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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE ALEGUE EL DESCONOCIMIENTO COMO PARTE A LA FEDERACIÓN EN UN JUICIO AGRARIO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, ELLO NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26002
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1774.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FERNANDO HERNÁNDEZ PIÑA, ELSA HERNÁNDEZ VILLEGAS, ANÍBAL LAFRAGUA CONTRERAS Y JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ. DISIDENTES: GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA Y MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ANÍBAL LAFRAGUA CONTRERAS. SECRETARIO: JAVIER VARGAS BRITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Vigésimo Noveno Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 1, 3, 9, 10, 17, 23, 26 y 27 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del primero de marzo de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero del mismo año, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Noveno Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, con motivo de los criterios considerados contrastantes por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.

TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es útil transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el dieciséis de abril de dos mil quince, al resolver el recurso de queja administrativa **********, de su registro, interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación, en representación de la Federación, ésta, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en contra del proveído de trece de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, sustentó las consideraciones siguientes:

"QUINTO.-Los agravios deben declararse inoperantes por una parte y fundados por otra.-El acto reclamado en el juicio de amparo indirecto **********, que se revisa, consiste en la resolución de nueve de enero de dos mil quince, pronunciada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, en el juicio agrario **********.-Resolución en la que, a decir de la recurrente, fue desconocida su personalidad, en su carácter de representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicando que esta última debía ser representada por su Unidad de Asuntos Jurídicos.-En el auto recurrido se determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida por el ahora recurrente, al estimarse que en la especie se actualizaba de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada en sentido contrario.-En contra de la anterior consideración, se esgrime el fallo constitucional combatido vulnera los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y, por analogía, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, punto 1.-El anterior motivo de disenso es inoperante, porque la determinación del Juez Cuarto de Distrito en el Estado, fue dictada dentro del juicio de amparo indirecto **********, por lo que no actuó como autoridad de instancia, sino como órgano de control de la constitucionalidad, y con ese carácter no transgrede derechos fundamentales, sino que, en su caso, podría infringir preceptos de la Ley de Amparo, o bien, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación en cita.-Infracciones que pueden ser revisadas a la luz de los recursos ordinarios que las rigen, previstos en la citada ley, entre los que se encuentran el recurso de queja, el cual no es un medio de control de la constitucionalidad autónomo, a través del que pueda analizarse la violación de derechos fundamentales atribuida al Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo, pues ello significaría darle el carácter de autoridad responsable y pretender ejercer un control de la constitucionalidad sobre otro, lo cual no es jurídicamente admisible.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, Tomo VI, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribió).-En otros argumentos, se aduce, en síntesis: 1. El Juez Federal fue omiso en valorar debidamente los argumentos de la secretaría, relativos a la falta de emplazamiento del procurador general de la República como representante de la Federación, secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que a esta dependencia del Ejecutivo Federal, parte integrante de la Federación, le corresponde la representación al procurador mencionado, en términos del artículo 102, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, y no por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos.-2. Al pretenderse que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea representada en el juicio agrario origen por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Hidalgo, indiscutiblemente existe una afectación material a derechos sustantivos, mismos que además violan derechos en juicio, al no cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, por lo cual es procedente el juicio de amparo, al existir una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior.-3. Esto, porque la recurrente no ha sido debidamente llamada a juicio, por conducto de su representante legal, el procurador general de la República, en términos del artículo 102, apartado A, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, y se le está llevando a sus espaldas un procedimiento en el que no se le ha brindado ninguna oportunidad defensiva ni probatoria, es decir, es persona extraña al juicio.-4. Al no ser la Federación parte en el juicio del que emanan los actos reclamados, y al no haber intervenido por ella el procurador general de la República, por sí o a través de sus agentes del Ministerio Público de la Federación, para hacer valer todos los derechos que estimara pertinentes en su beneficio, se le ocasiona graves perjuicios de modo irreparable, razón suficiente para que se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión.-5. La falta de llamamiento a juicio a la Federación, por conducto de su legítimo representante, el procurador general de la República, le ocasionan daños de imposible reparación, toda vez que la responsable le priva de toda posibilidad de acudir al juicio natural en tiempo y forma a realizar una adecuada defensa de sus intereses en términos del artículo 102 constitucional.-6. No hay fundamento legal para intervenir en la esfera jurídica de la Federación privándola de sus derechos sin haber sido oída ni vencida en un proceso legal por conducto de su representante legal, el procurador general de la República, o sea, que se trata de persona extraña al juicio de donde emanan los actos reclamados, incumpliéndose con ello las formalidades esenciales del procedimiento y sin fundar ni motivar la causa legal del mismo.-7. Se debió emplazar en el juicio de origen a la recurrente por conducto del procurador general de la República, y no por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, pues cualquier dependencia del Ejecutivo Federal que funja como actora, o bien, como demandada, como tercer interesada, o tenga interés jurídico, deberá necesariamente ser representada por el procurador general de la República, al existir el mandato constitucional, que él es quien debe comparecer a los mismos en su representación, sin que constituya obstáculo, el que los reglamentos interiores de las dependencias contemplen facultades a favor de los titulares de sus áreas jurídicas para apersonarse por sí mismos a tales procesos.-Los agravios antes precisados son sustancialmente fundados, habida cuenta, en ellos el disconforme expresa con claridad la causa de pedir, señalando cuál es la lesión o agravio que le provoca el auto de desechamiento combatido, así como los motivos que generan esa afectación.-Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 69/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyos rubro y texto son: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribió).-Ciertamente, el recurrente aduce que la falta de llamamiento a juicio a la Federación, por conducto de su legítimo representante, el procurador general de la República, le ocasionan daños de imposible reparación, toda vez que la responsable le priva de toda posibilidad de acudir al juicio natural en tiempo y forma a realizar una adecuada defensa de sus intereses en términos del artículo 102 constitucional.-A través del citado argumento el recurrente propiamente pone de manifiesto que en el acuerdo de desechamiento combatido, no se analizó que los actos reclamados no sólo versaron sobre una cuestión de personalidad en el juicio agrario de origen, sino sobre un aspecto de legitimación pasiva en la causa, lo cual asevera es lo que le causa agravio, al no reconocer tal aspecto privándolo la responsable de comparecer en tiempo y forma a la contienda natural y tener una adecuada defensa de sus intereses conforme al ordinal 102 de la Constitución Federal.-Ciertamente, en el auto recurrido se procedió al desechamiento de la demanda, al estimar que en el caso se actualizó en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción V, de la ley de la materia.-Esto, pues se sostuvo que la resolución combatida contenida en el acta de audiencia de nueve de enero de dos mil quince, dentro del juicio agrario **********, en que se negó la representación de la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del procurador general de la República, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos sustantivos de la Constitución Federal, sino únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues al no reconocer representación para actuar en juicio no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo, ya que la afectación podría repararse si obtenía sentencia favorable, y, en caso contrario, de obtener una sentencia adversa, tal violación podría impugnarla en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se podría determinar, si con motivo de la mencionada resolución, se vulneraron los derechos sustantivos de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del juicio.-Criterio que sostuvo apoyado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, del tenor siguiente: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribió).-De donde se sigue, se procedió al desechamiento de la demanda, al estimar que se trata de una cuestión de personalidad en el juicio agrario de origen, que no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto; empero, como se precisará y como bien lo hace valer el recurrente, el acto reclamado se refiere a un tema de falta de legitimación pasiva en la causa de quien compareció en representación de la Federación, quien se consideró afectada con las prestaciones reclamadas en la contienda natural.-En efecto, como se aprecia de la demanda de amparo, **********, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, promovió en representación de la Federación, ésta por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la acción constitucional, señalando como autoridad responsable al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el acta de audiencia de nueve de enero de dos mil quince.-Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado narró lo siguiente: En el mes de septiembre de dos mil catorce, se notificó y emplazó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que compareciera a contestar la demanda entablada en su contra por la actora **********, en el juicio agrario **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14.-El ocho de enero de dos mil quince, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Procuraduría General de la República en el Estado, en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contestó la demanda.-El nueve siguiente, la responsable determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debía ser representada por su Unidad de Asuntos Jurídicos.-De igual forma, en su escrito inicial indicó que la Federación acudió al juicio agrario en defensa de sus intereses patrimoniales, desprovista de cualquier facultad de imperio, toda vez que la controversia radicó en un tema económico, consistente en diversos pagos e indemnizaciones por la supuesta ocupación de tierras ejidales en virtud de una carretera.-Además, en sus conceptos de violación, en la parte que aquí interesa, destacó que el acto reclamado no estaba debidamente fundado ni motivado, ya que la autoridad responsable pretendió sustentar su determinación en el hecho de que: ‘... se concluye que aún bajo la vigencia del artículo 102-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora derogado establecía ... toda vez que, en la especie, además del dispositivo mencionado ahora derogado, las prestaciones que demanda en este juicio no afectan a la Federación en su conjunto sino únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe ser representada por la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, conforme a su propio reglamento y por otra parte el artículo 102, apartado A, constitucional, con la reforma publica (sic) el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, no contiene la disposición que invocan y la reforma citada entró en vigor al día siguiente de la publicación, estableciendo el citado dispositivo legal ... resuelve de plano determinar improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento que indica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ... y, en consecuencia, resulta improcedente emplazar al procurador general de la República, como lo solicitó en el oficio mencionado.’.-Lo anterior, evidencia que en el acuerdo reclamado no sólo se trató de una cuestión de personalidad de quien se ostentó representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes demandada en el juicio agrario, sino también de legitimación pasiva en la causa, por parte de la Federación, que compareció al juicio natural a contestar la demanda por conducto de la agente del Ministerio Público de la Federación; por lo cual, no puede estimarse, como se indicó en el acuerdo recurrido, que se trate de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme al cual, resultara dable desechar de plano la demanda de amparo indirecto.-Ciertamente, cabe precisar lo que debe entenderse por personalidad o personería, así como por legitimación.-El vocablo personalidad tiene distintas acepciones, a saber: Se utiliza para indicar la cualidad de la persona en virtud de la cual se le considera centro de imputación de normas jurídicas o sujeto de derechos y obligaciones.-En otras palabras, la personalidad consiste en la facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos.-Por otro lado, el vocablo personalidad puede utilizarse en otro sentido, al que algunos sistemas jurídicos se refieren como personería, y que sirve para indicar el conjunto de elementos que permiten constatar las facultades de alguien para representar a otro en el juicio; específicamente, se refiere al mandatario o procurador judicial.-De este modo, la personería estriba en la facultad conferida para actuar en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria.-Así, habrá falta de personería ante la ausencia de las facultades conferidas a la persona a quien se le atribuye, o ante la insuficiencia de las mismas o ineficacia de la documentación presentada para acreditarla.-Por otro lado, la legitimación, desde el punto de vista doctrinal, deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso, como titulares del derecho en contradicción; luego, la capacidad para ser parte, es la aptitud jurídica para ser titular de derechos o de obligaciones de carácter procesal.-Al respecto, cabe distinguir entre legitimación en la causa y legitimación en el proceso.-La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido; no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, porque lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado, y el interés perseguido en el juicio.-La legitimación en el proceso, en cambio, es la capacidad de actuar en juicio tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado, como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal; se trata de un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales, para presentarse en juicio y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio y podrá analizarse en cualquier momento del juicio.-Cobra aplicación, de manera ilustrativa, la tesis X.1o.2 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, materia civil, Novena Época, página 262, de rubro y texto siguientes: ‘PERSONALIDAD, EXCEPCIÓN DE FALTA DE, Y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. SON CUESTIONES JURÍDICAS DISTINTAS.’ (se transcribió).-Ahora bien, de acuerdo a lo expresado bajo protesta de decir verdad por la quejosa, ahora recurrente, al no tenerlo compareciendo en el juicio agrario en representación de la Federación, quien asevera resulta afectada con las prestaciones reclamadas en la contienda natural, se le está desconociendo su legitimación pasiva en la causa, esto es, el derecho sustantivo que asevera tener mediante su intervención ante el órgano jurisdiccional de origen.-Acto que, de un mayor análisis que se realice en el juicio de amparo indirecto, con mayores y mejores elementos, como el informe justificado de la autoridad responsable y las pruebas aportadas por las partes, se podrá determinar si en realidad al desconocer dicha legitimación pasiva se afectan derechos sustantivos de la quejosa, en tanto que, al no ser la Federación parte en el juicio agrario, y de poder resultar afectada en sus bienes con la sentencia que se llegare a dictar, no tendría oportunidad de impugnar tal decisión.-Por lo cual, como se indicó, no puede estimarse que se trate de una causa manifiesta e indudable de improcedencia.-Es así, ya que por motivo manifiesto debe entenderse aquel que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones.-Lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.-Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 128/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, página 803, del texto: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA» PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.’ (se transcribió).-De acuerdo a lo anterior, el motivo expuesto en el auto combatido no es manifiesto e indudable de improcedencia, pues, como se dijo, no se trata únicamente de una cuestión de personalidad resuelto por la responsable, sino también de legitimación en la causa, respecto de lo cual, con mayores y mejores elementos, podrá analizar al resolver el juicio de amparo indirecto.-Idéntico criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver los recursos de queja administrativa **********, ********** y **********.-En consecuencia, al resultar en una parte inoperantes y en otra sustancialmente fundados los agravios formulados por la disconforme, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y ordenar se admita la demanda de amparo que nos ocupa, de no advertir el Juez Federal algún motivo de prevención."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en sesión de veintiuno de abril de dos mil quince, al emitir ejecutoria en la queja administrativa **********, de su índice, interpuesta por la agente del Ministerio Público de la Federación, en representación de la Federación, ésta, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto **********, sustentó las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO.-Resultan en una parte inoperantes en sí mismos, y en otra fundados pero inoperantes los agravios que se hacen valer.-Al escrutinio de la demanda de amparo presentada por **********, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, en nombre y representación de la Federación por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, determinó desecharla en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), del citado ordenamiento legal, dado que, dijo, el acto reclamado consistente en el auto de nueve de enero de la presente anualidad, en la cual, el tribunal responsable no tuvo por reconocida la personalidad del agente del Ministerio Público de la Federación, y determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debía ser representada por su Unidad de Asuntos Jurídicos, en el juicio agrario **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, es un acto que no trastoca derechos sustantivos, por tanto, no es de imposible reparación.-En desacuerdo con ello, la quejosa, ahora recurrente, alega dos cuestiones medulares: a) Afirma, con tal decisión, el Juez Federal infringe los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1 y 25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica); y, b) El auto recurrido es desacertado, porque con la negativa de llamar al juicio agrario al procurador general de la República, sí se transgrede un derecho fundamental, y que es el de audiencia, pues de otra manera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estará debidamente representada y, por tanto, no será debidamente oída en ese proceso.-Como puede advertirse, en relación con el auto que desechó la demanda, en términos generales, a través de los agravios reseñados bajo el inciso a), se plantea que el Juez infringió preceptos constitucionales y convencionales.-Argumentos que resultan inoperantes en sí mismos, porque el Juez de Distrito con sus sentencias no puede violentar derechos fundamentales, como los previstos por los artículos invocados por el disidente, al ser precisamente quien se encarga de examinar si el acto de autoridad es o no transgresor de la Norma Suprema, de ahí que su actuación, es decir, la tramitación y resolución de esa contienda constitucional y las cuestiones que le deriven, debe estar ajustada a la Ley de Amparo; por tanto, si la inconforme estima que hubo transgresión, puede invocar únicamente violación a los preceptos de esa ley; dar lugar a lo pretendido por la inconforme, traería como consecuencia tratar extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable, desnaturalizando la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; esto es, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional, cuando el recurso de revisión no es un medio autónomo de control sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, sino un procedimiento de segunda instancia, que tiene como fin confirmar, revocar o modificar las resoluciones derivadas del amparo indirecto, es decir, analizar su legalidad.-Criterio el anterior que ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2/97, cuyos rubro y texto rezan como sigue: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribió).-De ahí la inoperancia en sí misma de los agravios en los cuales se acusa al Juez de Distrito de violentar la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del inconforme.-Por otro lado, y en lo relativo a los motivos de disenso expresados al tenor del inciso b), resultan fundados pero inoperantes, acorde a lo siguiente: En el citado acuerdo de nueve de enero de dos mil quince, que fue materia de impugnación en la demanda de protección a derechos fundamentales, se determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe ser representada por su Unidad de Asuntos Jurídicos, por lo que no tuvo por reconocida la personalidad del agente del Ministerio Público de la Federación.-En relación a este punto, se aduce que el auto recurrido es desacertado, porque con la negativa de llamar al juicio agrario a la agente del Ministerio Público de la Federación, sí se transgrede un derecho fundamental, y que es el de audiencia, pues de otra manera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estará debidamente representada y, por tanto, no será debidamente oída en ese proceso.-Bajo esas condiciones, este tribunal revisor, atendiendo a la causa de pedir, advierte que el Juez de Distrito omitió pronunciarse en torno a este acto reclamado, es decir, sobre la falta de emplazamiento formulada, lo cual, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Amparo, conlleva a este tribunal a abordar su contenido, dado que no existe reenvío en el recurso.-Resulta aplicable, al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 68/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribió).-En esas condiciones, resulta fundado el agravio atendiendo a la causa de pedir porque tal acto no fue analizado por el juzgador federal, sin embargo, es inoperante, porque finalmente subsiste el criterio impugnado, dado que la demanda de protección a derechos fundamentales debe desecharse de plano, también en cuanto al reclamo relativo al auto que no tuvo por reconocida la personalidad del agente del Ministerio Público, en el juicio agrario, al no tratarse de un acto de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino sólo trasciende como derechos de índole procesal cuya violación puede ser reparada de llegar a dictarse una sentencia definitiva favorable a los intereses del quejoso, y si no es así, éste tiene a su alcance la vía directa en amparo donde estaría en aptitud de reclamarlo como violación procesal.-En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: (se transcribió).-Acorde con lo transcri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26002-68909377/demanda-de-amparo-indirecto-cuando-se-alegue-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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