I. DELITO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. COMPETENCIA LOCAL PARA REGULARLO (ARTÍCULO 133 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN). II. DELITO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 133 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 133 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN). IV. DELITO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 133 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE JULIO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: EVERARDO MAYA ARIAS Y DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ VELÁZQUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de julio de dos mil quince.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2014, promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la acción. Por medio de escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
a) Poder Legislativo del Estado de Michoacán.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.
Norma General cuya invalidez se reclama:
• El artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán, adicionado mediante el Decreto 276, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de enero de dos mil catorce.
SEGUNDO.-Artículos constitucionales señalados como violados.(1) Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 6o., 7o., 14, 16 y 73, fracciones XIV y XXI, inciso B.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, adujo en síntesis lo siguiente:
I. Que el artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán ataca directamente la libertad de expresión contemplada en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, ya que pretende sancionar a todo aquel que obtenga y difunda información, sobre cualquier acción realizada por las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad pública, lo cual resulta violatorio del derecho de acceso y difusión de la información, por lo que debe ser tildado de inconstitucional, así como inconvencional.
Así, aduce que el Pleno de este Alto Tribunal definió el derecho de acceso y difusión de la información, como un derecho en sí mismo o instrumento para el ejercicio de otros derechos, para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los derechos públicos, por lo que si la norma impugnada sanciona a todos aquellos que obtengan información, ello implicaría contrariar la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de las instituciones públicas.
En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia P./J. 54/2008 del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es el siguiente: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL."(2)
Por otra parte, sostiene que si bien tanto en el artículo 7o. de la Constitución Federal, como en el diverso 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establecen límites a este derecho fundamental, lo cierto es que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo y, si existen varias opciones para alcanzarlo, se debe elegir la que sea menos restrictiva de ese derecho protegido en forma proporcional al interés que la justifica y con apego al logro de ese legítimo objetivo.
En ese sentido, sostiene que el derecho a la libertad de expresión debe ser respetado en su doble vertiente: a) la emisión de opiniones del pensamiento propio y b) obtener información para conocer el pensamiento de terceros. En caso de ponerse límites, éstos deben establecerse de manera clara, precisa y congruente, con apego a los derechos de legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, situación que no acontece en el caso de la norma impugnada, puesto que no se cumple con dichos requisitos.
Además, considera que la norma impugnada deja entrever la gravedad y evidente transgresión al derecho a obtener información, pues los particulares y los medios de comunicación tienen un papel primordial para el ejercicio de las libertades en una sociedad democrática, por lo que resulta esencial salvaguardar el derecho a la información y, en consecuencia, la violación a ese derecho puede traer como consecuencia que los demás derechos humanos se vean trastocados y vulnerados.
Adicionalmente, sugiere que para analizar si la norma impugnada cumple o no con las exigencias necesarias para ser válida, es conveniente realizar un examen de proporcionalidad.
Al respecto, establece que en relación con la adecuación, la construcción de la norma dentro del capítulo de "delitos cometidos contra el sistema de funcionamiento de los cuerpos de seguridad", consistió en garantizar el buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas sin obstrucciones de ningún tipo; sin embargo, considera que el ejercicio del derecho de libertad de expresión y sus vertientes no obstruyen el buen funcionamiento de las referidas instituciones, razón por la cual, estima imperativo considerar la exigencia de que se garantice el derecho de obtener información, pues es un elemento de la seguridad social y, en consecuencia, la norma impugnada no resulta idónea ni adecuada para la consecución del fin que persigue.
Por otra parte, señala que la norma impugnada como medida restrictiva a la libertad de expresión (derecho a obtener y difundir información), no cumple con el requisito de necesidad, ello porque la necesidad de usar el derecho penal para imponer limitantes al derecho de obtener información y difundirla, debe considerarse ante la extrema gravedad de la conducta que se pretende sancionar; y no lo es la salvaguarda de las labores de los cuerpos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, ya que la sociedad debe tener herramientas como el acceso a la información para asegurarse que los servidores públicos cumplan con sus atribuciones.
Así, advirtió que la norma impugnada no guarda equilibrio entre los beneficios y los daños que la misma genera, por lo que no es proporcional, toda vez que la posibilidad real de que un particular o comunicador se vea involucrado en un proceso penal y sea privado de su libertad por obtener y difundir información general de los cuerpos de seguridad pública de las Fuerzas Armadas resulta excesivo.
Por lo anterior, la comisión promovente, consideró que la norma impugnada constituye una transgresión directa al derecho a la libertad de expresión, en concreto, al derecho de obtener información, pues pretende penalizar a cualquier ciudadano por la sola actividad tendente a obtener y proporcionar información relativa a los servidores públicos que protege de forma muy amplia.
Además, menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, deja entrever la evidente transgresión a los derechos fundamentales de libertad de expresión, al señalar que la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que la norma impugnada, al pretender sancionar a toda persona que por el simple hecho de obtener y proporcionar información de los servidores públicos que protege, es inconstitucional y violatorio del derecho de obtener información.
II. Que la norma impugnada viola los principios de seguridad jurídica, legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermética contenidos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al establecer la definición del delito de manera ambigua y genérica.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el legislador está obligado constitucionalmente a establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen, dependiendo de cada conducta que trate de regular y del bien jurídico que se pretenda proteger.
En ese sentido, argumentó que, en la norma impugnada, el tipo penal refiere "mediante vigilancia" como medio comisivo para la actualización del tipo, pero no se describe qué se entenderá por ésta, lo cual resulta ambiguo y, por consiguiente, incompatible con la exacta aplicación de la ley penal.
Que en la norma de mérito no se especificó a quién va dirigida, por lo que incluye a todas las personas que se ubiquen en la conducta, además abarca la generalidad de todas las acciones de los cuerpos de seguridad pública e incluso de las Fuerzas Armadas Federales.
Que la palabra "proporcione", utilizada en la norma impugnada, está vinculada con el elemento del tipo penal de la intencionalidad, toda vez que la norma castiga el hecho de proporcionar información, sin delimitar la finalidad con que esos datos son transmitidos, porque no acota los sujetos a quienes prohíbe recibir la información y los fines con los que se haga.
En consecuencia, la comisión promovente, sostiene que, la conducta descrita por el legislador en la norma impugnada carece de los elementos de claridad, congruencia y sobre todo precisión y, al ser así, constituye un tipo penal abierto que podría dar lugar a la aplicación analógica al dejar al arbitrio del juzgador la definición exacta de la conducta y los medios para ejecutarla, siendo que el destinatario de la norma no estará en posibilidad de saber con precisión el motivo exacto de la prohibición que contiene.
En apoyo a lo anterior, cita la tesis aislada 1a. CXCII/2011 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro es el siguiente: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."(3)
Por lo anterior, considera que la norma impugnada es violatoria de los principios de legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermética.
Aunado a lo anterior, aduce que este Alto Tribunal, ya se ha pronunciado sobre el principio de legalidad en materia penal, en el sentido de que es la obligación del legislador estructurar claramente los elementos del tipo penal, delimitando su alcance, imponiendo la determinación del sujeto responsable, y de sus condiciones particulares y especiales.
Finalmente, realiza un examen de racionalidad lingüística de la disposición, en primer término, y en segundo, un estudio de las posibles consecuencias que pueden derivar de dicho examen.
De dicho examen y estudio, concluye lo siguiente:
- Que la redacción de la definición del tipo penal no permitirá que el Juez determine cómo resolver un determinado caso, lo que implica que los ciudadanos no tendrán certeza de cuál será la respuesta punitiva del Estado con relación a su conducta; ello, en consecuencia de la vaguedad de la disposición y el amplísimo margen de opciones que genera, siendo que no todos los supuestos son lo suficientemente graves para merecer la intervención penal.
- Que la disposición cuestionada no aporta elementos suficientes que permitan al juzgador establecer la correspondencia adecuada entre la conducta típica y la sanción, debido a la falta de previsibilidad jurídica, lo cual se traduce en una violación al artículo 14 de la Constitución Federal.
- Que la imprecisión del artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán es tal que con ella se inhiben los límites y se hace nugatorio el derecho a obtener información, pues el establecimiento de términos tan amplios en un tipo penal que tiene inmerso el derecho a la información, trastoca de manera relevante su sano y libre ejercicio.
III. Que el artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán es contrario al diverso 73, fracciones XIV y XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que facultan en exclusiva al Congreso de la Unión a legislar respecto de las Fuerzas Armadas y faltas a la Federación.
Apoya el argumento anterior, en la tesis aislada 1a. CXCI/2011 (9a.) de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DISCIPLINA EN EL ÁMBITO MILITAR. SU FUNCIÓN Y ALCANCE CONSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS."(4)
Argumenta que de dicha tesis se desprende que, el objeto primordial de las Fuerzas Armadas es la defensa del Estado Mexicano, lo cual se logra a través de instituciones como la Marina Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea, mismas que, en virtud del Pacto Federal, se acordó que dependerían exclusivamente del Congreso de la Unión, por lo que cualquier falta hacia éstas, se traduce necesariamente en una falta a la Federación.
Así, sostiene que la norma impugnada invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al legislar y penar respecto de las faltas cometidas contra la Federación.
Por ello, considera que el legislador del Estado de Michoacán sobrepasó los límites establecidos por el Texto Constitucional, excediendo sus facultades legislativas, pues al estar conferida expresamente la facultad de legislar en estas materias al Congreso de la Unión, siguiendo una lógica de exclusión, ésta no le corresponde al ámbito competencial de las entidades federativas.
Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aduce que el artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán no sólo hace nugatorio el derecho de las personas a obtener información y difundirla, como vertiente de la libertad de expresión, sino además, es transgresor de las esferas competenciales del Estado Mexicano.
CUARTO.-Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 9/2014, mediante acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil catorce; asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas de conformidad con la certificación de turno que al efecto se acompañó.
Por otra parte, mediante acuerdo emitido el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán para que rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles que marca la ley, que se cuentan a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva. Asimismo, requirió al Congreso del Estado de Michoacán, para que al momento de rendir su informe, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y, finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para la formulación de su pedimento.
QUINTO.-Informe del Poder Ejecutivo del Estado. El consejero jurídico del Estado de Michoacán, Emiliano Martínez Coronel, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, al rendir su informe, señaló en síntesis lo siguiente:
Contrario a lo dicho en el primer concepto de invalidez hecho valer en la demanda, afirma que la norma impugnada no contraviene los derechos de acceso a la información ni a la libertad de expresión, y tampoco ataca a la Constitución Federal o instrumentos internacionales, ya que en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal se establecen límites entre los que se encuentra la perturbación a la paz y orden públicos.
Que de dichas limitantes deriva que la publicación de ideas y opiniones no es ilimitada, ya que si bien la libre comunicación de pensamientos y opiniones es una garantía constitucional, quien realice dichas actividades debe responder de su abuso cuando contravenga el respeto a la vida, a la moral y a la paz pública.
Al respecto, cita la tesis aislada I.10o.C. 14 C, de rubro siguiente: "DAÑO MORAL. LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA. LIMITANTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL.", así como la jurisprudencia P./J. 24/2007 del Pleno de este Alto Tribunal, intitulada: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO."
Por otra parte, señala que resulta absurdo y ocioso pensar que mediante la vigilancia, la obtención y proporcionar información relativa a la ubicación, las actividades operativas y cualquier acción realizada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad se contribuye al control democrático, ya que el acceso a la información gubernamental con la que se controla democráticamente la actuación del Estado, está determinada por la que se encuentra contenida en documentos.
Sostiene que en el caso, se preserva que las actividades, ubicación y operativos que realicen las Fuerzas Armadas y cuerpos policiacos deban ser secretos, los cuales por estrategia de seguridad y para garantizar el resultado de dichas acciones, solamente el Estado debe conocer.
Argumenta también que, si las acciones de seguridad aludidas fueran de manera dolosa e inmoderadamente obtenidas y divulgadas, se transgrediría la estrategia de las fuerzas policiacas, perturbándose la paz pública, lo cual dejaría de satisfacer el objetivo del Estado de brindar seguridad a los gobernados.
Además, considera ineficaz e infundado el argumento de la actora, en el sentido de que la norma impugnada es contraria al derecho a la información que tienen los gobernados, ya que, sostiene, el bien jurídico que tutela es la efectiva seguridad pública.
Que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la palabra "información" se refiere a la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; por tanto, no se aplica a la ubicación, actividades, operativos o acción realizada por Fuerzas Armadas, siendo incorrecto el uso de transparencia gubernamental.
Que la promulgación del artículo impugnado no actualiza la hipótesis de la censura previa, ya que el derecho a la libertad de expresión y libertad de acceso a la información tienen límites, lo cual no menoscaba el derecho a recibir información al tutelar la efectiva seguridad y paz pública.
Que, contrario a lo dicho en el segundo concepto de invalidez, la norma impugnada señala con precisión el tipo penal que contiene, así como la sanción correspondiente, por lo que cumple con las características esenciales de tipicidad del delito, y así, el destinatario tiene pleno conocimiento de lo que se prohíbe, por lo que contrario a lo expuesto por la actora, se trata de un tipo penal cerrado y cumple con el principio de taxatividad en materia penal, permitiendo al Juez determinar cómo resolver el caso, permitiendo a los ciudadanos tener certeza y seguridad jurídica para que sean juzgados.
Además, precisa que el tipo penal no se dirige simplemente a determinar la punibilidad de conductas dirigidas en contra de elementos de seguridad pública, sino las que atenten en contra de la efectiva seguridad pública como bien jurídico tutelado.
Que el artículo impugnado es adecuado, porque no se encuentra restringiendo derecho alguno y persigue una finalidad que es tutelar la efectiva seguridad pública de la sociedad michoacana.
Que contrario a lo dicho en el tercer concepto de invalidez, no se está legislando respecto a la reglamentación, organización, servicio y sostenimiento interno de las Fuerzas Armadas o faltas cometidas contra la Federación.
Además, adujo que el Congreso Local legisló, en uso de sus facultades conferidas en el artículo 44, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre una materia de la administración, en el caso, salvaguardar la seguridad de los gobernados, lo cual es competencia del Estado.
Sostiene que de la redacción de la norma impugnada se advierte que no se refiere a delincuencia organizada, por lo que no se trastoca la esfera competencial del Congreso de la Unión.
Finalmente, concluye que el artículo impugnado no invade la esfera de competencia de órganos federales, ya que no va dirigido a tipificar conductas contrarias a órganos federales, sino a resguardar el bien jurídico tutelado de la efectiva seguridad pública, que en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, es una obligación impuesta a todos los niveles de gobierno.
SEXTO.-Informe del Poder Legislativo del Estado. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Poder Legislativo del Estado, al rendir su informe, en síntesis señaló lo siguiente:
Que es cierto que, de conformidad al artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, dicha autoridad aprobó el Decreto Legislativo Número 276, que contiene reformas a diversos numerales, entre los que se encuentra el artículo impugnado.
Agrega que el artículo impugnado es constitucional, ya que no es posible establecer una línea tajante entre el ejercicio de la acción y el de un derecho subjetivo, ya que la estructura constitucional del estado de derecho está cimentada en el ordenamiento de justicia y en la pronta y expedita administración de ella.
Posteriormente, aduce que de la Constitución Federal se desprende, que tanto la Federación como los Estados pueden desplegar conjuntamente facultades legislativas, entre las que se encuentra la seguridad pública como una potestad concurrente, en virtud de lo establecido en los artículos 21 y 73, fracciones XXI y XXX, de la Norma Fundamental, ya que de una lectura de lo establecido en el citado artículo 21 y en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se concluye que el objeto de la norma impugnada efectivamente se encuentra comprendido dentro de la materia de seguridad pública.
Señala que el Congreso del Estado de Michoacán no invadió la competencia de la Federación, pues su actuar fue ajustado al ámbito de competencias establecidas en el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 73, fracciones XXI y XXX, de la Constitución Federal.
Asimismo, considera que no existe una restricción a los derechos fundamentales de los particulares, como el derecho a obtener y difundir información, ya que la libertad de expresión y el derecho a la información operan en forma diversa, tratándose de personajes públicos, y entre la libertad de expresión y el derecho a la información, frente al derecho a la intimidad o a la vida privada deberá considerarse el caso en concreto, a fin de verificar cuál debe prevalecer, sin que pueda considerarse inconvencional.
Sostiene que el interés público que tengan los hechos o datos publicados, será el concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad, en donde el derecho a la intimidad debe ceder a favor del derecho de comunicar y recibir información, o a la libertad de expresión cuando puedan tener relevancia pública, al ser un ejercicio de dichos derechos la base de una opinión pública libre y abierta en una sociedad.
Por lo anterior, considera que la presente acción de constitucionalidad debería declararse infundada.
Asimismo, en el apartado de excepciones de su informe, el representante del Poder Legislativo del Estado opuso las siguientes:
I. La de improcedencia de la acción;
II. La exceptio dolli malli, consistente en la mala fe con que se condujo la actora en su demanda;
III. La exceptio dolli especialis, consistente en el dolo específico que demostró la actora en el contenido de la demanda;
IV. La exceptio dolli presentis, que se hace consistir, en la mala fe con que la actora presenta la demanda;
V. La consistente en que con el artículo reclamado, el Congreso del Estado no invadió la esfera de competencia de la Federación, por tratarse de facultades concurrentes;
VI. La relativa a que el Congreso del Estado es competente legalmente y se encuentra debidamente facultado para legislar en materia penal, como aconteció en la especie;
VII. La relativa al hecho de que en el numeral que se reclama se respetaron los principios jurídicos de libertad de expresión, de legalidad, de taxatividad, de plenitud hermética y de seguridad jurídica;
VIII. La de falsedad de la demanda;
IX. Derivada del hecho de que el numeral reclamado no resulta ser inconvencional;
X. La relativa a la circunstancia de que, en la solución al conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información, frente el derecho a la intimidad o a la vida privada, deberá considerarse el caso concreto.
XI. La que se hace consistir en el hecho de que en los párrafos del numeral reclamado, no existe una restricción a los derechos fundamentales de los particulares, como es el derecho a obtener y difundir información; y,
XII. Todas las demás que se contengan o deriven del presente informe.
Finalmente, opuso como defensas las que a continuación se señalan:
1. Forma etiansi in minimo déficit, totus actus corruit (faltando aun en lo más mínimo los requisitos pro forma, el acto no tiene valor).
2. Exceptionem objiciens non videtur de intentione adversiarii confiteri (no confiesa la intención de su contrario el que opone excepciones).
3. Quod nullum est, nullum producit effectum (lo que es nulo no produce efecto alguno).
4. Manifiesta accusatione non indigent (las cosas que son claras no necesitan acusarse).
5. Judex non de legibus, sed secundum leges debet judicare (el Juez no debe juzgar de las leyes sino según las leyes).
6. Jure talis praesumitur qualem facta demostrat (el derecho se presume tal cual lo demuestran los hechos).
7. Manifiesta accusatione non indigent (las cosas que son claras no necesitan acusarse).
8. Manifestum dicitur de quo constant per confesionem, vel probationem legitimam, velrei evidentiam (se dice claro lo que consta por confesión, por prueba legítima o por evidencia).
SÉPTIMO.-Alegatos. La delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Claudia Fernández Jiménez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
Primero. Que son inoperantes e infundados los argumentos esgrimidos por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán.
Lo anterior, porque en principio, si bien el derecho a la información no es absoluto, las limitaciones respectivas deben cumplir los requisitos establecidos por este Alto Tribunal, consistentes en la reserva de ley y en la necesidad de la medida.
Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una restricción sea compatible con la Convención debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Debe estar establecida en la ley.
• Debe perseguir un fin legítimo.
• Exista necesidad en una sociedad democrática.
Que la norma impugnada cumple con los dos primeros requisitos, pero no con el relativo a la "necesidad en una sociedad democrática", pues el precepto no está orientado a satisfacer intereses públicos imperativos que se pretenden proteger, ya que la restricción no es la que restringe en menor escala el derecho de acceso a la información.
Segundo. Que la descripción típica contenida en el artículo impugnado implica un tipo penal abierto, ya que presenta ambigüedad a tal grado que genera que sea la autoridad judicial quien concrete dicha descripción.
Agrega que las expresiones: "al que" y "en general cualquier acción", contenidas en el precepto impugnado, son ambiguas, confusas y no se incluye la intencionalidad o el dolo, ya que no se especifica la calidad del sujeto activo.
Señala que el legislador está obligado a establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen, dependiendo de cada conducta que trate de regular o del bien jurídico que se busque proteger.
Tercero. Que el artículo impugnado invade la esfera competencial del Congreso de la Unión al legislar sobre faltas cometidas contra la Federación, reiterando lo esgrimido al respecto en el escrito de demanda.
Finalmente, aduce que el precepto impugnado ataca directamente el derecho de libertad de expresión, en concreto el derecho a obtener y difundir información previstos en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal; que viola los principios de seguridad jurídica, legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermética, por lo que es ambiguo e implica un tipo penal abierto.
OCTAVO.-La instrucción quedó cerrada mediante auto dictado el catorce de mayo de dos mil catorce, toda vez que había transcurrido el plazo legal de cinco días para que las partes formularan alegatos en el presente asunto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán y la Constitución Federal. Ver votación 1
SEGUNDO.-Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(5) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El Decreto Número 276, por el que se adiciona el artículo 133 quinquies al Código Penal del Estado de Michoacán, se publicó el veintiuno de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Gobiern
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25906-91fd2936/i-delito-de-obtencion-de-informacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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