DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR URGENCIA. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DE LA APROBADA EN LA SESIÓN QUE ORIGINÓ AL DECRETO No. 169 DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO ESTATAL A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, PRODUCE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE PROVOCA SU INVALIDEZ, AL TRASTOCAR LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN AUXILIO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, JULIO RAMOS SALAS, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, SALVADOR TAPIA GARCÍA Y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. PONENTE: GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO. SECRETARIA: XIOMARA LARIOS VELÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 11/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintitrés de mayo de dos mil catorce, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta del mes y año en mención, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados en auxilio de Tribunales Colegiados de Circuito de esta jurisdicción.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el licenciado Jorge Antonio Sauceda Esquerra, en su carácter de apoderado legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en la medida en que actuó como autoridad responsable dentro del expediente 134/2013, del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región.
Se cita como apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 77/2010, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de dos mil diez, página 5, de rubro y texto que siguen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."
TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
En sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil trece, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resolvió el amparo en revisión 30/2013 (cuaderno auxiliar 229/2013), por unanimidad de votos, con base en las consideraciones siguientes:
"SÉPTIMO. Los agravios hechos valer son parcialmente fundados, cuyo estudio se realizará en diverso orden al propuesto, por así permitirlo el artículo 79 de la Ley de Amparo.
"Al respecto, se comparte la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, identificada con la clave VI.2o.C.248 K, visible en la página 1415, Tomo XXIV, septiembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.’
"Asimismo, no debe perderse de vista que, el caso que nos ocupa, se trata de la materia administrativa y, por lo tanto, su aplicación es de estricto derecho; de ahí que al no encontrarse el caso concreto en alguna de las hipótesis que señala el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios, aunado a que no se advierte que exista una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al recurrente.
"Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 17/2000, visible en el Tomo XII, octubre de 2000, página 189, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por «violación manifiesta de la ley que deje sin defensa», aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado.’
"Sentado lo anterior, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias que integran el expediente del juicio de garantías de origen que se revisa, registrado con el número 234/2012-IV, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mismas que adquieren valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o., cuyo examen revela lo siguiente:
"1. Mediante escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil doce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Congreso Local, gobernador, secretario general de Gobierno, director del Periódico Oficial y secretario de Planeación y Finanzas, todos del Estado de Baja California, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la dispensa, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, orden de publicación y publicación, autorización y refrendo del Decreto Número 169, mediante el cual se establece el impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, establecido del artículo 156-33 al 156-45 de la Ley del Estado de Baja California, así como del decreto del Ejecutivo del Estado, mediante el cual se exime a las persona físicas y morales del cien por ciento del pago del impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, respecto de la venta final en envase cerrado de la bebida con el contenido alcohólico denominado vino, con graduación alcohólica de 7° hasta 14° Gay Lussac; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
"2. La demanda de mérito fue turnada al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, cuya titular la registró con el número 234/2012-IV, y en proveído de dieciocho de mayo de dos mil doce, la admitió a trámite.
"3. Seguido el juicio por sus demás etapas procesales, la titular del aludido juzgado federal, celebró audiencia constitucional el dieciséis de noviembre de dos mil doce, y dictó sentencia el veintiocho de noviembre siguiente, en la que negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:
"‘PRIMERO. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a **********, respecto a las autoridades responsables por lo actos y motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo «Sentencias» contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente.’
"Frente a las consideraciones que rigen el sentido de la resolución recurrida, el inconforme sostiene, a lo largo de sus agravios, que la Jueza de Distrito, al haber desestimado los conceptos de violación hechos valer, viola en su perjuicio la garantía de acceso a la justicia (artículo 17 constitucional), así como a sus derechos humanos.
"El resumido argumento es inoperante, pues el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, entre las sustentadas por los Tribunales Tercero y Cuarto en Materia Administrativa de este circuito, emitió la jurisprudencia P./J. 2/97, que se publicó en la página cinco del Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, misma que se aplica, por analogía, de rubro y texto:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’
"De cuya lectura se evidencia que los juzgadores de amparo, al conocer de los juicios de su competencia -juicios de amparo-, ejercen la función de control constitucional y, en ese supuesto, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacerlas cumplir, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados, pero aun y cuando contra sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a derechos humanos, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el juzgador de amparo tomó en cuenta para emitir su fallo.
"Entonces, conforme a ese criterio, la afirmación hecha valer en el recurso de revisión, en el sentido de que la a quo del conocimiento violó la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional, así como a sus derechos humanos; como se adelantó, debe considerarse inoperante, dado que, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que dicho juzgador desempeña, si así se hiciera, se le trataría extralógicamente como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
"Sobre tales premisas, es patente que debe desestimarse lo que el inconforme argumenta en el escrito de revisión, respecto a que la Jueza de Distrito incurrió en un acto contrario a la Carta Magna; dado que tal planteamiento está orientado a demostrar que el Juzgado Federal conculcó derechos humanos y, como se indicó, los juzgadores de amparo, cuando conocen del juicio constitucional, sólo pueden violar disposiciones de la Ley de Amparo y de su ordenamiento supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales se debe regir su actuar, habida cuenta que son ellos quienes ejercen el control constitucional y de admitir que los actos emitidos como órganos de control constitucional pudieran violar derechos humanos, implicaría la desnaturalización del juicio de garantías que es la única vía para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos de autoridad.
"En el agravio identificado como ‘primero’, que la sentencia es ilegal, en virtud de que la a quo violó en su perjuicio el principio de exhaustividad, en virtud de que ‘... en el considerando tercero, que mi representada no hizo valer argumento tendiente a controvertir la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de BC y la Constitución Política ...’, al pasar por alto su argumento, en el sentido de que si la ley permite votar en ‘bloque’ los dictámenes del ejercicio de dos mil doce, entonces, ello era contrario al principio de legalidad, al permitir a los legisladores votar sobre normas que no conocían, situación que afirma, debió haber analizado la a quo, violando con ello el principio de exhaustividad, por lo que ‘... deberá levantarse el sobreseimiento decretado respecto de la falta de seguridad jurídica de las normas impugnadas y analizarse el agravio vertido ...’
"El anterior argumento es inoperante, puesto que, contrario a como lo refiere, el a quo en momento alguno decretó el sobreseimiento en el juicio por ausencia de conceptos de violación, tan es así, que luego de desestimar las causales de improcedencia vertidas por las responsables en sus informes justificados (considerando cuarto), entró a estudiar el fondo de la cuestión planteada (considerando quinto) y pronunciando la sentencia que ahora se revisa.
"Lo anterior se corrobora con el contenido de los considerandos ‘cuarto’ y ‘quinto’ de la sentencia recurrida, en la que el a quo plasmó lo siguiente:
"‘CUARTO. No se actualizan las causales de improcedencia hechas valer por las responsables, conforme a lo que enseguida se expondrá: El gobernador del Estado de Baja California, por conducto del subsecretario jurídico, y el secretario de Planeación y Finanzas del Estado, por conducto del procurador fiscal del Estado, hacen valer la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, aduciendo que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso. Así, para acreditar el interés jurídico, respecto a la impugnación de una norma legal, se encuentra condicionada a las premisas siguientes: a) Que los efectos de la norma alteren el ámbito jurídico del gobernado; y, b) Que el promovente del amparo acredite el pago del impuesto que considera inconstitucional con el recibo de pago que corresponda, siempre y cuando en el respectivo formato se plasmen, de manera indudable, las hipótesis normativas de que se trate. Es infundada la causa de improcedencia invocada, ya que del contenido de la documental, consistente en original de la declaración de impuestos estatales a nombre del quejoso **********, visible en la página catorce y quince de autos, relativa al pago de impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico (IEVFDCA), que anexó a su escrito de dieciséis de mayo del año en curso, se advierten elementos que permiten el cálculo del tributo cuya constitucionalidad se controvierte, como lo son los datos generales del contribuyente, el periodo de pago, base gravable, así como el importe por concepto del impuesto correspondiente; lo que permite concluir, sin lugar a dudas, la aplicación de la norma que la moral quejosa tilda de inconstitucional. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, como sucede en el caso. El criterio a que se alude, es la jurisprudencia 43/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento doce, Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: «LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.» (se transcribe texto). Finalmente, las mismas autoridades responsables, el gobernador del Estado de Baja California, por conducto del subsecretario jurídico y el secretario de Planeación y Finanzas del Estado, por conducto del procurador fiscal del Estado, en sus informes justificados manifestaron que debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, con relación a la fracción V del numeral 116 del citado ordenamiento legal, ya que la estructura tributaria no depara lesión a la esfera jurídica del quejoso, por virtud de que no resiente la carga impositiva, al constituir solamente un auxiliar del fisco estatal para recaudar el impuesto al consumidor. Dicha causa de improcedencia es infundada, pues de la simple lectura del texto que prevé el impuesto reclamado, se observa que la moral quejosa se encuentra obligada por la norma y su actuación no solamente es como retenedor o auxiliar del fisco; a continuación, se transcriben los artículos 156-33 y 156-34 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California: «Artículo 156-33.» (se transcribe). «Artículo 156-34.» (se transcribe). Del segundo numeral transcrito se advierte claramente que se encuentran obligados por la norma todas las personas físicas o morales que realicen la venta final de bebidas alcohólicas, por su parte, de la copia certificada que exhibió el quejoso denominada «aviso al registro estatal de causantes», a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que su giro es «abarrotes, miscelánea, vinos y licores» (sic), es decir, la quejosa es una persona moral que realiza venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, tal como lo prevé la ley reclamada. Además, aun y cuando se considerara cierto lo mencionado por las responsables y la moral quejosa sólo resultara un retenedor del impuesto, ello tampoco restaría su interés jurídico en el presente asunto, conforme a los siguientes criterios: «IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS. LA PERSONA FÍSICA O MORAL OBLIGADA A SU PAGO, AUNQUE NO SE TRATE DEL CONSUMIDOR FINAL, ESTÁ LEGITIMADA PARA RECLAMAR SU INCONSTITUCIONALIDAD.» (se transcribe texto). «BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, QUE PREVÉ EL IMPUESTO A LA ENAJENACIÓN CORRESPONDIENTE, EL CAUSANTE DE AQUÉL, AUNQUE SÓLO SEA RETENEDOR.» (se transcribe texto). QUINTO. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, por los motivos que continuación se expondrán. ... Por todo lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, y (sic) procede negar a **********, el amparo y la protección de la Justicia Federal, por los motivos y razonamientos expuestos en el cuerpo de esta sentencia.’ (fojas 315 a 326 del sumario)
"En ese sentido, no es correcto lo que sostiene el recurrente, en el sentido de que el a quo decretó el sobreseimiento en el juicio por falta de conceptos de violación en contra de los actos reclamados pues, como ya quedó evidenciado, ello no ocurrió en la especie.
"Sobre el tema, sirve de apoyo, por las razones que la informan, la tesis XVII.1o.C.T.36 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, visible en la página 1603, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS QUE NO OBRAN EN LOS AUTOS DE DONDE EMANA EL ACTO RECURRIDO. Los agravios en la revisión deben consistir en razonamientos lógico-jurídicos tendentes a evidenciar que las consideraciones que rigen la resolución recurrida son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; sin embargo, si esos razonamientos descansan o parten de situaciones, constancias o pruebas que no obran en los autos de donde emana el acto recurrido, ello torna inoperantes los agravios, por no contar el tribunal con elementos para determinar si son correctas o no las apreciaciones del recurrente.’
"Lo anterior se corrobora, si en cuenta se tiene que este Tribunal Colegiado en el considerando que antecede, corrigió de oficio una incongruencia en el dictado de la sentencia que ahora se revisa, consistente en la falta de análisis, por parte de la a quo, de diversos actos reclamados, por lo que luego de una revisión a los conceptos de violación, este Tribunal Colegiado no advirtió alguno encaminado a controvertir la constitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, de ahí que haya decretado el sobreseimiento con apoyo en lo dispuesto por los artículos (sic) 73, fracción XVIII, en relación al diverso 116, fracción B, ambos de la Ley de Amparo, situación que pone aún más en evidencia que la a quo no decretó sobreseimiento alguno, sino que fue este órgano jurisdiccional al reparar de oficio la incongruencia de que se habla. Consecuentemente, es incorrecto sostener que se violó en su perjuicio el principio de exhaustividad, en la medida en que los argumentos que controvierte no formaron parte de la sentencia sujeta a revisión.
"Por otro lado, el agravio identificado como ‘segundo’ está dirigido a impugnar las consideraciones expresadas por la Jueza de Distrito, al desestimar el primero y el segundo de los conceptos de violación, en los que el quejoso alegó que el proceso legislativo que culminó con la creación del impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, establecido en los artículos del 156-33 al 156-45 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, era violatorio del principio de legalidad, porque no se observó lo establecido en el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, y porque el decreto reclamado fue discutido y votado en bloque, es decir, después de que se dio lectura a los dictámenes del noventa y uno al ciento dieciséis.
"Como se recordará, la Jueza de Distrito desestimó esos planteamientos, porque estimó que, a pesar de que en el caso no existió discusión activa como elemento contingente de la aprobación de leyes, el decreto reclamado fue aprobado en la sesión correspondiente, y en ella se dispensaron los trámites reglamentarios, esto es, que los diputados no recibieron por lo menos tres días antes de la discusión en el Pleno, los dictámenes de las comisiones, con lo que se cumplió con el debido proceso.
"A lo anterior agregó la Jueza de Distrito que no se oponía a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 33/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se indican las condiciones para que pueda actualizarse la urgencia en la aprobación de leyes y decretos; pues estimó que en la ejecutoria que la originó, se estimó que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo provocaban la invalidez de la norma emitida o, por el contrario, no, era necesario tener en consideración el cumplimiento de los siguientes estándares: 1. Respetar el derecho de participación de todas las fuerzas políticas; 2 El procedimiento deliberativo debe desembocar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3. La deliberación y las votaciones deben ser públicas.
"Además de que, al resolver la acción de inconstitucionalidad, la Corte concluyó que esos criterios debían aplicarse sin perder de vista que la tramitación del procedimiento legislativo rara vez era única e invariable, y que al evaluar los estándares referidos se debían tomar en cuenta las particularidades del caso concreto; por lo que, al resolver el asunto correspondiente, la Corte precisó que no se cumplió con el primero de los estándares indicados, porque no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas.
"Luego, en el caso a estudio, ello no sucedió, porque ninguno de los diputados expresó reserva contra el Decreto Ciento Dieciséis.
"Por otra parte, los demás agravios expresados por el quejoso se encuentran dirigidos a impugnar esas consideraciones con la idea principal de que en el caso que se estudia el proceso legislativo es ilegal, porque no se justificó la dispensa de los trámites reglamentarios para la aprobación de leyes y decretos, lo que en efecto así aconteció, y esto basta para estimar fundados esos agravios, revocar la sentencia reclamada y conceder el amparo solicitado.
"Para justificar lo expuesto, resulta indispensable señalar que la figura de la dispensa de trámite legislativo, en el Estado de Baja California, se encuentra principalmente regulado por los artículos 31 de la Constitución Local y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establecen, respectivamente, lo siguiente:
"‘Artículo 31. En los casos de urgencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25291-f007788e/dispensa-de-tramites-legislativos-por-urgencia-la-indebida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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