CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DEL ARTÍCULO 51, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN TANTO QUE EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LO DECLARÓ INVÁLIDO EN LA SENTENCIA DICTADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21/2011 Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) DERECHO DE VETO. LA OMISIÓN DE SU EJERCICIO POR PARTE DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA EN RELACIÓN CON UNA LEY ESTATAL QUE IMPUGNA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORÍA PÚBLICA DE LA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS, EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21/2011, PROCEDE DECLARAR INVÁLIDOS, LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN X Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, QUE PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LAS TARIFAS DE PAGO POR LAS FORMAS VALORADAS Y LOS RECIBOS DE COBRO QUE DEBEN ADQUIRIR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS, Y LA OBLIGACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE TRANSFERIR MENSUALMENTE, ANTES DEL DÍA 15 DE CADA MES AL CONGRESO ESTATAL, LOS INGRESOS QUE PERCIBA POR DICHOS CONCEPTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO. EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN X Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE ESA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2013. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 5 DE DICIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, SERGIO A.VALLS HERNÁNDEZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día cinco de diciembre de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de febrero de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Emilio González Márquez, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en contra de los artículos 38, fracción X, y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año dos mil trece, en relación con el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2. SEGUNDO. La parte actora citó como preceptos violados los artículos 14, 16, 25, 31, fracción IV, 115, 116, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos impugnados y expresó los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. División de poderes. Competencia recaudatoria y facultades implícitas e inherentes para expedir y vender formas valoradas y recibos para el cobro de contribuciones.
"Como ha sido criterio reiterado de este Tribunal Constitucional, aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse competencias que corresponden constitucionalmente a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben implícitamente a la competencia de otro órgano del poder público.
"En este orden de cosas, para el ejercicio de las competencias y facultades inherentes y propias de cualquier órgano del poder público por parte de autoridades diversas a dichos poderes, resulta menester fundamental que dicha ejecución de atribuciones ajenas se encuentre habilitada expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que la función de que trate sea estrictamente indispensable para hacer efectivas las facultades propias del órgano del poder público aun cuando no sea una facultad inherente a su competencia originaria y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta.
"Lo señalado, resulta conforme a lo establecido en la tesis sin número, de la Séptima Época, con número de registro IUS: 237686, perteneciente a la Segunda Sala, bajo el rubro: ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe)
"Este criterio de interpretación constitucional debe considerarse simultáneamente a su vez, con la tesis P./J. 52/2005, de rubro: ‘DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, de acuerdo con el cual, el principio de división de poderes es una prescripción constitucional que exige un equilibrio entre los distintos órganos del poder público nacionales y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a los derechos humanos; la tesis de referencia es de rubro y contenido siguientes: (se transcribe).
"Bajo este tenor, válidamente se puede concluir que si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador, se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes del Estado, tal situación afecta el principio de división de poderes que encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado (que ocasiona la especialización de cada uno de sus poderes), se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de los tres poderes de aquél.
"Cabe puntualizar que en el devenir de las relaciones entre los distintos órganos del poder público pueden actualizarse lesiones al principio de división competencial, bien de una gravedad mayor o menor dependiendo del tipo de transgresión a las prohibiciones implícitas que en esta materia prevé el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) no intromisión; b) no dependencia; y, c) no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros, las cuales han sido conceptualizadas por la jurisprudencia de este Alto Tribunal en la tesis de número P./J. 80/2004, de rubro: ‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe)
"Anotado lo anterior en relación con el principio de división de poderes, el régimen constitucional de carácter flexible, el equilibrio interinstitucional que exige dicho principio y los grados de lesión de aquél en las relaciones entre los órganos del poder público, debe observarse, para efectos del presente asunto, que la materia objeto de estudio es la competencia tributaria, de tal forma que adicionalmente al principio constitucional de división de poderes debe analizarse la forma en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita a favor de determinados órganos la competencia hacendaria, por lo que se observan las siguientes etapas esenciales:
"I. Imposición. A través de la determinación legal tanto de los ingresos como de los egresos, proceso en el cual participan las autoridades legislativas (Congresos y Poderes Ejecutivos), como los Ayuntamientos y las juntas de gobierno de los organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales; lo que se encuentra vinculado con los principios constitucionales de solidaridad, de contribución equitativa y proporcional en sufragar el gasto público, en los términos que prevean la leyes, así como los respectivos de debida fundamentación y motivación, y autoridad legislativa competente, sustentados fundamentalmente en los artículos 3o., 25, 28, 31, fracción IV, 72, inciso H, 73, fracciones VII y XXIX, 74, fracción IV, 115, fracción IV, 117, fracciones VI y VII, 118, fracción I, 122, apartado C, fracción V, inciso b) y 131, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"II. Recaudación. Proceso mediante el cual se ejerce la autoridad (sic) exactora a fin de obtener los ingresos previstos por las leyes previamente aprobadas para integrar las haciendas públicas federal, estatal o municipal correspondiente, así como el patrimonio de los organismos descentralizados y entidades paraestatales, y en el cual sólo participan las autoridades habilitadas para dicho objeto, esencialmente los Poderes Ejecutivos, los Ayuntamientos a través de sus tesorerías u oficinas de servicios autorizadas legalmente en los organismos descentralizados y entidades paraestatales; siendo esta etapa partícipe de los elementos que componen el principio de obligación tributaria legal, equitativa, proporcional y con un objeto de gasto previamente establecido, e igualmente, a esta etapa le es aplicable (sic) los principios constitucionales de legalidad, autoridad competente, debido proceso y prohibición de privar del patrimonio sin juicio previo, sustentados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
"III. Distribución de la hacienda pública. La totalidad de los recursos financieros que vía contribuciones, en el sentido constitucional del término, se recaudan, son concentrados por la hacienda pública (Poderes Ejecutivos Federal o Local, Ayuntamiento) o en el patrimonio de los organismos descentralizados y entidades paraestatales, y a partir de ahí es que se deriva hacia los egresos que integran el presupuesto aprobado por el legislador, el Ayuntamiento o el órgano de gobierno respectivo. En esta etapa, el presupuesto de egresos es el elemento normativo con fuerza de ley que norma la programación del gasto por lo que la transferencia de los recursos financieros recaudados a las diversas entidades en el presupuesto contempladas no es inmediata, sino que los traspasos se realizan mediante un mecanismo de calendarización que depende de manera directa de los ingresos del Estado y no de la entrada en vigor del decreto presupuestario; esta etapa en que se despliega la función hacendaria se encuentra vinculada con diversos principios y bases constitucionales como son los de previa programación y presupuestación del gasto público en sede legislativa, en atención a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, con fundamento en los artículos 2o., 74, fracción IV, 75, 99, 100, 115, fracción IV, 116, fracción II, 117, fracción VIII, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), 123, apartado B, fracción IV, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"IV. Ejercicio del gasto público. Toda vez que fue determinado previamente la forma en que habría de erogarse el ingreso correspondiente al ejercicio fiscal, los ingresos que integran la hacienda municipal deben destinarse a sufragar el gasto público en los conceptos aprobados en el presupuesto previamente establecido, a favor de los órganos de gobierno contemplados en dicho presupuesto pero siempre en apego irrestricto al cumplimiento de los principios que aseguren su correcto ejercicio: legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, pero fundamentalmente, sin erogarse pago alguno no previsto en el presupuesto de egresos correspondiente o en ley posterior, lo que resulta congruente con la prohibición constitucional prevista en el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los principios rectores del gasto estipulados en el artículo 134 de la misma Carta Magna.
"V. Fiscalización del gasto público. Así, una vez agotadas las etapas anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la concurrencia de diversos mecanismos de auditoría pública afectos a verificar el cumplimiento, en las etapas previamente descritas, de los principios constitucionales y disposiciones legales relacionadas con cada una de ellas, observando para tal fin como criterios rectores los principios constitucionales de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, conforme a las prescripciones que en esta materia prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 41, fracción V, 73, fracción XXIV, 74, fracción VI, 79, 115, fracción IV, 116, fracciones II y IV, inciso k) y 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos c) y e), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Bajo el tamiz de las competencias y procedimientos antes señalados, es indudable que el sistema constitucional mexicano ha delimitado los márgenes de las atribuciones conforme a las cuales deberán actuar las autoridades legislativas, fiscales, hacendarias, ejecutoras del gasto y fiscalizadoras, tanto a nivel federal como local, de lo que puede inferirse que cualquier alteración a este orden previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no se corresponda esencialmente o se aparte de los principios constitucionales referidos con anterioridad, debe considerarse inconstitucional, en tanto que puede derivar de la invasión de esferas competenciales, violación al principio de legalidad, de autoridad competente, vulneración a las garantías fiscales del gobernado, transgresión a los principios de ejercicio del gasto, entre otros.
"Visto lo anterior, es oportuno señalar que en el ámbito local del Estado de Jalisco, el sistema tributario-fiscalizador se sustenta casi esencialmente bajo los mismos conceptos previstos por la legislación nacional. En efecto, la Constitución Política del Estado de Jalisco prevé un ámbito delimitado de atribuciones en las materias referidas anteriormente considerando prioritariamente el apego a las disposiciones normativas constitucionales federales.
"En este sentido, la facultad legislativo-impositiva se concreta mediante el procedimiento ordinario legislativo, donde el Poder Ejecutivo proyecta iniciativas de ley de ingresos y de presupuesto de egresos estatales correspondientes al ejercicio fiscal del que se trate, al igual que hacen los Ayuntamientos con sus iniciativas de leyes de ingresos y tablas de valores catastrales, mientras que corresponde al Congreso del Estado analizar, discutir, dictaminar y, en su caso, aprobar las iniciativas que en materia de ingresos fueron presentadas por las autoridades competentes para ello, es decir, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente normatividad: (se transcriben los artículos 28, 50, fracciones II y XI y 89 de la Constitución Política; 8 del Código Fiscal; 42, 43, 44, 45, 46, 46 Bis, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; así como 37, fracción I, 38, fracción I y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, todos del Estado de Jalisco).
"Ahora bien, una vez atendida la etapa legislativa de creación de las imposiciones fiscales, la recaudación es la etapa fundamental que vincula la creación normativa con el soporte del gasto público, por lo que dicha competencia exactora, al igual que en el orden constitucional federal, se establece a favor exclusivamente del Poder Ejecutivo, tanto estatal como a favor de los Ayuntamientos, e incluso a sus organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales, en mérito de la distribución de facultades previstas por las leyes, a saber: (se transcriben los artículos 50, fracción XI, 88 y 89 de la Constitución Política; 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 47, fracción XI, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; 8, párrafo primero, 9, 10, 15, 16, 22 y 23 del Código Fiscal; 11, 20, 21, 22, 23, 23 Bis, 24, 135, 136 y 191 de la Ley de Hacienda Municipal, todos del Estado de Jalisco).
"De esta forma, los ingresos recaudados se concentran en una sola entidad financiera denominada hacienda, estatal o municipal según corresponda, destinada para sufragar los gastos de la administración pública y demás obligaciones a cargo de dichas entidades públicas, integrada en cada ejercicio fiscal por los ingresos públicos derivados de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que establezcan las leyes fiscales, estatales o municipales correspondientes, así como las participaciones que de ingresos federales le correspondan.
"De esa forma es que resulta inconcuso que el Poder Ejecutivo del Estado es el único encargado de la proposición de los ingresos y egresos respectivos, así como de la recaudación, administración y distribución de la hacienda y las finanzas públicas, y en el ámbito municipal, lo son los Ayuntamientos.
"Conformado el acervo común denominado hacienda pública, estatal o municipal, los egresos son distribuidos de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado con anterioridad al año fiscal en que deba regir, y de acuerdo al cual las dependencias sólo podrán realizar las erogaciones que el mismo presupuesto prevé, absteniéndose en todo caso de realizar gasto alguno que no conste en el presupuesto de egresos o que no sea aprobado por el Congreso en otra ley, de tal forma que en el ejercicio del gasto público estatal ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuestal expresa, por lo que el manejo y aplicación de los recursos, que para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas aprobados realicen las dependencias y entidades, deberán ajustarse a las partidas y montos presupuestales autorizados, salvo que se trate de aquellas que se señalen en el presupuesto de egresos del Estado como de ampliación automática cuyo monto de erogación no sea posible prever.
"Así, completados todos los elementos del sistema tributario-presupuestal, en el ámbito local también se adopta el sistema constitucional federal de fiscalización de los ingresos y egresos, por lo que existen autoridades facultadas con carácter exclusivo para atender dicha actividad fiscalizadora como lo es el Congreso Local a través de la Auditoría Superior del Estado.
"En efecto, la Auditoría Superior del Estado tiene por objeto, con base en el artículo 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la revisión y auditoría pública de la cuenta pública y de los estados financieros de la entidades públicas locales, facultad la cual permanece soberana, inalienable e imprescriptible a favor del Congreso del Estado, el cual se apoya para tales efectos en la Auditoría Superior, que es un organismo técnico, profesional y especializado, de revisión y examen del Poder Legislativo, dotado con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decisión, integrado por personal profesional, seleccionado por oposición, bajo el régimen de servicio profesional de carrera. De esta forma, se atienden los principios constitucionales que permitan verificar el recto actuar de las autoridades respectivas en los diversos momentos como lo son la recaudación de ingresos, la administración de los mismos y de los bienes del Estado y la ejecución del gasto público.
"De lo anterior puede inferirse que aparentemente la legislación local jalisciense es congruente con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que al sistema tributario y fiscalizador se refiere; sin embargo, como ha sido señalado en el apartado relativo a la ‘Norma cuya invalidez se demanda’ y como se demostrará a continuación, es falso que el sistema tributario y fiscalizador se apegue irrestrictamente a los principios constitucionales antes señalados sino que por el contrario, no solamente los contraviene sino que de forma reiterada el Congreso Local pretende a través de la normatividad impugnada, ejercer actos que vulneran y trastocan gravemente la división de poderes y la organización del Estado en tanto que se superpone dicha legislatura sobre el resto de poderes y órganos del poder público de la entidad federativa.
"Sin embargo, en el caso de la especie, el sistema tributario especial reclamado creado por el Congreso del Estado y que entró en vigor en forma absoluta el pasado día primero de enero de dos mil trece, se sustenta en una serie de disposiciones normativas privativas que a su vez lesionan gravemente la integridad del orden jurídico constitucional de estructura del poder público, con lo que se vulnera la estructura originaria del Estado.
"En efecto, los artículos reclamados en la presente demanda de controversia constitucional, a saber, 38, fracción X y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2013, así como el diverso 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforman un sistema exactor especial e ilegítimo, que en su esencia es el resultado de la actuación despótica y arbitraria del Congreso del Estado en cuanto su implantación como entidad superior que suplanta al Poder Constituyente Reformador en el ejercicio de las facultades de determinación de las competencias originarias, a la vez que mediante el sistema tributario especial reclamado se introduce una sujeción subordinante de los órganos del poder público del Estado de Jalisco a la voluntad tiránica del Poder Legislativo del Estado en cuanto al ejercicio de la competencia hacendaria se refiere.
"Lo anterior resulta evidente de la simple lectura de los dispositivos reclamados, cuyo texto normativo es del orden siguiente: (se transcriben las normas impugnadas)
"Como se observa de los artículos 38, fracción X y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2013, así como el diverso 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios supracitados, los mismos conforman un sistema tributario especial, conforme al cual, se constituye al Congreso del Estado como autoridad exactora en tanto establece como competencia exclusiva de la legislatura la venta de las formas valoradas y recibos para cobros de contribuciones a las entidades fiscalizadas estatales y municipales, quienes previamente a recaudar las contribuciones previstas en las leyes fiscales a su favor, deberán adquirir las formas y recibos correspondientes ante el Poder Legislativo, a través de su Comisión de Administración, pagando para tal efecto los derechos previstos en la ley de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal en que se utilizarán las formas valoradas y recibos mencionados.
"De esta forma, resulta indudable que para efecto de que las entidades fiscalizables, como lo son el Poder Ejecutivo y los Municipios del Estado, así como sus respectivos organismos públicos descentralizados, se encuentren en aptitud de ejercer su competencia tributaria deben sujetarse invariablemente a la voluntad del Poder Legislativo en tanto que a fin de recaudar las contribuciones legales que les corresponden deben adquirir y pagar previamente al Congreso Local los formatos y recibos conforme a los cuales se hacen constar el pago y recepción de las contribuciones efectuadas por la ciudadanía, lo que indudablemente coloca a los órganos del poder público en una situación de subordinación frente a la Legislatura Local en tanto que aquéllos se encuentran inhabilitados para ejercer su competencia recaudatoria si previamente no han adquirido y pagado los derechos por las formas valoradas y recibos de cobro que vende el Congreso del Estado.
"Lo anterior es así, en tanto que no debe perderse de vista que la competencia recaudatoria conlleva una facultad implícita consistente en la expedición y venta de formas valoradas y recibos para el cobro de contribuciones, toda vez que dicha atribución es inherente al ejercicio de la competencia tributaria originariamente determinada a favor del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios, en tanto que sin la misma se incumple el principio de seguridad jurídica a favor de los contribuyentes puesto que es mediante dichas formas valoradas y recibos para cobro que la autoridad exactora hace constar de forma cierta, a favor de los gobernados, respecto del cumplimiento que los mismos han hecho de las obligaciones fiscales en atención al principio constitucional de solidaridad respecto de la contribución al sostenimiento del gasto público.
"En este sentido, precisamente la legislación del Estado de Jalisco ha determinado expresamente a favor de diversas entidades del poder público, como es este Poder Ejecutivo, la asignación de la facultad consistente en la expedición y venta de formas valoradas y recibos para el cobro de contribuciones, a saber: (se transcriben los artículos 51, 57 y 61 del Código Fiscal; 10, 28, 43, 59 y 71 de la Ley de Hacienda; 38, 40, 111, 119, 135, 165, 170 y 191 de la Ley de Hacienda Municipal; 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 y 288 del Código Penal; así como 21, 30, 31, 145 y 146 de la Ley del Registro Civil, todos del Estado de Jalisco).
"De los preceptos citados puede colegirse que la atribución, a favor del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos jaliscienses, así como sus respectivos organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales, relativa a la impresión de formatos y recibos diversos para el cobro del universo de contribuciones previstas por la legislación local es una facultad implícita e inherente al ejercicio mismo de la competencia fiscal-recaudatoria desarrollada por dichas autoridades administrativas, de tal forma que de no realizarla en forma directa pierden éstas el control y custodia de la función recaudadora misma, en perjuicio de la hacienda pública y, por consecuencia, en detrimento del resto de funciones del Estado sujetas al ejercicio de los recursos presupuestados que se pretenden obtener, pero fundamentalmente, en perjuicio de los contribuyentes quienes verían afectado su derecho humano de seguridad jurídica en materia tributaria.
"Conforme a lo expuesto, resulta indudable que con la distribución de facultades establecida por el legislador donde se asigna a sí mismo al Congreso Jalisciense, la atribución para mandar imprimir y vender a las entidades recaudadoras del Estado las formas valoradas y recibos de cobro necesarias para realizar la función exactora, se provoca un defectuoso desempeño de las originarias autoridades fiscales, en tanto que limita el ejercicio de su competencia recaudatoria en tanto que éste se encuentra supeditado a los recursos financieros con que cuenten previamente, a fin de hacerse llegar, con posterioridad, de los formatos necesarios para recaudar los recursos fiscales que prevean las leyes, por lo que ante dicha situación la autoridad exactora se encuentra inconstitucional, ilegal e ilegítimamente restringida en el ejercicio de las facultades derivadas de su respectivo ámbito competencial recaudador.
"Si conforme a lo prescrito en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, consisten en la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros; válidamente debe colegirse que en el caso de la especie no sólo existe una intromisión de un poder sobre otro puesto que el Poder Legislativo se inmiscuye e interfiere en una cuestión propia del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, como lo es la competencia tributaria, sino que de ello resulta adicionalmente una afectación determinante en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, derivada de la sumisión en la cual se les coloca frente al Congreso del Estado, en tanto que si no compran y pagan previamente al Poder Legislativo formas valoradas y recibos para cobro de las contribuciones estatales y municipales, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos se verán impedidos para recaudar los ingresos tributarios previstos por las leyes; de esta forma, la manifiesta dependencia del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, así como de los organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales de ambos, respecto del Poder Legislativo, representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que el Poder Legislativo impide al Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos, de forma antijurídica e inconstitucional, que tomen decisiones o actúen de manera autónoma en la ejecución de su competencia originaria recaudadora y de las correlativas facultades inherentes y propias a la mencionada competencia.
"Así, resulta indubitable que en el caso de la especie, el Congreso del Estado no sólo se superpone al orden jurídico determinado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también trastoca gravemente la estructura orgánica y de asignación competencial prevista por la Carta Magna, en tanto que no sólo el Poder Legislativo se arroga una competencia constitucionalmente asignada originariamente a otras autoridades, la competencia recaudatoria de este Poder Ejecutivo y los Municipios del Estado de Jalisco, sino que adicionalmente supedita el ejercicio competencial de éstos órganos del poder público a los designios ulteriores de un solo Poder, a la voluntad propia y variable del Congreso del Estado.
"De esta forma, no sólo es evidente la invasión competencial referida en cuanto a la autoproclamación del Congreso del Estado con facultades recaudatorias propias y superiores a las asignadas constitucionalmente al Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos jaliscienses, sino que también se acredita cómo el Poder Legislativo se arroga funciones implícitas e inherentes a la competencia recaudadora del Estado como lo es la atribución consistente en imprimir los formatos y recibos para el cobro de las contribuciones previstas por las leyes, por lo que resulta indudable la presencia de una vulneración grave al principio de división de poderes y, por consecuencia, debe decretarse la inconstitucionalidad del sistema tributario impugnado, previsto en los artículos 38, fracción X y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2013 y el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
"Segundo. Principio de legalidad tributaria. Elementos cualitativos y cuantitativos de las contribuciones.
"Bajo la forma de gobierno republicana y democrática, el sistema fiscal mexicano se sustenta en diversos principios constitucionales que garantizan precisamente la congruencia entre las obligaciones y los derechos ciudadanos y las limitaciones de la ley al abuso de la autor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25339-ee67e108/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA IMPRESIÓN, ADQUISICIÓN, USO Y COB (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ESTÍMULOS FISCALES. CUANDO INCIDAN EN LA OBLIGACIÓN SUSTANTIVA RELATIVA AL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN, LES SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD CONT (V.2o.P.A.15 A)
- EGRESOS, PRESUPUESTO DE. NO ES INCONSTITUCIONAL UNA CONTRIBUCIÓN PORQUE SE ESTABLEZCA ANTES DE QUE SE APRUEBE EL.- (972)
- CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚBLICO ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.- (155)
- LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL HECHO DE QUE LA DETERMINACIÓN, EL CÁLCULO O PUBLICACIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NO C (1a. XXVII/2006)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis