Corpus
Modo: Corpus Pro

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. EL "ANÁLISIS ECONÓMICO" CONSTITUYE UNA PRUEBA INDIRECTA CON LA QUE PUEDE DEMOSTRARSE AQUÉLLA. PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES, CONCURSOS, SUBASTAS O ALMONEDAS PÚBLICAS. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, PREVÉ SU CONFIGURACIÓN POR LA EXISTENCIA DE ACUERDOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO UN RESULTADO ANTICOMPETITIVO Y NO NECESARIAMENTE POR EL MONTO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS. PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES. PARA QUE SE ACTUALICE LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, NO SE REQUIERE QUE LA CONDUCTA SEA ININTERRUMPIDA. PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES PÚBLICAS. CARACTERÍSTICAS QUE PUEDEN EVIDENCIARLA. PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO ES VÁLIDO ACUDIR A PRUEBAS INDIRECTAS O CIRCUNSTANCIALES. PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO LA AUTORIDAD PUEDE ACUDIR A PRUEBAS INDICIARIAS, LO QUE NO SE OPONE AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 453/2012. · Registro digital (IUS): 25754
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-08-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , Pág. 546.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. EL "ANÁLISIS ECONÓMICO" CONSTITUYE UNA PRUEBA INDIRECTA CON LA QUE PUEDE DEMOSTRARSE AQUÉLLA.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES, CONCURSOS, SUBASTAS O ALMONEDAS PÚBLICAS. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, PREVÉ SU CONFIGURACIÓN POR LA EXISTENCIA DE ACUERDOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO UN RESULTADO ANTICOMPETITIVO Y NO NECESARIAMENTE POR EL MONTO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES. PARA QUE SE ACTUALICE LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, NO SE REQUIERE QUE LA CONDUCTA SEA ININTERRUMPIDA.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA EN LICITACIONES PÚBLICAS. CARACTERÍSTICAS QUE PUEDEN EVIDENCIARLA.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO ES VÁLIDO ACUDIR A PRUEBAS INDIRECTAS O CIRCUNSTANCIALES.

PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA. PARA SU ACREDITAMIENTO LA AUTORIDAD PUEDE ACUDIR A PRUEBAS INDICIARIAS, LO QUE NO SE OPONE AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO.

AMPARO EN REVISIÓN 453/2012. 8 DE ABRIL DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTARON CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de garantías que se inició durante la vigencia de la citada Ley de Amparo, respecto de la cual, esta Sala determinó que debe conocer del recurso de revisión interpuesto por razones de interés y trascendencia, en términos de la resolución dictada en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción **********.

Cabe aclarar que, por lo que hace a la aplicación de la Ley de Amparo vigente hasta el día dos de abril de dos mil trece, ello obedece a que en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor el tres del mismo mes y año, se precisó que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, "continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio."

Por tanto, si el juicio de amparo del cual deriva el presente recurso de revisión, se tramitó como consecuencia de la demanda de amparo presentada el nueve de julio de dos mil diez, es claro que debe resolverse conforme a lo previsto en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario pronunciarse respecto de la presentación oportuna de los recursos y la legitimación de quienes los interpusieron, en virtud de que esos presupuestos procesales ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto.

TERCERO.-Marco normativo. Para resolver el presente asunto, es necesario precisar cuál será el marco normativo de referencia.

En primer lugar, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala que el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto de reforma con el que se modificaron, entre otros, diversos párrafos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competencia económica, y por lo que hace a la condición de la Comisión Federal de Competencia que pasó a ser un organismo constitucional autónomo.

Sin embargo, en el artículo séptimo transitorio del referido decreto se estableció lo siguiente:

"Séptimo. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este decreto.

"Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente decreto mediante juicio de amparo indirecto.

"Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente decreto."

En esa tesitura, para la resolución de este asunto, no es relevante que la naturaleza jurídica a nivel constitucional de la Comisión Federal de Competencia haya cambiado, y que se hayan modificado los enunciados normativos que establecen su competencia, ya que se aplicarán las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mencionado decreto.

Por otro lado, es necesario precisar que cuando en esta ejecutoria se haga referencia a la Ley Federal de Competencia Económica, la que contiene tanto normas adjetivas, como sustantivas, se debe entender para efectos del procedimiento, esto es, derecho adjetivo, aquellos enunciados normativos procedimentales que se encontraban vigentes al momento en que se emitió el acuerdo de inicio de investigación de oficio, es decir, al tres de agosto de dos mil seis, fecha en la que ya se encontraban en vigor las reformas a dicho ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis; mientras que para efectos del fondo del asunto deben tomarse en consideración las normas sustantivas vigentes al momento de la comisión de las conductas colusorias.

Lo mismo ocurre con el Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, documento vigente en el momento en que se dictó el acuerdo de investigación; por lo que no se desconoce la vigencia del reglamento de esa ley, publicado el doce de octubre de dos mil siete.

CUARTO.-Antecedentes. A fin de resolver los planteamientos aducidos en la demanda de garantías, resulta conveniente formular una breve referencia de los antecedentes del caso, que son del tenor siguiente:

1. Mediante oficio SE-10-096-2002-260, de treinta de abril de dos mil dos, la Comisión Federal de Competencia emitió recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, orientadas a proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en las licitaciones públicas a su cargo, ello derivado de la revisión a licitaciones para adquirir materiales radiográficos. Asimismo, por oficio SE-10-096-2006-312, de diecinueve de mayo de dos mil seis, esa comisión solicitó al instituto referido, información y documentación relacionada con las licitaciones públicas, nacionales e internacionales, del suministro de medicamentos, realizadas de manera conjunta por el instituto y sus delegaciones, durante dos mil dos y años subsecuentes.

2. La solicitud referida fue atendida el seis de julio dos mil seis; y, con base en ella, la Comisión Federal de Competencia afirmó tener conocimiento de que en las licitaciones de medicamentos realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año dos mil dos, los participantes en éstas presentaron posturas que posiblemente fueron resultado de un establecimiento, concertación o coordinación entre ellos, lo que pudiese configurar una conducta prohibida por la fracción IV del artículo 9o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

3. Como consecuencia de lo anterior, el secretario ejecutivo de ese órgano desconcentrado, emitió acuerdo de inicio de investigación de oficio en el mercado de medicamentos licitados por el sector salud en territorio nacional, de fecha tres de agosto de dos mil seis, con el objeto de determinar si se actualizaban las conductas prohibidas en el artículo referido. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de dos mil seis. Asimismo, el procedimiento de investigación quedó identificado con el número **********.

4. Posteriormente, el nueve de marzo de dos mil nueve, el secretario ejecutivo emitió el acuerdo de conclusión del procedimiento de investigación.

5. El once de marzo de dos mil nueve, el presidente y el secretario ejecutivo de la comisión referida, emitieron el oficio de probable responsabilidad respecto de las siguientes personas: **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por lo que ordenaron se les emplazara por su probable responsabilidad en la comisión de la práctica monopólica referida.

6. El veintiocho de enero de dos mil diez, el Pleno de la comisión dictó resolución en el procedimiento iniciado como consecuencia de la emisión del oficio de probable responsabilidad; en dicha resolución tuvo por acreditada la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción IV del artículo 9o. de la Ley Federal de Competencia Económica, respecto de las personas morales mencionadas en el párrafo que antecede; así como acreditó la participación directa en la comisión de esa práctica, por parte de las personas físicas también referidas, por lo que ordenó la supresión de esa conducta e impuso multa a las personas involucradas.

7. Las personas morales y físicas sancionadas en esa resolución, interpusieron recursos de reconsideración, los que se admitieron y fueron en su momento acumulados y registrados de la siguiente manera: ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********) y de ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********), ********** (**********) y ********** (**********). El expediente finalmente quedó identificado como ********** y acumulados.

8. El diez de junio de dos mil diez, el Pleno de la comisión dictó resolución en los recursos referidos, en el sentido de confirmar la determinación recurrida. Esta resolución constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo que nos ocupa.

QUINTO.-Agravios de la quejosa en la revisión principal. En el recurso de revisión principal interpuesto por la quejosa, se argumentó lo siguiente:

1. Que la sentencia recurrida es ilegal, porque en la demanda de amparo argumentó que la autoridad responsable violentó lo dispuesto en los artículos 33, fracción VI, de la Ley Federal de Competencia Económica; 60 de su reglamento; y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que de forma indebida suspendió el plazo para dictar resolución en el procedimiento tramitado como consecuencia de la emisión del oficio de probable responsabilidad, con el pretexto de una resolución interlocutoria que ordenó la suspensión del dictado de esa resolución, respecto de una persona ajena a la quejosa; concepto de violación que indebidamente fue desestimado por el Juez de Distrito.

Que lo anterior es así, porque el a quo concluyó que era legal la decisión de la responsable, porque los involucrados en el procedimiento administrativo forman parte de un grupo, lo que explica que la autoridad haya decidido suspender el dictado de la resolución, como consecuencia de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión del juicio de amparo **********, lo que, en opinión de la quejosa, es inexacto, ya que la autoridad administrativa podía suspender solamente el dictado de la resolución por cuanto hace al quejoso de ese amparo, en lo particular, y resolver respecto de los otros sujetos que fueron parte en el procedimiento administrativo y, de haber actuado así, ello no provocaba la emisión de resoluciones contradictorias, sino que, simplemente, la medida cautelar implicaba la emisión de resoluciones en momentos distintos.

Además, de ningún artículo de la Ley Federal de Competencia Económica, ni de ninguno citado por la responsable, se desprende que exista una acumulación que implique que, en los procedimientos seguidos en esa materia, se deba dictar una resolución única para todos los involucrados, sino que, por el contrario, cada presunto responsable tiene que hacer valer su propia defensa de manera independiente, por lo que el hecho de que la autoridad responsable resolviese en una sola resolución o no los argumentos de todos los presuntos responsables, es una cuestión, en todo caso, de técnica procesal, pero de ninguna manera una obligación, pues no existe sustento legal para ello, ni mucho menos una cuestión que pueda implicar el dictado de resoluciones contradictorias, en tanto que no se trata de cuestiones de fondo comunes a todos los presuntos responsables, sino de cuestiones procesales adjetivas.

Por otro lado, lo razonado por el a quo para declarar infundado el concepto de violación carece de sustento, ya que, al referirse a la interlocutoria por la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados a **********, en el juicio de amparo **********, parece argumentar que esa medida se otorgó respecto de todo el procedimiento, lo que se traduce en una evidente violación al principio de relatividad; además de que el a quo incurre en contradicción, pues, por un lado, reconoce la existencia de ese principio y que lo determinado en la suspensión sólo rige para el quejoso, empero, termina creando una excepción a ese principio, con el pretexto de que, en el caso, se trata de un procedimiento de competencia económica, cuando el principio de relatividad rige para todo tipo de actos reclamados sin excepciones y obviamente es aplicable al incidente de suspensión, que es una acción incidental de la constitucional del juicio de garantías, por lo que lo resuelto en un incidente de suspensión no puede favorecer ni perjudicar a sujetos ajenos al quejoso respecto del cual, se otorgó la medida cautelar.

Agrega que en el acto reclamado la autoridad responsable no cita ningún fundamento legal para concluir que los efectos de la suspensión solicitada por una persona distinta de la quejosa, son obligatorios en el procedimiento entablado respecto de ésta, y que tampoco lo hace el a quo; esto es, que la autoridad responsable sin fundamento y sin mayor razonamiento simplemente indica que le es obligatoria la medida cautelar concedida a **********; máxime que la quejosa no fue llamada como tercero perjudicada al juicio en el que se dictó dicha medida.

Más aún, los hechos imputados a **********, en el procedimiento administrativo seguido por la Comisión Federal de Competencia, no tienen conexión con los atribuidos a la quejosa, lo que confirma que no podría haber existido resolución contradictoria como se argumenta en la sentencia recurrida, lo que significa que era plenamente posible que la autoridad responsable se pronunciara respecto de la situación jurídica de la quejosa, esto es, que dictara resolución respecto de ella en el procedimiento administrativo que se tramitó como resultado de la emisión del oficio de probable responsabilidad, ya que ello lo podía hacer sin necesidad de alterar la situación jurídica del quejoso mencionado; y que validar lo considerado por la autoridad y por el Juez de Distrito, sería tanto como admitir que un amparo puede tener efectos o beneficios respecto de personas que no fueron quejosas.

Asimismo, indica que resulta contrario a derecho que el Juez de Distrito sostenga que el artículo 33 de la Ley Federal de Competencia Económica, no establece una sanción en caso de que no se dicte la resolución en el plazo de cuarenta días que prevé esa norma, y que por eso la autoridad responsable no estaba obligada a dictar la resolución en el plazo referido, lo que no es correcto, porque esa disposición ordena que, tramitado el procedimiento administrativo, la resolución correspondiente se dictará en un plazo que no excederá de cuarenta días; y si bien no prevé una sanción para el caso de que la resolución no se dicte, ello no se traduce en que dicho plazo no se tenga que respetar, ya que, por razones de certeza, la autoridad debe definir la situación del particular; aunado a que el artículo 60 del reglamento de esa ley (sic), es claro en ordenar que los procedimientos seguidos por la Comisión Federal de Competencia no se interrumpan, de ahí que ordene que esa autoridad debe proveer lo necesario para el dictado de la resolución respectiva, lo que corrobora que la autoridad, so pretexto de la medida cautelar, no podía dejar de dictar resolución en el plazo previsto en el artículo 33 de la ley que rige sus actuaciones; por tanto, el hecho de que esta disposición no señale consecuencia en el supuesto de que el plazo de cuarenta días no se respete, no impide que, de no hacerse, se violente el artículo 16 constitucional, pues, considerar lo contrario, permitiría a la autoridad responsable obrar arbitrariamente, como ocurrió en el caso.

Por último, argumenta que en apoyo del concepto de violación que hizo valer al respecto, citó la tesis de la Segunda Sala, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA FUERA DEL PLAZO DE 4 MESES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA ...", tesis que indebidamente el a quo determinó que no resultaba aplicable porque se refiere a la materia aduanera; sin embargo, no tomó en cuenta que se citó en cuanto al fondo del criterio, consistente en que dictar una resolución fuera de un plazo legal implica violación al artículo 16 constitucional, por lo que es un criterio que sí puede orientar en la solución del problema planteado.

2. También argumenta que son contrarias a derecho las consideraciones sustentadas por el Juez de Distrito, relativas a la obligación de la autoridad responsable de definir el mercado relevante en el acuerdo de inicio de investigación, así como que la definición de ese mercado dependerá del procedimiento de investigación y que sólo tratándose de prácticas monopólicas relativas, es necesario definir el mercado relevante, pero no respecto de prácticas monopólicas absolutas.

Que lo anterior es ilegal, porque el análisis realizado por el a quo resulta inconsistente, ya que, a lo largo de su argumentación pretende acreditar que al dictarse el acuerdo de inicio de investigación, la autoridad no contaba con elementos suficientes para definir un mercado específico, porque de hecho no conocía las conductas concretas que pudieran resultar contrarias a la ley y, frente a ello, concluye que, tratándose de las prácticas monopólicas absolutas, no es necesario definir un mercado relevante en el acuerdo de inicio de investigación, lo que implica prejuzgar, cuando no era factible hacerlo según lo dicho por el propio a quo sobre el tipo de conductas cometidas, pretendiendo sustentar el análisis del acto primigenio (acuerdo de inicio de investigación) a través de actos posteriores (oficio de probable responsabilidad), lo que de suyo carece de sustento lógico y jurídico; por tanto, resulta improcedente lo manifestado por el Juez, en el sentido de que la resolución reclamada es la de fecha diez de junio de dos mil diez y, por ello, es ésa la que debe contener el análisis de la determinación del mercado, es decir, que éste debe fijarse a la luz de lo establecido en el acto reclamado, lo que es ilegal, ya que sustenta la validez de un acto a través de actos posteriores, cuya realización en realidad depende de aquel acto primigenio.

Agrega que, por lo mismo, resulta inconsistente el parangón que invoca respecto de las revisiones de gabinete, ya que ese tipo de procedimientos, de ningún modo son equiparables a los seguidos por la Comisión Federal de Competencia; de ahí que tal como lo argumentó en la demanda de amparo, para calificar como legal el acto con el que se inició la investigación, resulta necesaria la pertinencia de la información requerida, es decir, que la autoridad expresara una adecuada definición de los elementos a investigar, lo que, desde luego, debe llevarse a cabo en el acuerdo de inicio de investigación, ya que es ahí donde se definen los elementos propios y el alcance de la investigación. En otras palabras, es necesaria una delimitación clara del mercado a investigar, en aras de una correcta observancia de la seguridad jurídica; y que pretender lo contrario, puede generar consecuencias importantes para los particulares, pues la correcta definición del mercado permitirá a los interesados desahogar correctamente los requerimientos que se les formulen y hará posible la vigilancia de la pertinencia de la información que en su caso se requiera.

Relacionado con lo anterior, argumenta que, si bien el artículo 30 de la Ley Federal de Competencia Económica, únicamente hace referencia a la palabra "mercado", sin realizar ninguna aclaración al tipo de mercado a que se refiere, también lo es que, una interpretación armónica a ese ordenamiento, se desprende que el único tipo de mercado regulado para dicha legislación corresponde a lo que denomina "mercado relevante", y que considerar lo contrario, sería tanto como permitir que el mercado a investigar se establezca de manera arbitraria, es decir, que la autoridad pueda practicar investigaciones sobre bienes y servicios que no se relacionen con el procedimiento; por ello, aduce, el concepto de "mercado relevante", resulta aplicable en cualquier caso de la competencia económica, pues la relevancia del mercado es lo que permite a la autoridad contar con elementos de análisis suficientes para culminar su investigación; por ende, aplica tanto para prácticas monopólicas absolutas como para las relativas, por lo que no resulta procedente la diferencia sustentada por el a quo, aun sobre la base de lo establecido por la Suprema Corte en el amparo en revisión **********, que invoca el a quo, ya que el Alto Tribunal en esa ejecutoria no abordó el concepto desde la perspectiva que ahora se hace, sino únicamente de los elementos que lo definen.

De aquí que cualquier referencia al concepto de "mercado", que se contenga en la Ley Federal de Competencia Económica, deberá entenderse referido, precisamente, al concepto de mercado relevante aplicable a todo tipo de práctica monopólica, por lo que la autoridad debió aplicar lo dispuesto en el artículo 12 de la ley referida, en el acuerdo de inicio de investigación y, al no haberlo hecho, ese acuerdo y los actos que le siguieron, son violatorios de los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica.

3. En el tercero de los agravios, la quejosa combate el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia. Los argumentos respectivos no serán motivo de análisis, pues, como se indicó en el resultando noveno y en el considerando octavo de esta ejecutoria, el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se pronunció al respecto.

SEXTO.-Agravios de la autoridad responsable. La autoridad responsable argumentó lo que a continuación se resume:

1. Que la sentencia recurrida es contraria a los principios de legalidad y congruencia, en virtud de que el a quo hizo extensiva a la quejosa la protección constitucional otorgada a otra persona en diverso juicio de amparo, esto es, la benefició con el amparo concedido a **********, en el expediente **********, del índice del propio Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, determinación que, además, resulta contraria al principio de relatividad que rige en el juicio de garantías.

Que lo anterior es así, porque la figura del litisconsorcio no puede operar a través de la traslación de los efectos de una sentencia de amparo a un diverso juicio de garantías, y porque al emitir la sentencia en el expediente **********, el Juez tenía la facultad de fijar los efectos de la protección constitucional, por lo que en éste, debió ordenar que se dejara sin efectos el oficio de probable responsabilidad para todos los participantes en el grupo II de medicamentos, incluida la quejosa **********, para después sobreseer en el presente juicio de garantías, por haber quedado sin efectos dicho oficio, supuesto en el cual, sí podría haber hecho efectiva la figura del litisconsorcio pasivo, pero, lejos de ello, extendió los efectos del amparo concedido en ese expediente a la quejosa y en un juicio diverso, lo que viola el principio de relatividad de las sentencias.

2. Que también causa agravio la sentencia recurrida, porque el Juez inobservó el principio de estricto derecho que rige en el amparo administrativo, ya que suplió la queja de la impetrante del amparo, haciéndole extensivo el beneficio de un amparo concedido a **********, cuando la quejosa ni siquiera hizo valer, como concepto de violación, aquel vicio respecto del cual, el Juez concedió el amparo, lo que viola el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo; sobre todo porque, en el caso, no se actualiza la figura del litisconsorcio pasivo, pues cada una de las empresas sancionadas en el procedimiento seguido ante la Comisión Federal de Competencia, responde individualmente por la responsabilidad que se le atribuyó con los hechos analizados.

Argumenta que para que exista un litisconsorcio pasivo necesario entre esas quejosas, es requisito indispensable que las partes que forman la relación jurídica dentro de un procedimiento, se encuentren en una comunidad o vinculación tal, que no sea posible condenar a una sin que la condena alcance a todas las partes; y que tal figura no tiene aplicación cuando la acción respectiva puede ejercitarse indistintamente respecto de cada uno de los obligados. Así, agrega, la mencionada figura no se actualiza cuando cada persona puede dar cumplimiento por sí misma a una obligación, en cuyo caso puede demandarse a cualquiera de las personas obligadas, sin que sea necesario demandar simultáneamente a éstas para que la sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia jurídica; por ello, la sentencia recurrida causa agravio, pues parte de una incorrecta apreciación de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y de los procedimientos que ésta regula, en el caso, el procedimiento de investigación y aquel que determinó la existencia de la práctica monopólica absoluta en que incurrió la quejosa, ya que el a quo desconoció que las partes involucradas de manera particular pueden desvirtuar la imputación que se les atribuyó, sin afectar la condena que se hizo al resto de agentes económicos involucrados, pues cada empresa emplazada responde de manera individual sobre su propia responsabilidad.

3. También argumenta que, aun suponiendo que se actualizara la figura del litisconsorcio pasivo, no debe soslayarse que el amparo concedido a **********, no podría impactar en el expediente de amparo en el que ahora se actúa, ya que la responsabilidad que se imputó a la quejosa no se sustentó únicamente en la colusión de ésta con el laboratorio mencionado, sino también con la diversa persona moral **********, lo que implica que subsisten los elementos para sostener la responsabilidad de la quejosa, aun cuando en el procedimiento ya no participara **********, como consecuencia de la concesión del amparo, pues fueron las tres empresas mencionadas, las que incurrieron en la práctica monopólica que se les atribuyó.

4. Indica que, contrariamente a lo considerado por el Juez de Distrito, en el oficio de probable responsabilidad, sí se explican con claridad las causas que provocaron que la autoridad formara dos grupos de medicamentos licitados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectos de la investigación que llevó a cabo y de las resoluciones que al efecto se dictaron, de ahí que sea indebida la concesión del amparo, porque la formación de dos grupos de medicamentos descansó en la existencia de dos grupos de empresas que participaron en las licitaciones analizadas por la autoridad, de ahí que, de la lectura a las consideraciones expuestas en el oficio de probable responsabilidad, se demuestra que se expusieron las razones que justificaron la formación de dos grupos de medicamentos, lo que fue resultado del estudio de la información proporcionada por los propios laboratorios y por el instituto indicado, que permitió identificar dos grupos de empresas de laboratorios que tienen el carácter de agentes económicos competidores entre sí, que actuaron de manera coordinada.

5. Que causa agravio la sentencia recurrida porque, contrariamente a lo determinado por el Juez de Distrito, la autoridad responsable sí se hizo cargo del agravio formulado por la quejosa relativo a la versión pública de la lista de llamadas telefónicas entre las personas físicas involucradas en el procedimiento, a pesar de que dicho agravio era novedoso, lo que se corrobora de la lectura a la resolución reclamada; y porque, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, el momento oportuno para controve

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25754-5aa4e085/practica-monopolica-absoluta-el-analisis-economico-constituye-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.