ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 89, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 323, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 29 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A ACCEDER A ESA INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE Y QUE EL ÓRGANO DEL ESTADO GARANTE DEL DERECHO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TENDRÁ COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE AQUÉLLOS, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -con salvedades-, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 112, INCISO A), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 323, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 29 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas se pronunciaron en contra de la invalidez. Los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron a favor. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 323, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 29 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, se pronunciaron a favor de declarar la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 145, PÁRRAFO DOCE, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 323, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 29 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "EN EL CONVENIO DE COALICIÓN SE DEBERÁ MANIFESTAR QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS, SEGÚN EL TIPO DE COALICIÓN DE QUE SE TRATE, SE SUJETARÁN A LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA QUE SE HAYAN FIJADO PARA LAS DISTINTAS ELECCIONES, COMO SI SE TRATARA DE UN SOLO PARTIDO. DE LA MISMA MANERA, DEBERÁ SEÑALARSE EL MONTO DE LAS APORTACIONES DE CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, ASÍ COMO LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES"-, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 323, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 29 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -quien además votó por el análisis del diverso artículo 141 del ordenamiento indicado para reconocer su validez-, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN R
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2014 Y SUS ACUMULADAS 55/2014, 61/2014 Y 71/2014. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 71/2014, promovidas por el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, respectivamente, para combatir el Decreto Número 323, por el que se aprueba el Código Electoral de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintinueve de junio de dos mil catorce; y,
RESULTANDO:
(1) I. Presentación, trámite y turno. Por escritos(1) recibidos el veinticuatro, veinticinco y veintinueve de julio de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Guerrero Rubio y Jorge Legorreta Ordorica, secretario técnico y secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez y María Elena Orantes López, en su calidad de coordinador, integrantes y secretaria de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del partido político Movimiento Ciudadano; José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática, y Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; promovieron acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Número 323, por el que se aprueba el Código Electoral de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintinueve de junio de dos mil catorce.
(2) En los ocursos correspondientes señalaron que se vulneran, entre otros, los artículos 1o., 8o., 9o., 13, 14, 16, párrafo primero, 17, 20, párrafo tercero, 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones IV y V, 39, 40, 41, 54, fracción V, 116, fracciones II y IV, 124, 133, 134, párrafo octavo, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los numerales 14, punto 1, 16 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1 a 7 de la Carta Democrática Americana.
(3) Atento a lo anterior, mediante proveídos(2) de veinticinco, veintiocho y treinta de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa, ordenó:
(4) - Formar los expedientes números 42/2014, 55/2014, 61/2014 y 71/2014, y acumularlos, en virtud de que en ellos se combatía el mismo decreto;
(5) - Una vez que inicie el segundo periodo de sesiones de este Alto Tribunal, remitir los autos a la presidencia para que determinara lo relativo al turno;
(6) - Tener por presentados a los promoventes con la calidad con que se ostentaron y admitir a trámite los medios de control constitucional;
(7) - Dar vista a los poderes demandados para que rindan sus respectivos informes y requerir al Congreso del Estado para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado;
(8) - Dar vista al procurador general de la República para que, en su oportunidad, formulara el pedimento correspondiente;
(9) - Solicitar al consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad, y al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que enviara copias certificadas de los estatutos de los partidos accionantes, así como la certificación de su registro; y,
(10) - Pedir la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(11) Conforme a lo referido con anterioridad, en acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce,(3) el presidente de este Alto Tribunal ordenó remitir los autos a quien por turno le correspondieran, siendo el Ministro Luis María Aguilar Morales, conforme a la constancia(4) que, al efecto, emitió el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(12) II. Conceptos de invalidez que se plantean de manera común. Dentro de los ocursos de demanda los institutos políticos accionantes, desarrollan diversos conceptos de invalidez, comunes, en los que expresan sustancialmente, lo siguiente:(5)
Voto para coaliciones (Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática)
(13) El artículo 145, párrafo 12, limita el derecho al sufragio ciudadano y viola los principios de representación proporcional, asociación y certeza.
(14) Lo anterior, por principio de cuentas, porque le resta eficacia, ya que cuando se marque más de una opción de partidos coaligados, el sufragio se tomará en cuenta para el candidato, pero no para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas partidistas, aun cuando en la mecánica del sistema de representación proporcional, el voto debe entenderse como una unidad, es decir, en su doble carácter de emitido a favor del candidato de mayoría relativa, y también del instituto político coaligado, por lo que debe ser considerado de forma igualitaria, y no cortarse o separarse como establece el precepto controvertido, toda vez que los efectos jurídicos que conlleva son diversos.
(15) Además, porque se limita el derecho de los candidatos de representación proporcional, pues el voto expedido a favor de los de mayoría relativa debe ser considerado para que puedan acceder al cargo al que aspiran, y esto no se garantiza en los términos en que está regulado el artículo controvertido que, por tanto, restringe de manera injustificada, y sin sustento alguno, su participación en la vida democrática del Estado, así como su derecho de acceder al ejercicio del poder público, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
(16) Por otro lado, se viola el principio de representación proporcional, cuya finalidad es que cada partido tenga una representación lo más cercana al porcentaje de votación que obtuvo respecto de la total válida, porque dejan de contabilizarse todos los sufragios emitidos a favor de los institutos políticos coaligados, con lo que se distorsiona el grado de representatividad que tendrán a nivel de órganos legislativos y, por tanto, se modifica indebidamente la proporcionalidad en la repartición de los espacios, que favorece a los partidos que no se coaligaron, y afecta, de manera injustificada, la representatividad efectiva de las minorías políticas.
(17) Adicionalmente, se limitan el alcance y el valor del voto público y privado a los partidos políticos; se menoscaba el valor del sufragio; se desconoce el acuerdo de voluntades entre partidos para participar de manera conjunta en el proceso, y se contradicen las reglas específicas del cómputo de votos, así como las relativas a la determinación de validez o invalidez de los sufragios.
(18) Por último, existe una antinomia entre lo dispuesto en los párrafos once y doce del precepto impugnado, pues mientras el primero dispone que los votos emitidos a favor de los candidatos de una coalición se sumarán para éste y los partidos, el segundo establece que, cuando se marque más de una opción de instituto político, sólo serán válidos para el candidato, y no podrán tomarse en cuenta para la asignación de representación proporcional.
Propaganda gubernamental (Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática)
(19) Los artículos 169, párrafo décimo noveno y 254, inciso a), vulneran lo dispuesto en el diverso artículo 134, párrafos octavo y noveno, de la Ley Fundamental, pues el primero establece una excepción a la prohibición categórica en él prevista; además, conforme al artículo tercero transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, ambos preceptos invaden la esfera de atribuciones del Congreso Federal que debía regular sobre la materia, a más tardar, el treinta de abril de dos mil catorce y, finalmente, el segundo de los artículos combatidos, se refiere a facultades que son propias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Porcentaje de financiamiento público (Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional)
(20) El artículo 112, inciso a), fracción I, viola los principios de legalidad y equidad, pues no se adecua a lo establecido en el artículo 41, fracción II, inciso a), así como el 116, fracción IV, inciso g), ambos de la Ley Fundamental, que contienen bases comunes en relación con los elementos necesarios para determinar el financiamiento público, entre los que se toma en cuenta, un sesenta y cinco por ciento del salario mínimo, mientras que el legislador local estableció un porcentaje menor (veinte por ciento), y esto afecta el derecho de los partidos a recibir, en forma equitativa, esta prerrogativa, lo que va en detrimento del cabal cumplimiento de sus fines, además de que soslaya la obligación que tenía de ajustar la previsión estatal a la fórmula contenida en la Ley Fundamental.
(21) En relación con este tópico, debe tenerse presente, lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, cuyo contenido debe tomarse como una base mínima para que los Estados regulen la asignación del financiamiento, a fin de evitar desproporción, inequidad y desequilibrio, máxime que soslayarlo derivaría en una violación al orden competencial del país, pues es éste del que se desprende la distribución correspondiente.
(22) III. Conceptos de invalidez de Movimiento Ciudadano. Dentro de su escrito inicial, el mencionado partido político hace valer, en esencia, lo siguiente:
Fiscalización es facultad federal
(23) Los artículos 45, párrafo primero, 135, párrafo segundo, 136, 137, 138, 139 y 140 regulan el tema de la fiscalización que, conforme a la Ley Fundamental, compete en exclusiva al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en todo caso, en términos de lo establecido en la normativa aplicable, podrá delegarlo a la autoridad estatal.
Nombramiento del contralor
(24) El artículo 46, párrafo segundo, es contrario a los principios de legalidad y certeza, pues el método para designar al contralor del Instituto Electoral del Estado no garantiza que actúe con estricto apego a los principios que deben regir su labor, en tanto que su nombramiento resulta de una facultad discrecional que se delega a la autoridad electoral.
Prorrateo
(25) El artículo 141 permite a los partidos decidir la forma en que cumplirán con sus obligaciones en materia de fiscalización, a través de la figura del prorrateo, pero ésta no es aplicable a las coaliciones, pues la legislación estatal no prevé que el convenio respectivo contenga el monto que cada partido aportará en ella, con lo que les da la posibilidad de elegir la forma de prorrateo que más les convenga, y se vulnera el principio de equidad, así como lo previsto en el artículo 17 constitucional.
(26) De esta suerte, las disposiciones que rigen en materia de fiscalización de los partidos políticos no pueden ser aplicadas a las coaliciones, pues no es posible asimilar ambas figuras, máxime cuando el código estatal no establece la obligación de precisar el porcentaje del monto que cada instituto aportará a éstas, y tampoco, que cada instituto que las integre deba reportar directamente los gastos realizados en campaña, para hacerse legalmente responsable del uso de los recursos.
(27) En esta lógica, las violaciones constitucionales que se alegan surgen porque, contrariamente al espíritu de la reforma constitucional de dos mil siete, la norma permite colectivizar la fiscalización de las coaliciones, en lugar de individualizarla y, consecuentemente, separar derechos y obligaciones, a pesar de que este proceso debe ser claro y congruente con el ámbito que lo rige y, por tanto, se genera inequidad, se distorsiona la justicia, y se le resta eficacia, pues deja de cumplir con uno de los principales cometidos que persigue, a saber, que no se rebasen los topes de gastos de campaña.
Partidos de nueva creación no pueden coaligarse
(28) El artículo 143, párrafo cuarto, limita el derecho de asociación de los ciudadanos, y su posibilidad de acceso a los cargos públicos, pues impide a los partidos con registro reciente integrar coaliciones, con lo que se limita su intervención efectiva en los procesos electorales, en contravención a lo establecido en el artículo 41, base I, de la Ley Fundamental.
(29) Además, no es posible que dicha previsión se sostenga en lo establecido en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral, pues éste no puede estar por encima de la Ley Fundamental, y de los ciento treinta y seis artículos que la integran, y que son los únicos que tienen el carácter de Norma Suprema.
Voto candidatura común
(30) Los artículos 210, fracción VII, párrafo final y 212, fracción II, violan los derechos de voto activo y asociación, pues prevén que dejarán de sumarse los votos de candidatura común para el cómputo de diputados y regidores de representación proporcional, lo que impacta negativamente en el porcentaje de votación para la asignación atinente, así como la distribución de prerrogativas.
(31) Además, contravienen el principio de certeza, y desnaturalizan la figura de candidaturas comunes, máxime conforme al contenido del artículo 54, fracción II, de la Constitución General de la República y el 214, fracción II, del código comicial del Estado.
(32) Los preceptos combatidos dan lugar a un manejo injustificado del voto ciudadano, que desvirtúa la voluntad de los electores, y desnaturaliza el objeto y fin de la manifestación del sufragio, sobre todo, atento a que la candidatura común es una opción en la que dos o más partidos postulan al mismo candidato, sin perder su identidad como institutos políticos en lo individual, pues aparece el nombre de cada uno en la boleta, junto con el del candidato en cuestión.
Voto en el extranjero
(33) El artículo 274 vulnera los artículos 1o. y 35, fracción I, de la Constitución, pues restringe el derecho de los mexicanos en el extranjero para votar en las elecciones de presidente, senadores, diputados (federales y locales), así como Ayuntamientos, en tanto que sólo les autoriza sufragar en la de gobernador, aunque el texto constitucional no establece alguna distinción en cuanto al tipo de representantes a los que podría elegir.
(34) En la misma lógica, los artículos 289 y 292, en ambos casos, párrafo primero, son contrarios a la Ley Fundamental, pues también se refieren, únicamente, a la figura del gobernador del Estado.
Candidatos independientes
(35) - El Código Electoral de Michoacán regula de manera excesiva lo relativo a las candidaturas independientes, al grado que les impone mayores requisitos que a los partidos políticos, a pesar de que no cuentan con la estructura y financiamiento público que éstos tienen, con lo que imposibilita el ejercicio de ese derecho aun cuando se encuentra previsto en la Ley Fundamental, pues no hay condiciones equitativas de competencia, lo que se acredita con las disposiciones normativas combatidas de manera específica en el presente medio impugnativo y, en esta lógica, ante el cúmulo de excesos normativos que a través de ellas se acreditan, es de resolverse la inconstitucionalidad general del título segundo que las contiene, pues no permite el ejercicio efectivo del derecho contenido en el artículo 35 de la Ley Fundamental.
(36) - El artículo 230, fracción IV, inciso f), no cumple con los parámetros de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad, y vulnera el principio de igualdad, así como los demás principios que rigen la materia, pues impide a los candidatos independientes recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas, de cualquier persona física o moral, aunque a los partidos políticos se les condona hasta el veinticinco por ciento del impuesto sobre la renta en el mismo supuesto.
(37) - El artículo 231, inciso d), impone como sanción, por determinadas conductas, la prohibición de que los ciudadanos participen como candidatos en las dos elecciones siguientes a aquella en que se haya detectado la irregularidad, sin tomar en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni las atenuantes o agravantes que pudieran presentarse en cada caso concreto, lo que atenta contra el derecho a ser votado, y no se ajusta a los supuestos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, ya que esto sólo debería aplicarse en los casos de mayor gravedad.
(38) - Los artículos 298, párrafo segundo, fracciones I y II, y 314, fracción II, restringen el derecho a ser votado y de acceso al cargo, al condicionar el número de ciudadanos que podrán registrarse como candidatos independientes, e impedir hacerlo, por esa vía, a quienes ostenten cargos partidistas o del servicio público, pues establecen prohibiciones que coartan la participación efectiva de los ciudadanos, y atentan contra el contenido esencial de los derechos que se estiman vulnerados.
(39) - No existe concordancia entre lo previsto en el artículo 305, fracción II, párrafo final y los artículos 55 y 58 de la Ley Fundamental, pues a los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes se les exige la certificación de estar inscritos en la lista nominal de electores, aunque esta constancia no es apta para obtener un fin legítimo, máxime cuando además de ésta deberán aportar la copia certificada del acta de nacimiento, y la copia simple de la credencial para votar, por lo cual el requisito en cita no es proporcional ni razonable.
(40) - El artículo 312, párrafo primero, es inconstitucional, porque obliga a los ciudadanos que decidan manifestar su respaldo a algún aspirante a candidato independiente a presentar copia de su credencial para votar, y esto resulta desproporcionado e irracional, pues además, tendrán que presentar el original de dicho documento y comparecer ante los funcionarios que la autoridad electoral designe al efecto, quienes podrán cotejar, de manera directa e inmediata, los datos que estimen necesarios, y constatar que se encuentran en pleno goce de sus derechos político-electorales, y que están inscritos en el listado nominal y pertenecen a la demarcación territorial de la candidatura que deseen apoyar.
(41) - El artículo 318, párrafo primero, fracción II, prevé que quienes hayan obtenido el derecho a contender como candidatos independientes, al momento de solicitar su registro, deben exhibir el dictamen en el que el instituto electoral haya confirmado la licitud del origen y destino de sus recursos, y esto es excesivo y desproporcional, pues la verificación la realiza la propia autoridad que, por tanto, por los medios expeditos a su alcance, tendría que constatar que se haya cumplido con dicha disposición.
(42) - El artículo 308 es inequitativo y disfuncional, porque los plazos que prevé para llevar a cabo las acciones tendentes a obtener el respaldo ciudadano no son idóneos ni razonables para garantizar el derecho a votar y ser votado a través de una candidatura independiente, pues los ciudadanos carecen de una estructura que les permita establecer estrategias o llevar a cabo acciones encaminadas a reaccionar de manera inmediata en los periodos de tiempo establecidos, para cumplir con el requisito correspondiente.
(43) - El artículo 313, fracción I, es excesivo, desproporcional e injustificado, y violenta la libertad de los ciudadanos a decidir a quién apoyarán, pues permite decidir a la autoridad, de manera arbitraria, cómo será computado el apoyo, cuando lo correcto sería que requiriera a quien lo emitió para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, de esta forma, dejara clara su voluntad, trato que se da a los partidos ante situaciones similares.
(44) Por su parte, el último párrafo del precepto en cita vulnera el derecho de audiencia de los ciudadanos, pues antes de declarar la nulidad de la manifestación, la autoridad debería otorgar un plazo improrrogable a los ciudadanos para que subsanaran las omisiones detectadas y, al no hacerlo, no asegura las condiciones generales de equidad entre los contendientes, en el sentido de que toda candidatura debe ser reflejo de la voluntad ciudadana.
(45) - El artículo 314, fracción IV, exige un porcentaje de firmas para acreditar el respaldo ciudadano que es excesivo y desproporcional para el caso de quien quiera contender en la elección de gobernador, frente a los que aspiren a hacerlo en la elección de diputados y miembros de los Ayuntamientos, en cuyo caso, sólo deben obtener el apoyo que resulte afín a su demarcación.
(46) - Los artículos 191, párrafo tercero y 317, párrafo segundo, vulneran el derecho de acceso al cargo de todo ciudadano por igual, y violentan disposiciones del propio código comicial en relación con los registros mediante fórmulas y planillas, pues tanto los propietarios como los suplentes reciben el respaldo ciudadano y, por tanto, en la etapa de registro no tendría porqué eliminarse la posibilidad de los segundos de acceder a la titularidad si faltaran los primeros.
(47) - El artículo 320 evidencia que los candidatos independientes están extremadamente regulados, y que se les da un trato como partidos para sancionarlos y como ciudadanos para limitar el ejercicio de sus derechos, pues se les amenaza por todo, por ejemplo, con no ser registrados o perder su registro por actos anticipados de campaña; utilizar o contratar tiempos en radio y televisión, y no presentar informes correspondientes a la obtención del apoyo ciudadano y de campaña, además de que se les prohíbe usar bienes públicos (teléfonos, fotocopiadoras, faxes, entre otros), todo lo cual contraviene su derecho a votar y ser votados.
(48) - El artículo 326 vulnera los principios de equidad y certeza, pues no establece parámetros fijos de las cantidades que, en su caso, corresponderían a los candidatos independientes, sino que lo supedita al partido que reciba menor financiamiento y al número de candidatos que se registren para cada cargo, lo que redunda en un menor financiamiento para aquellos en los que se inscriba un número mayor, a lo que debe agregarse que sólo se les permite gozar de esta prerrogativa una vez que hayan sido registrados con tal carácter.
(49) IV. Conceptos de invalidez del Partido de la Revolución Democrática. En su demanda, el referido partido político hace valer, en lo medular, lo siguiente:
Derecho de réplica
(50) Los artículos 9, 10, 11, 12, y 254, inciso d), por un lado, invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, al regular una materia reservada al ámbito federal que tendría que establecerse en una legislación de carácter nacional, para evitar la multiplicación de legislaciones disímbolas en el ejercicio de un derecho fundamental y, por otro, desnaturalizan el derecho de réplica, ya que no guardan relación con las bases constitucionales relativas a la libertad de expresión; lo confunden con los delitos de imprenta, por lo que regulan la denigración, aunque ésta fue suprimida del artículo 41, apartado C, fracción III, de la Ley Fundamental, lo llevan al terreno de la injuria o denigración; delinean un procedimiento carente de certeza para los medios de comunicación y los posibles afectados; establecen sanciones que no se definen en ley y prevén un procedimiento confuso, aunque dicho derecho tiene alcances perfectamente delimitados, y está relacionado con la veracidad de lo publicado.
Gastos de estructuras electorales
(51) Los artículos 130, párrafo primero, incisos a), b) y f), y 134, último párrafo, son contrarios a los artículos 41, fracciones II, segundo y tercer párrafos, y VI, tercer párrafo, inciso a), así como 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución, pues incluyen dentro de los gastos ordinarios conceptos que son, inminentemente, de carácter electoral, a saber, los correspondientes a la operación de las campañas o estructuras electorales, que están relacionados con los comicios y la obtención del voto, lo que evidencia su naturaleza eventual.
Transparencia e información
(52) El artículo 89, primer párrafo, es contrario a los artículos 6o., apartado A, fracciones I y VIII, 124 y 133 de la Constitución, así como a los artículos segundo y octavo transitorios del decreto de reformas en materia político-electoral de febrero de dos mil catorce, pues invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, que es el único facultado para regular en relación con la transparencia y acceso a la información pública de los partidos políticos, mientras que el organismo autónomo garante de la materia, al que se refiere el artículo 6o. de la Ley Fundamental será el que conozca de los asuntos correspondientes, tal como lo previene la Ley General de Partidos Políticos.
(53) V. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escritos(6) de dos, nueve y diez de agosto de dos mil catorce, el consejero jurídico del Ejecutivo de Michoacán, en representación del Poder Ejecutivo Estatal, rindió distintos informes dentro del presente medio impugnativo, en los que manifestó, sustancialmente, lo siguiente:
(54) - Son constitucionales los artículos 45, párrafo primero, 135, párrafo segundo; 136, 137, 138, 139 y 140 del código impugnado, toda vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede delegar en la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán la función de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos;
(55) - No violenta la Constitución el contenido del artículo 46, párrafo segundo, del Código Electoral de Michoacán, ya que para ocupar el cargo de contralor del Instituto Electoral del Estado, el consejo general del mencionado instituto deberá aprobar la terna de candidatos propuesta por el consejero presidente de la misma institución, para ocupar dicho cargo;
(56) - Es válido lo establecido en el artículo 141 de la norma reclamada, toda vez que del artículo 149 del Código Electoral del Estado, se desprende que en el convenio de coalición se deberá señalar el monto de las aportaciones que cada partido político coaligado otorgue, así como la forma en que se reporte al órgano de fiscalización;
(57) - El artículo 143, párrafo tercero, de la norma refutada, no transgrede el artículo 41 constitucional, pues este último artículo estipula que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley local determinará los requisitos para su registro, las formas específicas para su intervención en el proceso legal y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les correspondan;
(58) - Lo regulado en el artículo 145 del Código Electoral de Michoacán, no limita el alcance y efectividad del voto ciudadano, pues si se contaran los votos emitidos a favor de una coalición, para todos los partidos que la integran, se generaría una duplicidad del padrón de votantes, lo cual vulneraría el principio de certeza y seguridad jurídica; además, lo establecido por dicho precepto no restringe la libertad de asociación;
(59) - No constituyen actos de propaganda lo establecido en los artículos 169, párrafos penúltimo y último, y 259, inciso a), del código impugnado, ya que los informes de gestión y labores que difundan los servidores públicos no tienen porqué coincidir con las propuestas y programa del partido al que pertenezcan;
(60) - Lo dispuesto en el artículo 210, fracción VII, párrafo final, del ordenamiento impugnado, no transgrede el derecho al voto activo, toda vez que no establece restricción alguna al momento de la emisión del sufragio que atente contra el derecho de elegibilidad de los candidatos;
(61) - Lo reglamentado en los artículos 274, 289, párrafo primero, y 292, párrafo primero, del código reclamado, no limita el derecho al voto de los ciudadanos michoacanos que viven en el extranjero, pues en congruencia con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (que establece que los ciudadanos que residan en el extranjero únicamente podrán ejercer su derecho al voto para la elección del presidente de los Estados Unidos «Mexicanos»), el legislador local no puede regular las elecciones de diputados locales por parte de michoacanos residentes en el extranjero;
(62) - No vulnera el derecho de votar y ser votado de los candidatos independientes lo regulado en los artículos 298, párrafo segundo, fracciones I y II, y 314, fracción II, del Código Electoral local, pues en éstos sólo se estipulan parámetros para el registro de candidatos independientes;
(63) - Es constitucional el artículo 308 del ordenamiento electoral local, porque las candidaturas independientes son reguladas por las entidades federativas, además, dicho artículo establece el respaldo ciudadano que debe tener un aspirante para ser registrado como candidato independiente;
(64) - La limitante establecida en el artículo 313, fracción I y último párrafo, de la norma general reclamada se incluyó con el objeto de que el ciudadano que desee apoyar al candidato independiente lo efectúe sólo una vez, porque de manifestar ese apoyo en dos ocasiones o más se llegaría a incrementar el padrón de los votantes;
(65) - Son válidos los artículos 116, párrafo segundo, 191, párrafo tercero, 230, fracción IV, inciso f, 231, 305,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25497-a3651def/acceso-a-la-informacion-de-los-partidos-politicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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