde y se adapta a las condiciones materiales, morales, éticas, espirituales, económicas y sociales de los diversos pueblos y épocas.

Que en la familia tradicional formada por el hombre, una mujer, y sus descendientes, ligados por el parentesco, la pareja podría estar unida en matrimonio, o por concubinato.

Que actualmente, en el Distrito Federal el matrimonio entre personas del mismo sexo también da origen a una familia con el reconocimiento del Estado.

Que la protección de la familia es un derecho humano, tal como deriva de la tesis identificada como 1a. CCXXX/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 2, octubre de dos mil doce, página 1210, de rubro: "PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE."(1)

Que en ese contexto, quedó fuera de controversia por las partes que a través del concubinato formaron una familia y que tuvieron hijos y lo que debía decidirse eran los derechos que debe gozar la mujer concubina al disolverse el concubinato.

Que a consideración de ese tribunal, la mujer concubina debe tener un trato patrimonial idéntico que el que recibe la cónyuge que formó una familia a través del matrimonio; de lo contrario, la concubina tendría un trato discriminatorio o diferenciado que no puede tener sustento legal, porque la única diferencia entre ambas mujeres es que una contrajo matrimonio y la otra no, pero ambas formaron una familia y en el caso, procreó hijos con el concubinario.

Que el artículo 267, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal prevé para el caso de divorcio entre cónyuges que celebraron un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, la compensación de hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los bienes adquiridos durante el matrimonio, para el cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; no obstante, ese beneficio no está previsto expresamente para el caso de las personas unidas en concubinato.

Que en tal virtud, dicho órgano colegiado estimó necesario aplicar el principio de interpretación que más favorezca al derecho de la mujer a obtener el beneficio patrimonial que deriva de la disolución del concubinato, tal como lo ordenan los artículos 1o. y 133 constitucionales, toda vez que se advierte que esa disposición de la legislación civil local debe ser interpretada y armonizada a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, con los tratados internacionales sobre ese tópico celebrados y aprobados por el Estado Mexicano, en relación con la demás legislación local, en materia de discriminación.

Que la Constitución Mexicana no contiene disposición expresa sobre discriminación en sentido positivo; sin embargo, su prohibición queda implícita en las garantías de igualdad, previstas en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, ya que el artículo 1o. prohíbe la discriminación pero no la define, y el numeral 4o. sólo declara la igualdad jurídica.

Que de conformidad con el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los considerandos de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, ratificada por el Estado Mexicano el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y promulgada por el presidente de la República, el treinta de los mismos mes y año, para su debida observancia; se obtenía que los Estados Partes, se comprometieron a adoptar medidas en todas las esferas política, social, económica y cultural, de carácter legislativo, para modificar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Que del contenido de los artículos 5, 13, 15 y 16 de la referida convención, así como de los preceptos 1 y 5 de la Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, se desprendía que queda prohibida cualquier forma de discriminación, definida como la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas.

Que de una incorporación y armonización de los estándares en materia de derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el derecho internacional ratificado por el Estado Mexicano y, en el derecho que rige en el Distrito Federal, se concluía que discriminar significa alterar o modificar la igualdad entre personas sea por reducción, exclusión o restricción. Así, que la alteración en las condiciones de igualdad por virtud del sexo o el estado civil de las personas constituye discriminación.

Que la discriminación puede aplicarse tanto para suprimir derechos (discriminación negativa); como para otorgar privilegios (discriminación positiva).

Que en ambos casos, se concretan alteraciones en los derechos humanos sin justificación legal.

Que en esas condiciones, de interpretar el artículo 267, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal, en el sentido de que no es aplicable a la disolución del concubinato, se propiciaría la discriminación positiva debido que otorga un privilegio a los cónyuges que celebraron su matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, consistente en que para el caso de divorcio, se compensará al cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, hasta con un 50% (cincuenta por ciento) de los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Que, a su vez, con una interpretación desfavorable al concubinato, también se actualiza una discriminación en sentido negativo porque no otorga el señalado beneficio de la compensación a las parejas que estuvieron unidas en concubinato, aun cuando el concubino o la concubina que se dedicó al cuidado de los hijos y al trabajo del hogar, durante el tiempo que duró el concubinato realizó las mismas labores que el cónyuge que asumió ese rol dentro del matrimonio, ya que en todas las familias -conformadas a través del matrimonio o del concubinato- el cuidado de los hijos y del hogar implican las mismas obligaciones, tareas y dedicación, ya que éstas no cambian en razón del estado civil de las personas.

Que entonces, la circunstancia de que la legislación sustantiva familiar no regule de manera uniforme a los hombres y mujeres unidos en concubinato respecto de los hombres y mujeres que contrajeron matrimonio, ello no conlleva su desprotección jurídica, ya que la igualdad jurídica constituye un derecho humano.

Que la interpretación que logra la protección más amplia de los concubinos y para respetar su derecho humano a la igualdad jurídica, implica que la concubina también tiene el derecho patrimonial de hasta un 50% (cincuenta por ciento) del bien adquirido durante el concubinato, teniendo en cuenta el tiempo que duró y su incidencia en la adquisición del bien, así como que se obtuvo con un crédito hipotecario que no está cubierto.

Que para respetar su dignidad humana y no discriminarla por su estado civil, y lograr que tenga recursos económicos para mantener el ritmo de vida que ha llevado hasta antes de la declaración de terminación de concubinato; debe dársele el mismo trato legal que se da a la mujer que contrajo matrimonio por bienes separados, en cuyo caso de divorcio gozará de los mismos derechos patrimoniales que su cónyuge, ya que a ésta le corresponderá hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los bienes y derechos adquiridos durante el matrimonio.

Que a eso se aunaba que el legislador del Distrito Federal y primero el Federal, reconocieron que la concubina tiene el mismo desempeño dentro del hogar que la mujer que contrae matrimonio, por lo cual debe otorgársele un derecho idéntico a la división del patrimonio adquirido dentro del tiempo en que esté plenamente probado que existió el concubinato.

Que el concubinato en realidad es una fuerte institución de la familia que ante la ausencia del acto jurídico solemne del matrimonio, también tiene consecuencias patrimoniales entre los concubinos, y es en realidad un matrimonio de hecho, no formalizado, o matrimonio por comportamiento, que surge de la libre voluntad a la que le faltó únicamente, haberla emitido ante el funcionario del Estado en la forma correspondiente.

Que dado que el matrimonio puede celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal y de separación de bienes; se concluye que el concubinato guarda mayor analogía con el matrimonio celebrado bajo este último régimen.

Que el matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, puede ser absoluto o parcial, empero, puede terminar o ser alterado por voluntad de los cónyuges, los que después del divorcio conservarán la propiedad y administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de los mismos no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. Que serán propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios profesionales por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria.

Que en el régimen de separación de bienes a diferencia de lo que sucede en el régimen de sociedad conyugal, en donde ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes comunes (con la posibilidad de que éstos modulen esta situación en las capitulaciones matrimoniales), se perpetra con mucha mayor frecuencia un estado de desequilibrio patrimonial entre los consortes, toda vez que, cada uno es dueño de su masa patrimonial y podrá incrementarla atendiendo a sus oportunidades en el mercado laboral, las cuales, por lógica, son inferiores para la parte que se ha dedicado en forma total o parcial al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, porque es evidente que no está en las mismas condiciones para desarrollarse profesional y laboralmente que el otro cónyuge, principalmente, debido a que no puede dedicar a este objetivo el mismo tiempo y diligencia.

Que de esa premisa se ha derivado, por una parte, la afirmación en el sentido de que el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos es una actividad que puede valorarse económicamente, no sólo por el tipo de actividades que implica, como administración de bienes y cuidados personales, sino también porque el desempeño preponderante de estas actividades por parte de uno de los cónyuges releva al otro de las responsabilidades hogareñas que, jurídicamente, comparten por igual, y le permite dedicar su tiempo y diligencia a su desarrollo profesional y laboral, lo cual, a su vez, contribuye al crecimiento del nivel socioeconómico de todos los miembros de la familia y, por otra parte, que el cónyuge que preponderantemente se dedica al hogar y, en su caso, a los hijos, sufre un perjuicio económico, que tendría que estimarse en función de lo que dejó de percibir por no dedicar su tiempo y diligencia a su desarrollo profesional y laboral.

Que la concepción de que ese desequilibrio económico es inaceptable y requiere de una solución jurídica que se sostiene en un criterio de justicia distributiva e implica reconocer que la propiedad privada tiene, también dentro del ámbito familiar, una importante función económico social.

Que en ese sentido, desde el punto de vista individual, resultaba claro que los patrimonios de los cónyuges unidos bajo el régimen de separación de bienes no se mezclan jurídicamente, a diferencia de lo que ocurre bajo el régimen de sociedad conyugal; sin embargo, el enriquecimiento del cónyuge que no tuvo que ocuparse preponderantemente de las labores del hogar o del cuidado de los hijos, cuya desproporción respecto del otro cónyuge se hace patente, sobre todo, al disolverse el matrimonio, se considera distributivamente injusto, porque de haber tenido que ocuparse de dichas labores y cuidados, en acatamiento de la obligación que surge a su cargo, muy probablemente no habría conseguido el desarrollo alcanzado, ni el nivel socioeconómico de la familia.

Que ante esa realidad social, el legislador reguló esa situación en el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal, que prevé para el caso de divorcio entre cónyuges que celebraron su matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, un mecanismo compensatorio para mitigar la posible desproporción del perjuicio económico que cualquiera de los cónyuges pudiera resentir por haberse dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

Que en esa misma realidad social ocurre la cuestión patrimonial entre concubinos, porque la única diferencia esencial es que una familia surge del acto del matrimonio, y en el concubinato solamente de la voluntad de los concubinos, por lo que debe operar para el caso de disolución del concubinato el mismo trato que al matrimonio por separación de bienes.

Que existe analogía en la figura jurídica del divorcio y la declaración de terminación de concubinato, porque en ambos casos se decreta formalmente la disolución del vínculo que unía a la pareja y deja a las partes en aptitud de contraer nuevo matrimonio o de unirse en nuevo concubinato.

Que resultaba aplicable por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 107, de rubro: "DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA."

Que lo anterior, toda vez que los artículos 18 y 19 del Código Civil y 2o. del Cód

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25185-e0eff435/concubinato-como-no-existe-regimen-patrimonial-dentro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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