INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CANTIDAD A DEVOLVER DERIVADO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN CONTRA DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal con datos de identificación, rubro y texto siguientes:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina."
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por la parte quejosa en uno de los asuntos emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito; órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis, siempre y cuando, se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"Registro: 164120
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En esa línea de pensamiento, conviene insertar las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito en los recursos de queja ********** y **********; y, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver la queja **********.
I. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver, por unanimidad de votos en sesión de once de mayo de dos mil doce, el recurso de queja **********, sustentó lo siguiente:
"27. Los conceptos de agravio son parcialmente fundados, debiendo precisar que al tratarse la resolución que se analiza sobre el defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo, el estudio de los agravios se hará, en caso de ser necesario, supliendo la deficiencia en su planteamiento. 28. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 59/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, del mes de julio de 2008, página 299, de rubro y texto: (se transcribe). 29. Como preámbulo precisa destacar que, el juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquéllos, esto es, sus garantías individuales. 30. Así, los efectos de una sentencia concesoria de amparo engendra deberes que han de acatar la autoridad o autoridades responsables y ante su incumplimiento se produce la actuación coactiva del órgano jurisdiccional para que se lleve a efecto su cumplimiento. 31. El término ‘cumplir’ deriva del latín complere y significa llevar a efecto una orden, un deber, un encargo, un deseo, una promesa. Por tanto, la sentencia ejecutoriada de amparo lleva consigo, respecto de la autoridad responsable, el carácter de una orden y de un deber procedente del juzgador de amparo. La autoridad responsable, al recibir la orden de cumplir, ha de observar el deber a su cargo, consistente en darle eficacia práctica a lo que se ordena en la ejecutoria. 32. Existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida. 33. Puntualizado lo anterior, se destaca que la queja que propuso la peticionaria de amparo ante el Juez de Distrito se fundó en el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo; es decir, que se endereza en contra del acto de la autoridad responsable que incumple con el fallo protector. 34. En su escrito de demanda el ahora recurrente reclamó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: ‘... la negativa para entregarme los fondos de ahorro de vivienda y los rendimientos capitalizados mes con mes, con actualización y recargos correspondientes, por los periodos de 1972 a 1992; de 1992 a 1997; y de 1997 hasta la fecha en que se me entreguen.’. 35. En la sentencia de amparo el Juez de Distrito concedió la protección constitucional al quejoso, por considerar que el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque limita el derecho de los trabajadores a decidir el destino de los recursos del fondo acumulado en la subcuenta de vivienda, puesto que se le da un destino diverso para el que fue constituido sin la previa autorización del trabajador, no obstante que dichos fondos son parte de su patrimonio, acorde a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, concesión que otorgó en los términos siguientes: ‘En tales condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que, sólo en cuanto ve al peticionario de garantías, no se aplique en su perjuicio el precepto que ha resultado inconstitucional, en la inteligencia de que como resultado de la mencionada protección, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe ordenar la devolución y entrega de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente a la parte de las aportaciones acumuladas del quejoso, que hayan sido transferidas con apoyo en el precepto legal declarado inconstitucional, puesto que, una forma de restituir íntegramente al quejoso en sus garantías violadas, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, es entregándole las aportaciones correspondientes.’. 36. De lo expuesto se observa que, el Juez Federal concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente para el efecto de que no se aplicara en su perjuicio el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y, en consecuencia, para que dicho instituto le entregara los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones que hubieran sido transferidas con apoyo en el precepto legal declarado inconstitucional. 37. Esto es, el Juez de Distrito omitió pronunciarse con relación a la procedencia de la devolución de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda del quejoso que no fueron transferidas al Gobierno Federal, es decir, las comprendidas en el periodo de mil novecientos setenta y cuatro al segundo bimestre de mil novecientos noventa y siete, así como respecto a la del pago de rendimientos, actualizaciones, recargos e intereses. 38. Sin embargo, no obstante que la sentencia de amparo fue parcialmente favorable al quejoso, éste no se inconformó con la misma, pues no interpuso el recurso de revisión en su contra. 39. Luego, contrariamente a lo aducido por el recurrente, es inexacto que se le haya concedido el amparo para el efecto de que se le devolvieran las aportaciones a la subcuenta de vivienda a partir de mil novecientos setenta y cuatro, con rendimientos, intereses y recargos, pues el juzgador federal fue preciso al señalar los efectos de la concesión, esto es, únicamente para que le fueran devueltas las aportaciones que hubieran sido transferidas con apoyo en el precepto legal declarado inconstitucional, motivo por el cual no puede dársele un alcance mayor que el señalado en la misma, como indebidamente lo pretende el inconforme. 40. Tampoco le asiste razón al inconforme al afirmar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debió desglosar los conceptos que comprendía la suma que le entregó y realizar las operaciones aritméticas respectivas, toda vez que, como se precisó, el amparo se concedió para el efecto de que se le entregaran las aportaciones de la subcuenta de vivienda del mismo que transfirió al Gobierno Federal y de autos se desprende que éstas ascienden a $********** (**********) (foja 44). 41. Luego, si esa fue la cantidad que transfirió al Gobierno Federal no era necesario que desglosara los conceptos que la misma incluía ni que realizara alguna operación aritmética, ya que ése fue precisamente el numerario que devolvió al quejoso, según consta a fojas 794 a 795. 42. En otro orden de ideas, no le asiste razón al recurrente al afirmar que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que es la que resulta de aplicación obligatoria para este Tribunal acorde a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo), establece que en los juicios de amparo en los que se declare la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el efecto de la concesión del amparo sea que se devuelvan las aportaciones de la subcuenta de vivienda más sus rendimientos, pues la Segunda Sala estableció, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 93/2011, que el amparo debe concederse para el efecto de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores entregue las aportaciones patronales acumuladas en la subcuenta de vivienda con posterioridad al 30 de junio de 1997, en una sola exhibición y en el improrrogable plazo de 10 días hábiles; jurisprudencia que es del rubro y texto siguientes: (se transcribe). 43. De igual forma, es inatendible el argumento del inconforme en el sentido de que procede que se le indemnice por irregularidades cometidas por los servidores públicos que le han hecho impugnar sus actos inconstitucionales, pues la materia del presente recurso de queja se constriñe determinar si el Juez de Distrito estuvo o no en lo correcto al declarar infundado el recurso de queja. 44. Finalmente, le asiste razón al recurrente al afirmar que el Juez de Distrito incurrió en un error al considerar que en la sentencia de amparo no se condenó al Infonavit a devolver las aportaciones de vivienda con su correspondiente actualización. 45. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2008 sostuvo que, el efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria; y que por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. 46. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXIII/2012, determinó que en las sentencias de amparo en las que se declara inconstitucional una norma, cuyo efecto es la devolución de una contribución -como lo son las aportaciones patronales al Infonavit-, las autoridades quedan obligadas a devolver al quejoso el monto de la misma debidamente actualizado, aun cuando el quejoso no lo haya solicitado, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo. 47. Cabe precisar que la falta de impugnación de la sentencia de amparo no puede en forma alguna relevar ni al Juez de Distrito ni a las autoridades responsables de cumplir con la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. 48. Por tanto, contrariamente a lo considerado por el juzgador federal, en el caso no era necesario que el ahora recurrente impugnara a través del recurso de revisión la sentencia de amparo en la que se condenó de manera genérica al Infonavit a devolverle la suma acumulada en la subcuenta de vivienda 97 que hubiera transferido al Gobierno Federal en cumplimiento a lo dispuesto en el precepto declarado inconstitucional sin precisar de manera expresa que debía ser con su debida actualización, pues como se estableció, ni siquiera era necesario que el quejoso lo solicitara, toda vez que las autoridades responsables o las involucradas en el cumplimiento de la sentencia de amparo están obligadas a hacer la devolución de la suma relativa debidamente actualizada a efecto de restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas y así cumplir con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo. 49. Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada al caso en lo conducente, y por analogía, la tesis aislada 1a. LXXIII/2012, sustentada por la Primera Sala de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de once de abril de dos mil doce, misma que se encuentra pendiente de publicación, de rubro y texto siguientes: (se transcribe). 50. Asimismo, la tesis de jurisprudencia P./J. 35/98, sustentada por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 28, del Tomo VIII, julio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: (se transcribe). 51. Por otra parte, del análisis oficioso de las constancias de autos, este Tribunal Colegiado advierte que el Infonavit transfirió en total al Gobierno Federal por concepto de aportaciones a la subcuenta de vivienda 97 del ahora recurrente **********, en cumplimiento a lo dispuesto en el precepto declarado inconstitucional, $********** (**********) (fojas 688 a 690), el diez de noviembre de dos mil diez $********** (**********) (fojas 740 a 742) y el nueve de febrero de dos mil once, la diferencia, esto es, $********** (**********); sin embargo, únicamente se le devolvió la segunda de las cantidades en cita (794 a 795), quedando pendiente de entregársele $********** (**********). 52. Consecuentemente, al resultar parcialmente fundados los agravios -suplidos en su deficiencia-, procede declarar fundado el presente recurso de queja y revocar la resolución recurrida de uno de marzo de dos mil doce, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado requiera a las autoridades responsables y a las que resulten involucradas en el cumplimiento de la sentencia de amparo, para que den cumplimiento total a la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto **********, a fin de restituir en su cabalidad al quejoso en sus garantías individuales violadas, para lo cual deberán devolverle la totalidad de las aportaciones a la subcuenta de vivienda 97 que se transfirieron al Gobierno Federal con base en el precepto declarado inconstitucional debidamente actualizadas, sin perjuicio de que, de ser necesario, se abra incidente para realizar la cuantificación correspondiente ..."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de seis de mayo de dos mil catorce, el recurso de queja **********, determinó lo siguiente:
"SEXTO. Consideraciones jurídicas. Los conceptos de agravio antes transcritos, son infundados en un aspecto y fundados en otro. En ellos el instituto recurrente aduce que le causa agravio la resolución recurrida, habida cuenta que se dejó de considerar que la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda 97 del quejoso, al Gobierno Federal, particularmente a la Tesorería de la Federación, produjo un cambio en la naturaleza de tales aportaciones patronales, dado que si bien constituyen contribuciones en términos del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, por virtud de su transferencia al Gobierno Federal se convierten en aprovechamientos, de ahí que no resulte procedente su actualización con motivo de la devolución a la parte quejosa. Añade que por esa razón es incorrecta jurídicamente la apreciación de la resolutora de amparo al establecer que los recursos transferidos debían devolverse actualizados, pues insiste, si bien inicialmente se trató de aportaciones de seguridad social, al transferirse al Gobierno Federal se convirtieron en aprovechamientos, siendo por tanto, continúa el disidente, inaplicable el criterio de rubro: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).’. Asimismo, refiere que dado que la transferencia se realizó en estricto acatamiento del artículo octavo transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, no se trata de algún pago de lo indebido. De ahí que ese instituto, insiste, sólo estaba obligado a devolver al quejoso el importe efectivamente transferido. Más aún, continúa, en caso de resultar procedente la actualización de tales recursos, no es dicho organismo a quien corresponde el pago de su actualización, sino al Gobierno Federal por ser el tenedor de tales recursos con motivo de su transferencia desde el veintiocho de junio de dos mil siete, que dice, es la fecha correcta de la transferencia y no la de veintiuno de abril que mencionó la Juez de amparo. Así, afirma que aquél -el Gobierno Federal- debe resentir el pago correspondiente. Por ello, reitera su cumplimiento con la sentencia concesoria al devolver el monto de los recursos transferidos sin actualización alguna. Finalmente, refiere que es incorrecto el cálculo realizado por la resolutora de amparo, al estimar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de enero de dos mil catorce, siendo que la devolución se realizó desde septiembre de dos mil doce. Tal como se anticipó al inicio del presente considerando, una parte de los agravios transcritos es infundada y otra esencialmente fundada. La calificación de infundados corresponde a aquellos aspectos de disenso relativos a la mutación de la naturaleza de las aportaciones obrero patronales (de contribuciones a aprovechamientos), y que al instituto recurrente sólo corresponde la devolución de la cantidad efectivamente transferida, pero sin las actualizaciones relativas. Para justificarlo, es preciso mencionar que las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen el carácter de aportaciones de seguridad social, pues se ubican en la definición que de tales aportaciones hace el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Es decir, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los patrones proporcionar habitación a sus trabajadores, obligación que cumplen mediante sus aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, organismo que los sustituye en el cumplimiento de esta obligación a través del establecimiento de un sistema de financiamiento que permite otorgar a los trabajadores crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad sus habitaciones. Además, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene el carácter de organismo fiscal autónomo y las obligaciones de efectuar las aportaciones, así como su cobro, son de carácter fiscal de conformidad con el artículo 30 de la ley de dicho instituto que dispone: (
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25547-946fdbf6/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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