CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESOLVER SOBRE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE MARZO DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado Víctorino Rojas Rivera, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
TERCERO. Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, es el siguiente:
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 67/2014, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:
"Para determinar cómo opera el sistema de competencias entre las autoridades jurisdiccionales de carácter federal y estatal, se estima necesario hacer una interpretación sistemática de los siguientes preceptos constitucionales:
"‘Artículo 17. ...’
"‘Artículo 27. ...’
"‘Artículo 73. ... ’
"‘Artículo 94. ... ’
"‘Artículo 103. ...’
"‘Artículo 104. ...’
"‘Artículo 123. ...’
"‘Artículo 116. ...’
"‘Artículo 122. ...’
"La interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales recién transcritas pone de manifiesto que existen tribunales federales y locales; los primeros están expresamente establecidos en el artículo 27, fracción XIX, 73, fracción XXIX-H, 123, apartado A, fracción XX, y apartado B, fracción XII, en tanto que los tribunales locales son los que se encuentran establecidos por los Poderes Constituidos tanto en las entidades federativas como en el Distrito Federal, de conformidad con las bases establecidas en los artículos 116 y 122, respectivamente.
"Como se ve, los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación únicamente son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito; excluyéndose desde luego -mediante un argumento topográfico basado en una interpretación sistemática a sedes materia- a los demás tribunales federales y locales, precisamente porque no se encuentran en el capítulo asignado al Poder Judicial de la Federación.
"Cabe precisar que en el caso de los Juzgados de Distrito existe una doble función, pues al mismo tiempo ejercen funciones de tribunales de instancia y de control constitucional, esto es, son tribunales con competencia para conocer de casos concretos en que se requiera la aplicación de leyes federales en materias: penal, civil, mercantil o administrativa, a la vez que tienen competencia para conocer del juicio de control constitucional en la vía de amparo indirecto.
"En tanto que los Tribunales Unitarios de Circuito, por regla general, son tribunales de segunda instancia, que conocen de los recursos interpuestos contra las determinaciones de los Jueces de Distrito cuando actúan como órganos de instancia y, excepcionalmente, ejercen una jurisdicción extraordinaria cuando conocen -en la vía de amparo indirecto- sobre la constitucionalidad de los actos emitidos por otro Tribunal Unitario de Circuito.
"Precisado lo anterior, es de vital importancia resaltar la distinción que existe entre los diversos tribunales existentes en el país, porque para determinar la jurisdicción y competencia de un órgano jurisdiccional primero, debe atenderse a si el caso concreto corresponde a un asunto del orden federal o común y, en su caso, si el conflicto jurídico es de naturaleza ordinaria o extraordinaria, pues sólo así se puede determinar la competencia constitucionalmente delegada para resolver cada caso específico.
"7.3. Para conocer el régimen jurídico aplicable a los contratos de obra pública y determinar si, en el caso, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa es competente o no para resolver el conflicto que le fue planteado, ha de comenzarse por examinar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
"‘Artículo 134. ...’
"En tanto que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estipula lo siguiente:
"‘Artículo 1. ...’
"‘Artículo 15. ...’
"‘Artículo 61. ...’
"‘Artículo 103. ...’
"‘Artículo 104. ...’
"De acuerdo con lo anterior, el Constituyente Original y Permanente estableció que la administración de los recursos económicos de los que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal, así como los demás órganos político-administrativos, debe ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que fueran destinados; todo lo cual se detalla en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que es de orden público y tiene por objeto reglamentar todo tipo de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, incluso la rescisión de los contratos de obra pública; de suerte que todas las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esa ley, serán resueltas por los tribunales federales.
"Ahora, como también las entidades federativas y los Municipios -así como los entes públicos de unas y otros- están sujetos a la aplicación de dicha ley federal, lo importante es determinar si una obra pública licitada se realizará con cargo total o parcial a los recursos federales, para así estar en condiciones de concluir si es competencia de los tribunales ordinarios federales o no.
"En el caso concreto se advierte que el origen de los fondos con los que se construiría la obra pública no fue objeto de debate, ya que en la demanda contenciosa administrativa no se precisó ese dato y, por tanto, en la contestación a la misma tampoco se hizo pronunciamiento sobre el origen de los fondos, esto es, si son de procedencia federal o estatal.
"Sin embargo, el dilema jurídico sobre ese aspecto surge a partir de la determinación de la autoridad responsable, pues fue ella la que -en el considerando tercero de la sentencia reclamada- estableció que no advertía que dicha licitación tuviera como origen fondos de la Federación; en consecuencia, ahora procede establecer si tal determinación es legal o no.
"En ese orden de ideas, procede establecer que aun cuando en el contrato de licitación de obra pública aparece que los recursos económicos serían aportados por la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí y, por ello, fue que la Sala Fiscal determinó que su origen era del orden estatal, al haber considerado que del contrato ‘no se desprendía que dicha licitación haya tenido como origen fondos de la Federación’; lo cierto es que -como el quejoso lo aduce en sus conceptos de violación- la autoridad responsable no consideró el contenido de la convocatoria nacional que dio origen al referido contrato de obra pública, del que se advierte la procedencia de los recursos federales para construirla.
"Cabe precisar que la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo no se excepcionó en el sentido de que los fondos con los que se construiría la obra pública no fueran federales; sin embargo, formalmente no puede hablarse de incongruencia externa en la sentencia reclamada, precisamente, porque la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está facultada para examinar oficiosamente las causas de improcedencia, entre ellas, la relativa a que no le competa conocer del caso, ya que el artículo 8o., fracción II y último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone:
"‘Artículo 8o. ...’
"De ahí que, la autoridad responsable legalmente abordó el examen relativo a si era competente o no para resolver el juicio que le fue planteado, sin que, por ello infringiera el principio de congruencia, dado que el estudio de las causas de improcedencia es oficioso y, por tanto, no era necesario que la autoridad demandada la hiciera valer.
"Sin embargo, se determina que las razones que sustentan la resolución de la Sala responsable son ilegales, de acuerdo con las consideraciones que en seguida se precisan:
"Tanto en la demanda de amparo que ahora se resuelve, como en el recurso de revisión contenciosa administrativa ********** (relacionada con éste), se aduce por la parte quejosa y por la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo que los recursos destinados a construir la obra licitada sí son de procedencia federal; incluso la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí anexó a su recurso de revisión copia certificada del ‘Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante «la secretaría», representada por el C. Lic. Gustavo Nicolás Kubli Albertini, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y, por la otra, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en adelante «la entidad federativa», representada por el gobernador constitucional del Estado ...’, de cuyo antecedente 6o., se advierte que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó otorgar un subsidio con cargo a las asignaciones previstas en el Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable (2011), con el fin de fomentar programas y proyectos de desarrollo rural prioritarios de interés general; y, en las cláusulas primera y segunda, se asentó que uno de los objetivos del convenio es la transferencia de recursos federales, hasta un monto de ********** ($**********).
"Por su parte, el quejoso aduce -sustancialmente- que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su consideración en el sentido de que los recursos con los que se construiría la obra pública no provienen de la Federación, puesto que omitió tomar en cuenta la convocatoria que dio origen al contrato de licitación, y sólo se limitó a examinar este último en forma aislada.
"En la página cuatro de la sentencia reclamada, la propia autoridad responsable fundamenta su determinación en: ‘la convocatoria de la licitación pública ********** relativa a los trabajos denominados: «Construcción de Invernadero de Mediana Tecnología en el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología <El Huevo> en el Mezquite, Villa de Arista, San Luis Potosí» consultada en la página de Internet: http://sedarh.gob.mx/licitaciones/bases/**********-(SEGUNDA-CONVOCATORIA).pdf; así como en el contrato No. ********** celebrado el 25 de septiembre de 2012, visible a fojas de la 530 a la 545 de autos’ y, luego, concluyó que de su contenido no se desprendía que dicha licitación haya tenido como origen fondos de la Federación, en cambio, de la declaración primera, inciso E), del contrato aludido se advertía que la dependencia cuenta con recursos aportados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí.
"Una vez que este Tribunal Colegiado de Circuito ha verificado el contenido de la página de Internet que invoca la propia autoridad responsable en la sentencia reclamada, se constata que -como bien lo aduce la parte quejosa- en la página dieciséis de la ‘convocatoria’ a la que se sujetará la licitación pública nacional No. ********** relativa a los trabajos denominados: ‘Construcción de Invernadero de Mediana Tecnología en el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología El «Huevo» en el Mezquite, Villa de Arista, San Luis Potosí’, consta el punto 1.25., cuyo texto literal es el siguiente:
"‘1.25. Inversión autorizada.
"‘La ejecución de la obra, se ajustará a las inversiones autorizadas por el Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado; Dirección General de Planeación y Presupuesto mediante oficio de liberación DGPP-A0227/2012 de fecha 26 de junio de 2012. La inversión proviene de recursos federales (recursos del fondo de apoyo para el desarrollo sustentable 2011).’
"En mérito a lo anterior, asiste razón en lo aducido por el representante de la parte quejosa, ya que la autoridad responsable efectivamente no tomó en cuenta el contenido de la referida convocatoria, pues se limitó a señalar la página de Internet en la que podía consultarse, empero pasó por alto el contenido que se acaba de transcribir; en consecuencia, carece de sustento la premisa de la que partió la autoridad responsable para sostener su incompetencia legal para conocer del juicio de nulidad y, por tanto, deviene ilegal el sobreseimiento decretado.
"Así lo es, porque el origen de los fondos con los que se iba a construir la obra pública contratada mediante la convocatoria de licitación pública nacional No. ********** relativa a los trabajos denominados: ‘Construcción de Invernadero de Mediana Tecnología en el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología «El Huevo» en el Mezquite, Villa de Arista, San Luis Potosí’ sí es de carácter federal; de suerte que cualquier conflicto jurídico que se suscite en relación con la misma debe ser resuelto por los tribunales federales, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
"7.4. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Segunda Sala «de la Suprema Corte» de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número **********, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 4/2010, determinó que la rescisión administrativa de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es impugnable en el juicio contencioso administrativo; y no en otra vía judicial como pudiera ser un juicio ordinario civil. Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente:
"‘RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe)
"Una vez establecido que la rescisión administrativa de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es impugnable en el juicio contencioso administrativo, debe tenerse en consideración que la tendencia actual de ampliar y complementar la jurisdicción contencioso administrativa -de forma que no se limite únicamente al cuestionamiento de actos administrativos sino también de actos relacionados propiamente con la administración, con el objeto de propiciar una tutela judicial efectiva que permita la adecuada defensa de quien pudiera resultar afectado por la voluntad o actividad de la administración- conlleva a determinar si en el caso, la jurisdicción para ello debe ser la federal (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) o la local (Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí) atendiendo a que en el contenido del contrato que valoró la Sala responsable, se advierte que en su cláusula vigésima se acordó lo siguiente:
"...
"El pacto transcrito no es una cláusula arbitral ni constituye un medio alterno de solución de controversias, por lo que no tiene el alcance de desaplicar el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en términos de su numeral 103, in fine; luego, si se parte de la base de que -como lo refiere la quejosa- el contrato de licitación pública no sólo proviene de fondos federales sino que, además, se celebró con base en dicha ley, porque en la disposición general 1.3. de la convocatoria de licitación pública nacional No. ********** relativa a los trabajos denominados: ‘Construcción de Invernadero de Mediana Tecnología en el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología «El Huevo» en el Mezquite, Villa de Arista, San Luis Potosí’, se estableció que la legislación aplicable sería la establecida en: ‘la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento; ...’ es de concluirse que sí cobra aplicación esta última.
"En ese tenor, conforme al contenido de los artículos 1, fracción VI, 15 y 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, transcritos con antelación, se advierte que en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, también las entidades federativas que liciten obras públicas con cargo total o parcial a recursos federales, deberán atender a su contenido y, por tanto, serán nulos aquellos actos, contratos y convenios que realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esa ley.
"En consecuencia, procede concluir que aun cuando la obra pública no haya sido licitada por alguna dependencia de la administración pública federal sino por una entidad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, basta que se empleen recursos económicos o fondos federales para que, por esa sola circunstancia, resulte aplicable al caso la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que, por tanto, sea competencia de los tribunales federales ordinarios conocer de las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos de licitación celebrados con base en dicha ley; de ahí que el acto cuya nulidad demanda la quejosa sí es impugnable en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XVI, de su ley orgánica, que dispone:
"‘Artículo 14. ...’
"Sin que obste para concluir de este modo que, en la cláusula vigésima del contrato de obra pública **********, en el cual se establece que para su interpretación y cumplimiento, las partes (la ahora quejosa como contratista y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno de San Luis Potosí, como contratante y aquí autoridad tercero interesada) se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes de San Luis Potosí; toda vez que la jurisdicción -entendida como la potestad del Estado para dirimir controversias, depositada en tribunales federales o locales para administrar justicia- no puede prorrogarse, ni ser materia de convenio o renunciarse, porque es un atributo de la soberanía.
"Por tanto, la jurisdicción nunca puede ser producto de la voluntad de los particulares sino que dimana directamente de la ley, en el caso del artículo 103 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, por ello, ni los particulares ni las autoridades pueden dar jurisdicción (competencia) a un tribunal a fin de que conozca de una controversia que es materia de una jurisdicción de diferente fuero, como es el caso.
"De ahí que carece de relevancia la circunstancia de que tanto la contratista como la contratante hubieran renunciado a la jurisdicción federal.
"Apoya a las consideraciones previas, el criterio de la tesis número 3a. VII/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es:
"‘COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PACTADA CONTRACTUALMENTE. POR REGLA GENERAL NO TIENE VALOR. (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’(se transcribe).
"Asimismo, es de invocarse por su exacta aplicación al caso, la tesis aislada I.4o.A.55 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -compartida por este órgano jurisdiccional- del rubro y texto siguientes:
"‘OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO CELEBRADO CON BASE EN LA LEY RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE MAYO DE 2009, CON CARGO A FONDOS FEDERALES, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO OBSTANTE QUE UNA DE LAS PARTES NO SEA ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SINO DEL DISTRITO FEDERAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 4/2010).’ (se transcribe)
"7.5. No pasa inadvertido que al respecto existen dos criterios contenidos en tesis aisladas de Tribunal Colegiado de Circuito donde se examinó un tema similar al que aquí fue objeto de estudio, uno derivado de un juicio de amparo directo y, otro, de un conflicto competencial, en los cuales se determinó que si bien la jurisdicción para conocer de un juicio relacionado con la rescisión y/o cumplimiento de un contrato de obra pública recae en el fuero federal, no es competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sino de los Jueces de Distrito especializados en Materia Administrativa (o de competencia mixta); sin embargo, dicho criterio no se comparte.
"En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 94/2011, consideró que si un particular celebra un contrato de obra pública con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de una entidad federativa y de él deriva el conflicto, es claro que no le es aplicable a la problemática el artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues si bien este precepto prevé una norma especial, que da competencia a las Salas de dicho tribunal para conocer de ‘las resoluciones que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal’; lo cierto es que no da cabida a los conflictos suscitados por la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados con dependencias y entidades de la administración pública de los Estados, aun cuando se encuentre relacionada una legislación federal, pues lo que da la competencia al tribunal federal fiscal es que los mencionados contratos sean celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, siendo por tanto aplicable en este caso la regla general prevista en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el conflicto de competencia 1/2013, determinó que si la legislación del Estado de Nuevo León no establece disposición que regule la competencia para conocer de las controversias relacionadas con los contratos de obra pública celebrados por los particulares con los Municipios de dicha entidad, con cargo total o parcial a recursos federales, entonces, de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 15, 103 y 104 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el numeral 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advertía que las controversias suscitadas al respecto serían resueltas por los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, dado que éstos tienen competencia legal para conocer de las controversias que surjan con motivo de la aplicación de ‘leyes federales’, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un procedimiento seguido por autoridades administrativas.
"La nota esencial común que coincide en ambas ejecutorias, consiste en que aun cuando existe el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya competencia está acotada tanto en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que el supuesto en estudio no se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 14, fracción VII, del citado ordenamiento legal y que, por tanto, mediante un argumento a contrario sensu, esto es, atendiendo al método de exclusión, debía considerarse que la Salas Regionales del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa carecen de competencia legal para conocer los asuntos que se susciten entre los Municipios y Estados con los particulares respecto a las disidencias relacionadas con los contratos de obra pública; criterio que -en su concepto- no contraviene el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/2010, de rubro: ‘RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’, porque de la ejecutoria que le dio origen se advertía que éste versó sobre las controversias relacionadas con contratos de obra pública convenidos por las unidades administrativas o dependencias del Ejecutivo Federal, mas no de un ente estatal o municipal.
"Se insiste en que no se comparte dicho criterio porque la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, se pronunció en los términos siguientes:
"...
"Del criterio jurisprudencial transcrito se desprende que el Alto Tribunal del país resolvió un problema de relevancia, esto es, cuál de las dos normas aplicables debía tenerse en cuenta para fijar la competencia del órgano jurisdiccional que debía conocer del juicio. Tal discusión que se originó por la existencia de un concurso de normas, ya que:
"a) El artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;
"b) En tanto que el artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que dicho órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se dicten -en materia administrativa- sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal. problema que se resolvió atendiendo a dos métodos idóneos para la solución de antinomias, a saber, el de temporalidad y el de especialidad; pues según el primero la ley posterior debe prevalecer sobre la anterior y, conforme al segundo, la ley especial debe prevalecer sobre la general.
"Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no sólo es una ley especial -que delimita la competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- sino que, además, es más reciente que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de suerte que las disposiciones contenidas en aquélla debían prevalecer sobre esta última en lo relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales facultados para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales.
"Esta consideración -que resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor- no debe limitarse a la fracción VII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sino que debe extenderse a todas las fracciones que integran ese precepto, incluida desde luego la fracción XVI, de cuya lectura se advierte que ‘el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas ... señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal’.
"Luego, si la fracción XVI, en relación con la VII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal es interpretada sistemáticamente con el artículo 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual dispone que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esta ley, serán resueltas por los tribunales federales, ha de concluirse que precisamente deben ser resueltos por las Salas que pertenecen a ese tribunal administrativo.
"Habida cuenta que no hay razón justificada para que en un supuesto la contienda sea competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (cuando sólo intervienen dependencias de la administración pública federal) y, en otro, corresponda a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa o de Competencia Mixta (cuando intervenga una dependencia de la administración pública estatal o municipal, con la participación de fondos federales), si en ambos casos el objeto del juicio será determinar si la rescisión del contrato de obra pública licitado -o cualquier cuestión relacionada con ésta- se ajustó a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
"En ese orden de ideas se estima que si las disposiciones contenidas en el artículo 14, fracciones VII y XVI, de la Ley Orgáni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25645-6e0f073c/contratos-de-obra-publica-compete-al-tribunal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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