SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE NO SE MATERIALICEN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO Y 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. A I.2.8.8. DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014.
QUEJA 118/2014. JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 27 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NORMA NAVARRO OROZCO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIA: ELIZABETH XIMENA MORENO VILLICAÑA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Cuestiones previas. Para una mayor claridad del asunto se resalta -conforme al derecho interno, tanto legislado como jurisprudencial- el marco referencial de la figura de la suspensión.
I) La suspensión en el juicio de amparo es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar los actos reclamados, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado. La suspensión debe cumplir con los requisitos de procedencia y de eficacia.
Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder dicha medida cautelar, las cuales se encuentran previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."
Del texto jurídico anterior se concluye que los requisitos de procedencia de la suspensión son los siguientes: i) Que la solicite el agraviado; y, ii) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
II) Por su parte, los requisitos de eficacia de la suspensión se refieren a las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida y que, a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida. Dichos requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 132 a 137 de la Ley de Amparo.
En este sentido, puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad.(1)
De esta manera, en la suspensión del acto reclamado los requisitos de procedencia son los generales contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y los requisitos de eficacia se encuentran previstos en los artículos 132 a 137 de la misma ley.
III) Hecha la distinción entre los requisitos de procedencia y los de eficacia de la medida cautelar, en la suspensión del acto reclamado es necesario hacer referencia al principio de la apariencia del buen derecho y analizar, posteriormente, su ámbito de operatividad.
El principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.
El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede resolverse en la sentencia de amparo con sustento en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.(2)
En ese sentido, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues establece que para el otorgamiento de la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
Es decir, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión, sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.(3)
Por tanto, la verosimilitud del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria, que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. Lo cual se justifica, en razón de que las medidas cautelares -más que hacer justicia- están destinadas a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo.
Con relación al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que únicamente para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse de manera simultánea el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público.(4)
Lo anterior se justifica con el contenido del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige como requisito analizar la naturaleza de la violación alegada -con la reforma del seis de junio de dos mil once, se exige analizar la apariencia del buen derecho y el interés social-. Lo cual significa que el juzgador debe sopesar la naturaleza de la violación con el perjuicio al agraviado y a los terceros, si los hay, y con el interés social; por ello, las decisiones que se tomen dependerán del examen comparativo de dichos elementos, en el entendido de que el análisis de la naturaleza de la violación alegada implica el de sus características, su importancia, su gravedad y, sobre todo, su trascendencia social.
En consecuencia, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador al momento de otorgar la suspensión, sin que deje de observar los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que debe ponderar simultáneamente el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social u orden público para determinar su procedencia.
IV) Mas tal principio de la apariencia del buen derecho no debe considerarse cuando se niega la medida cautelar. En efecto, debe tenerse presente que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) la apariencia del buen derecho no es un elemento que pueda invocarse para negar la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta de que esa figura jurídica no está concebida con tal propósito, sino únicamente con el fin de asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia. La jurisprudencia en comento es del tenor literal siguiente:
"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses."
V) Además, es de destacar que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido sino que lleva, inclusive, a valorar si dicho acto, que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado a la esfera jurídica del quejoso, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último o, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso.
Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas en favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende.
Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, conlleva, inclusive, a verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso.
Por otra parte, una vez verificado que el quejoso goza del derecho que pretende preservar a través de la suspensión del acto de autoridad reclamado, será factible entonces, analizar si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público.
VI) Otro principio específico que rige la medida cautelar es el peligro en la demora, esto es, que en razón del transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resultan prácticamente inoperantes.
El requisito de mérito se basa en el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. Además, para su estudio sigue la misma suerte que el de la apariencia del buen derecho.(6)
VII) Por lo que respecta a la determinación de los conceptos de "orden público" e "interés social", cabe mencionar que éstos se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición unívoca, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.
Es de orientación a lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,(7) que este Tribunal Colegiado de Circuito comparte, cuyos rubro y texto consignan:
"SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad."
En efecto, al delimitar tales conceptos, se deben observar las circunstancias especiales del caso concreto, para así explicar, de manera fundada y motivada, si el orden público o el interés social pueden verse afectados por la concesión de la medida cautelar.
Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 81/2002,(8) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, si bien concernía a una ley abrogada, aplica al caso por analogía, con base en la regla de que donde existe la misma razón ha de aplicarse la misma disposición, puesto que el núcleo esencial del interés social o del orden público, pervive en la Ley de Amparo en vigor. La jurisprudencia en comento dice:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público."
Precisado el marco referencial de la figura de la suspensión de los actos reclamados, se procederá, por parte de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito -en el considerando siguiente-, al análisis de la resolución recurrida, a la luz de los agravios expuestos por la autoridad recurrente.
SEXTO. Estudio. Los diversos argumentos que conforman los dos agravios vertidos por la autoridad recurrente son inoperantes en una parte e infundados en otra.
Inoperantes resultan las porciones en donde la autoridad inconforme aduce:
a) La resolución impugnada es ilegal porque los actos reclamados no ocasionan -en la esfera jurídica de la promovente de amparo- un peligro inminente de que se ejecuten daños de imposible reparación, porque la quejosa omitió referir cuáles son los perjuicios o la afectación real que se le podría causar en caso de no concederle la suspensión solicitada, y
b) La Jueza de Distrito soslayó que las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio del presente año, respecto de las cuales deriva la obligación de cumplir con llevar los registros o asientos que integran la contabilidad de forma electrónica, constituyen un acto de carácter consumado, desde el momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, contra lo cual resulta improcedente la medida cautelar solicitada.
Así lo es, porque -por un lado- tales argumentos están encausados a controvertir consideraciones que no dieron sustento al auto recurrido, en atención a que la suspensión provisional que fue otorgada a la quejosa ********** -como se desprende del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil catorce impugnado- fue para que no se materialicen los efectos y consecuencias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, específicamente en relación con los artículos 28, fracción IV y segundo transitorio, fracción III, del citado decreto, así como la emisión de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio de dos mil catorce, particularmente sus reglas I.2.8.7. y I.2.8.8., así como el artículo décimo tercero transitorio de dicha resolución, y el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil catorce, no como erróneamente lo señala la recurrente respecto de la expedición, promulgación y publicación de los referidos preceptos legales, lo que efectivamente constituye un acto irreparablemente consumado que -se insiste- no fue materia de la medida cautelar otorgada.
Por otro lado, es de señalarse que la Ley de Amparo no exige al quejoso que precise los perjuicios o la afectación real que se le podría causar en caso de no concederle la suspensión solicitada, para que se determine si procede o no otorgarle dicha medida precautoria.
Cierto, como se advierte de la síntesis expuesta en el considerando tercero de esta resolución, la juzgadora de origen estimó que se colmaron las exigencias que prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la promovente de amparo solicitó expresamente el otorgamiento de la medida cautelar; y que no se seguía perjuicio al interés social ni se contravenían disposiciones de orden público.
Por lo que decretó que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, es decir, el efecto de la suspensión fue evitar la materialización de los efectos y consecuencias de los preceptos tildados de inconstitucionales; de suerte que **********, daría cumplimiento a sus obligaciones fiscales en la forma en que lo venía haciendo hasta antes de la entrada en vigor de los artículos 17 y 28 del Código Fiscal de la Federación, entre otras disposiciones legales.
Tales determinaciones son las que constituyen el objeto de revisión en este recurso y, por ende, a ellas deben constreñirse los agravios que formule la autoridad recurrente.
Ahora, los agravios aducidos por la autoridad recurrente, vinculados con la legalidad de la medida suspensional decretada por la Jueza de Distrito son infundados.
Con el objeto de establecer las razones que sustentan la declaratoria de infundados, es de precisarse que los artículos 17-K, 18, segundo párrafo, 38, fracción I, segundo párrafo, 134, fracción I y segundo transitorio, fracciones III y VII, del Código Fiscal de la Federación,(9) así como de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8., y sus anexos 1, 1-A, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 24 y artículo décimo tercero transitorio, de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce,(10) ponen de manifiesto lo siguiente:
Por un lado, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad tendrán, entre otras obligaciones, la de generar en medios electrónicos los registros o asientos que integran la contabilidad, para lo cual, registrarán sus operaciones e ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general, en las cuales se prevé un medio de comunicación y realización de esos trámites denominado "buzón tributario" y, por otro lado, se observa que a través del medio señalado se establece un sistema de notificación electrónica de cualquier acto o resolución administrativa que emita la autoridad, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, así como de presentación de promociones, solicitudes, avisos, cumplimientos a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales; medio a través del cual los contribuyentes también podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.
Ciertamente, de acuerdo con la regla I.2.8.6. "Contabilidad en medios electrónicos", los contribuyentes a que se refiere el artículo 28, fracción III, del código tributario, deberán llevar la contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente:
I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo; a éste se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT, contenidos en el anexo 24, apartados A y B.
II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden; en el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren, se deberán identificar todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C.
III. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación, asimismo, debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagarse el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero, deberá incluirse el RFC de éste, conforme al anexo 24, apartado D.
Asimismo, el artículo 28, fracción IV, del código invocado prevé que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.
Por su parte, de la lectura a la regla I.2.8.7. "Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual", se conoce que la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a la que se remite la contabilidad en medios electrónicos, es el denominado "buzón tributario," estableciéndose para ello la periodicidad del envío.
En tanto que la regla I.2.8.8. "Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos a requerimiento de la autoridad", prevé que cuando sea requerida la información contable sobre las pólizas dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, o cuando se solicite o se requiera cierta información, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico conforme a lo establecido en la regla I.2.8.6., fracción III, así como el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la información establecida en las fracciones I y II o segundo párrafo de la misma regla, según corresponda, referentes al mismo periodo.
Ahora, en relación con el buzón tributario, el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación precisa que es un sistema de comunicación electrónico, ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, que se asigna a las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual se realizan notificaciones, se presentan promociones, solicitudes y avisos, se da cumplimiento a requerimientos de la autoridad y los contribuyentes efectúan consultas sobre su situación fiscal.
Por su parte, de la demanda de amparo se advierte -específicamente de los capítulos dedicados a la precisión de los actos reclamados y hechos que atañen a éstos-, que la sociedad quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, específicamente en relación con los artículos 28, fracción IV y segundo transitorio, fracción III, del citado decreto, así como la emisión de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio de dos mil catorce, particularmente sus reglas I.2.8.7. y I.2.8.8., así como el artículo décimo tercero transitorio de dicha resolución, y el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio del presente año, al estimar que conforman un sistema o unidad normativa, en cuanto prevén las figuras del "buzón tributario" y de la "contabilidad en línea", dado que las citadas reglas I.2.8.7. y I.2.8.8. -complementarias del numeral 28 del Código Fiscal de la Federación-, resultan aplicables a ese tipo de personas, a partir del cinco de julio del presente año, a pesar de que la información a que se refiere la primera de ellas, referente a los meses de julio a diciembre, se deberá enviar conforme al recuadro que se inserta en el punto tercero de la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de agosto de dos mil catorce;(11) y, para efectos de la regla I.2.8.6., en su fracción I, la información deberá ser entregada a la autoridad en enero de dos mil cinco.
Sin que **********, haya expuesto en la demanda de amparo, o bien, aparezca de alguno de los documentos que en copia certificada adjuntó a ese escrito, que se hubiese verificado en su esfera jurídica algún acto de autoridad con fundamento en los mencionados preceptos legales.
De ahí que -se concluye- las normas tildadas de inconstitucionales se reclaman por parte de la quejosa, en cuanto leyes generales autoaplicativas;(12) es decir, con motivo de que las obligaciones derivadas de las disposiciones ahí contenidas nacieron para ella al momento en que iniciaron su vigencia, sin necesidad de que se actualizara condición o acto alguno a través del cual dichas normas generales adquirieran individualización.(13)
Por ello, se reitera que el artículo 28 del propio ordenamiento legal prevé que las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.
También es de resaltar que el artículo 76, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevé que las personas morales sujetas al régimen general se encuentran obligadas a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esa ley, y a efectuar los registros en la misma.
En ese contexto, la quejosa, a f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25284-5caa5ac6/suspension-provisional-en-el-amparo-procede-concederla-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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