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ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES MUNICIPALES PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO EN SUS JURISDICCIONES TERRITORIALES, ASÍ COMO PARA OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONSTRUCCIONES, EN PRINCIPIO, NO ES IRRESTRICTO. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA FACULTAD AMPLIA DE LOS MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y URBANO, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, SE ENCUENTRA LIMITADA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AERÓDROMOS CIVILES POR LAS ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA FEDERACIÓN. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. EL MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN CONSULTIVA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, PUEDE EMITIR SU OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AEROPUERTO DE MONTERREY, E INCLUSO PROPONER AQUELLOS QUE CONSIDERE RELEVANTES PARA SU DISCUSIÓN. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. EL OFICIO DE 11 DE JULIO DE 2011, A TRAVÉS DEL CUAL EL DIRECTOR DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AUTORIZA EL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY", ES VÁLIDO, YA QUE AL TRATARSE DE OBRAS MAYORES, ÉSTAS PUEDEN APROBARSE AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDAS EN EL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO Y SIN NECESIDAD DE PARTICIPAR DE ELLAS A LA COMISIÓN CONSULTIVA. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. EL OFICIO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL CUAL EL DIRECTOR DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011-2025, POR LA CONCESIONARIA AEROPORTUARIA AEROPUERTO DE MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ES VÁLIDO, AL HABERSE RESPETADO LA PARTICIPACIÓN RESPECTIVA DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA QUE FORMA PARTE EL MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AEROPUERTOS. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. EL OFICIO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2012, A TRAVÉS DEL CUAL EL DIRECTOR DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AUTORIZA EL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "URBANIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL MTY, EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY", ES VÁLIDO, AL HABERSE RESPETADO LA PARTICIPACIÓN RESPECTIVA DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA QUE FORMA PARTE EL MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AEROPUERTOS. VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LOS OFICIOS DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DE LOS CUALES EL DIRECTOR DE AEROPUERTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES Y LA DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, SON VÁLIDOS, AL HABERSE RESPETADO LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA QUE FORMA PARTE EL MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AEROPUERTOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2014. · Registro digital (IUS): 25688
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-06-19
Promovente: MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 611.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2014. MUNICIPIO DE APODACA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 18 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 12/2014; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la demanda, órganos demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raymundo Flores Elizondo y Juan Alberto Padilla Maldonado quienes se ostentaron, respectivamente, con el carácter de presidente municipal y de síndico segundo del Municipio de Apodaca, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que se solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan, emitidos por el órgano que a continuación se menciona:

"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.

"A. El C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos como titular del Poder Ejecutivo Federal y superior jerárquico, en específico, del secretario de Comunicaciones y Transportes quien, a su vez funge como superior jerárquico del director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con domicilio en su recinto oficial en la Ciudad de México, D.F.

"...

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. A través del presente medio de control constitucional se demanda de las autoridades señaladas en la presente controversia constitucional, lo siguiente:

"a) Oficio 4.1.2534, de fecha 15 de diciembre de 2010, a través del cual el director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza la actualización del Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2011-2025 propuesto por la concesionaria aeroportuaria Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V.

"b) Los oficios 4.1.202.3123/VUS, de fecha 24 de septiembre de 2010 y 4.1.2020.3680/VUS, de fecha 07 de diciembre de 2010, ambos respecto a la construcción del edificio de locales comerciales expedido (sic) por el director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"c) El oficio 4.1.202.1583/VUS, de fecha 11 de julio de 2011 dictado por el director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que contiene la Autorización del Proyecto Ejecutivo denominado ‘Construcción de una Estación de Servicio en el Aeropuerto de Monterrey’.

"d) El oficio 4.1.202.5037,5339/VUS, de fecha 19 de diciembre de 2012 dictado por el director de Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que contiene la Autorización del Proyecto Ejecutivo denominado ‘Urbanización del Parque Industrial MTY, en el Aeropuerto de Monterrey’."

SEGUNDO.-Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

1. El veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a favor de Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, una concesión para:

a) Administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León y llevar a cabo construcciones en el mismo, a fin de prestar los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el aeropuerto; y,

b) Usar, explotar y aprovechar los bienes concesionados ubicados en la carretera Miguel Alemán, Municipio de Apodaca, Nuevo León.

2. Dicha concesión se modificó el doce de septiembre de dos mil, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil uno.

3. El diecinueve de noviembre de dos mil trece, el Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León tuvo conocimiento, a través de una nota periodística publicada en "El Norte", de que el Aeropuerto de Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, estaba realizando construcciones y edificaciones nuevas, consistentes en:

i) Estación de servicio.

ii) Plaza comercial OMA.

iii) Parque industrial junto a un hotel.

4. Derivado de lo anterior, el mismo diecinueve de noviembre, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento actor, emitió y diligenció las órdenes de inspección SEDUE-OI-0486/2013, SEDUE-OI-0487/2013 y SEDUE-OI-0488/2013, durante las que el Aeropuerto de Monterrey Sociedad Anónima de Capital Variable no exhibió ni acreditó ninguna autorización, permiso o licencia que avalara las edificaciones. Asimismo, el Municipio actor advirtió la existencia de riesgos para las personas y sus bienes, por lo que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Apodaca, Nuevo León, ordenó la inmediata interrupción de los trabajos cuya ejecución provocara riesgos y la clausura temporal de las instalaciones u obras y/o edificaciones sobre la estación de servicio que se encuentra sobre el boulevard Aeropuerto s/n, contiguo al estacionamiento de la terminal "C", a través del oficio SEDUE-MS-487/2013 y en la plaza comercial "OMA Plaza" a través del oficio SEDUE-MS-0486/2013.

5. En contra de los actos antes descritos, la empresa Aeropuerto de Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable presentó demanda de amparo, misma que se radicó bajo el expediente 1853/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito judicial, notificado al Municipio actor el seis de diciembre de dos mil trece y como resultado del mismo, el Ayuntamiento actor tuvo conocimiento de los actos impugnados en la presente controversia constitucional (oficios 4.1.2534, 4.1.202.3123/VUS, 4.1.202.1583/VUS y 4.1.202.5037,5339/VUS).

TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

Primero. Violación de los artículos 14, 16, 27, párrafo tercero, 40, 41, 73, fracción XXIX-C y 115, fracciones III y V, inciso a), de la Constitución Federal.

• Desde la incorporación a nivel constitucional de la materia de asentamientos humanos, se previeron la intervención y regulación de manera concurrente por la Federación, Estados y Municipios conforme a la distribución de competencias que realizara el Congreso de la Unión en la ley que para tal efecto expidiera.

• Al resolver la controversia constitucional 94/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la materia de asentamientos humanos es federal y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, quien a través de la ley general, estableció la concurrencia de la facultad entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad material en cuanto a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional. Lo anterior dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 15/2011, de rubro y texto siguientes: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL."

• En este marco de concurrencia, la Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 1o. establece la participación coordinada entre la Federación, los Estados y los Municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; así como para fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Además de que a dichos ámbitos de gobierno les corresponde definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, al igual que las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

• Dicha ley general realiza el reparto competencial que en la materia corresponde tanto a la Federación, a los Estados y a los Municipios, en sus artículos 6o., 7o., 8o. y 9o., los cuales prevén que su ejercicio se ajustará a las atribuciones que cada nivel de gobierno tiene reconocidas en la Constitución Federal.

• Así, el artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos desarrolla en específico las atribuciones de la Federación, sobre la base de que debe llevarlas a cabo en coordinación, entre otros entes, con los gobiernos municipales, esto es, desde la legislación general se prevé como obligación de la Federación dar intervención a los Municipios para la promoción y ejecución de la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano.

• De igual manera, el artículo 9o. de dicha ley general, prevé las atribuciones que corresponden a los entes municipales, entre las que destacan las señaladas en las fracciones II, III, VII, X, XII y XIII. Así, se advierte que el gobierno municipal cuenta con facultades -incluso derivadas del artículo 115 constitucional- para regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población; para administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven; para celebrar con la Federación, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven; para prestar los servicios públicos municipales; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios; para participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como para imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la legislación local.

• Los actos cuya invalidez se demanda vulneran el artículo 115, fracciones III, inciso a) y V, así como el sistema de concurrencia previsto en el tercer párrafo del artículo 27 y el 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Federal, en la medida que las autorizaciones otorgadas por la Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa Aeropuerto de Monterrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la construcción y edificación de estructuras dentro de las instalaciones del Aeropuerto Mariano Escobedo, consistentes en: i) estación de servicio; ii) plaza comercial OMA; iii) parque industrial; y, iv) hotel de conjuntos urbanos; fueron emitidas sin darle intervención al Municipio actor ni al menos tomar en cuenta su opinión sobre la factibilidad de la realización de dichas obras conforme al plan de desarrollo municipal.

• Conforme a la Ley de Aeropuertos, la construcción, administración, operación y explotación de dichas instalaciones son de jurisdicción federal. Sin embargo, esto no implica que se desconozcan otros ordenamientos del mismo nivel jerárquico, que obligan a la Federación a dar un cierto grado de participación al ente municipal. En materia aeroportuaria confluyen otras como la de asentamientos humanos y desarrollo urbano, ya sea para la construcción, ampliación o mejoramiento de las instalaciones donde se presta propiamente el servicio aeroportuario o las que el artículo 48, fracción III, del propio ordenamiento denomina como "servicios comerciales", que son áreas en las que se desarrollan actividades comerciales diferentes al servicio mismo y que no son esenciales para la operación del aeropuerto ni de las aeronaves. Además, el propio ordenamiento aeroportuario prevé en su artículo 41 que para la realización de trabajos de construcción o reconstrucción en los aeropuertos, los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental que correspondan.

• Con independencia de que las instalaciones aeroportuarias sean, por regla general, de jurisdicción federal, esto no autoriza a desconocer las atribuciones del Municipio actor que derivan directamente de la Constitución.

• Por tanto, los actos cuya invalidez se demanda, vulneran el ámbito constitucional de la competencia municipal. Así, previamente a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizara el programa maestro de desarrollo debió solicitar la participación del gobierno municipal de Apodaca, para que en uso de las atribuciones que tiene en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y protección ambiental, emitiera opinión y, en su caso, autorizara construcciones que pudieran afectar el desarrollo urbano del Municipio de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

Segundo. Violación del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal.

• Si bien la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal se reformó en mil novecientos noventa y nueve, su contenido solamente se alteró de manera parcial, al agregarse como facultades la formulación de planes de desarrollo regional; control y vigilancia de utilización de suelo; formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros; y, celebración de convenios para la administración y custodia de zonas federales. Esta modificación simplemente tuvo como finalidad aclarar la redacción creando incisos, tal como se advierte del dictamen de la Cámara de Origen a dicha reforma constitucional. Por tanto, la facultad concurrente municipal relativa a los asentamientos humanos ya se encontraba como tal desde mil novecientos ochenta y tres.

• Ahora bien, en la reforma de dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se estableció de manera expresa la facultad municipal relacionada con la zonificación y planes de desarrollo urbano, pero sin la intención del Constituyente de que esta facultad fuera más allá de una intervención por parte del Municipio en las facultades estatales y federales en la materia, originarias desde la reforma de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis. Tan es así que el Municipio en estos momentos históricos era todavía "administrado" y no "gobernado" por un Ayuntamiento.

• Además, si bien la reforma de mil novecientos noventa y nueve no tocó sustantivamente la fracción V del artículo 115 constitucional, más que para ordenar su redacción, sí cambió el contexto constitucional en el cual debe interpretarse la facultad que ahora nos ocupa. Así, el texto analizado no puede significar exactamente lo mismo antes y después de la mencionada reforma, ya que la misma otorgó una nueva posición constitucional al Municipio frente al Estado y la Federación.

• Lo anterior significa que la intervención del Municipio en la zonificación y planes de desarrollo urbano no puede tener la misma intensidad antes y después de la reforma de mil novecientos noventa y nueve. Aun cuando la diferencia no fue sustantiva sino sólo de grado, sí le debe otorgar al Municipio una autonomía cierta frente a la planeación federal o estatal, con una intervención real y efectiva, sin que ésta se limite a ser un mero ejecutor de la misma.

• En efecto, si en el caso la propia Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Aeropuertos le dan un cierto grado de participación al ente municipal para emitir opinión o en su caso, autorización para la realización de obras contenidas en el Programa Maestro de Desarrollo 2011-2025 del Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V. y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto, no resulta dable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga a un lado al Municipio actor, ignorando las disposiciones constitucionales y legales; máxime cuando a éste corresponde la vigilancia de aquellos aspectos que afecten la actividad urbana, turística y el equilibrio ecológico de la zona.

CUARTO.-Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 14, 16, 27, párrafo tercero, 40, 41, 73, fracción XXIX-C y 115, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Trámite de la controversia. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 12/2014. Por razón de turno se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

El diez de febrero de dos mil catorce el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo Federal, a quien ordenó emplazar para que formularan su contestación. Asimismo ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho y representación correspondiera.

SEXTO.-Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo Federal. Al contestar la demanda, el Poder Ejecutivo Federal aceptó los actos que se le reclaman y consideró infundados los conceptos de invalidez, de acuerdo a lo siguiente:

Primero. Los actos combatidos no violan los artículos 14, 16, 27, párrafo tercero, 40, 41, 73, fracción XXIX-C y 115, fracciones III y V, de la Constitución Federal.

a) Es infundado el argumento del actor donde sostiene que se vulneraron los artículos 115, fracciones III, inciso a) y V, 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución, en virtud de que no se dio intervención al Municipio actor sobre la factibilidad de las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme al plan de desarrollo urbano municipal. Ni en la Ley General de Asentamientos Humanos ni en la Ley de Aeropuertos se establece que la actuación de dicha secretaría esté supeditada al visto bueno o aval de alguna autoridad municipal.

• La Ley de Aeropuertos establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y exploración de aeródromos civiles. Esta materia se rige por dicha ley, los tratados internacionales y a falta de disposición expresa se aplicarán los siguientes ordenamientos:

- Ley de Vías Generales de Comunicación

- Ley General de Bienes Nacionales

- Ley de Aviación Civil

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo

- Ley Federal sobre Metrología y Normalización

- Códigos de Comercio, Civil para el Distrito Federal y Federal de Procedimientos Civiles

• Así, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede otorgar concesiones para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos, con la obligación de que los concesionarios elaboren un programa maestro de desarrollo revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por dicha dependencia, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ámbito de su competencia, será parte integrante del título de concesión. Lo anterior con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación con otros medios de transporte.

• En relación con lo anterior, la propia Ley de Aeropuertos señala que para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en los aeródromos civiles, distintos de aquellos incluidos en el programa maestro de desarrollo, se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a excepción de los trabajos de urgencia, mantenimiento y construcción que no afecten las operaciones aéreas, y se realicen para la conservación y buen funcionamiento del aeródromo civil.

• Ahora bien, la construcción, reconstrucción, ampliación y los trabajos de conservación y mantenimiento se rige por el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en cuyos términos las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en esta vía se impugnan, no transfieren ni trastocan las atribuciones de los Municipios previstas en el artículo 115, fracción V, constitucional, pues se tratan de bienes de dominio público de la Federación, en donde se presta un servicio público concesionado de aeropuertos cuya jurisdicción es federal. Al respecto cita la tesis P./J. 20/2012 (9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de rubro: "PARQUE NACIONAL TULUM Y ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS TULUM-TANCAH. LA CONDICIÓN CATRASTAL Y DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DEL ÁREA QUE COMPRENDEN DICHOS BIENES NACIONALES NO AFECTA SU ÁMBITO DE REGULACIÓN FEDERAL."

• El criterio anterior derivó de la controversia constitucional 72/2008, el Tribunal Pleno determinó que una zona de carácter federal no se encuentra sujeta a ningún tipo de regulación municipal en materia de urbanización y asentamientos humanos; por otra parte, el hecho de que dentro de una zona federal se lleven a cabo actividades que materialmente correspondería reglamentar al Municipio, no significa una invasión a sus competencias, sino simplemente que las mismas se encuentran sujetas a la normativa federal en exclusiva.

• Además, el artículo 41 de la propia Ley de Aeropuertos no implica que la autoridad federal, al autorizar la construcción del edificio de locales comerciales de los proyectos ejecutivos denominados Construcción de una Estación de Servicios en el Aeropuerto de Monterrey y Urbanización del Parque Industrial Monterrey, en el Aeropuerto de Monterrey, invada competencias constitucionales del Municipio de Apodaca, toda vez que la autorización otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es ajena al cumplimiento que deben dar los concesionarios a las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.

• Por tanto, para autorizar la construcción, reconstrucción, ampliación, conservación y mantenimiento de aeródromos civiles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está obligada a consultar de forma previa al Estado ni al Municipio en el cual se encuentran las terminales aéreas, ni debe cumplir con la planeación estatal o municipal en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos.

• Si bien es cierto que el orden municipal tiene la posibilidad de participar de forma concurrente en la planeación en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, esto no resulta aplicable en los casos donde la Federación emita las autorizaciones para el manejo y gestión de aeropuertos civiles, al tratarse de bienes de jurisdicción federal que se encuentran excluidos de cualquier regulación del actor.

b) Es infundado lo que señala el Municipio actor respecto a que si bien la construcción, administración, operación y explotación en instalaciones aeroportuarias son de jurisdicción federal, no se puede desconocer las atribuciones que en otras materias confluyen en aquélla y que derivan directamente de la Constitución General a favor del Municipio, como lo es la expedición de licencias de uso de suelo, así como la factibilidad de servicios públicos, tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

• El artículo 115 constitucional establece una limitante a las facultades en materia de desarrollo urbano y ecología; así, los Municipios pueden otorgar licencias y permisos para construcciones dentro de su territorio, pero sólo en los términos de las leyes federales y estatales relativas.

• De la interpretación de la Constitución General, la Ley General de Vías de Comunicación y la Ley de Aeropuertos se tiene que:

1) Las vías generales de comunicación quedan sujetas a los poderes federales de manera exclusiva.

2) El Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación.

3) Lo anterior se hará sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

• Los aeródromos civiles son parte integrante de las vías generales de comunicación según se estatuye en el artículo 1 de la Ley de Aeropuertos.

• Se considera aeródromo civil, el área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. A su vez, se clasifican en aeródromos de servicio al público y de servicio particular. Así, el aeropuerto se define como aeródromo civil de servicio público que cuenta con las instalaciones y servicios adecuadas para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial (artículo 2 de la Ley de Aeropuertos).

• Además, el artículo 3 de la Ley de Aeropuertos dispone expresamente que todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, es de jurisdicción federal. Dicho precepto obedece a la Ley de Vías Generales de Comunicación, toda vez que señala que éstas quedan sujetas a los poderes federales de manera exclusiva; que el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación y, que ello, se hará sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

• En consecuencia, el Municipio actor no tiene competencia legal para expedir la licencia de construcción y/o de uso de suelo, respecto de un área que, a pesar de estar dentro de dicho Municipio, escapa de su jurisdicción, mucho menos para tratar de aplicar medidas preventivas ni sanciones derivadas de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Así se desprende del artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución que establece que: "Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: ... f) otorgar licencias y permisos para construcciones."

• De lo anterior se advierte que la concurrencia de los Municipios en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos respecto de un concesionario que opera, administra y construye un aeropuerto, en un área considerada parte integrante de las vías generales de comunicación sujeta a jurisdicción federal exclusiva, debe verificarse de conformidad con los parámetros establecidos en el orden federal.

• Para tales efectos, debe entenderse que la Federación tiene la competencia directa y exclusiva para emitir las autorizaciones relativas para la construcción, reconstrucción, ampliación y los trabajos de conservación y mantenimiento de aeropuertos y, que por otro lado, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Aeropuertos se permita la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para efectos del desarrollo urbano.

• Así, se entiende que una vez se han emitido las autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -las cuales no se encuentran sometidas a ningún tipo de revisión previa o posterior por parte del Municipio- resulta necesario determinar si las nuevas construcciones son afines a las disposiciones de desarrollo urbano de los tres niveles de gobierno.

• En ese orden de ideas, queda claro que la cuestión relativa al debido cumplimiento de la normativa de desarrollo urbano de forma posterior a las autorizaciones que expida la Federación para la ampliación y construcción dentro de un aeropuerto no es un problema de constitucionalidad, sino un problema de legalidad consistente en verificar si el concesionario del Aeropuerto Internacional de Monterrey cumple con la normativa de los tres niveles de gobierno, en los términos de la concurrencia fijada por la Ley General de Asentamientos Humanos.

c) Es infundado el argumento del actor en el sentido de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debió, previamente a la autorización del programa maestro de desarrollo, solicitar su participación para que en uso de sus atribuciones concurrentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y protección ambiental, emitiera opinión y, en su caso, autorizara las construcciones que pudieran afectar el desarrollo del Municipio de Apodaca, de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Dicha secretaría no se encontraba obligada a solicitar la opinión o consentimiento del actor, en relación con el programa de mérito.

• Los artículos 25, fracción V y 38 de la Ley de Aeropuertos, y 24 de su reglamento establecen el programa maestro de desarrollo que elabora el concesionario, únicamente debe ser autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional.

• Por tanto, no se advierte que dicha secretaría deba, previamente a la autorización del programa maestro de desarrollo, otorgar participación alguna al Ayuntamient

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25688-f735fd79/asentamientos-humanos-el-ejercicio-de-las-facultades-municipales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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