DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN 23 LUGARES COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, CON EL CARÁCTER DE ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2000. CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEZA PÉREZ Y SERGIO JAVIER COSS RAMOS. DISIDENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. PONENTE: JORGE MEZA PÉREZ. SECRETARIA: BRENDA NOHEMÍ RÍOS GAYTÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito, en un tema que, por su naturaleza administrativa, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.
TERCERO.-Criterios materia de la contradicción de tesis. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 185/2014, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO.-Estudio de fondo. Es preciso puntualizar que el resto de los agravios propuestos, tanto por el delegado autorizado del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, como por el delegado acreditado por el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León, relativos al fondo del asunto, se analizarán en conjunto por encontrarse estrechamente relacionados.
"En su agravio segundo, el delegado autorizado del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, aduce que el considerando sexto y su reflejo en el segundo punto resolutivo de la sentencia constitucional recurrida, son constitutivos de agravio, ya que ahí se gestó una transgresión al principio de legalidad inmerso en los numerales 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo aplicable.
"Refiere que el Juez pasó desapercibido que el artículo 14 constitucional pone de manifiesto que la garantía individual de previa audiencia es exigible únicamente en lo concerniente a actos privativos, que son los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios; asimismo, señala que sucede una situación distinta con los actos de molestia, pues únicamente requieren ser precedidos por un mandamiento escrito emitido por autoridad competente, según lo dispone el precepto 16 de la Carta Magna.
"Menciona que el Juez indebidamente clasificó la naturaleza del decreto como privativo, pese a ser de molestia, pasando desapercibido que, conforme al artículo 14 constitucional, la garantía de previa audiencia se circunscribe a los actos de naturaleza privativa.
"Estima que es erróneo que el juzgador haya considerado que el decreto reclamado es un acto privativo, ya que de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dice que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva del gobernado, situación que en la especie no se actualiza.
"Así, previa transcripción, en lo conducente, de la ejecutoria recaída al amparo en revisión 160/2008-II, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, manifiesta que el Juez confundió lo que es un acto privativo con un acto de molestia, pues si el decreto reclamado es un acto que únicamente limita, cambia, modifica o restringe el uso de bienes raíces, no está sujeto a la garantía de audiencia que se establece en el artículo 14 constitucional.
"Aduce que, contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, el decreto reclamado constituye un acto de molestia, porque no disminuye, menoscaba o suprime definitivamente algún derecho de la quejosa, sino únicamente impone ciertos lineamientos que recaen sobre los propietarios o poseedores del inmueble en cuestión, pero sin afectar la propiedad o posesión del mismo, lo que pone de manifiesto la contravención al principio de legalidad inmerso en los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo.
"También precisa que no pasa desapercibido lo establecido por el juzgador en la sentencia recurrida en cuanto a que correspondía a la responsable acreditar que se hubiere notificado a la quejosa la iniciación del procedimiento respectivo; además que no se acreditó haberse puesto a disposición de los interesados los estudios relativos, pues al no estar sujeto el decreto reclamado al cumplimiento de la garantía constitucional de previa audiencia, es innecesario que se hayan acreditado tales extremos; máxime que dicha consideración se desvanece al ser un hecho notorio por haber sido publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta uno de marzo de dos mil, a lo cual, el juzgador no percibió que el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado comunicó: ‘... a todos los habitantes del Estado de Nuevo León, que los estudios que sirvieron para la realización del anteproyecto señalado, se encontrarán por un término de 5-cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del presente aviso en el Periódico Oficial del Estado, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ... a fin de que puedan ser consultadas por la ciudadanía en general y estar en aptitud de recibir en las mismas oficinas indicadas las observaciones por escrito que correspondan ...’
"Así las cosas, menciona que el Juez transcribió la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 136/2007, así como el criterio aislado fincado; empero, soslayó que los mismos no constituyen jurisprudencia obligatoria, que además ni resultan aplicables al caso, porque el decreto reclamado no priva definitivamente a la quejosa en sus derechos de uso, goce o disposición de la propiedad.
"En el agravio tercero, la autoridad recurrente refiere que la sentencia impugnada adolece una inadecuada fundamentación y motivación, por lo que transgrede el principio de legalidad inmerso en los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 82 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Previa inserción de lo expuesto por el Juez en el considerando sexto, señala que el mismo consideró que correspondía a las responsables acreditar fehacientemente un hecho que fue negado por la parte quejosa -que fueron puestos a su disposición los estudios técnicos en que se sustenta el decreto reclamado-; sin embargo, dice, dicha consideración transgrede el principio de legalidad inmerso en los preceptos antes referidos.
"Manifiesta que el juzgador pasó inadvertido que correspondía a la quejosa acreditar documentalmente que previo a la emisión del decreto impugnado, no se le otorgó la garantía de audiencia, toda vez que aquélla negó que previo a su emisión se le haya otorgado dicha garantía, la que envuelve una afirmación consistente en que de las actuaciones de las autoridades administrativas estatales no se desprende el otorgamiento de la referida garantía.
"Aduce que la consideración errónea del juzgador estribó en considerar que a las autoridades responsables les recaía la carga de la prueba en torno a que los estudios técnicos respectivos fueron puestos a disposición de la quejosa, carga probatoria que no recae sobre las responsables, ya que el aviso relativo a dicha consulta fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y, por tanto, constituye un hecho notorio.
"Precisa que, conforme lo dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, sólo los hechos están sujetos a prueba, salvo que se trate de hechos notorios, ello de conformidad con los numerales 86 y 88 de dicha legislación.
"Finalmente, sostiene que no debe pasar inadvertido que los ordinales 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 103 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, referidos como sustento de la sentencia recurrida, únicamente regulan la notificación del decreto que contiene la declaratoria de áreas naturales protegidas, pero no resultan aplicables en cuanto al aviso contemplado en el precepto 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, razón por la que, de igual manera, no son aplicables los criterios jurisprudenciales referidos a foja veintidós de la sentencia recurrida.
"Los motivos de disenso de previa reseña son infundados.
"En principio, cabe puntualizar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, contempla las garantías de audiencia y debido proceso legal, las cuales precisan el derecho de defensa del gobernado y el mínimo de formalidades procesales que se deben cumplir en un procedimiento, previa privación de sus derechos sustantivos, al disponer:
"‘Artículo 14. ...
"‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’
"Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P./J. 40/96, sostuvo que un acto de privación es aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, y que no todo acto de autoridad conlleva dichos efectos, aun cuando pueda provocarse una afectación a la esfera jurídica del gobernado, pues en este caso, se trata de un acto de molestia.
"Señaló que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva.
"Luego, estimó que no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute ‘acto de privación’, en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos.
"Así determinó, que si la privación de un bien material o inmaterial, es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; y, por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo, sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo, sino de molestia.
"De esa manera, la Superioridad estableció que el artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución.
"La jurisprudencia que sustenta los razonamientos antes expuestos, se identifica con el número P./J. 40/96, cuyo tenor literal es el siguiente:
"‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.-El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.’ (Novena Época, registro 200080, Pleno, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, materia común, tesis P./J. 40/96, página 5) (lo resaltado es propio de este tribunal)
"Ahora, en el caso, el decreto impugnado tiene como objetivo preservar zonas declaradas como sujetas a conservación ecológica o áreas naturales protegidas, por lo que desde el momento de su emisión le depara perjuicio a la parte quejosa en la libre disposición del inmueble de su propiedad o posesión, ya que limita, cambia, modifica y restringe el uso que le pueda dar al bien.
"Conviene ahora transcribir los artículos cuarto, quinto, sexto y octavo del decreto por medio del cual se declaran veintitrés áreas naturales protegidas con el carácter de zonas sujetas a conservación ecológica del Estado de Nuevo León.
"‘Artículo cuarto. Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro de las zonas sujetas a conservación ecológica, deberá contar previamente a su ejecución, con la autorización del impacto ambiental correspondiente, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental; de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente vigente en el Estado, así como sujetarse al programa de manejo respectivo.’
"‘Artículo quinto. La realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y de educación ecológica en las zonas sujetas a conservación ecológica, requerirán autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.’
"‘Artículo sexto. Los propietarios y poseedores de los predios ubicados en las zonas sujetas a conservación ecológica están obligados a la conservación y cuidado del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia.’
"‘Artículo octavo. Podrán realizarse las actividades agropecuarias y forestales emprendidas por las comunidades que ahí habiten, siempre y cuando sean compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable y con la vocación de terrenos, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables en los términos del presente decreto y del programa de manejo.’
"De los transcritos numerales se desprende, principalmente, lo siguiente:
"- Que todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro de las zonas de conservación ecológica, deberá contar previamente con la autorización de impacto ambiental respectiva, en términos de la normativa correspondiente.
"- Que se requiere de la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y de educación ecológica.
"- Que los propietarios y poseedores de los predios ubicados en las zonas de conservación ecológica se encuentran obligados a su conservación y cuidado, conforme a la reglamentación a la que se les sujete.
"- Que podrán realizarse las actividades agropecuarias y forestales emprendidas por las comunidades siempre y cuando sean compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable y con la vocación de terrenos, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables en los términos del propio decreto y del programa de manejo.
"Como se aprecia, mediante tales numerales, el decreto que se impugna impone limitaciones, cambios, modificaciones y/o restricciones definitivas a los predios localizados dentro de las veintitrés áreas naturales declaradas como protegidas y con el carácter de zonas sujetas a conservación ecológica, respecto de las que los propietarios y poseedores ubicados ahí mismo, en general, todas las personas que se interesen en el área relativa, quedan vinculados a acatarlas, puesto que se les impide disponer libremente de los bienes de los que son propietarios o poseedores, por el solo hecho de que se localicen en esa superficie.
"En ese orden de ideas, el decreto que se impugna, evidentemente constituye un mandamiento privativo de derechos y no meramente un acto de molestia, como lo refiere la autoridad recurrente, cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, por lo que no se requiere que contenga un mecanismo procedimental previo, a fin de cumplir con la garantía de audiencia, sin embargo, el acto privativo, como en el caso, sí precisa de ello.
"No es obstáculo a la determinación anterior, la cita del delegado autorizado del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, del amparo en revisión 160/2008, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, pues al tratarse de un criterio emitido por un órgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, no es vinculante para este órgano jurisdiccional. Amén, de que aun cuando en dicho criterio, el citado órgano jurisdiccional determinó que el decreto en cuestión es un acto de molestia, lo cierto es que también concluyó que restringe el derecho de propiedad de manera permanente, por lo que es lógico que se debe otorgar la misma oportunidad de defensa que prevalece respecto de los actos privativos, en concreto, respecto de garantía de audiencia previa.
"Dicho criterio fue publicado en la tesis aislada IV.2o.A.234 A, autoría del mencionado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes:
"‘DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN 23 LUGARES COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, CON EL CARÁCTER DE ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2000. AL TRATARSE DE UN ACTO DE MOLESTIA QUE RESTRINGE EL DERECHO DE PROPIEDAD DE MANERA PERMANENTE, AUNQUE NO LO SUPRIMA, DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.-Si conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía de audiencia previa, necesaria para avalar la adecuada defensa del particular, se justifica en un acto de autoridad cuando a través de él se pretenden suprimir definitivamente los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien, precisamente, porque ese tipo de afectación merma la esfera de derechos del particular de una manera permanente y porque sólo una oportuna defensa puede proteger sus intereses y evitar la arbitrariedad de las autoridades; entonces, similar justificación cabe hacer si un acto de molestia tiene por consecuencia limitar el uso, disfrute o disposición del derecho de propiedad, aun cuando su finalidad no sea suprimirlo o que el Estado lo adquiera, sino preservar el medio ambiente y los recursos naturales, como sucede con el Decreto por el que se declaran 23 lugares como áreas naturales protegidas, con el carácter de zonas sujetas a conservación ecológica, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 24 de noviembre de 2000, pues en este caso la afectación en la esfera jurídica del particular es tal, que las restricciones que le son impuestas permanentemente, le impiden ejercer sus derechos de manera normal y lícita, de modo que resulta lógico que se otorgue la misma oportunidad de defensa que prevalece respecto de los actos privativos, es decir, dicho acto debe respetar la garantía de audiencia previa.’ (Novena Época, registro 168690, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, materia administrativa, tesis IV.2o.A.234 A, página 2351)
"En relación a lo anterior, se infiere que el debido respeto a la garantía de audiencia exige que el acto privativo de la vida, de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"Ahora bien, esta garantía de audiencia puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal garantía, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; el segundo, que en el caso nos atañe, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la propia garantía, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas.
"Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que, en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose, por tanto, en formalidades esenciales los que garanticen lo anterior.
"Así, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente sus defensas.
"De modo que las formalidades esenciales del procedimiento que se debe llevar a cabo para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, se pueden resumir en las siguientes:
"1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
"2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
"3) La oportunidad de alegar; y,
"4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
"A todo lo anterior, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 47/95, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga «se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.’ (Novena Época, registro 200234, Pleno, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, materias constitucional y común, tesis P./J. 47/95, página 133)
"Así también, resulta aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno del Alto Tribunal, que a la letra dice:
"‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA.-De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener «etapas procesales», las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que se pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto.’ (Séptima Época, registro 232627, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 115-120, Primera Parte, materias común y administrativa, página 15)
"Así, una adecuada y oportuna defensa requiere de las etapas procesales a que hacen referencia las tesis transcritas en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, los que tendrán el carácter de esenciales cuando resultan necesarios para la adecuada defensa; por el contrario, resultarán secundarios aquellos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción a la garantía de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado.
"Así las cosas, se advierte lo infundado del argumento de la autoridad recurrente, dado que se ha demostrado que el decreto en cuestión constituye un acto privativo, y precisa por ello de observar lo atinente a la garantía, de audiencia, a fin de ser constitucional, lo que en el caso se traduce en demostrar que la parte quejosa tuvo a la vista los estudios justificativos de mérito y que fue notificada conforme al artículo tercero transitorio del propio decreto, lo que en la especie no se acreditó, según se explicará a continuación:
"Es decir, el decreto impugnado, al entrar en vigor irrumpió en la esfera de derechos de los gobernados que tengan bienes en el área natural protegida, al imponérseles obligaciones de hacer y no hacer, por lo que, como ya se dijo, se trata de un acto privativo, respecto de los que debe respetarse la garantía de audiencia en términos del artículo 14 constitucional.
"Ahora bien, en relación con dichas publicaciones conviene transcribir el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente -vigente a la fecha de emisión del decreto controvertido-, y el numeral tercero transitorio del decreto publicado el veinticuatro de noviembre de dos mil, que a la letra disponen:
"‘Artículo 61. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan.’
"‘TERCERO.-Notifíquese personalmente el presente decreto a los poseedores de los predios comprendidos en las zonas sujetas a conservación ecológica. En caso de ignorarse sus nombres y domicilios, se efectuará una segunda publicación en el Periódico Ofic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25954-63bd627b/decreto-por-el-que-se-declaran-23-lugares · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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