CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DETERMINAR SI LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA SE PRESENTÓ OPORTUNAMENTE, DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE ACONTECIERON LOS ACTOS IMPUGNADOS COMO HECHOS SUPERVENIENTES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. CRÉDITO PÚBLICO. ES LA APTITUD JURÍDICA, POLÍTICA, ECONÓMICA Y MORAL DE LAS ENTIDADES PARA ENDEUDARSE CON EL OBJETO DE OBTENER INGRESOS DESTINADOS A REALIZAR INVERSIONES PÚBLICAS. DEUDA PÚBLICA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS OBLIGACIONES DE PASIVO, DIRECTAS O CONTINGENTES, QUE RESULTEN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO SOBRE EL CRÉDITO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES. HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. ES AQUELLA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A LA ADQUISICIÓN O MANUFACTURA DE BIENES, A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES, ESTRUCTURA O PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA VIGENTE O DE LA QUE SE PRETENDA CONTRAER O A CUALQUIER OTRA FINALIDAD DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL, SIEMPRE QUE EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, INMEDIATA O MEDIATA, GENEREN UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD LA FORMA EN QUE REALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS QUE POR AQUEL CONCEPTO LES CORRESPONDÍA EN EL EJERCICIO FISCAL 2014, AL HABER PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL DE 19 DE FEBRERO Y 16 DE JULIO DE ESE AÑO, ASÍ COMO EN LA PÁGINA OFICIAL DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CALENDARIO DE ENTREGA, LOS PORCENTAJES Y LOS MONTOS DE DICHOS RECURSOS. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, AL RETENER LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 AL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, VULNERA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRÉSTAMO QUE REALIZÓ EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS AL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, COMO ADELANTO POR AQUEL CONCEPTO, NO CONSTITUYE DEUDA PÚBLICA. PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS SE LES ESTÁN CUBRIENDO Y, POR TANTO, A EXIGIR ANTE LA AUTORIDAD ESTADUAL LA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCIÓN. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DA LUGAR AL PAGO DE INTERESES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2014. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, ESTADO DE MORELOS. 18 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de marzo de dos mil quince por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 78/2014 promovida por el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, por conducto de Mauricio Rodríguez González, quien se ostentó como presidente municipal, así como Ramiro Pérez Montes, en su calidad de síndico municipal, en la que demandaron la invalidez de los siguientes actos, emitidos por el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto del secretario de Hacienda de la entidad:(1)
a) La retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce.
b) La omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses correspondientes, a partir del mes de julio y hasta la presentación de la demanda de controversia constitucional.
c) La omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor, las cuales deben entregarse con la misma periodicidad.
I. Antecedentes
1. Los antecedentes narrados en la demanda son los que a continuación se indican:
2. En el ejercicio fiscal de dos mil trece, al Municipio actor le fue presupuestada originalmente la cantidad de $35'827,000.00 (treinta y cinco millones ochocientos veintisiete mil pesos 00/100 M.N.), los cuales, de acuerdo a los ajustes hechos durante dicho ejercicio, se incrementaron a la cantidad de $52'194,064.11 (cincuenta y dos millones ciento noventa y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
3. En ese mismo ejercicio fiscal de dos mil trece, el Poder Ejecutivo del Estado, mediante transferencia electrónica, anticipó la cantidad de $12'550,000.00 (doce millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),(2) por concepto de anticipo de participaciones municipales para el citado ejercicio fiscal y el Poder Ejecutivo del Estado ejerció directamente la cantidad de $2'961,003.14 (dos millones novecientos sesenta y un mil tres pesos 14/100 M.N.), por concepto de pagos de compromisos adquiridos por administraciones anteriores, es decir, pago de finiquitos y aguinaldos de la administración 2010-2012, así como pago de laudos generados por administraciones pasadas.
4. El treinta y uno de julio de dos mil catorce, la tesorera municipal informó a los integrantes del Municipio que la autoridad demandada indebidamente retuvo y/o descontó de las participaciones federales, en el mes de julio la cantidad de $1'135,936.21 (un millón ciento treinta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos 21/100 M.N.), ya que le correspondía recibir $1'220,445.00 (un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.) y sólo le depositaron $84,508.79 (ochenta y cuatro mil quinientos ocho pesos 79/100 M.N.).
5. A mediados del mes de julio de dos mil catorce, personal adscrito a la Tesorería Municipal recibió una llamada telefónica de la Dirección de Organismos y Participaciones a Municipios, en la cual le solicitaron la emisión del recibo oficial por la cantidad de $1'220,445.00 (un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), desglosado en los siguientes conceptos:
a) Fondo general de participaciones. Anticipo de participaciones correspondientes al mes de julio de dos mil catorce: $2'353,709.00 (dos millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.); y,
b) Menos el anticipo otorgado mediante recibo oficial número CG 286 de once de julio de dos mil catorce,(3) al fondo general de participaciones por un importe de $1'133,264.00 (un millón ciento treinta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
6. La emisión del recibo oficial fue elaborado el veintiocho de julio de dos mil catorce,(4) con el número de recibo digital CG 305, serie del certificado 00001000000203220546, a favor del Gobierno del Estado por la cantidad a recibir de $1'220,445.00 (un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
7. El Gobierno del Estado no realizó los trámites legales a que estaba obligado de acuerdo a las disposiciones legales aplicables durante el ejercicio fiscal dos mil trece, ya que no dio seguimiento total para brindar legalidad a las erogaciones realizadas por la cantidad de $15'011,033.14 (quince millones once mil treinta y tres pesos 14/100 M.N.), toda vez que no se efectuó la autorización ni la compensación ante el Pleno del Poder Legislativo Local.
8. Por lo que al haber ministrado el total de las participaciones presupuestadas para el ejercicio fiscal dos mil trece, más el anticipo de participaciones del mismo ejercicio, mismas que no fueron retenidas para el periodo de dos mil trece, ni aprobadas por el Congreso Local para su cobro, se advierte que lo anterior debe ser considerado como una ampliación presupuestal.
9. Resulta violatorio que en otro ejercicio fiscal (dos mil catorce), el Poder Ejecutivo Local pretenda cobrar conceptos relativos al ejercicio dos mil trece, pasando por alto las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no cumplió con el procedimiento legal para descontar o retener las participaciones federales en dos mil trece y, por tanto, ya venció el plazo que tenía para ello.
10. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez el Municipio actor, señaló, en síntesis que:
11. Primer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad del descuento de recursos municipales correspondiente al mes de julio de dos mil catorce por violar los artículos 14 y 16 constitucionales (fundamentación, motivación y audiencia)
12. La autoridad demandada sin fundar ni motivar su actuación, procedió al descuento de la cantidad de $1'135,936.21 (un millón ciento treinta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos 21/100 M.N.), correspondiente a las participaciones municipales del mes de julio de dos mil catorce, dejando al Municipio en estado de indefensión y violando los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, siendo que dicha autoridad no podrá acreditar que cumplió con las disposiciones legales para justificar el acto impugnado, ya que lo llevó a cabo sin algún procedimiento para tal efecto, en consecuencia, dicho descuento debe ser declarado inválido, porque constituye una privación al patrimonio municipal.
13. En el escrito de veinticinco de octubre de dos mil trece, signado por la secretaria de Hacienda del Estado, Adriana Flores Garza, no se justifica el descuento y/o retención de las participaciones federales, además de que no se funda ni motiva la causa de su proceder, sino que únicamente se manifestó que debido a los préstamos y anticipos a cuenta de las participaciones del Municipio actor en el ejercicio dos mil trece, ahora en el ejercicio dos mil catorce se realiza el descuento de las participaciones federales, lo que evidencia una flagrante violación a las disposiciones constitucionales, lo que lleva a que todas las actuaciones realizadas con posterioridad sean nulas.
14. La autoridad demandada no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, debió hacer del conocimiento y solicitar al Congreso Local, la autorización del convenio de pago en el mismo ejercicio de dos mil trece, donde se realizó el préstamo y anticipo de participaciones.
15. Asimismo, se contravino el Reglamento para el Congreso del Estado en sus artículos 95, 97, fracciones II, III, IV y V, y 100, puesto que no existen las pruebas que acrediten la debida integración de los expedientes técnicos a los que está obligado el Ejecutivo del Estado para afectar participaciones federales.
16. De igual manera se incumple con los artículos 1o., 26 y 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 83 y 131 de la Constitución Local; 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 37, primer párrafo, 40 y 42, fracción V, de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 10, fracción I, II, III, VII y VIII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, así como los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por violar las formalidades esenciales del procedimiento.
17. Cita en apoyo a sus argumentaciones las tesis «P./J. 40/2005 y P./J. 43/2005» de rubros: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE." y "PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE VERIFICAR QUE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA POR EL BENEFICIARIO SE HAYA COMUNICADO AL MUNICIPIO OBLIGADO."
18. El Ejecutivo del Estado no tiene facultades para realizar el descuento de las participaciones federales, en virtud de que no se cumplió con los supuestos previstos en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que el acto impugnado carece de validez.
19. Segundo concepto de invalidez. Violación al artículo 115, fracciones II y IV, constitucionales. El acto impugnado -la retención de recursos- viola las fracciones II y IV del artículo 115 de la Constitución Federal, por no haber observado los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria y el de integridad de los recursos económicos municipales, por virtud del cual, se garantiza a los Municipios la recepción completa y puntual de aquellos recursos pecuniarios que la Federación ha decidido transferir a los mismos con la intermediación meramente administrativa de las entidades federativas, por lo que al no observar dichos principios, debe declararse inválida la retención efectuada por la autoridad demandada y debe ordenarse la entrega completa de las participaciones federales con los intereses que se sigan generando.
20. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis «P./J. 46/2004» de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."
21. La autoridad demandada transgredió el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al no entregar la suma de participaciones federales al Municipio actor, ya que no será éste quien defina su aplicación, sino que será la parte demandada la que en un momento u otro aplique tal peculio.
22. Asimismo, se vulnera el artículo 120 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 1, 6 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, porque el artículo constitucional establece la obligación para el titular de las entidades federativas de cumplir con las disposiciones legales federales, y dichas disposiciones legales prohíben la aplicación de retenciones o descuentos de las participaciones federales de los Municipios, salvo las expresamente autorizadas.
23. Tercer concepto de invalidez. Violación al artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal. La omisión de la autoridad demandada de proporcionar la información detallada y términos en cómo se entregan las participaciones que corresponden al Municipio actor, viola el artículo 115, fracción IV, inciso b), constitucional, pues la obligación de otorgar las constancias de liquidación de participaciones federales a los Municipios debe ser de manera mensual, lo que implica que a la entrega de cada ministración, el Gobierno Estatal tiene la obligación de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron.
24. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis «P./J. 82/2001» de rubro: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS SE LES ESTÁN CUBRIENDO Y, POR TANTO A EXIGIR ANTE LA AUTORIDAD ESTADUAL, LA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCIÓN."
25. Por lo anterior, es procedente ordenar al Poder demandado la entrega oportuna de dicha información.
26. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 115, fracciones II y IV; 116 y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Trámite de la controversia constitucional
27. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de conformidad con la certificación que al efecto se acompañó.(5)
28. El Ministro instructor, previa aclaración,(6) admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentados al presidente y síndico del Municipio actor; y como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y no así al secretario de Hacienda de la entidad, en virtud de que es un órgano subordinado del indicado Poder Ejecutivo, emplazándolo para que formulara su contestación; finalmente, dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(7)
III. Trámite de la ampliación de demanda
29. Trámite de la ampliación de demanda. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil catorce,(8) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Mauricio Rodríguez González, quien se ostentó como presidente municipal, así como Ramiro Pérez Montes, en su calidad de síndico municipal, ampliaron la demanda de controversia constitucional, en contra del Poder Ejecutivo de la entidad.
30. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce,(9) el Ministro instructor admitió la ampliación de demanda formulada por el Municipio actor, contra un hecho superveniente acontecido con posterioridad a la presentación de la demanda (quince de agosto de dos mil catorce), sin perjuicio de lo que pudiera decidirse al dictar sentencia.
31. Asimismo, se tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se ordenó emplazarlo para que presentara su contestación a la citada ampliación.
32. Los actos impugnados señalados en la ampliación, son los siguientes:
"1. Se demanda la invalidez del acto de autoridad realizado por del (sic) Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su órgano subordinado, la Secretaría de Hacienda que retiene y/o descuenta $1'005,092.00, (un millón cinco mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de participaciones federales, correspondientes al fondo general de participaciones del mes de agosto del año 2014, que legalmente le correspondía recibir al Municipio ...
"2. La omisión del demandado de resarcirnos económicamente, con motivo de la retención y/o descuento de las participaciones federales, el pago de los intereses correspondientes, a partir de la retención y/o descuento y hasta la resolución de la presente demanda."
33. Refiere como antecedentes que, en el mes de agosto le correspondía recibir la cantidad de $1'005,092.00 (un millón cinco mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de participaciones federales, sin embargo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda ordena la transferencia económica por la cantidad de $0.01 (un centavo), el día veintinueve de agosto de dos mil catorce, mediante transferencia (SPEI) correspondiente.(10)
34. Señaló como conceptos de invalidez que, conforme al artículo 133 de la Constitución Local, todo servidor público debe basar su actuación en la ley y cumplir con ella, es decir, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, como lo establece la Constitución Federal. Le agravia que recibió una cantidad menor por concepto de participaciones federales, transgrediéndose los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por la falta de fundamentación y motivación, así como la garantía de audiencia, privándosele de una porción de su patrimonio.
35. Contestación a la demanda. El Poder demandado en su contestación señaló, en síntesis, que:
a) El Municipio carece de legitimación, puesto que no existen elementos de la acción que hace valer, ya que el Poder Ejecutivo Local no ha realizado acto alguno que afecte la libre administración de su hacienda, lo que provoca dicha falta de legitimación; por las mismas razones el Poder Ejecutivo demandado carece de legitimación pasiva, ya que no ha realizado acto alguno que constituya una afectación a la libre administración municipal.
b) Tuvo un acuerdo verbal con el Municipio actor para que se iniciaran los descuentos en julio de dos mil catorce, para no afectar las finanzas del Municipio, tal como aconteció. Contrario a lo señalado por el Municipio actor sí hubo convenio o acuerdo verbal, para el descuento de lo prestado, en forma directa de las participaciones del Municipio.
c) En el caso, la demanda se presentó fuera de los plazos previstos para ello, puesto que el descuento y subsecuentes correspondientes de la cantidad total por los préstamos o anticipos de las participaciones federales que recibió el Municipio actor, origen de la controversia constitucional, fue del conocimiento de éste, al menos desde el treinta de octubre de dos mil trece, mediante el oficio SH/1536-A/2013 de veinticinco de octubre de dos mil trece, recibido por el Municipio actor el treinta siguiente, por el que se le dio aviso de que, a partir del treinta de octubre se descontaría mensualmente de sus participaciones federales el equivalente al 10% del adeudo contraído por los préstamos o anticipos que le prestó el Poder Ejecutivo Estatal, para atender diferentes necesidades económicas del Ayuntamiento, como lo eran, pagar laudos condenatorios, adeudos con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio de Administración Tributaria, entre otros, que ascendían a esa fecha, a un monto por $15'511,033.14 (quince millones quinientos once mil treinta y tres pesos 14/100 M.N.).
d) En contra de dicho oficio, el Municipio actor no expresó oposición alguna, ni verbal ni escrita, ni negó la existencia de los préstamos o adelantos de participaciones federales, ni los conceptos, fechas, números de recibos e importes mencionados, como tampoco se opuso al cobro de sus participaciones federales en montos equivalentes al 10% del total de lo prestado. Por tanto, al no haber impugnado el inicio del cobro, deviene extemporánea la controversia constitucional, puesto que el descuento motivo de la controversia forma parte de un total de cantidades, conceptos, origen y obligación total, y los descuentos son consecuencia directa del aviso de cobro antes señalado.
e) Son inoperantes los conceptos de invalidez, porque el Municipio actor y el Poder Ejecutivo Estatal, ejercieron sus facultades de libre administración de sus propias participaciones federales, el primero, solicitó anticipos o adelantos que no son más que préstamos (por su condición de devolución) de participaciones federales futuras y el segundo, en apoyo solidario, institucional y de buena fe, le prestó al primero las cantidades que le solicitó, de sus propias participaciones federales recibidas, para evitar que el Municipio iniciara su administración con serios problemas financieros que ya existían y causaban una crisis, ya en diciembre de dos mil doce, es decir, antes de que iniciara el periodo administrativo actual (enero de dos mil trece a diciembre de dos mil quince).
f) El procedimiento de excepción para afectar el fondo de fomento municipal y/o los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, en tratándose de éstos, requiere además de la autorización de la Legislatura Local, para su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, la garantía solidaria de la entidad federativa, a menos que a juicio de la citada Secretaría de Hacienda, los Municipios tengan suficientes participaciones federales para responder a sus compromisos, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso, existía una situación de extrema urgencia que atender en el Municipio actor y veintinueve más que estaban en similar condición, en los que en ninguno se había pagado la segunda quincena y aguinaldo de diciembre de dos mil doce, y de haber exigido que se agotara el procedimiento conducente, se hubiera puesto en serio riesgo la entrada de las administraciones municipales, entre éstas la del Municipio actor, debido al tiempo que demora dicho proceso. Adicionalmente y como un requisito extra, estaba la garantía de la entidad federativa, pero hubiera sido incongruente e incompatible que el Estado de Morelos garantizara el pago de lo que el mismo prestó al Municipio actor, para inscribir la obligación respectiva.
g) El Municipio no tenía, ni tiene suficientes participaciones federales para afrontar sus compromisos, puesto que los $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) (sic), fueron destinados a pagar los compromisos más urgentes y riesgosos para la administración municipal y aun para la administración estatal, porque eran veintinueve Municipios de los treinta y tres, que estaban en colapso financiero e ingobernabilidad inminente.
h) Estas razones fueron las que, además de la buena fe, fueron determinantes para que el Ejecutivo Estatal apoyara financieramente al Municipio actor y a los demás, pero no fueron recursos regalados o a fondo perdido, sino que desde su petición se asumió el compromiso de reembolsarlos en parcialidades a pagar hasta diciembre de dos mil quince, que es justo cuando terminará el periodo del actual Ayuntamiento del Municipio actor.
i) Es falso que se estén infringiendo los derechos de libre administración hacendaria e integridad en las participaciones federales del Municipio actor, porque la cantidad faltante en su depósito la recibió en forma adelantada, a su expresa petición y aceptación de la forma de pago en cantidades que sumaron $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) (sic) y que, tal como se acordó, se le descontarían en parcialidades para no afectar sus finanzas.
j) Por tanto, es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.
36. Opinión del procurador general de la República: Este funcionario no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.
37. Desechamiento de pruebas. Por auto de primero de diciembre de dos mil catorce,(11) el Ministro instructor determinó desechar las pruebas pericial "en materia de contabilidad" y testimonial a cargo de diferentes personas ofrecidas por el poder demandado, por virtud de que por la naturaleza de los actos impugnados, la materia de la litis no requiere del desahogo de dichas pruebas, ya que no basta con que tengan relación con los hechos materia de la controversia, sino que es necesario que sean idóneas para que el juzgador conozca la verdad.
38. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(12)
39. Radicación en la Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
IV. Competencia
40. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Tlaquiltenango del Estado de Morelos y el Poder Ejecutivo de la entidad, en el que no existe planteamiento de inconstitucionalidad de norma general alguna, por lo que se surte la competencia de esta Primera Sala para resolver este conflicto.
V. Oportunidad
41. El Municipio actor, en su escrito inicial de demanda, señaló como actos impugnados los siguientes:
a) La retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce.
b) La omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses correspondientes, a partir del mes de julio y hasta la presentación de la demanda de controversia constitucional (quince de agosto de dos mil catorce).
c) La omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor, las cuales deben entregarse con la misma periodicidad.
42. Conviene recordar que al aclarar la demanda de controversia constitucional, el Municipio actor reiteró los actos impugnados ya mencionados, y adicionalmente manifestó que impugnaba lo siguiente:
d) La omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones federales que corresponden a cada Municipio.
e) El descuento mensual del mes de julio de dos mil catorce y los subsecuentes descuentos que se tengan programados y pudieran realizarse.
43. De los actos señalados en los incisos a) y b) se advierte que, la conducta que indica el Municipio actor le perjudica, es la retención o descuento de una parte de sus participaciones federales del mes de julio de dos mil catorce, y con motivo de esa retención o descuento, solicita el pago de los intereses que se hayan generado a partir del mes de julio y hasta la presentación de la demanda de controversia constitucional.
44. En esas circunstancias, al tratarse de actos, se surte la hipótesis señalada en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia,(13) que indica que la demanda deberá promoverse dentro de los siguientes treinta días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor.
45. En el caso, el Municipio actor señaló expresamente en su demanda, que el treinta y uno de julio de dos mil catorce, la tesorera municipal informó a los integrantes del Ayuntamiento, que la autoridad demandada retuvo y/o descontó parte de sus participaciones federales de dicho mes, lo que constituye el acto cuya invalidez se demanda.(14)
46. Así, tomando esta fecha manifestada por el Municipio actor, como aquella en la que tuvo conocimiento del acto impugnado, el plazo de treinta días para la promoción de la controversia, inició a partir del siguiente día hábil, esto es, el primero de agosto de dos mil catorce y concluyó el once de septiembre del mismo año.(15)
47. Por tanto, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince de agosto de dos mil catorce, debe concluirse que la demanda fue promovida oportunamente.(16)
48. No es obstáculo a lo anterior, lo señalado por el Poder demandado al contestar la demanda, en el sentido de que ésta se presentó fuera de los plazos previstos para ello, ya que el descuento o anticipos de las participaciones federales que correspondían al Municipio actor, fue del conocimiento de éste al menos desde el treinta de octubre de dos mil trece, fecha en que recibió el oficio SH/1536-A/2013 de veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que se le dio aviso de que a partir del treinta de octubre del citado año, se le descontaría mensualmente de sus participaciones federales el equivalente al 10% del adeudo contraído por préstamos o anticipos que le prestó el Poder Ejecutivo del Estado, para atender diferentes necesidades económicas del Ayuntamiento, que ascendían a esa fecha, a un monto de $15'511,033.14 (quince millones quinientos once mil treinta y tres pesos 14/100 M.N.).
49. En efecto, no tiene razón la autoridad demandada porque el acto impugnado por el Municipio actor es la retención o descuento de una parte de sus participaciones federales del mes de julio de dos mil catorce, descuento o retención por un monto de $1'135,936.21 (un millón ciento treinta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos 21/100 M.N.) que fue llevada a cabo por la autoridad demandada en el mes indicado, y no así el oficio SH/1536-A/2013 de veinticinco de octubre de dos mil trece, recibido el treinta siguiente por el Municipio actor, al que se refiere la autoridad demandada, pues en caso de haber sido éste el acto impugnado, la demanda en efecto sería claramente extemporánea, sin embargo, como hemos dicho, este no fue el acto impugnado. Además, para llegar a considerar, como lo pretende el poder demandado, que dicho oficio contiene un "aviso" sobre los posibles descuentos y que este oficio está relacionado con los actos impugnados en la controversia, resulta necesario llevar a cabo un análisis en el estudio de fondo del asunto.
50. Por tanto, respe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25618-9cfa6515/controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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